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Sheinbaum pide revisar caso de Brenda Quevedo tras 21 años sin sentencia

El caso acumula casi 21 años sin sentencia y enfrenta cuestionamientos por pruebas invalidadas.

16 Jul, 2026 

Aristegui Noticias 

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva casi 21 años sin sentencia, relacionada con el caso Wallace, y planteó tres acciones, entre la consejería jurídica, la Fiscalía General de la República y el Tribunal de Disciplina Judicial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria solicitó a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y a la Subsecretaría de Derechos Humanos “ver si hay una violación a derechos humanos y que puedan atenderlo”.


Además, pidió a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, recibir a las abogadas de Quevedo Cruz para escuchar sus planteamientos.
Como tercera medida, Sheinbaum hizo un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial para revisar el caso y la actuación del juez, al considerar que, por los elementos expuestos, “es algo muy injusto”.

Quevedo Cruz fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada a México en 2009 por su presunta participación en el llamado Caso Wallace, relacionado con el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Permaneció 16 años en prisión preventiva en cárceles de alta seguridad y actualmente enfrenta el proceso bajo prisión domiciliaria, sin una sentencia definitiva.

La defensa de Quevedo sostiene que la acusación quedó debilitada después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que la confesión de Juana Hilda González Lomelí, considerada una prueba central del caso, fue obtenida mediante tortura y ordenara su liberación.
El caso inició en 2005, cuando la fallecida Isabel Miranda de Wallace encabezó una campaña para ubicar a los responsables del supuesto secuestro de su hijo.

Entre las personas señaladas estuvo Quevedo Cruz, quien entonces tenía 23 años.
La presidenta señaló que las tres acciones buscan que las instituciones correspondientes revisen la situación jurídica de la acusada y determinen si existen elementos que ameriten una intervención.


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