Lourdes Rivera
10 de agosto 2026
Ciudad de México.- Brenda Quevedo Cruz, tras 20 años de atravesar un proceso penal sin sentencia por la acusación de ser una de las presuntas responsables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda en julio de 2005, dirige un mensaje a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, “como mujer le pediría a la fiscal que no pierda la perspectiva de género y en cuestión de Derechos Humanos respecto a mi proceso legal, me ha costado 20 años en mi vida y espero que se resuelva”.
Ello tras informar su abogada, Karla Michelle Salas Ramírez, la decisión del Juez Federal Juan Alfredo Buendía Rodríguez, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, el cambio de las medidas cautelares:
· Retirar el arraigo domiciliario y la custodia permanente de elementos de Guardia Nacional (GN), el retiro del brazalete electrónico de geolocalización tras evaluar que no existía riesgo de fuga, mantuvo la orden de restricción de no acercarse a familiares de la víctima, realizar firma periódica cada 4 meses y se modificó que solo tendrá la prohibición de salir del país sin autorización del juez.
Ante esta nueva medida cautelar Brenda Quevedo podrá seguir el proceso en libertad bajo caución, con la posibilidad de desplazarse a cualquier lugar dentro del país.
A pesar de la modificación de medidas cautelares, Quevedo Cruz no ha sido absuelta y el proceso judicial en su contra por el “Caso Wallace” sigue abierto tras casi dos décadas sin que se le haya dictado una sentencia definitiva.
Como parte de su Red de apoyo, estuvieron presentes los periodistas Ricardo Raphael, Ernesto Ledesma, el abogado Alan piñón González de la Clínica de litigio penal en contra de violaciones graves a Derechos Humanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ángela Guerrero, directora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social.
Quienes sostuvieron la importancia de que Brenda Quevedo sea declarada inocente porque el proceso penal se sustenta en una serie de pruebas fabricadas, falsas y manipuladas, a partir de la tortura, a partir de ese cúmulo de violaciones y criterios que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado como ilegales.
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