Tarda 8 años condena por plagio de Hugo A. Wallace
14 de febrero 2016
Desde el 2007, cuando fue acusada de participar en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, Brenda Quevedo Cruz ha sido transferida a diferentes cárceles sin que los jueces decidan si es culpable o inocente.
El plagio de Wallace ocurrió el 11 de julio del 2005 en la Delegación Benito Juárez. Su madre, Isabel Miranda de Wallace, instaló anuncios espectaculares con las fotos de los presuntos secuestradores, para que otras víctimas los reconocieran y denunciaran.
“Hace 10 años que pusieron su foto en un espectacular y 8 años que está en prisión y seguimos esperando una sentencia, todo ha sido muy complicado”, relató Enriqueta Cruz, madre de Brenda.
En el 2013 fueron sentenciados a 70 años de prisión Jael Antonio Malagón Uscanga, César Freyre Morales, Alberto Castillo Cruz y su hermano Tony, por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
“Ni mi hija ni Jacobo Tagle han recibido alguna sentencia”, dijo Cruz. Tagle era novio de Brenda
La única prueba contra su hija, aseguró Cruz, es un testimonio de Juana Hilda González, otra de las implicadas, que fue obtenida bajo tortura.
Brenda fue capturada en noviembre del 2007 en Kentucky, Estados Unidos, donde permaneció varios meses hasta que fue deportada, pues en México tenía una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.
Al llegar a México fue recluida en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, pero ya ha pasado por diversos penales federales, entre ellos el de las Islas Marías.
Apenas hace unas semanas, aseguró Cruz, fue trasladada de un penal de Nayarit a la cárcel federal de Morelos.
“Creo que se ha perdido mucho tiempo, nosotros hemos presentado muchas pruebas de su inocencia, pero no las han querido hacer valer en el juzgado 16 de Distrito, hasta el momento no hay una prueba fehaciente que demuestre que mi hija participó”, dijo la madre de la interna.
“En el primer penal que estuvo fue el de Santiaguito, donde fue torturada por varios hombres para que se declarara culpable, luego sin ningún motivo la llevaron hasta las Islas Marías, también ahí fue torturada y le decían que tenía que firmar una disculpa, fue una agresión muy fuerte, presentamos una denuncia y no pasó nada”.
Médicos de la PGR encubren TORTURA, acusa Amnistía Internacional
MÉXICO, DF (apro).- A casi dos años de haber lanzado una campaña global para pedir la erradicación de la tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional (AI) asegura que esos delitos aún perduran y, lo peor, agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad los utilizan de forma habitual para extraer “confesiones”, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas.
En un informe titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria: La epidemia de tortura en México continúa”, AI destaca que los médicos oficiales –tanto los que examinan a los detenidos después de su arresto, como los expertos que llevan a cabo exámenes forenses más profundos– son fundamentales para detectar casos de tortura y otros malos tratos como prueba sustancial para la investigación de estas prácticas.
No obstante, añade, los médicos a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido, lo que permite que esos casos queden en la impunidad.
Según AI, pese a que el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato que aplican los médicos y psicólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) está basado en normas internacionales como el Protocolo de Estambul de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la práctica su aplicación sufre fuertes demoras y adolece de claras deficiencias.
“De forma habitual, (los expertos de la PGR) no llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos tratos, además de, en ocasiones, dar muestras de parcialidad y encubrir a sus colegas”, precisa el reporte.
Las víctimas, añade, han tenido que esperar incluso años después de su denuncia para que se les aplique el Dictamen Especializado, impidiendo que las investigaciones avancen.
“Resulta especialmente inquietante ver cómo, en ocasiones, el Dictamen Especializado de la PGR parece funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena”, se lee en el informe.
“Dada la clara falta de capacidad de la PGR para responder adecuadamente a la demanda de exámenes forenses, resulta preocupante que los marcos jurídicos y las directrices” de la dependencia “sigan obstaculizando el acceso de las víctimas a expertos médicos y psicológicos independientes”, apunta.
De hecho, añade, el Dictamen Especializado de la PGR fue actualizado recientemente el 5 de octubre de 2015, sin embargo, la nueva norma no ha modificado muchas de las cuestiones básicas destacadas anteriormente por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con AI, sobre el papel México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura. Sin embargo, esto no se ha traducido aún en unas medidas efectivas para proteger a las personas frente a la tortura y castigar a los responsables.
“El gobierno no ha demostrado que la tortura y otros malos tratos se estén abordando adecuadamente para garantizar su erradicación. Cuando se decidió centrar la campaña global de Amnistía Internacional en México, fue precisamente porque se consideraba que México era un país con recursos suficientes a su disposición para implementar metas alcanzables con el fin de hacer frente de manera efectiva a la tortura y los malos tratos. El gobierno, hasta el momento, no ha reconocido la magnitud del desafío, y tampoco ha emprendido de verdad las acciones necesarias para poner fin a este problema crucial de derechos humanos”.
El informe resalta que mediante una petición de información pública a la que respondió en junio de 2015, la PGR declaró que el número de denuncias de tortura presentadas a nivel federal se había más que duplicado entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403. “Esto supone un incremento espectacular en los casos de tortura denunciados a la PGR desde 2006”, subraya AI.
Agrega: “En una reunión mantenida en agosto de 2015, la PGR informó a Amnistía Internacional que habían pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado, entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”.
Señala que de acuerdo con las entrevistas realizadas con las autoridades federales, la PGR empezó a revisar y mejorar las bases de datos oficiales sobre denuncias de tortura en febrero de 2014; no obstante, en la información que ha registrado sigue habiendo incoherencias.
“Resulta preocupante que las autoridades federales no sean capaces de explicar por qué motivo se han duplicado las denuncias de tortura; pese a que el número de investigaciones también ha aumentado, ese aumento no ha dado lugar a un incremento del número de cargos presentados o condenas dictadas”.
Además, puntualiza, las autoridades federales tampoco han hecho un seguimiento de la información vital sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.
“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, apunta el informe.
La organización también cuestiona la clasificación en que están divididas las lesiones de detenidos en México: no muestra señales de lesión, lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 de días en sanar.
Esto pese a que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura no vincula a la tortura con un nivel determinado de gravedad en las lesiones.
“Estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica”, refiere el informe.
“Con el fin de abordar adecuadamente el encubrimiento de la tortura y los malos tratos en México, es necesario definir por ley que la tortura no se limita a actos que causan únicamente lesiones físicas graves, conforme establecen el derecho y las normas internacionales”, subraya.
AI resalta que además de lo deficiente de los exámenes forenses médicos y psicológicos, es habitual que las autoridades mexicanas no recopilen pruebas ni testimonios adicionales para investigar las denuncias de tortura y malos tratos.
“Pese a la importancia de esos exámenes, Amnistía Internacional insiste en que no deben ser considerados como la única prueba posible para demostrar la existencia de tortura y otros malos tratos.
En las conclusiones del informe, AI señala que las promesas en el papel no bastan para revertir la marea de la impunidad en México. No obstante, reconoce la importante oportunidad que los debates en torno a la Ley General contra la Tortura brindan para empezar a abordar cuestiones estructurales que permiten que la tortura y los malos tratos sigan siendo una práctica generalizada en México.
Si se elabora y aprueba una ley en consulta con la sociedad civil y las víctimas de tortura, y si esa ley después se aplica con mecanismos rigurosos de vigilancia, existe cierta esperanza de que pueda ayudar a hacer frente a la tortura en México. Pero si no cuenta con una concepción y un seguimiento adecuados, la ley corre el riesgo de seguir siendo una buena intención más sobre el papel, sin resultados demostrables, concluye.
México, la fábrica de culpables
Unos 500 detenidos fueron acusados de violar la ley durante las recientes protestas sociales en México, pero en la casi totalidad de los casos, no hay pruebas que respalden los cargos en su contra. Más que buscar soluciones, el Gobierno se ha enfocado en silenciar la indignación.
Por Omar Rábago
El control del flujo de la información, procurando la subordinación al régimen, siempre ha sido una tentación autoritaria, ya que lo que se busca es el poder total sin someterse a ningún tipo de limitaciones. Es decir, que el disenso sea el mínimo, que la imagen que se refleje sea de homogeneidad y que las personas disidentes se vean como violentas, irracionales y faltas de argumentos.
Desde la toma de posesión del actual presidente Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, en México hemos sido testigos de una mayor tendencia al control de las manifestaciones y de las voces de disenso en las protestas, con el uso de la violencia policial, del sistema penal para criminalizarlas y de los marcos normativos que buscan limitarlas.
El uso del sistema penal para criminalizar la protesta en México
El Gobierno mexicano está más enfocado en tratar de controlar la indignación sin la intención de buscar soluciones a los problemas estructurales que la causan. Son casi 500 las personas acusadas de violar la ley en las manifestaciones bajo diversas acusaciones como ataques a la paz pública, asociación delictuosa, daños a propiedad ajena, portación de sustancias narcóticas, lesiones, robo agravado, homicidio en grado de tentativa y motín.
En casi la totalidad de los casos las personas no han sido encontradas culpables de los hechos imputados ya que las autoridades judiciales no recibieron las pruebas suficientes para sentenciarles. También se ha querido hacer ver que las personas detenidas son “vándalos”, “violentos” y así intentar justificar las faltas al debido proceso y a las garantías procesales, ya que muchas detenciones han sido arbitrarias.
El Estado de derecho debe ser respetado. Se busca fabricar culpables más que encontrarlos y hasta se ha documentado y denunciado a personas infiltradas en las marchas, como el vídeo que prueba que un funcionario del GDF participó en los disturbios del #1dmx, de Animal Político.
La impunidad es una constante que aqueja al sistema judicial en México y que lo ha llevado al colapso.
Situación que no se ha podido mejorar con la entrada progresiva del nuevo sistema penal. Los marcos normativos no se han traducido en el respeto de los derechos de las personas, la legislación y la justicia se siguen ejerciendo de forma discrecional. Se exige el respeto de la ley, cuando las autoridades la ignoran o la violan.
Y no sólo eso, sino que también se ha agredido a defensores de derechos humanos y periodistas que cubren y documentan dichas manifestaciones. Muchas de las pruebas que se han obtenido para documentar y denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad se han obtenido gracias a la documentación ciudadana. Las redes sociales han sido fundamentales para contrarrestar los discursos oficiales que solapan los abusos, como los que llevaron a la destitución de Jesús Rodríguez Almeida, ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, por felicitar a los policías que participaron en el operativo del 20 de noviembre, donde se documentaron abusos y detenciones arbitrarias.
No sólo durante las marchas se ha pretendido atemorizar a la gente para que no se manifieste, sino que se ha buscado también incluir las limitaciones de la manifestación en la legislación.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en México denuncia que desde el nivel federal y el nivel local se han presentado iniciativas que buscan establecer horarios para la realización de manifestaciones, la obligación de indicar el lugar, itinerario y número aproximado de participantes, el no uso de vías primarias, solicitar autorizaciones a las autoridades, responsabilidad de los líderes por las alteraciones que genere la manifestación y la facultad de las autoridades policiales para disolver la manifestación cuando se altere el orden o la paz pública.
Esto ocurre en Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y el Distrito Federal, en el cual se pretendía establecer agravantes a los delitos de lesiones y homicidio cuando estos se realizaran en el marco de manifestaciones públicas.
Las leyes publicadas entre mayo y julio de 2014 son: Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, Ley de Movilidad para el Distrito Federal, Código que establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y la Ley para Proteger los Derechos Humanos que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, que tuvo como trágica consecuencia la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, a causa de los excesos de la policía local.
Gobierno de Puebla: Violador de los derechos humanos
Además del uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, las legislaciones tienen elementos comunes, como sus facultades para restringir y limitar las manifestaciones y restringir el espacio público, por lo que los derechos de libertad de expresión, asociación pacífica y protesta buscan ser limitados más que garantizados.
A los gobiernos autoritarios les da miedo el disenso y la manifestación. Lo que hay que recordarle a las autoridades del Gobierno en México y a todos sus funcionarios es que en una democracia se deben respetar los derechos y debe haber debate y diálogo para garantizar la participación ciudadana. Si esto no sucede, no es más que una democracia simulada, ya que la indignación y el descontento son consecuencias de los problemas más profundos que deben ser atendidos.
Omar Rábago. @omar_rabago Director Ejecutivo de @Cencos - Activista por los Derechos Humanos.
Diputados citaran a comparecer al ombudsman Raúl Gonzalez Perez
La Jornada San Luis
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó ayer citar a comparecer, a reuniones de trabajo por separado, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y a los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle, y de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez.
El presidente de la comisión, Heriberto Galindo Quiñones (PRI), aceptó la propuesta de PAN y PRD de convocar al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, con el propósito de hablar del asesinato de 22 civiles en Tlatlaya y el aumento de feminicidios en esa entidad, y solicitó a los diputados presentar una propuesta de los temas a tratar en ese encuentro.
En la sesión ordinaria de ayer la comisión elaboró una lista de 15 temas a tratar con el ombudsman, entre ellos el de las autodefensas y las policías comunitarias, el nuevo estatus del fuero militar y los primeros casos de soldados sujetos a proceso por agresiones a civiles, así como casos de negligencia médica en los servicios públicos de salud.
También, diversas violaciones a derechos humanos de personas recluidas en penales estatales y federales, entre éstas Nestora Salgado, Brenda Quevedo y David Vargas Araujo.
Además, los intentos por limitar el derecho a la protesta, detenciones arbitrarias, infiltraciones parapoliciacas y paramilitares en movimientos sociales, impunidad en abusos de autoridad, la reforma sobre desaparición forzada, la guerra sucia y las normas que limitan el acceso a información de esa etapa en el Archivo General de la Nación.
En el caso del gobernador de Puebla, decidió que se abordarán tres temas centrales: el desalojo de estudiantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular, ocurrido el 8 de febrero; el encarcelamiento de 40 dirigentes sociales y políticos presuntamente detenidos de manera arbitraria por órdenes del gobernador, y la muerte del niño Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, atribuida al impacto de una bala de goma.
Con el mandatario de Guerrero se abordarán dos temas: el estado de las averiguaciones previas iniciadas por la fiscalía general por la agresión de policías a manifestantes el 24 de febrero en Acapulco y la detención de Nestora Salgado, ex líder de la policía comunitaria de Olinalá, sólo en lo que se refiere a la participación del gobierno estatal.
La vida turbia de Hugo Alberto Wallace Miranda y su misteriosa desaparición (27 de marzo 2015)
- Hugo Alberto Wallace Miranda, presunta víctima de secuestro y homicidio. Foto: red
Por Luis Vargas*
MONTREAL, Canadá.- Hablar del Caso Wallace es tan complejo y oscuro como hablar de la desaparición y vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, eje central del asunto, y del personaje de su madre, la controvertida señora Wallace. Detrás de la historia de su supuesto secuestro y asesinato ha sido constantemente denunciado por los acusados la existencia de una trama de complicidades, arbitrariedades, mentiras, contradicciones, corrupción, influyentismo, fabricación de pruebas y culpables, comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos, entre las cuales destaca las alegaciones de actos de tortura física y psicológica.
La historia inicia la noche del 11 y 12 de julio de 2005, madrugada en que según las investigaciones personales de Isabel Miranda de Wallace, tuvo lugar el secuestro y cercenamiento de su hijo, crimen por el que a pesar de lo turbio del asunto se encuentran purgando condena cuatro personas ya sentenciadas y dos más que después de varios años aún están siendo juzgadas. Aunque se podría decir que gracias a nuestro sistema de impartición de justicia en transición en el que se supone debería predominar el principio a la presunción de inocencia, en la práctica estos últimos están pagando por adelantado la pena de un crimen que gallardamente han sostenido no haber cometido.
- Autenticidad del acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres. Foto: especial
Dos actas de nacimiento auténticas
Hugo Alberto Wallace Miranda nació el 12 de octubre de 1969 en México, Distrito Federal. Sin embargo, información contenida en su primera acta de nacimiento constata que a su nacimiento fue registrado con el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres y cuyo padre aparece asentado como Jacinto Miranda. No es sino hasta el año de 1975 que Hugo Alberto fue reconocido ante el registro civil como hijo de José Enrique del Socorro Wallace Díaz, actual esposo de María Isabel Miranda Torres, adquiriendo oficialmente su apellido paterno, lo que puede ser constatado en las actas de reconocimiento y nacimiento correspondientes. Aunado a los documentos anteriores, el acta de matrimonio de José Enrique del Socorro Wallace e Isabel Miranda Torres con fecha de registro 1978, nos reafirma que Hugo Alberto o bien no es hijo biológico de Enrique del Socorro o nació fuera del matrimonio a pesar de que en esa época éste último se encontraba aún casado con su primera esposa. Esta información hasta el momento ha sido ocultada a los medios de comunicación por Isabel Miranda Torres de Wallace y tampoco ha sido tomada en cuenta por las autoridades ministeriales y judiciales para la apertura de nuevas líneas de investigación sobre el caso.
- Hugo Alberto y su gusto por las motocicletas. Foto: especial
De acuerdo a los testimonios de su círculo íntimo, Hugo Alberto era aficionado a las motocicletas y al fútbol americano, también bebía con frecuencia, utilizaba un lenguaje vulgar, estaba acostumbrado a la vida fácil y ligera; incluso Laura Domínguez, una de sus amigas cercanas, aseguró que desde los 17 años de edad vivía solo y en ocasiones solía desaparecer por varios días y semanas enteras, contrariamente a lo declarado en la denuncia hecha por su madre ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuando afirmó que no acudir un día a su oficina de trabajo no era un comportamiento normal en su hijo. A pesar de su precoz emancipación de su hogar, Rodolfo Munguía, amigo y trabajador de Hugo, aseguró que el susodicho mantenía una buena a relación con su madre.
- Familia Wallace Miranda. Al centro: Hugo Alberto Wallace Miranda, a la izquierda: Isabel Miranda de Wallace, a la derecha: Enrique del Socorro Wallace. Foto: especial
El vínculo íntimo con cierto tono de complicidad existente en el seno de la familia Wallace Miranda se puede constatar al verificar el historial laboral de sus integrantes, quienes además de ser sus parientes forman parte de su medio empresarial y político. Así por ejemplo, su hermana Guadalupe Miranda trabaja para su empresa de publicidad denominada SHOWCASE, su sobrina Mónica Miranda Mondragón trabaja para la Comisión Nacional de Derechos Humanos anteriormente presidida por Raúl Plascencia y de quien se sabe fue apoyado por la bancada panista, su sobrino Andrés Sánchez Miranda que al igual que ella milita para el Partido de Acción Nacional del que de forma polémica un día fuera candidata a la jefatura del gobierno del Distrito Federal y su hermano Roberto Miranda Torres, quien siempre la ha acompañado a las diligencias sobre el proceso del supuesto secuestro y asesinato de su hijo, además la representa legalmente.
En el aspecto laboral, es bien sabido que Hugo Wallace trabajaba para la compañía publicitaria Show Case, negocio familiar que le dejaba aproximadamente una ganancia neta mensual de 15 millones de pesos, además de ser el dueño de otras empresas de ramos diferentes entre sí tales como una fumigadora denominada Rochbuster, una tienda de accesorios para motociclismo denominada DejaVu y un equipo de fútbol americano de nombre Escorpiones. Así mismo, Hugo Wallace se desempeñó como maestro de inglés en el Colegio Aztlán, también propiedad de su madre.
En el ámbito amoroso, las relaciones conyugales de Hugo Wallace eran más bien efímeras y carentes de compromiso, divorciado y con una hija, en tan solo un año había tenido tres novias, dejando embarazada a una de ellas de nombre Vanessa Bárcenas, antigua alumna suya que conoció cuando ella apenas tenía siete años de edad y fue su novia del periodo comprendido entre abril y octubre de 2004, quien pese a estar esperando un hijo suyo decidió terminar su relación debido a que no le gustaba su estilo de vida y porque según sus palabras: “Hugo Wallace no quería establecer una relación formal”.
Según la versión de los hechos sostenida por la señora Wallace, el día de su misteriosa desaparición Hugo Wallace había ido al cine con Juana Hilda, la supuesta enganchadora. En ese entonces tenía una relación con su novia de nombre Geazul, quien incluso tenía acceso a su hogar de acuerdo a los testimonios de Neri Mandujano, sirvienta de Hugo, no obstante eso no le impidió salir con otra mujer. Consecuentemente, esa madrugada se consumaría el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace (de acuerdo a la versión de la señora Wallace) del que se acusa a Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, los hermanos Alberto y Tony Castillo y Brenda Quevedo Cruz, en este mismo orden de ideas.
¿Sabía Hugo Wallace que se acercaba su desaparición?
- Camioneta propiedad de Hugo Wallace antes de su supuesta desaparición. Foto: detalle del videodocumental El caso Wallace
Antes de su supuesta desaparición Hugo Wallace compró una camioneta blindada para su protección, poseía armas de fuego y contrató los servicios de un electricista de nombre Rodolfo Munguía, quien a la postre se volvería uno de sus amigos, para la instalación de cámaras de seguridad en su residencia. Así se desprende de los testimonios del propio Rodolfo y de su ex novia Vanessa Bárcenas Díaz, quienes respecto a estos puntos señalaron:
“Me comentó que había comprado la camioneta Cherokee blindada por seguridad de él, comentándome que si alguien se le cerraba, con la camioneta se abría paso y nada pasaría” (Rodolfo Munguía, declaración de 18 de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO).
“Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto (de abril a octubre del año 2004), éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles, sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cherokee blindada” (Vanessa Bárcenas Díaz, declaración del 15 de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO).
En cuanto a las armas de fuego, la sirvienta de Hugo Wallace, Isabel Nery Mandujano, declaró que el 11 de julio, a tan sólo 30 minutos después de la última vez que escuchó a Hugo Wallace, entró Geazul, en esa época novia de Hugo, diciéndole que éste estaba desaparecido y que no se había llevado sus tres pistolas. Así lo constató ante las autoridades:
“El último día que vio a Hugo, fue el lunes 11 de julio de 2005…durante la cena escuchó que Hugo recibió una llamada telefónica, después éste se retiró a su recámara; como media hora después, escuchó que abrieron la puerta principal de la casa escuchó que se retiró un vehículo, al colgar escuchó que alguien entró percatándose que era Geazul novia de Hugo, quien iba llorosa, preguntándole por Hugo, que le dijo que éste estaba desaparecido, que ésta subió a la recámara donde buscó recibos telefónicos, agendas o papeles con números de teléfonos, pero no encontró nada, también habló por teléfono preguntando si habían encontrado la camioneta Cherokee blindada, después buscó en los cajones que estaban arriba del closet, escuchando que decía aquí están las pistolas, no se las llevó, mostrándole como tres pistolas” (Isabel Neri Lujano, declaración de 14 de noviembre de 2005, ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO).
Otro de los testimonios que constatan el comportamiento paranoico de Hugo Alberto Wallace es el de Rodolfo Munguía López. Según el susodicho, la última vez que lo vio fue en su oficina de Calzada de las Brujas entre la semana comprendida del 4 al 8 de julio de 2005, una semana antes de su misteriosa desaparición, a fin de acordar los últimos detalles para la instalación de las cámaras de circuito cerrado en su hogar.
“Dentro de los trabajos que hice para Hugo Alberto, instalé unas cámaras de circuito cerrado dentro de la casa…pero estas cámaras únicamente transmitían imágenes, pero no quedaban grabadas, ya que este trabajo de grabación estaba destinado para otra etapa de trabajo, lo cual ya no se realizó debido a que el día 12 de julio de 2005, ya no le permitieron a su empleado el acceso a la casa… sin referirnos el motivo.” (Rodolfo Munguía, declaración de 18 de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO).
Cabe señalar que Munguía mencionó que en una ocasión Hugo Wallace le comentó que también quería instalar cámaras afuera de su casa para corroborar que la persona que se identificaba como tal era la misma, ya que su ex novia Vanessa en algunas ocasiones accedió a su residencia dando nombres falsos.
- Ficha signalética de Hugo por contrabando. Foto: red
Los antecedentes penales de Hugo Alberto Wallace Miranda
A principios del año 2006 en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula José Luis Moya, investigador en asuntos de corrupción y transparencia, reveló que Laura Domínguez, amiga íntima y vecina de Hugo Alberto Wallace, fue testigo de cómo llegaron patrullas y helicópteros a su casa. A palabras de Moya:
“Ese día algo raro sucedió, la señora Wallace intervino y salió Hugo librado de ese asunto”.
En este mismo sentido, consta en autos la declaración de la ex novia de Hugo Wallace, Vanessa Bárcenas, quien ante la autoridad señaló:
“También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país, no me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí” (Vanessa Bárcenas Díaz, declaración de 15 de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO).
Posteriormente, durante la misma entrevista Luis Moya reveló la ficha signalética de Hugo Alberto Wallace en donde se señala que había sido detenido en el aeropuerto por el delito de contrabando en el año 2001. El investigador agregó; pese a que el contrabando es un delito del fuero federal pasó al Distrito Federal “ya que a veces la PGJDF tenía la obligación de detenerlos”.
Antecedentes penales de Hugo Alberto Wallace por contrabando.
Al respecto, en el año 2006, el diario mexicano El Universal publicó que a partir de esa ficha, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal abrió una línea de investigación sobre la posible relación de negocios entre la víctima y sus plagiarios. La nota señala que el documento obra en el Juzgado Séptimo de Distrito Penal, radicado con la partida 00196/2001 el 8 de mayo de ese año (2001). Además, la nota agrega:
“La ficha forma parte de un paquete de documentos enviados de manera anónima a la PGJDF, donde también se puede ver una fotografía en la que aparece Hugo Alberto Wallace, acompañado de Jacobo Tagle Dobin y César Freyre”.
Por último, en la misma nota se menciona que fuentes de la dependencia aseguraron que la documentación se entregará a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.
A pesar de que ese delito es del fuero federal y que tuvo lugar en el año 2001, en ese entonces fuentes de la PGR manifestaron a ese medio periodístico que no existe averiguación alguna en contra de Hugo Wallace y que es la PGJDF la que tiene el registro. Cabe señalar que hasta la fecha no se tiene conocimiento de ninguna pesquisa abierta en su contra pese a que esa nota data del año 2006.
Por último, en la nota también se menciona que la señora Wallace negó la veracidad de la ficha, además aseguró que se trata de un fotomontaje a fin de dañar a su familia:
“quieren confundir a la opinión pública, esa gente está mal informada, es totalmente falso ese documento y yo procederé penalmente”.
Sin embargo, en la PGJDF afirmaron que la documentación existe en sus archivos. Cabe señalar que en el año 2008 durante el proceso de extradición de Brenda Quevedo Cruz (uan de las acusadas del falso secuestro) el juez Ashman de la Corte de Distrito de Chicago Illinois, solicitó a su madre los antecedentes penales de Hugo Alberto Wallace, quien a pesar de la existencia de estos en el registro de la PGJDF declaró que su hijo no contaba con antecedentes y presentó un documento falsificado y expedido por el Gobierno del Distrito Federal.
La relación entre la víctima y sus supuestos plagiarios
- Hugo Alberto Wallace (der) junto a Jacobo Tagle Dobín (izq).
En diversas ocasiones, la señora Wallace ha declarado ante los medios de comunicación que a su hijo le gustaban las motocicletas, inclusive existe el testimonio de Vanessa Bárcenas que confirma que Hugo Wallace era propietario de dos motocicletas Harley Davidson. En un inicio, la señora Wallace señaló que su hijo conoció a Jacobo Tagle de la venta de un predio propiedad de su familia, que por cierto en el año 2006 a aquella le fue incautada en su totalidad por mandato del Ministerio Público Federal. Sin embargo, en la entrevista con Ciro Gómez al verse confrontada por Luis Moya con la fotografía en la que Hugo Wallace aparece junto a Jacobo Tagle, la señora Wallace mencionó que éste se infiltró en el círculo de amigos de Hugo Wallace dado que a su hijo le gustaban las motos. En este tenor, la señora Wallace relata que Hugo Wallace conoció a Pedro David Tagle Molho, padre de Jacobo, en una caravana de motocicletas y es de esta manera que supuestamente estableció contacto con Jacobo Tagle. Además, durante dicha entrevista señaló desconocer si su hijo conocía a César Freyre, a pesar de que como obra en autos previamente había manifestado la existencia de una relación entre ambos.
“Posteriormente mi hijo tuvo contacto con el Sr. César Freyre Morales, ya que Hugo Alberto en repetidas ocasiones acudió a este lugar (el taller de César)…” Declaración de Isabel Miranda de Wallace de 13 de enero de 2006.
Al respecto, vale la pena remitirnos a lo declarado por el propio Jacobo Tagle en su declaración ministerial del 6 de diciembre de 2010, que si bien es cierto luego no fue ratificada porque alegó que había sido torturado, en la misma señala que su padre, César Freyre y él conocieron a Hugo Wallace en el año 2000 en el área de café de un club de motocicletas en México, Distrito Federal. Posteriormente, señala que en el año 2002 surgió una relación de negocios entre su padre y Hugo Wallace que concluyó con la venta de la porción de terreno arrendada para la instalación de uno de los anuncios de su negocio SHOWCASE. Incluso, Jacobo afirma que tras la muerte de su padre en el año 2003, Hugo Wallace le prestó dinero para su entierro.
Al igual que Hugo Wallace, César Freyre, uno de los inculpados en su supuesto secuestro, también tenía una motocicleta Harley Davidson y formaba parte de un exclusivo grupo de motociclistas. Así lo señaló Alberto Castillo en su declaración de 8 de marzo de 2006:
“En cuanto a César Freyre, el círculo en el que se desenvolvía es el de los “chopers”, es decir el de las motocicletas Harley-Davidson, pero este círculo es muy cerrado porque no todos pueden entrar a él… en ese grupo había muchos chavos como para acordarse de ellos, y ni mi hermano Tony ni yo formábamos parte de ese grupo…” (Alberto Castillo, declaración de 8 de marzo de 2006 ante el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO).
Además en la misma declaración también manifestó:
“…De las ocasiones en que salí con César Freyre y su círculo, nunca escuché el nombre de Hugo Wallace Miranda, ni las palabras, “secuestro”, “levantar”, “casa de seguridad”, “negociación”, “950 mil dólares”, “pago” ni “rescate”, lo que escuchaba es que entre los integrantes de ese grupo mencionaban que habían hecho algún negocio y generalmente se referían a compraventa de automóviles o motocicletas…”.
Es interesante lo mencionado por Alberto Castillo relativo a la venta de motocicletas, ya que en el libro “El Caso Wallace” del autor Martín Moreno y cuyo prólogo es de la propia Isabel Miranda de Wallace, se señala que Hugo Alberto conoció a Ricardo Trevedan, ex socio de César Freyre, a través de la venta de una motocicleta.
“Hugo solía visitar Pericoapa… Junto al estacionamiento hay una fila de auto boutiques que venden accesorios y partes para todo tipo de vehículos, incluyendo motocicletas. En uno de esos locales Hugo conoció a Ricardo Trevedan, y le vendió una moto Harley Davidson… Conservaron la relación. Trevedan invitó a Hugo a celebrar su cumpleaños en su local de Pericoapa. En ese momento marcó la vida de Wallace Miranda, pues conoció a quien sería su verdugo: César Freyre”.
Según el testimonio de Tony Castillo, desde 1999, César Freyre y Ricardo Trevedan eran socios de una auto-boutique en Pericoapa. Tony Castillo señala que volvió a ver a César Freyre a mediados del año 2001, quien le comentó que ya habían traspasado el negocio y que Ricardo Trevedan estaba viviendo en los Cabos San Lucas, Baja California Sur. Según el propio Tony Castillo en el año 2004, César le pidió que se trasladara a los Cabos para reclamar el cuerpo de su hermano de nombre Jonathan que había sido asesinado por su ex socio Ricardo Trevedan. En ese mismo incidente, Jael Malagon Uscanga, amigo de César Freyre y otra de las personas acusadas por la señora Wallace de ser un secuestrador y de formar parte de la banda delictiva, perdió su ojo izquierdo en la balacera. Por último, Tony afirmó desconocer los motivos del asesinato del hermano de César Freyre.
A pesar de que el investigador Luis Moya declaró el 7 de febrero de 2007 ante la SIEDO que César Freyre y Jacobo Tagle Dobín eran amigos, acompañantes y suministradores de drogas y mujeres, así como sus guardaespaldas, hasta la fecha la PGR no ha abierto una nueva línea de investigación para esclarecer el tipo de vínculo y su relación con otras posibles causales de su desaparición, a parte de la versión del secuestro y asesinato tercamente sostenida por la señora Wallace.
¿Hugo Wallace vivo o muerto?
La controversia de Hugo Wallace viviendo en la clandestinidad surgió desde el inicio de la mediatización de la historia del “Caso Wallace”. A inicios del año 2006 José Luis Moya en entrevista con Ciro Gómez Leyva abrió el debate sobre la posibilidad de que Hugo Wallace luego de su desaparición aún estuviera con vida. En dicha entrevista Luis Moya, quien por solicitud de Laura Domínguez Santillán, amiga íntima y vecina de Hugo Alberto, colaboró con la señora Wallace en las investigaciones preliminares para dar con el paradero de su hijo, aseguró haber hecho llegar a altos funcionarios de la PGR un paquete de documentos, que también eran constitutivos de delitos, los cuales podrían dar con Hugo Wallace “tanto vivo como muerto”. En esa misma entrevista, la señora Wallace entró al aire para negar todo lo manifestado por Luis Moya y Laura Domínguez, incluso durante la transmisión en directo lo acusó de haberla tratado de extorsionar por la cantidad de 200,000 dólares para no revelar la existencia de los antecedentes penales de su hijo.
Consecuentemente, el 7 de febrero de 2007 Luis Moya fue citado a declarar ante la SIEDO por una denuncia interpuesta, dos meses después de la entrevista, por la señora Wallace en relación a un supuesto intento de extorsión y difamación. En dicha declaración Moya reveló ante dichas autoridades información delicada que al día siguiente difundió ante el mismo Ciro Gómez en Radio Fórmula señalando que Laura Domínguez mantenía contacto con el desaparecido, además, de que después de su supuesta muerte se reunió en una ocasión con él y supuestamente le comentó que no vivía en México, ya que era un testigo protegido de la INTERPOL. Por último, Luis Moya alega que la PGR ha ignorado sus declaraciones a pesar de contar con elementos para probar que Hugo Wallace está vivo.
De igual modo, Anabel Hernández, escritora y periodista, plantea la posibilidad de que Hugo Wallace esté vivo. La periodista señala que en el expediente existen pruebas para sostener esta afirmación. Entre esas pruebas se encuentran una llamada telefónica, una gota de sangre (de la que se hablará con más detalle en otro artículo) y un estado de cuenta de Hugo Alberto Wallace.
En cuanto a la llamada, la madrugada del 1 de noviembre de 2005, tres meses después del supuesto secuestro y asesinato, Jorge García Sepúlveda afirma haber recibido una llamada a su teléfono celular, la cual quedó registrada en su servicio de mensajería vocal, con el siguiente mensaje:
“Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…” (Rodolfo Munguía, declaración de dieciocho de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO).
La grabación fue presentada a varios testigos que llamaron a declarar durante el mes de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO. Los testigos son Carlos Colorado Martínez, Rodolfo Munguía López (amigo), Isabel Neri Lujano (ama de llaves) y Vanessa Bárcenas Díaz (ex novia), los cuatro afirmaron que la voz que se escucha en el correo de voz dejado en el teléfono de Jorge García es efectivamente la voz de Hugo Wallace. Incluso, el propio Jorge García señaló que en varias ocasiones recibió llamadas en donde se le preguntó si conocía o trabajaba para una persona llamada Wallace.
Respecto al estado de cuenta de una tarjeta de crédito a nombre de Hugo Alberto Wallace, con fecha de corte de 26 de julio de 2005, la misma fue usada el 20 de julio de 2005 (nueve días después de la muerte de Hugo Alberto), con cargos que superaron los 12,000 pesos, para pagar una comida en el restaurante “Los Arcos” y para diversas compras en Liverpool de Perisur en la Ciudad de México. Sin embargo, ni la señora Wallace ni la PGR pidieron los videos para ver quien usó la tarjeta ni tampoco se abrió ninguna línea de investigación al respecto.
Posteriormente, el 31 de Mayo de 2014 a raíz de la salida a la luz de un reportaje en la revista Proceso y Los Ángeles Press en donde se reveló la existencia de una segunda acta de nacimiento, auténtica como la primera, que hasta el momento era desconocida para el público y que el investigador Luis Moya ya había señalado su existencia en declaraciones judiciales desde el año 2007, se revivió la polémica sobre la posibilidad de que Hugo Wallace viva en la clandestinidad. Además, en dichas investigaciones también se reveló la existencia de un CURP con el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nombre con el que aparece registrado en su primera acta de nacimiento, que había sido tramitado el 24 de febrero del año 2010, cinco años después de su supuesto asesinato, y cuya autenticidad fue corroborada por la Secretaría de Gobernación. Cabe señalar que Anabel Hernández denunció intimidación y represalias en su contra por parte de la PGR, “a petición de la señora Wallace”, autoridad que abrió una averiguación en su contra luego de haber dado a luz en su reportaje la existencia de tales documentos.
Conclusión
De lo expresado en los párrafos anteriores podemos concluir que existe suficiente evidencia y testimonios para dudar de la autenticidad y veracidad de la versión sostenida por la señora Isabel Miranda de Wallace y el Ministerio Público Federal sobre el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace la madrugada del 12 de julio de 2005. Asimismo, las alegaciones de falsedad en las declaraciones de la acusación y testigos y la simulación de pruebas, aunado a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos hechas por los acusados, así como la impunidad y la fabricación de culpables imperante en nuestro sistema de procuración de justicia, nos hacen dudar aún más de los dichos de las autoridades y de la propia señora Wallace.
Los documentos e información revelados por periodistas e investigadores en los distintos medios de comunicación sugieren que Hugo Wallace vive oculto en la clandestinidad probablemente bajo otra identidad. Sin embargo, por el momento no se cuenta con pruebas contundentes para confirmar esta versión. No obstante, la realidad es que por tales revelaciones periodistas y abogados han sido víctimas de represalias por parte de la señora Wallace y la PGR. Lo que es un hecho es que Hugo Alberto no era un ciudadano modelo; acusaciones de contrabando que pesaban en su contra y declaraciones sobre su persona proveídas por su círculo íntimo comprueban lo contrario. Además, las amistades peligrosas, el estilo de vida de excesos y el turbio pasado de Hugo Wallace, son factores a tenerse en cuenta a la hora de hacerse un juicio sobre el caso.
Finalmente, existe la clara intención por parte de las autoridades ministeriales de esconder y manipular la verdadera historia que hay detrás de “El Caso Wallace” y mientras no exista voluntad del Estado por abrir nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de Hugo Alberto Wallace, el caso permanecerá en un enigma para la sociedad y la justicia mexicana; una sociedad acostumbrada a la maquinación y orquestación de montajes mediáticos en donde personas inocentes son exhibidas como criminales y se encuentran en nuestras prisiones purgando condenas injustas.
*El autor es defensor de derechos humanos. Director de la Asociación contra la Fábrica de Culpables (AFCDDH). Colaborador del blog de Buho Legal. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León con la tesis: ''La absolución de Florence Cassez es un precedente positivo para el mejoramiento del debido proceso en México''. Intercambio Académico en la Universidad de Montreal (2009).
- Hugo Alberto Wallace Miranda, presunta víctima de secuestro y homicidio. Foto: red
Por Luis Vargas*
- Autenticidad del acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres. Foto: especial
- Hugo Alberto y su gusto por las motocicletas. Foto: especial
- Familia Wallace Miranda. Al centro: Hugo Alberto Wallace Miranda, a la izquierda: Isabel Miranda de Wallace, a la derecha: Enrique del Socorro Wallace. Foto: especial
- Camioneta propiedad de Hugo Wallace antes de su supuesta desaparición. Foto: detalle del videodocumental El caso Wallace
Antes de su supuesta desaparición Hugo Wallace compró una camioneta blindada para su protección, poseía armas de fuego y contrató los servicios de un electricista de nombre Rodolfo Munguía, quien a la postre se volvería uno de sus amigos, para la instalación de cámaras de seguridad en su residencia. Así se desprende de los testimonios del propio Rodolfo y de su ex novia Vanessa Bárcenas Díaz, quienes respecto a estos puntos señalaron:
“Me comentó que había comprado la camioneta Cherokee blindada por seguridad de él, comentándome que si alguien se le cerraba, con la camioneta se abría paso y nada pasaría” (Rodolfo Munguía, declaración de 18 de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO).
“Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto (de abril a octubre del año 2004), éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles, sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cherokee blindada” (Vanessa Bárcenas Díaz, declaración del 15 de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO).
“El último día que vio a Hugo, fue el lunes 11 de julio de 2005…durante la cena escuchó que Hugo recibió una llamada telefónica, después éste se retiró a su recámara; como media hora después, escuchó que abrieron la puerta principal de la casa escuchó que se retiró un vehículo, al colgar escuchó que alguien entró percatándose que era Geazul novia de Hugo, quien iba llorosa, preguntándole por Hugo, que le dijo que éste estaba desaparecido, que ésta subió a la recámara donde buscó recibos telefónicos, agendas o papeles con números de teléfonos, pero no encontró nada, también habló por teléfono preguntando si habían encontrado la camioneta Cherokee blindada, después buscó en los cajones que estaban arriba del closet, escuchando que decía aquí están las pistolas, no se las llevó, mostrándole como tres pistolas” (Isabel Neri Lujano, declaración de 14 de noviembre de 2005, ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO).
“Dentro de los trabajos que hice para Hugo Alberto, instalé unas cámaras de circuito cerrado dentro de la casa…pero estas cámaras únicamente transmitían imágenes, pero no quedaban grabadas, ya que este trabajo de grabación estaba destinado para otra etapa de trabajo, lo cual ya no se realizó debido a que el día 12 de julio de 2005, ya no le permitieron a su empleado el acceso a la casa… sin referirnos el motivo.” (Rodolfo Munguía, declaración de 18 de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO).
- Ficha signalética de Hugo por contrabando. Foto: red
Los antecedentes penales de Hugo Alberto Wallace Miranda
“Ese día algo raro sucedió, la señora Wallace intervino y salió Hugo librado de ese asunto”.
“También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país, no me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí” (Vanessa Bárcenas Díaz, declaración de 15 de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO).
“La ficha forma parte de un paquete de documentos enviados de manera anónima a la PGJDF, donde también se puede ver una fotografía en la que aparece Hugo Alberto Wallace, acompañado de Jacobo Tagle Dobin y César Freyre”.
“quieren confundir a la opinión pública, esa gente está mal informada, es totalmente falso ese documento y yo procederé penalmente”.
- Hugo Alberto Wallace (der) junto a Jacobo Tagle Dobín (izq).
“Posteriormente mi hijo tuvo contacto con el Sr. César Freyre Morales, ya que Hugo Alberto en repetidas ocasiones acudió a este lugar (el taller de César)…” Declaración de Isabel Miranda de Wallace de 13 de enero de 2006.
“En cuanto a César Freyre, el círculo en el que se desenvolvía es el de los “chopers”, es decir el de las motocicletas Harley-Davidson, pero este círculo es muy cerrado porque no todos pueden entrar a él… en ese grupo había muchos chavos como para acordarse de ellos, y ni mi hermano Tony ni yo formábamos parte de ese grupo…” (Alberto Castillo, declaración de 8 de marzo de 2006 ante el Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO).
“…De las ocasiones en que salí con César Freyre y su círculo, nunca escuché el nombre de Hugo Wallace Miranda, ni las palabras, “secuestro”, “levantar”, “casa de seguridad”, “negociación”, “950 mil dólares”, “pago” ni “rescate”, lo que escuchaba es que entre los integrantes de ese grupo mencionaban que habían hecho algún negocio y generalmente se referían a compraventa de automóviles o motocicletas…”.
“Hugo solía visitar Pericoapa… Junto al estacionamiento hay una fila de auto boutiques que venden accesorios y partes para todo tipo de vehículos, incluyendo motocicletas. En uno de esos locales Hugo conoció a Ricardo Trevedan, y le vendió una moto Harley Davidson… Conservaron la relación. Trevedan invitó a Hugo a celebrar su cumpleaños en su local de Pericoapa. En ese momento marcó la vida de Wallace Miranda, pues conoció a quien sería su verdugo: César Freyre”.
“Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…” (Rodolfo Munguía, declaración de dieciocho de noviembre de 2005 ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO).
Abogado de Wallace califica de patrañas las dudas sobre Caso Wallace
En medio de las críticas por versiones periodísticas que dudan de la veracidad del caso Wallace, Samuel González Ruiz, representante legal de la asociación Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda, defiende la investigación judicial y refuta las publicaciones que la desmienten.
Para González Ruiz, que buscó a Terra para fijar su postura, el proceso jurídico que se sigue a los inculpados es claro y real; está en manos de las leyes, impermeable a críticas periodísticas o falsas pruebas, “las personas no son juzgadas por los medios, sino por la autoridad judicial, que determina si hay o no responsabilidad”. (porqué entonces Miranda de Wallace utilizó a los medios para hacer que la sociedad juzgue a los inculpados ??)
En franco ataque a versiones que ponen en duda la muerte de Hugo Alberto, el abogado tilda de locura el intento de la defensa por revivirlo, “lo que está acreditado en los expedientes es claro, tratar de abrir un caso de esa manera es loco. ¿Cómo pueden intentar revivir a una persona que ya falleció? Está asentado en una sentencia judicial”. (y cómo le hacen Miranda y él para expedir un acta de defunción sin contar con el cuerpo ?)
En tono defensivo, González desdeña críticas a Isabel Miranda y reta a detractores: “Quien tiene que presentar a la persona viva (Hugo Alberto Wallace) son los periodistas o quien argumente que está vivo, es un hecho imposible”. (No es el trabajo de los periodistas presnetar a la persona viva. Lo que si presentaron es una prueba de que Hugo o alguien de su familia sacó una CURP a nombre de él)
Defensa se vale de mentiras y paga consecuencias
Para el representante legal de Isabel Miranda, la reciente ola de críticas al caso de Hugo Alberto Wallace tiene un autor, la defensa de los inculpados, en especial la de Brenda Quevedo Cruz, quien está acusada y con auto de formal prisión, sin embargo, sin sentencia desde que fue extraditada de Estados Unidos, en 2009.
Samuel González desestima cualquier intento de los acusados por revertir el fallo jurídico, incluso, enumera que ya son nueve intentos de la defensa y en todos, explica, recibieron una respuesta negativa.
“En México, la ley autoriza a los inculpados a mentir, pero los abogados no pueden fabricar pruebas, tampoco los periodistas - en tono de reto-, toda prueba que se presente será investigada”, refuta. (la CURP de Hugo no es una mentira, existe legalmente y tiene fecha de febrero 2010. porqué no investigaron lo de la CURP y del acta de nacimiento que ya fueron presentados ? Mas bien debería decir Samuel "toda prueba que se presente sera refutada, ya que asi lo hacen desde hace 9 años".)
En referencia, el litigante recuerda que la exabogada de Brenda Quevedo, Ámbar Treviño Pérez, fue procesada y sentenciada por falsificación de documentos en 2010, cuando intentó certificar tortura en las declaraciones de los procesados; sin embargo, según publicaciones en Los Ángeles Press, sólo estuvo presa de marzo a mayo de ese año, hasta que el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos (el juez desestimo las pruebas aportadas por la parte acusadora : todo era falso) y le dictó el auto de libertad.
Pese a ello, Samuel González define la situación jurídica actual, “la ley juzga el secuestro por la privación de la libertad y la petición de rescate que existió, donde Hugo Alberto Wallace murió, la prueba jurídica existe”.(no dice Samuel Ruiz que hay dos peticiones de rescate idénticas : una en la PGR, otra en la PGJ, lo que no puede ser…)
Respecto a otros factores que ponen en duda dicho proceso jurídico, como la supuesta falsa paternidad de José Enrique Wallace Díaz en el caso de Hugo Enrique y posteriormente la prueba de ADN, González arremete, “es una mentira, una patraña; como abogado no puedo ni contestar, es una calumnia”. (como abogado no puedo contestar… porqué ?)
Piden revocar a Wallace Premio Nacional de Derechos Humanos
Noticias TerraEl Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado a la señora Isabel Miranda de Wallace, el 15 de diciembre de 2010, de manos del hoy expresidente Felipe Calderón, debe ser revocado, piden en la plataforma Change.org periodistas y organizaciones.
La petición fue publicada en Internet por la periodista Guadalupe Lizárraga, fundadora del sitio de noticias Los Ángeles Press, y la firman Giel Meza, presidente de Gente de México por la Democracia, y David Bertet, dirigente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad.
Le piden al presidente Enrique Peña Nieto revocar la distinción a Miranda de Wallace, pues de acuerdo con sus investigaciones, el reconocimiento se emitió “de manera injustificada”, pues la excandidata al Gobierno del Distrito Federal (GDF) por el Partido Acción Nacional (PAN) supuestamente mandó torturar a las personas inculpadas en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda para autoincriminarse.
De acuerdo con los autores de esta petición, cinco de las seis personas encarceladas –cuatro ya sentenciadas– se declararon culpables bajo coacción y supuestamente hay evidencias de que el crimen contra el hijo de la señora Miranda de Wallace no se perpetró.
Según esta versión, “pesa sobre Isabel Miranda Torres la acusación sobre su presunta responsabilidad de falsificación de documentos, fraude procesal, falsedad a autoridades y variación de nombres, entre otros delitos”.
Señalan que los resultados de su investigación –efectuada a lo largo de dos años– serán presentados ante las autoridades judiciales en México.
Argumentan que fueron violados los derechos humanos de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Antonio Castillo, Alberto Castillo y Jael Malagón Uscanga, acusados de formar parte de una banda delictiva dedicada al secuestro que plagió al empresario Hugo Alberto Wallace.
“En esta simulación de secuestro y homicidio, del que en nueve años la parte acusadora no pudo acreditar una sola evidencia pericial, se encontró una red de funcionarios públicos de diversas instancias judiciales”, consideran los impulsores de la petición.
“LA TERRIBLE SEÑORA WALLACE”
27 de mayo 2014
Mexico Dialoga
Resumen del capítulo “La terrible Señora Wallace” (México en llamas, por Anabel Hernández)
Isabel Miranda de Wallace mejor conocida como ‘’La terrible señora Wallace” por su prepotencia, oportunismo, perversidad y por su cercanía al gobierno, fue un personaje clave durante el sexenio de Calderón. Su principal tarea fue la de apoyar y encubrir los actos violatorios de los derechos humanos de este y de Genaro García Luna. Para lo cual, se valió y legitimó detrás de un seudo-movimiento social llamado ALTO AL SECUESTRO, el cual ella misma fundó y preside actualmente, creado con el perverso fin de disuadir activistas y desacreditar presos políticos durante el régimen calderonista.
Principal detractora de presos políticos como Florence Cassez, a cambio de su colaboración en los actos más mezquinos del régimen, Calderón le entregó en diciembre del 2010 el premio nobel (Nacional…error del periodista) de derechos humanos, además de haber postulado su candidatura por el PAN para la jefatura de gobierno del Distrito Federal durante las pasadas elecciones.
Cabe destacar que la misma estuvo llena de controversias, inconformidad e irregularidades, causando una fractura en el seno interno del partido. ‘’ Quienes participamos como aspirantes a la candidatura a jefe de Gobierno por el PAN, fuimos atropellados en nuestros derechos como miembros del partido’’ declaró al respecto José Luis Luege, en una carta que hizo llegar al Consejo Nacional del partido antes mencionado.
Protegida por Calderón, García Luna y Margolis, la “terrible señora Wallace” como la llama Anabel Hernández en su libro México en llamas se sirvió de la PGR y de los órganos de impartición de justicia corruptos, para fabricar pruebas falsas que corroboraran la supuesta desaparición en Julio del 2005 de su hijo, Hugo Alberto Wallace, a pesar de las diversas pruebas que existen y que comprueban lo contrario.
Cabe agregar, que, Hugo cuenta con una variada serie de antecedentes penales, todos relacionados con el contrabando y narcotráfico. No obstante, por alguna extraña razón, nunca se hicieron valer las órdenes de aprehensión que circulaban en su contra. Pero quizá lo más impactante de esta historia de contubernio y corrupción, es el empleo de la tortura por parte de esta señora para obligar a todos los acusados a aceptar el asesinato de su hijo.
Los testimonios reveladores de Juana Hilda y Brenda Cruz nos hacen sospechar que detrás de toda esta farsa hay algo que no cuadra, un secreto a voces que nos llevará al encuentro de la verdad que Isabel miranda de Wallace esconde a toda costa.
Todo lo anterior, se encuentra corroborado en el libro más reciente de Anabel Hernández, titulado: “MEXICO EN LLAMAS: EL LEGADO DE CALDERON”, en el apartado dedicado a “LA TERRIBLE SENORA WALLACE”. En este libro nos narra brevemente pero con sustento, él porque de sus acusaciones. En sus líneas describe a la señora Wallace como una falsa figura de la representación ciudadana, señala que en algunos movimientos es conocida como “La Terrible Señora Wallace” por su cercanía al gobierno, su oportunismo y prepotencia. Y sobre todo, desvela los secretos ocultos en el expediente que registra la supuesta desaparición y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace.
DESACREDITADORA DE PRESOS POLITICOS - Primero hace mención, del afamado caso Florence Cassez, haciendo alusión a su principal detractor, García Luna. Según Anabel, Calderón solicitó los servicios de Wallace para atacar a Florence Cassez, con la finalidad de proteger y justificar a García Luna, quién en el 2005 orquestó el montaje televisivo de la detención de la ciudadana francesa y la fabricación de pruebas dirigidas a presentarla como una criminal que no es.
DISUADIDORA DE MOVIMIENTOS SOCIALES - Aquí nos narra, los intentos de la señora Wallace de adueñarse del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad y de disuadir a Javier Sicilia para que dejase de llevar a cabo su campaña en contra de la guerra emprendida por García Luna y Calderón, régimen caracterizado por la muerte de más de 70,000 personas. También, nos dice cómo influenció y convenció a Martí para que mesurara sus críticas hacia el gobierno de Calderón. Así mismo, señala que Wallace se encargó de neutralizar el nacimiento de un posible movimiento encabezado por el empresario en el año 2008. Incluso, menciona que Martí sigue quejándose en privado del régimen calderonista y de la policía federal encabezada por García Luna, la cual, cabe destacar, estuvo involucrada en el secuestro de su propio hijo. Agrega el miedo de tal empresario a ser asesinado por García Luna, temor posiblemente infundido por la señora Wallace.
IMPOSICIÓN COMO CANDIDATA A LA JEFATURA DEL GOBIERNO - Hace mención de las quejas interpuestas por José Luis Luege Tamargo y Federico Doring ante la Comisión Nacional del PAN, ambos comprometidos a los puestos de la jefatura de gobierno y a la diputación del distrito federal respectivamente. Puestos que según sus palabras fueron arrebatados de forma autoritaria e irresponsable por el Comité Ejecutivo del PAN. En dicha queja denuncian la imposición de manera no democrática de la señora Wallace y su sobrino respectivamente. La cual como se deduce de toda esta historia, fue llevada a cabo por órdenes de Calderón.
LA SUPUESTA MUERTE DE SU HIJO - Anabel revela los secretos y expresa sus dudas acerca de la supuesta muerte de Hugo Wallace, nos muestra pruebas que comprueban lo contrario y señala las contradicciones existentes en tal caso. Menciona que el expediente 35/2006/ II arroja información que contradice lo que esta señora ha propagado. Según la versión de los hechos rendida por la señora Wallace, su hijo, Hugo Wallace fue secuestrado el 11 de julio del 2005 por César Frayre, Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Juana Hilda González Lomeli y los hermanos Castillo Cruz. Supuestamente la noche de ese día fue asesinado y descuartizado con una sierra eléctrica, en un diminuto apartamento ubicado en Perugino número 6, en la colonia Extremadura insurgentes. En tal declaración, Wallace afirma que su hijo es ‘’miembro de una familia unida y amorosa’’. Sin embargo, de acuerdo a declaraciones ministeriales de la causa penal 35/ 2006/II, Hugo Alberto tenía una relación muy conflictiva con su madre, casi no se veían, subraya Anabel. Lo anterior contrasta con la historia de amor entre madre e hijo que cuenta Wallace, quien asegura que todos los días su hijo la visitaba y le pedía su bendición, concluye Anabel. La historia que sigue, ya todos la conocemos, la farsa de la búsqueda de Hugo y la posterior captura de uno por uno de los que Wallace había designado como secuestradores a través de su campaña masiva en espectaculares de su propia empresa Showcase y finalmente, la extradición a México de Brenda Quevedo Cruz de los Estados Unidos y luego su tortura.
Según Wallace, supo que su hijo estuvo secuestrado en Perugino 6 porque un vecino, a quien jamás identificó por su nombre y nunca se presentó a testificar, subraya Anabel, le dijo que había visto cómo bajaban a un sujeto del vehículo. Salido de la nada, un hombre delgado, de barba y entes, se le acercó. - Señora, ¿es algo suyo el dueño de la camioneta? - Sí, es mi hijo, ¿por qué?, ¿lo vio? - Sucede que esa camioneta no estaba aquí, yo llegué muy noche y no la vi donde está ahora, pero si a la vuelta, estaban bajando a una persona. La “vuelta” a la que se refería el hombre era la calle de Perugino. (El caso Wallace, Martin Moreno, p. 29) Además, según Wallace un niño que rondaba por el lugar, supuestamente les había dicho que vio cómo bajaban por las escaleras a una persona herida la noche del 11 de Julio.
Después, el niño declararía todo lo contrario, según él ni siquiera durmió ahí esa noche y sostiene, que nunca habló con Isabel y su hermano. Luego, Roberto, hermano de Isabel Miranda, intentó componer una versión alterna al dicho del niño, quien evidentemente nada tenía que ver con toda esta farsa.
Ninguna de las dos versiones anteriores coinciden con la que Juana Hilda rindió bajo amenazas, y en las que menciona que la noche del 12 de Julio descuartizaron a Hugo con una sierra eléctrica, en el bano del departamento, luego según Wallace, metieron los restos de Hugo en bolsas de plástico para luego deshacerse de él, sostiene Anabel. Así mismo Anabel hace la observación siguiente:, la señora Wallace afirma que unos 30 días después recibió una carta de los plagiarios pidiéndole un rescate, sin embargo , el 13 de Julio su esposo Enrique Wallace , declaró todo lo contrario, el 22 de Julio inclusive, sugirió que no se trataba de un secuestro sino de una desaparición, ya que nadie les había llamado para solicitar un rescate. Finalmente, el 23 de Septiembre, solicitó que ya no se investigara nada y que se dejara de molestar a su familia. Lo anterior nos da a entender la despreocupacion de su padre, quien parece no estar involucrado en este enredo, mi conclusión.
Los abogados de la defensa han solicitado durante varios años el testimonio del señor Wallace, sin embargo, la señora Wallace argumentó que este ya no convivía con ella y que no sabía dónde se encontraba. No obstante, durante su campaña acudió acompañada de su esposo a varios eventos en la ciudad de México, subraya Anabel.
Según Isabel Miranda de Wallace, su hijo fue desmembrado de la noche del 11 a la mañana del 12 Julio. Sin embargo, en la declaración 4 vecinos afirmaron no haber visto, ni escuchado nada raro esa noche, mucho menos el sonido de una sierra eléctrica, señala Anabel.
Entre el 12 y 13 de Julio, Juana Hilda abandona el departamento. El 15 de Julio, la PGJDF, por exigencia la señora Wallace, llevó a cabo un cateo, pero no se encontró prueba alguna. Dos semanas después de los hechos, la AFI lo visitó, dejándolo abierto. Posteriormente, no fue protegido, ni asegurado, como escena del crimen, según lo marcado por la ley para que pueda ser considerado como prueba válida, remarca Anabel. El departamento fue rentado el mes de octubre, no obstante, nunca seria ocupado. No fue sino 8 meses después, que la PGR atrajo el caso llevando a cabo un nuevo cateo.
Supuestamente, una gota de sangre perteneciente a Hugo Wallace fue encontrada en el lugar. La prueba pericial indicaba que dicha prueba pertenecía a una mujer (XY), cabe señalar que la señora Wallace también tiene una hija. Luego, los mismos peritos se vieron obligados a declarar que se trató de un error. Por la gravedad del mismo, los abogados de la defensa exigieron que se volviera a analizar dicha prueba, sin embargo las autoridades les respondieron que eso no sería posible, puesto que era la única existente, haciendo jurídicamente imposible determinar a quién pertenecía esa gota de sangre.
PRUEBAS Y TESTIMONIOS DE LA FARSA - Anabel Hernández hace una serie de observaciones que le hacen dudar del supuesto asesinato de Hugo Wallace, las cuales, para su mejor comprensión, las ordenaremos en orden cronológico.
1. El carro en el que supuestamente Wallace fueron trasladados sus restos, del cual Brenda era la dueña, fue vendido meses antes del supuesto asesinato de Hugo. El dueño actual del carro lo sigue usando.
2. El 20 de julio, días después de su supuesto asesinato, Hugo siguió utilizando su tarjeta Santander, la cual no fue cancelada por su madre, aun a sabiendas de que según su hijo estaba muerto.
3. El 1 de noviembre, 4 meses después de su supuesta muerte, Hugo hizo una llamada y dejo un peculiar mensaje. Extrañamente este número nunca fue cancelado. 4 personas aseguraron ante la PGR que se trataba de la voz de Hugo Wallace.
4. En mayo del 2006, José Luis Moya y Laura Domínguez, pidieron ante la PGJDF que se investigara la muerte de Hugo, ya que según ellos contaban con elementos firmes para pensar que no había sido asesinado. El 7 de febrero del 2007 su petición fue ratificada, luego de que la señora Wallace acusara a Moya de chantaje. Según Moya, Laura (amiga íntima de Hugo) recibía llamadas de él, además, habla de la posibilidad de que ambos se hayan reunido después de la fecha en la que supuestamente fue asesinado. Su madre en lugar de pedir que se investigaran otras líneas de investigación, se empeñó en la idea de que estaba muerto, tal actitud nos hace dudar de su supuesta muerte.
TORTURA E ILEGALIDAD - Lo más grave del asunto son las denuncias que han sido interpuestas por los acusados ante la CNDH, alegando que han sido víctimas de tortura por parte de las autoridades. Lo anterior con la finalidad de obligarlos a declararse culpables del asesinato de Hugo Wallace. Anabel Hernández señala que todos los detenidos acusados del supuesto asesinato de Hugo Wallace, han denunciado ante la CNDH torturas, amenazas y violaciones a sus derechos humanos; y lo que consideramos aún más grave, incluso han hecho acusaciones de que en esas sesiones ha estado presente la señora Wallace.
Sin embargo, la CDNH no hace nada. Tal vez por colusión con la misma Sra Wallace. Anabel señala que el 8 de febrero del 2006, justo después de su captura, Juana Hilda fue llevada de forma no autorizada a la SIEDO a declarar, lo anterior a pesar de ir en ausencia de su abogado. Luego de haber permanecido ahí 12 horas, fue regresada con golpes y lesiones. Según su testimonio (lo cual fue grabado y a todas luces parece falso) fue amenazada por los policías para declararse culpable, sino la torturarían.
La abogada exigió al ministerio público correspondiente, que se declarara nula tal declaración, ya que Juana Hilda fue retirada de manera ilegal de dicho centro, además, de que dicha declaración fue obtenida bajo coacción y violencia física y moral. Así mismo, su abogada exigió que se declarara nulo el careo al que fue sometida el 21 de febrero con la señora Wallace, puesto que este no había sido autorizado por un juez. Luego de tal acción repleta de irregularidades, la señora Wallace declaró públicamente que Juana Hilda ya había confesado su crimen y también le había pedido perdón, subraya Anabel.
Quizá el caso más dramático nos dice Anabel, sea el de Brenda Cruz, quien por el simple hecho de haber sido novia de Jacobo se vio implicada en esta farsa. El 13 de Octubre del 2010, inmediatamente a su llegada a las islas Marías, sería torturada y abusada sexualmente por policías bajo las órdenes de la señora Wallace. Lo anterior a fin de obligarla a declararse culpable, según consta en denuncias interpuestas por su familia ante la CNDH. Cabe destacar, que, ella siempre ha mantenido que es inocente.
AMARGA EXPERIENCIA - Para finalizar, Anabel narra cómo el 12 de febrero del 2012, fue obligada por el hermano de Wallace a salir de una audiencia pública, en la cual se ampliarían los cargos en contra de Brenda y Jacobo. Haciéndola sospecha más de dicha farsa. Debido a lo anterior, Anabel interpuso una demanda ante la CNDH.
Fuente: México en llamas, por Anabel Hernández
Caso Wallace, ¿ejemplo de fabricación de culpables?
Terra
En medio de supuestas inconsistencias en el caso, Isabel Miranda de Wallace protagoniza un escenario adverso.
El caso es complejo. Investigaciones dadas a conocer por la periodista Anabel Hernández señalan que la activista, quien recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, ayudada por autoridades, protagonizó la fabricación de pruebas para encontrar culpables en torno al supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace.
Anabel Hernández generó controversia con sus últimas publicaciones
sobre el Caso Wallace.
Foto: Terra
En los últimos días, la periodista dio conocer las supuestas anomalías del caso, en el que habría encontrado tres interrogantes:
1) Isabel Miranda mintió sobre la verdadera paternidad de Hugo Alberto, ya que no es producto de su matrimonio con Enrique Wallace Díaz.
2) Se sospecha de una doble identidad de Hugo Alberto, con la posibilidad que esté con vida.
3) Quedaría al descubierto la presunta complicidad de la PGR en la investigación, con omisiones y alteraciones periciales.
Según la periodista, el caso va más allá de una guerra de declaraciones entre ella y Miranda de Wallace, pues su objetivo es mostrar la deficiencia del sistema judicial en México.
“La señora no es mi problema, el problema es cómo la PGR permitió fabricar estos temas y ayudar a sostenerlos por tanto tiempo”, dijo en entrevista para Terra.
Agregó que la PGR, lejos de refutar o confirmar la posible fabricación de pruebas y culpables, parece dejar sola a la presidenta de la asociación civil "Alto al Secuestro".
De acuerdo al análisis de Hernández, Isabel Miranda Torres es una de las figuras más importantes de la fábrica de culpables en México.
Entre los cabos sueltos, también está que aun sin el cuerpo de la víctima, se expidió una autopsia ficticia firmada por un médico forense, además de la desaparición de la única muestra de sangre que acompañó el peritaje inicial, principal sostén de la acusación y que desencadenó condenas a César Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, junto a Jacobo Tagle y Brenda Quevedo Cruz.
Pese a ello, en una de sus últimas declaraciones públicas, Wallace aseguró la solidez en el proceso penal sobre el secuestro y asesinato de su hijo, donde hay tres confesiones de los sentenciados aceptando el crimen. Sin embargo, la sombra de la supuesta tortura a la que fueron sometidos también acompaña esta afirmación.
Para la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, que respaldó a Florence Cassez ante la violación del debido proceso y la fabricación de pruebas, los hechos anteriores demuestran que el caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace está plagado de irregularidades y contradicciones.
También la política está envuelta. Jenaro Villamil, periodista especializado en medios de comunicación, considera que el protagonismo de Miranda de Wallace se dio al convertirse en el contrapeso a las críticas que encabezó otro activista, Javier Sicilia, dirigente del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, quien condenó la violenta estrategia del gobierno calderonista. En tanto que, Miranda, quien siempre apoyó la lucha de Felipe Calderón, recibió de las manos del Presidente el Premio Nacional de Derechos Humanos.
La falacia en el sistema de justicia
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) asegura que el panorama es claro: en México es notorio que existe un arcaico sistema de justicia, que corresponde en muchos casos a intereses.
“Los ministerios públicos y autoridades en general trabajan con la fabricación de delitos, utilizan pruebas ilícitas, sin investigaciones reales. En su mayoría, los delitos quedan impunes o personas inocentes están en prisión”, aseguró Andrés Díaz Fernández, coordinador del Área de Defensa del Centro.
“Existen muchas personas que son parte de esta gran falacia en el sistema de justicia”, agregó el abogado, quien formó parte de la defensa que logró la libertad de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, junto a Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas, sin pruebas contundentes pero efectivas para las autoridades, para mantenerlas en prisión durante tres años.
“Un gran problema en este sistema es el centralismo de Poder Ejecutivo, por encima del Legislativo y Judicial, donde hay grandes intereses que operan en ciertas áreas”, sin dejar de lado la corrupción que permea entre jueces y ministerios públicos, explicó Díaz Fernández.
Por este y otros casos, no sorprende la desconfianza de los ciudadanos ante el sistema judicial. Incluso, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, 8 de cada 10 mexicanos percibe a la policía como el sector social más corrupto, seguido por los ministerios públicos y partidos políticos.
La simulación del secuestro Wallace, tercera parte
Por Guadalupe Lizárraga
Los Angeles Press
Tercera parte
LOS ÁNGELES, California.- Una llamada realizada del celular de Hugo Alberto Wallace el primero de noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto homicidio, ha entrampado a la madre, Isabel Miranda Torres, en contradicciones durante nueve años. Miranda intentó explicar a los medios, el pasado 8 de junio, en la Ciudad de México, el origen de la llamada y por qué estuvo aún activo el celular de su hijo después de su presunta muerte, a raíz de reportajes que revelaron recientemente rastros de vida de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, sus fechas y declaraciones no coincidieron con los testimonios de cinco personas: el dueño del celular al que se hizo la llamada y cuatro personas más que reconocieron la voz de su hijo Hugo Alberto.
"Hay una declaración del señor José García Sepúlveda, la persona que recibe una llamada del teléfono celular de mi hijo; cuando a mi hijo lo secuestran yo seguí pagando –durante casi un año, hasta que supe que estaba muerto– el teléfono, con la idea de poder ubicar el aparato, de poder tener una respuesta”, declaró Miranda a los medios hace una semana.
Miranda Torres supo oficialmente que su hijo estaba presuntamente muerto el 9 de febrero de 2006, por la declaración de la inculpada Juana Hilda González Lomelí, de la que ahora se evidencia tortura psicológica, humillación sexual y amenazas de muerte contra ella y su familia y quien se encuentra presa desde entonces, al igual que otros cinco inculpados más. Pero desde las primeras horas del 13 de julio de 2005, sin ningún indicio delictivo claro, y sin investigación judicial todavía, el padrastro de Hugo Alberto, el nicaragüense Enrique del Socorro Wallace Díaz, puso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por “privación de libertad”.
Ese mismo día, a las 3:48 horas, apenas 30 horas después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace, el chofer Luis Antonio Sánchez Rubio, declaró ante la misma instancia judicial que Hugo Alberto “había sido secuestrado”. Dos horas más tarde, a las 5:26 horas, y ante la misma instancia, Isabel Miranda levantó otra denuncia por secuestro. Y posteriormente, el sobrino de Miranda, Abraham Pedraza hizo lo mismo. En menos de 48 horas, la familia puso cuatro denuncias por secuestro de la misma presunta víctima. Los dos únicos indicios para levantar la denuncia eran su ausencia y el haber encontrado “casualmente” su auto estacionado a las afueras del restaurante Konditori, por Insurgentes y Serrati.
Habían transcurrido siete días después del supuesto suceso, el 18 de julio de 2005, cuando rindió el primer informe el agente de la Policía Federal Investigadora, Moisés Castro Villa, adscrito a la Agencia Federal de Investigación (AFI). El agente manifestó que “hasta el momento no se había recibido alguna llamada en la cual se confirme el secuestro o se haya dado a conocer exigencia alguna a cambio de la libertad del señor Hugo Alberto Wallace Miranda”.
La llamada con la voz de Wallace
La Fiscalía federal realizó, por su parte, un rastreo de las llamadas que fueron realizadas del teléfono de la víctima, y localizaron la llamada que se realizó al teléfono de José García Sepúlveda el primero de noviembre de 2005. Sin embargo, Isabel Miranda Torres, afirma ante los medios –nueve años después– que ella fue la primera que denunció en aquel entonces el mensaje grabado a las autoridades.
"Esta llamada que sale del teléfono de mi hijo hacia este teléfono, yo fui la primera que lo denuncié (…); y después este señor se presenta a declarar porque lo llama el Ministerio Público y él aporta una grabación…”, declaró Miranda, y negó conocer el número de teléfono que quedó registrado: 5552-081512, “otro teléfono muy diferente al de mi hijo”.
Isabel Miranda también ocultó a los medios que su hijo tenía dos celulares, reportado en la nuestra primera parte por Los Ángeles Press. De acuerdo a la declaración ministerial de Vanesa Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto, el 15 de noviembre de 2005, ella reconoció la voz de Wallace y confirmó la existencia del uso de dos celulares.
“…después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbra hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares”.
Las otras tres personas que reconocieron la voz de Hugo Alberto Wallace fueron la empleada doméstica Isabel Neri Lujano, el chofer Luis Antonio Sánchez Rubio y el amigo electricista e instalador de las cámaras de seguridad en su casa Rodolfo Munguía. Isabel Miranda, sin embargo, no respondió a la prensa cómo esas personas reconocieron la voz de su hijo en la grabación ni acreditó el supuesto pago mensual “por un año para localizar el aparato”, después de su presunta muerte. Mientras que la declaración del dueño del teléfono declaró ante el Ministerio Público, el 10 de noviembre, los pormenores de la llamada recibida. Corroboró que el número era 5552081512, y acreditó que su número era 044 55 54 56 30 24, el cual fue comprado el 15 de julio de ese mismo año y presentó la factura número 901-2995892, con el número de contrato A-04653.
García Sepúlveda abundó en su declaración ministerial que recibió la primera llamada relacionada con Hugo Alberto Wallace de un número desconocido, el 30 de septiembre de 2005. Afirmó que era una voz de mujer que le preguntaba si “era el teléfono de Wallace”, y él respondió que no, que se había equivocado de número. La mujer insistió en que si conocía o trabajaba “para el señor Wallace”. Y volvió a decirle que estaba equivocada, le dio su nombre completo como propietario de ese número, y la mujer se molestó y colgó. La segunda llamada fue el primero de noviembre, a las 3:28 de la madrugada, cuando quedó grabado el mensaje con la voz reconocida de Wallace.
“..qué onda, mira ando hasta la madre güey, ya sé que te fallé pero me vale verga, que, aquí puto, qué onda güey, mírame aquí pistiando güey, me vale verga, sabes que güey, sabes quién me jugó”.
José García Sepúlveda fue citado por las autoridades a una segunda comparecencia 14 días después de ese mensaje. En esta reunión mostró a los ministeriales el registro de sus llamadas correspondientes del periodo del 2/09/2005 al 03/11/2005. Incluso ratificó su declaración en una tercera comparecencia, el 23 de noviembre de 2005.
El 8 de junio de 2014, Isabel Miranda, en rueda de prensa, presenta documentos con los que pretende acreditar el secuestro y homicidio de su hijo.
La declaración de la sirvienta
Isabel Neri Lujano, empleada doméstica de Hugo Alberto Wallace también reconoció la voz de su empleador en el mensaje dejado a José García Sepúlveda el primero de noviembre de 2005. Así lo declaró el 14 de noviembre de ese año ante el Ministerio Público de la Federación, donde dijo que había empezado a trabajar con Wallace a principios de junio, con un horario de diez a veinte horas de lunes a viernes y los sábados hasta las seis de la tarde.
Neri Lujano señaló que el último día que vio a Hugo Alberto Wallace fue el 11 de julio de 2005, el día de su presunto secuestro y asesinato. Ese día escuchó a Wallace discutir con el chofer, Luis Antonio Sánchez, a quien le apodan “El Chaparro”, y que también reconoció el mensaje de voz dejado en el celular de García Sepúlveda.
Neri Lujano destacó en su declaración que Wallace –ese día– había recibido una llamada durante la cena, y cuando terminó de comer se subió a su recámara. Media hora después, escuchó que se había ido en un vehículo. Según el vigilante de la casa le dijo a la empleada que “el jefe” se había ido y que le había llamado a su celular para “encargarle la casa”. Eso sería, según su declaración ministerial, a las 20:50 horas.
Al día siguiente, 12 de julio, señaló la empleada que Isabel Miranda la estaba buscando, y que el vigilante le dijo que “se comunicara con la señora”. Neri la llamó por teléfono en torno a las 11 horas y Miranda de inmediato le preguntó por Hugo Alberto Wallace. Según lo declarado por la empleada, “ella no sabía nada” –le dijo– “acabo de llegar”, y al subir a la recámara se dio cuenta que todo estaba igual como la noche anterior, por lo que supuso que Hugo Alberto no había llegado a dormir.
La empleada puntualizó que al colgar la llamada con Isabel Miranda, llegó Geazul Ponce Julia, novia de Hugo Alberto. “Llorosa, le dijo que Hugo estaba desaparecido”, contó Neri y que “la mujer se subió a la recámara donde buscó recibos telefónicos, agendas o papeles con números de teléfonos, pero no encontró nada”. Sin embargo, la novia comentó a la sirvienta, que allí estaban las pistolas, “no se las llevó”, le dijo y le mostró “tres pistolas”. Neri afirmó que Geazul se llevó un folder amarillo, diciéndole que era suyo, con unos documentos como de diez hojas.
También Neri Lujano declaró que la hermana de Hugo Alberto, Claudia Wallace, llegó poco después de Geazul Ponce Julia, aproximadamente a las dos de la tarde, y le ordenó que bajara los teléfonos que se encontraban en las habitaciones, habló con la novia de Hugo y después se retiró.
El 13 de julio, “como a la una y media o dos de la mañana, llegó la señora Wallace acompañada de su hermano Roberto, a quien le dijo que ahí se quedara y en la mañana se fuera temprano”, narró la empleada ante las autoridades, y dijo que el hermano de Isabel Miranda antes de irse le pidió una gorra de Hugo Alberto y se fue en su camioneta. La declaración de la empleada concluye con la identificación de los amigos frecuentados por Hugo Alberto, a petición de las instancias investigadoras que ya tenían fotografías de los amigos más cercanos a Hugo Alberto, sin que aún se cumplieran las 48 horas de desaparecido. La empleada identificó a Karla Patricia Zamudio Izquierdo (La Vampi) “a quien solo vio una vez”, Geoazul Ponce Julia (la novia), Mónica Pacheco Salazar (amiga), Ricardo Gómez “El Chucky” (primo de Geazul y amigo de Hugo), César Chávez “El Gato” (amigo de Hugo) “lo vio una sola vez” y “El Coby”, de quien no se reportó el nombre.
Isabel Miranda asumía el secuestro de su hijo a las 12 horas de su ausencia
Isabel Miranda Torres, al momento en que habló por teléfono con la empleada doméstica el 12 de julio por la mañana, ya había alertado a su familia y amigos del supuesto secuestro. Una de las primeras en enterarse de la desaparición de Hugo Alberto fue Geazul Ponce Julia, quien llegó “llorosa” a la casa de su novio como a mediodía. Después de las dos de la tarde, de ese mismo día, según la declaración de Miranda Torres, fue a la administración de la empresa Cinépolis Perisur, lugar al que supuestamente habría ido su hijo, para pedir el video de la cámara de seguridad y saber a qué horas habría salido. El encargado le respondió que no era posible si no llevaba una orden judicial. De ahí, dijo, haber “peinado la zona” y recorrido los estacionamientos, avenidas y alrededores, acompañada de su esposo, su hermano, su sobrino Jorge Alejandro Ortega, y el chofer de Hugo Alberto, quien dijo que su hijo podría haber ido al restaurante Konditori, como en otras ocasiones lo había llevado a ver a una mujer.
En la declaración del 13 de julio, ante la PGJDF, Miranda Torres indicó que su sobrino localizó la camioneta el 12 de julio, e incluso vio a otra camioneta blanca sin placas acercarse a las 15:30 horas, y al llegar ella al lugar, los vecinos y curiosos le informaron que “en la mañana (del 12 de julio) habían visto bajar a una persona” y se la llevaron a los departamentos de Perugino #6.
Diez días después, Isabel Miranda es citada a comparecer nuevamente por el Ministerio Público y al repetir su declaración modificó la hora en que encontraron la camioneta, señaló que la encontraron “casualmente” a las 20 horas.
“…donde casualmente el doce de julio de dos mil cinco, como a las veinte horas, encontraron abandonada la camioneta negra blindada, Cherokee, modelo 1998, placas 518-SRR, propiedad de Hugo Alberto”.
Respecto a la hora en que vieron a dos personas bajar a una tercera:
“…habían varias personas y vecinos de la calle, acercándose uno de ellos quién al verla llorar le preguntó que qué era de ella la persona que bajaron del vehículo, contestándole que era su hijo, diciéndole éste que en la mañana había escuchado frenarse un vehículo, al asomarse por la ventana alcanzó a ver que bajaban a una persona a la que llevaron al edificio ubicado en la calle el Perugino”. (Declaración ministerial ante la PGJDF de Isabel Miranda, 13 y 23 de julio de 2005).
Discrepancias entre Enrique Wallace, su esposa y los hechos
En la declaración de Enrique Wallace Díaz puntualizó que ese día –12 de julio–, al ir al departamento de Perugino #6, lugar donde presuntamente fue el homicidio, se encontró con un niño como de nueve o diez años de edad. Según Wallace Díaz, el niño le informó que en la noche del lunes había escuchado unos balazos, y que después, como a las cuatro de la madrugada, “vio que entre dos personas sacaban a una persona herida que sangraba, sujetándola de los brazos, la bajaron por las escaleras”. Wallace dijo en su declaración que esa persona a la que llevaban herida era su hijo, y el niño le informó que el departamento donde ocurrieron los hechos había sido en el número cuatro.
Isabel Miranda sostuvo su propia versión sobre la supuesta declaración del niño:
“…un menor de edad como de ocho o diez años, les dijo que las muchachas vivían en el departamento número cuatro, pero que no podrían atenderlos porque esa noche se había suscitado un problema en ese departamento, donde se habían escuchado disparos, y habían bajado por la escalera a una persona entre dos, refiriendo el menor que era un judicial que ve con frecuencia y un individuo, que en la puerta habían dos personas que estaban como vigilando; que en la mañana habían limpiado la escalera, que una de las muchachas se había ido, porque algo había pasado, y no podría atenderlos”.
La madre del menor, Vanesa Figueroa Martínez, desmintió a ambos en su declaración ministerial:
“…como a las dieciocho horas, salió (su hijo) a jugar a los pasillos del edificio donde vive su madre; se le acercó una persona del sexo masculino, quién le preguntó si había visto a una mujer güera, alta, bustona, y sí ésta vivía en el edificio, contestándole que no, volviéndole a preguntar que si vivía alguien con esas características dentro del edificio, respondiéndole de nueva cuenta que no. Posteriormente, como a las diecinueve horas llegaron unas patrullas que se estacionaron afuera del edificio, las personas no iban uniformadas; en ese momento su mamá lo llamó, pero una persona dijo que él era el niño, sin saber a qué se refería, y su mamá les dijo que no era posible que él les dijera algo, ya que él no vivía ni dormía en su departamento; se enteró por su mamá que esas personas decían que él había dicho que escuchó balazos en el edificio; les dijo que él no escuchó nada de balazos el martes doce de julio en ese edificio, que un día antes no sabía qué había ocurrido, ya que no había ido al departamento de su mamá y no durmió ahí; y que en ningún momento vio a ningún hombre herido, no sabía nada; en su vida ha escuchado balazos, sólo los ha escuchado en televisión o cine”.
Para el 22 de septiembre de 2005, el padrastro de Hugo Alberto, Enrique Wallace modificó su declaración ante las autoridades investigadoras, y sostuvo que para él no era un secuestro, porque no se les había pedido ninguna exigencia a cambio. Así lo dejó asentado en un oficio, signado por el agente Moisés Castro Villa, quien dio el primero en dar su informe una semana después de los hechos, para sostener que no se trataba de un secuestro.
Declaración de Enrique Wallace:
“…que hasta ese momento su hijo seguía desaparecido, no recibió llamada telefónica o comunicado alguno respecto de su paradero, tampoco le habían hecho ninguna exigencia económica para liberarlo; los resultados sobre las investigaciones del paradero de su hijo fueron negativos; posiblemente su hijo desapareció ya que no podía asegurar que se tratara de un secuestro porque no había recibido exigencia de parte de persona alguna”.
Isabel Miranda Torres, en alusión a lo declarado por su esposo en ese día, fue a presentar una declaración más el 28 de septiembre. En esa audiencia dijo a las autoridades investigadoras que el 22 de septiembre, a las 13:15 horas, “recibió una llamada telefónica de dos sujetos quienes la amenazaron con matar a la víctima; uno de los sujetos le dijo: No te mandé las fotos ni el comunicado para que forme parte del expediente de SIEDO, no habrá comunicación hasta que retires el negociador de la AFI”. Y Miranda concluyó que por ese motivo su esposo pidió al Ministerio Público que no se investigara más por el momento.
Isabel Miranda contra Isabel Neri Lujano
La declaración del 13 de julio de Isabel Miranda discrepó también de la declaración de la empleada doméstica Isabel Neri Lujano. Miranda dijo a las autoridades que la empleada le había dicho que el 11 de julio, su hijo había regresado del gimnasio y le había pedido de merendar. “A los cinco minutos alcanzó a escuchar que le hablaron al celular, y sin bañarse ni encender las luces salió apresuradamente”, dijo Isabel Miranda.
Estos supuestos hechos declarados por Miranda no coincidieron con lo declarado por los testigos de ese día, además de la empleada doméstica. El policía del edificio, Carlos Coronado Martínez, ratificó su testimonio el 25 de octubre en el que señaló que Hugo Alberto Wallace le llamó después de salir a las 20:50 horas y le dijo que “le encargaba la casa”, y que iba al cine con una amiga. Otra declaración que coincidió en este sentido fue la de Karla Patricia Zamudio Izquierdo (La Vampi), a quien Hugo presuntamente le llamó por teléfono en su trayecto al cine y le dijo a dónde se dirigía y con quién.
Miranda Torres destacó que en el domicilio se presentó Geazul Ponce Julia, tal como se lo había afirmado la empleada doméstica. Sin embargo, Miranda tergiversó de nuevo la declaración y entró en detalles sobre el suceso de hacía apenas unas horas. Señaló que” “Geazul era prima de Ricardo Gómez Medina, quien tiene relación con César Chávez, alías «El Gato»”, Karla Zamudio, alías “La Vampy”, quienes tienen acceso directo a la información de los estados financieros y al domicilio de su hijo. Geazul abrió la puerta para entrar con un cuchillo, dirigiéndose a la recámara de Hugo Alberto, de donde sacó varios objetos, le dijo (la empleada) que no podía hacer eso, diciéndole ésta (Geazul) que no se metiera, que ella sabía lo que hacía”.
Geazul Ponce Julia había declarado ser la novia de Hugo Alberto desde el 7 de febrero de 2005 hasta el día de su desaparición. No obstante, Isabel Miranda le atribuyó una relación amorosa con uno de los amigos que ubicaba de Wallace, y a Mónica Salazar Pacheco (amiga de Hugo la ubicó como su novia). Pero quien iba a la casa con familiaridad y así fue identificada tanto por el guardia del edificio como por la empleada doméstica es a Geazul, que en su declaración ministerial dijo haber estado en la casa de Hugo Alberto después de mediodía hasta como las dos de la tarde cuando llegó la hermana de Hugo, Claudia Wallace. También señaló que “entró a la casa de Hugo Alberto donde hay cámaras de video”, con la autorización de la empleada doméstica, a quien le dijo:
“que buscara los teléfonos celulares de Hugo para ver en los directorios los números telefónicos de sus amigos y preguntarles por Hugo, pero ésta le dijo que en la mañana habían ido por los teléfonos y se los habían llevado sin señalar qué persona se los había llevado”.
En contraste, Miranda Torres señaló que Geazul entró con un arma blanca, en franca amenaza a la empleada doméstica. Lo cual no fue confirmado por Neri Lujano ni mencionado por la empleada a las autoridades investigadoras.
Los amigos de Hugo Alberto Wallace, todos sospechosos
El 13 de julio, en menos 48 horas, Isabel Miranda Torres, había logrado dejar asentadas cuatro denuncias por privación de libertad contra su hijo, sin previa investigación judicial ni exigencia económica alguna. Y diez días después, para el 23 de julio, tenía ubicados a los amigos más cercanos de su hijo, y una lista de posibles responsables sugerida de la información sacada de las “sabanas” de sus celulares. Aunque a la distancia, esos teléfonos fueron ignorados por ella misma como evidencias al encontrar otra coartada.
“…ese mismo día (11 de julio de 2005) a las doce recibió una llamada al nextel, de César Chávez alias “El Gato”, preguntando por Hugo Alberto, dejándole recado que se comunicara con él a su celular, que después se enteró que “El Gato”, se quedó a dormir en la casa de su hijo, ya que dijo se sentía muy cansado y era muy tarde para irse a su casa negándose abandonar la casa de Hugo Alberto, que le preguntó al policía del condominio sí el resto de las casas del condominio eran propiedad de Hugo Alberto, lo que se le hizo raro al vigilante; que después le habló a Ricardo Gómez alias “El Chuckie”, quien le dijo que la última vez que vio a Hugo Alberto, fue el ocho de julio de dos mil cinco en la noche, junto con Víctor Varela Paco, alías “Versace” y César alias “El Gato”, después ya no lo había visto, que de la sábana de llamadas se advierte que éste habló con su hijo el día en que éste desapareció; después le llamó al “Gato”, quien le dijo que la última vez que vio a su hijo fue el viernes en la noche junto con Ricardo y Víctor, de hecho el sábado se había quedado a dormir en su casa; el martes doce julio de dos mil cinco, como a las dieciocho horas, habló con Karla alías “La Vampy”, quien le platicó que había hablado con Hugo el lunes como a las veintiuna horas con dos minutos”.
La simulación del secuestro cobró fuerza cuando su esposo se retiró del caso, y ella condujo la investigación contradiciendo a los agentes federales, pese a evidencias como la de la llamada que salió del celular de Hugo Alberto, cuatro meses después de su presunta muerte. Para febrero de 2006, Miranda tenía armado el caso Wallace con nuevos inculpados y una historia diferente, la historia de que a su hijo lo habían asesinado y cercenado con una sierra eléctrica en el departamento de Perugino #6, y le habían pedido un rescate de 950 mil dólares.
Eduardo Gallo llama cupulares a SOS y Alto al Secuestro.
Con Ciro Gómez Leyva
RadioFormula
Eduardo Gallo refiere que su paso por la organización México Unido contra la Delincuencia no fue una buena experiencia. Llamó cupulares a Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace y elogió el trabajo que ha realizado Javier Sicilia con las vítimas.
A 14 años del secuestro y asesinato de Paola Gallo y a diez de la marcha por la paz, el activista Eduardo Gallo ha aprendido a vivir con la pena, ha podido cargarla, pero la herida persiste. Ha encontrado, en la búsqueda de la justicia, la forma de hacer un homenaje a su hija.
Ese dolor, dice el activista, "es algo que nunca puedes quitar, es una herida en el alma, aprendes a cargarla y llevarla". Y en ese aprendizaje ha volcado su esfuerzo, su trabajo en quienes han padecido, en las víctimas no solo de secuestro sino en general, su vida ha sido "encontrarle una razón a la sinrazón misma".
"Sigo en el activismo social para contribuir al cambio dentro del gobierno, mediante mi colaboración para coordinar algunos seminarios de capacitación a municipios en prevención social de la violencia y la delincuencia o a los centros de justicia para mujeres", relata para el espacio informativo de Ciro Gómez Leyva.
A diez años de la marcha contra la violencia en la que participó, Eduardo Gallo recuerda que un año después de esa movilización ciudadana no se veía un seguimiento de las denuncias a pesar de que el objetivo era llamar la atención de las autoridades ante el hecho de que era brutal la inseguridad, que había una ola de secuestros y que recientemente se había dado el asesinato de los hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno.
Ese caso, "detonó nuestra paciencia y nos llevó a decir hasta aquí, tuvimos una reunión con el presidente Vicente Fox, la cual terminó mal, con un enfrentamiento frontal (sic) con el presidente, queríamos soluciones ya, ¿qué le decíamos a la madre cuya hija es violada hoy, cuyo hijo es asesinado en un camión? ¿Que el presidente va a convocar al Consejo Nacional de Seguridad, cuando su obligación era haberlo convocado seis meses antes?".
Hubo una serie de "agarrones" con Alejandro Gertz Manero en la Secretaría de Seguridad Pública y al igual que Santiago Creel en Gobernación estaban conscientes de nuestras demandas, pero se relevó al primero y se designó a Ramón Martín Huerta quien falleció meses después y nos enfrentamos con pared, incluso alguna vez una reunión que terminamos a mentada de madre, porque no hubo un seguimiento a lo que se había comprometido el entonces presidente".
Refiere que el compromiso de Vicente Fox era el Observatorio Ciudadano desde donde se pudiera ver qué se hace en materia de procuración de justicia y en impartición de justicia, en donde se pudiera seguir la huella a cada uno de los casos y hacerlo de manera selectiva y aleatoria, para ver lo que ocurría en el país cuando menos en el plano federal.
"Había habido la aceptación, a regañadientes, del presidente, promovida por el procurador Rafael Macedo de la Concha a quien paró Ramón Martín Huerta y sólo se creó un consejo ciudadano de la Secretaría de Pública que hizo que me violentara en esa reunión. Se ofreció a algunos de los participantes darles algunos proyectos para publicar trípticos de sus organizaciones y con eso se conformaron, pero se manipuló esa reunión porque él mismo invitó a otras organizaciones de la ultraderecha que no habían participado en nada y ahí fue donde se rompió todo", comenta.
Sin embargo, a partir de ahí se inicia el proceso de apertura de la información a las organizaciones de la sociedad civil, la cual se ha dado a regañadientes, muy forzada, presionada, pero es a partir de ahí que nos vamos enterando que la corrupción y la impunidad es brutal en el país; cuando sale que en más del 98 por ciento de los delitos no ocurre nada.
Ejemplo de lo anterior, es el caso de los hermanos Gutiérrez Moreno porque ni siquiera se sabe qué pasó con el expediente, no sólo hubo impunidad, sino que ésta llegó al extremo de desaparecer todo y eso es algo que ocurre todos los días en cualquier procuraduría y el problema subsiste, en el caso de la Procuraduría del Distrito Federal porque cuando se presenta denuncia por secuestro y se recurre a la Fiscalía o a la Coordinación General Antisecuestros, cierran la puerta de la PGJDF porque no quieren que se sepa de las incapacidades.
Es decir, con la marcha se logró un poco más de apertura, pero la impunidad continúa, sostuvo.
Sobre el caso de su hija, el activista recordó que las investigaciones las hizo él porque la autoridad no hizo nada e incluso aseguraba que estaba resuelto al 90 por ciento, lo cual era mentira.
Incluso él tuvo que buscar en la sierra de Guerrero porque algunos eran exmiembros del ERPI y del EPR y "recorrí mas de 70 mil kilómetros en siete entidades federativas hasta que los encontré y todos fueron detenidos y entregados a la autoridad y cumplen hoy sentencias, con excepción que falta una sentencia de uno de los secuestradores y que era de las que la cuidaban".
Dijo que ese es un caso excepcional porque cuando fue detenido se sometió a la jurisdicción federal y no a la estatal porque había presentado también una denuncia por delincuencia organizada, lo que hizo fue abrir fuentes por varios lados que le permitieron sentencias a los responsables del secuestro de su hija y otros casos.
De alguna forma, dijo, "eso es lo que me permite vivir tranquilo después de haber padecido todo el viacrucis que es lidiar con la autoridad en esa doble y triple victimización que se hace siempre de las personas que han sufrido delitos".
Sobre la participación de Eduardo Gallo en algunas organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia dijo que siguió adelante desligado de ese tipo de grupos y reiteró que su paso por ella, no fue una buena experiencia, renunció a la presidencia y dejó la organización en el 2010 por lo que no tiene nada qué ver con la agrupación.
Mencionó que tiene amistad con el actual líder de esa organización Francisco Torres Landa, pero con María Elena Morera hay mucha distancia, pero reconoce su trabajo.
"He marcado mucha distancia con las organizaciones cupulares y me he acercado más a las organizaciones de base que son quienes están cargando el trabajo de las organizaciones, son los que están en el campo, trabajando con las víctimas o con las personas que están padeciendo directamente los problemas y que son lo que deberían tener más reflectores a su alrededor por el gran trabajo que hacen y me desligué de las que organizaciones cupulares porque me parece que es muy cómodo estar sentado simplemente criticado sin vivir el problema real", insistió.
Dijo que él se remanga las mangas (sic) y se mete a los problemas más que estar sentado, y calificó de cupulares a las organizaciones que encabezan Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí porque "estar en la cúpula significa es no estar metido en el terreno de los problemas y estar juzgando desde allá arriba".
Sobre Javier Sicilia dijo que es un caso diferente porque también se mete al problema y tocó un punto fundamental "qué pasa con las víctimas y nos refrescó a todos que no solo no hay justicia, que no hay memoria y que si no hay memoria ni justicia, estamos creando un problema que en el tiempo va a provocar un problema mayor, las personas existieron o no, o cómo las borramos".
Y entonces le empieza a llamar la atención y se cuestionó si no había una limpia social, y se piensa en cómo es posible que haya habido más de 70 mil muertos en el país y no haya pasado nada, y Sicilia fue quien puso el dedo en la llaga.
"Lamentablemente, el gobierno fue tan insensible que primero dio cierto color de que reaccionaba sobre lo que hacía Javier y después dijeron que el fin justifica los medios y que siga habiendo todos los muertos del mundo y creo que ahí el gobierno cometió el error más craso del mundo; no aprovechar".
Lo que era inadmisible –comentó- es que dijeran "se están matando entre ellos" y no había porque decir es un delincuente y justificar el homicidio.
Al cuestionarle sobre si vio avances en materia de seguridad con Felipe Calderón dijo que no, y que por el contrario "el baño de sangre se dio fundamentalmente debido a la guerra contra las drogas que calificamos como estrategia equivocada que nada más generaba violencia y esa violencia muertos".
LAS DOS ACTAS DE WALLACE
junio 3, 2014
Carceles de Mujeres
El día de ayer, 1 de junio del 2013, la noticia cayó como una bomba, en la revista Proceso, en primera plana, venía una noticia sobre el sorprendente giro que tomaba el caso Wallace pues habían aparecido dos actas de nacimiento de Hugo Alberto Wallace, una con este nombre y la otra a nombre de Hugo Alberto Miranda y para que no hubiese duda se presentan las dos actas. Pero lo más sorprendente de todo es que con una de ellas sacó el CURP Hugo Alberto cinco años después de “muerto”.
Hoy la señora Wallace desmiente todo, como siempre hace, cuando alguien no está a su favor o le saca una verdad que no le gusta o es cómplice de los asesinos o lo manda encarcelar y además invita a la autora de la noticia a que le demuestre, lo que afirma cuando ahí están las dos actas a la vista de todo el que vea la revista, que más demostración quiere.
Dice estar indignada con la prueba presentada por Anabel Hernandez, sin embargo, los familiares de los inocentes a los que ha torturado salvajemente y mantiene en prisión no deben indignarse por el sufrimiento de sus seres queridos.
Ante la noticia espectacular es normal que se indigne, pues vean ustedes; Hace ya unos años, cuando comencé a demostrar que los acusados del caso Wallace eran inocentes, esto tras la entrevista con Juana Hilda y que ustedes pueden ver aquí con el título de “Habla Juana Hilda”, la gran mayoría creía en culpabilidad de los acusados y todo eran alabanzas para la señora Wallace hoy, gracias a unos cuantos periodistas como Anabel Hernández y de unas redes sociales, además de una titánica lucha como es el de la señora Enriquete Cruz, madre de Brenda Quevedo, seguida por la buena Elenita, madre de los Castillo o otros familiares, se ha conseguido prácticamente emparejar la situación y esto contando con la gran desventaja que tenemos ante los medios de comunicación masivos, donde la señora Miranda parece ser la dueña absoluta de todos ellos, pues no deja de aparecer en uno o en otro, así que cómo no se va a indignar si ve que a pesar de tener todo a favor cada día son más los que se dan cuenta de su gran farsa y salen en defensa de los inocentes.
No obstante podemos ver las mentes cerradas de gente que al parecer ya no tiene remedio y por más pruebas que se les den seguirán pensando que esta señora es quien dice la verdad y tiene la razón. Así veo comentarios como estos:
“Un acta puede falsificar cualquiera”
Cierto, solo que la investigación de Anabel ha ido a los juzgados y no hay posdibilidad de error.
“Cualquiera puede ir con un acta a sacar un CURP” ¡Ya! Voy a creer que conociendo el caso Wallace te vayas a ir con un acta a sacar un, primero tienes que tener el acta por lo que serías una persona cercana y siendo así no te puedes arriesgar a tal estupidez.
También critican a Proceso,serán los mismos que cren en la otra basura de presensa como televisa o Azteca.
Y todavía hay quien se piensa que ha Juana Hilda no la torturaron para arrancarla la confesión que la señora quería.
En fin, al margen de todo esto hay una gran realidad, en la cárcel se están pudriendo unas personas acusadas de un crimen que no cometieron y las pruebas son abundantes.
OTRA VEZ “LA WALLACE”
ÍNDICE POLÍTICO
FRANCISCO RODRÍGUEZ
http://www.veracruzanos.info/otra-vez-la-wallace/
http://www.quadratin.com.mx/opinion/Indice-politico-260/
A inicios de 2011 le platicaba aquí de uno de los más recurrentes fenómenos que se dan entre los trabajadores de los medios de comunicación y que no es otro que el de la invención, prácticamente desde la nada, de héroes y heroínas epónimos… que, para su desgracia, ni hacen época ni tienen calles, pueblos o ciudades que lleven sus nombres.
¿Quién no recuerda, por ejemplo, el sonadísimo caso de la ahora ex perredista Ruth Zavaleta, a quien se ensalzaba a niveles de “la mejor política que ha dado México en las últimas décadas” y otras zarandajas por el mismo estilo? Desapareció tras su presidencia cameral. Ni fue una destacada legisladora –apenas una buena lectora de las tarjetas que para actuar como presidenta de los debates camerales le preparaban la legendaria María Elena y el joven hijo del mítico señor Azcoitia– ni llegó a la candidatura al gobierno de Guerrero. Nada. Se redujo a su verdadera dimensión. Nada.
Los medios “inflan” egos a conveniencia. Es claro que en el caso de la señora Zavaleta, de quien se dice es en realidad oriunda de Nicaragua, de lo que se trataba era de ponerle polvos de hornear a su disputa con Andrés Manuel López Obrador, a quien ciertos periodistas “odian”, sólo porque el tabasqueño es odiado por el oficialismo. A conveniencia, pues.
Sucede con frecuencia en la política y, más recientemente, en las traídas y llevadas áreas de seguridad.
Por una frase espetada ante los poderosos en turno encabezados por Felipe Calderón –aquella de “si no pueden, renuncien”–, hubo quienes proponían al empresario Martí como candidato presidencial, cuando según los enterados todo lo que deseaba el padre del jovencito secuestrado y asesinado era que el SAT le diera el mismo trato que brindó a Roberto Hernández cuando vendió Banamex a través de la Bolsa: que no le cobraran impuestos por el traspaso de sus negocios a la familia Harp Helú.
Empero, la más “inflada” de todos –incluso por las dizque autoridades– ha sido la señora Isabel Miranda de Wallace.
Gracias a los medios, y a la fallida Administración calderdonista que la premió por supuestamente hacer la tarea que a la PGR y a la SSPF correspondía, ella dicta cátedra en materia de seguridad pública, regaña al cuerpo social y dictamina hasta dónde llegan las investigaciones en torno al supuesto descuartizamiento de su vástago.
POCO CONFIABLE
Otro problema de los medios en nuestro país es la superficialidad. Pocos o, de plano, nadie va al fondo de los asuntos. Pocos, muy pocos, han cuestionado que en el caso de la misteriosa desaparición del hijo de nuestra heroína (sic) ya haya procesados y encarcelados, sin que nunca se haya encontrado el supuesto cadáver. Versiones corren que mueven a risa. Como ese de que el cuerpo fue cortado en trocitos y lanzado al excusado de un departamento de interés social, cuando cualquiera que habita en uno de ellos sabe que con el simple papel higiénico las tuberías se colapsan.
Nadie, excepto Anabel Hernández, esa estupenda e incansable periodista que hoy es blanco de no pocos colegas que le envidian su valor e independencia… entre otras cosas.
La Wallace es esforzada. Empeñosa. Sabe moverse entre publicistas, delincuentes y policías. Y quiero pensar que mentes perversas se han venido aprovechando de esas sus cualidades para usarla cual correa de transmisión de sus mensajes.
No sé a usted, pero a este escribidor muchas veces le da la impresión de que, al igual que en su momento otra pasajera, muy temporal, heroína epónima –me refiero ahora al vergonzoso caso de la señora Morera, también ya desaparecida de los medios, tras evidenciarse que su hijo estaba en la nómina del impresentable Genaro García Luna– está bajo contrato de alguna dependencia federal.
Porque son más las ocasiones que la señora Wallace exculpa a las autoridades que las que las señala cual responsables de brindar seguridad a los contribuyentes. Ahí está cual ejemplo su intervención en los reeditados Diálogos por la Seguridad y bla, bla, bla, en la que pareciera haber dicho que es la propia sociedad la culpable del baño de sangre en prácticamente todo el país, por “tirarse al piso”, por victimizarse.
Pero se le tolera. Es la heroína muy conocida de moda.
Y sí, claro, ante su mísera orfandad de liderazgos, el PAN recurrió a ella para hacer el ridículo en las elecciones capitalinas del 2012.
Todo esto, claro, hasta que en los medios se empiece a “inflar” otro ego, tan infame como el de la Wallace quien, simplemente, se esfumará. ¿A poco no?
Índice Flamígero: Y no supo como acomodar sus pronósticos la “lideresa social” (¡valgame Dios!) Isabel Miranda de Wallace. Bastaron sólo dos días para que se desdijera en relación a que Renato Sales, el hijo, sin oficinas, facultades, empleados, ni presupuesto, había logrado bajar el delito de secuestro en el país en sólo tres meses, en un gran porcentaje. Ya dijo la Wallace todo lo contrario: que se han incrementado los índices de este delito y que en la Comisión Nacional Antisecuestros ya no saben ni pa’ donde jalar, pues no hay ayuda, no hay dirección, ritmo ni rumbo. Que Renato está perdido. Que ella condicionó su participación en ese engendro, a siempre “decir su verdad”. Eso pasa por andar haciéndoles caso a los oportunistas, a las madres de mayo locales que quieren al mismo tiempo seguir siendo candidatas perdedoras, pero no pierden ocasión para ganar cabezas y líneas ágata. Seriedad, Renato, hijo. Serenidad. Ya no la mande a hacer declaraciones. No es confiable.
www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com
Isabel Miranda Vs. el Estado mexicano
SDP Noticias
Si como sabemos el 98 por ciento de crímenes denunciados no se resuelven, ¿por qué habíamos de creer en los resultados que ofrece la Sra. Miranda?
La docena trágica transcurrió entre fanfarrones y genocidas.
La señora Isabel Miranda indudablemente fue estrella principal de este infausto episodio que vivió el país durante los gobiernos de la supuesta alternancia política, eso nos diferencia a los mexicanos que no figuramos como estrellas televisivas en el horizonte mediático que los panistas utilizaron a mansalva para ejercer el poder; por lo tanto en su momento esto les otorga la gran ventaja de aparecer como ángeles y querubines sin que nadie pueda criticarlos.
Ese es el caso de la Sra. Miranda quien aún no se percata que el sangriento sexenio calderonista ya terminó y ahora habrá de asumir sus responsabilidades que adquirió cuando por ejemplo le otorgaron el premio Nacional de los Derechos Humanos.
Ahora que la revista Proceso ha publicado sendos reportajes firmados por la valiente Anabel Hernández, donde expone cabalmente la situación del grave caso del secuestro y homicidio del hijo de la Sra. Miranda, ofreciéndonos información privilegiada a la que de no se puede acceder fácilmente, ahora resulta que por cumplir con su labor informativa, el semanario y la reportera pueden sufrir las repercusiones legales que les resulten, no por abusar de la libertad de expresión, sino por molestar a uno de los principales impulsores del presidente de la manos limpias.
Por lo expuesto la Sra. Miranda posee recursos incalculables, ha ido de las simples declaraciones a la organización de ruedas de prensa, hasta llegar a la imponente aparición en programas, donde se ensalza la figura de la señora sin sufrir ningún cuestionamiento, y sí se condena perpetuamente a Proceso y a Anabel Hernández.
Ahí radica el principal problema de la Sra. para con la sociedad mexicana. ¿Cómo puede un ciudadano común y corriente conseguir tanto y en tan poco tiempo? Indudablemente el asunto del secuestro y homicidio de su hijo no es de los crímenes que cotidianamente inundan al país, esta vez el Estado no consiguió lo que la Sra. sí pudo, y en cuestión de meses logró esclarecer el crimen y atrapar a los culpables; claro todo esto presenta anchas avenidas de dudas, simplemente porque la aplicación de la justicia en México es letra muerta, basta con recurrir a las estadísticas para dudar de la experiencia del asunto Wallace.
Si como sabemos el 98 por ciento de crímenes denunciados no se resuelven, ¿por qué habíamos de creer en los resultados que ofrece la Sra. Miranda? Aquí es donde el trabajo de la revista y de la reportera cobran singular importancia, la información que nos ofrecen es simplemente eso, información sencillamente, esto no debería irritar a nadie porque ninguno de los señalados pertenecen al poder judicial, pues si algún magistrado emitiría una opinión del caso, entonces sí los involucrados tendrían que preocuparse.
El caso es muy claro, la prepotencia de la Sra. Miranda solo agrava la situación, recordemos cómo el malogrado ex presidente Calderón la sostenía en un pedestal, tal fue el apoyo que recibió que consiguió que su partido la postulara como candidata a la jefatura de gobierno nada menos que de la Capital de la República; sin embargo ese sangriento sexenio se acabó y si la Sra. no lo ha comprendido, pues sus amiguitos que la acompañan deberían informárselo.
Por lo pronto las amenazas contra Proceso y Anabel Hernández deberán tomarse con las debidas precauciones, recordemos que vivimos en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Brenda Quevedo Cruz, una voz que intenta callar Isabel de Wallace
Los Angeles Press
Entrevista a Brenda Quevedo Cruz en el penal de Santiaguito, Estado de México, a finales de 2009
Por Koldo Mikel*
Tras algunas vicisitudes, algo de suerte y un poco de arrojo, el pasado sábado conseguí ver a Brenda Quevedo, la otra mujer acusada por Isabel Miranda de haber secuestrado y asesinado a su hijo. Era un reto que tenía desde antes de que ella fuese extraditada de Estados Unidos, desde que conocí a Juana Hilda, por ello debo dar las gracias a las personas que hicieron posible esto, vaya desde aquí mi más profundo agradecimiento.
Es el amigo, por el que consigo entrar, quien me indica dónde está Brenda, me dice que está acompañada por su mamá, a la cual tuve el gusto de conocer personalmente cuando la conferencia.
Me acerco a ellas. Me hallo ante una joven delgada, como de 1.70. Su cuerpo es atlético, su piel morena clara y toda ella muestra una gran belleza.
Saludo a su mamá, quien en un principio no me reconoce, la verdad que yo tampoco a ella, la veo diferente, más jovial con su conjunto de mezclilla. A continuación saludo a Brenda quien viste de pantalón ceñido y una blusa, todo de azul.
Dirigiéndome a las dos mujeres les digo que me gustaría hacer una entrevista a Brenda. La madre enseguida dice que es conveniente, pero sorpresivamente, Brenda parece dudar. Tiene miedo, vivió una situación terrible ya contada a nuestros lectores. Tiene miedo, mucho miedo a la todopoderosa Isabel Miranda, o para ser más exactos, al poder desmedido de ésta. Le digo que ella no va a hablar mal de la señora Miranda, tan sólo va a contar la verdad, esa verdad que nadie conoce porque nadie le ha dado oportunidad de contarla; aquí, en Cárcel de mujeres, tiene esa oportunidad. Ya conocemos la versión completa de su causa, de Juana Hilda, ahora hay que conocer la suya. Su mamá afortunadamente me apoya. Es una mujer todavía bella, de una belleza que si bien un día con el paso del tiempo marchitará como la de todo el mundo, pues el tiempo no perdona, la otra belleza, la interior, ésa la llevará hasta el fin de sus días. Es una mujer cansada de luchar por su hija, por esta tremenda injusticia que cayó sobre ella, pero dispuesta a seguir luchando hasta el último aliento de su vida. Son ya muchos sábados, desde que trajeron a Brenda, los que no falla en hacer su largo viaje en autobús, taxis o peseros y siempre cargada con pesadas bolsas. El sábado es el único día de visita y no puede fallar.
Brenda, sentada en la mesa, me comienza a contar su historia, estando también presente su señor padre, quien tampoco falta a las visitas.
Brenda estudió Ciencias de la Comunicación, pero le faltó la tesis. Se fue a Europa y recorrió algunas ciudades para terminar trabajando en Londres.
Un día decidió regresar a México, lo hizo con la idea de estar tres meses para arreglar algunos asuntos de sus estudios y volver de nuevo a Inglaterra, incluso allá dejó la mayor parte de su ropa.
En México la vida de Brenda tomó otros derroteros. Conoció a Jacobo Tagle y comenzó a andar con él. En un principio no pensó que llegarían a nada serio, pero terminaron siendo novios y al final viviendo juntos.
Un día, Jacobo le contó que dos años antes, un amigo llamado Hugo, le invitó a él y a otro amigo a trabajar en seguridad de un conocido grupo musical en Acapulco. Tras el trabajo, Hugo no les había pagado lo prometido, por lo que Jacobo rompió su relación con él. Era la primera vez en su vida que Brenda oía pronunciar el nombre de Hugo Wallace y no lo volvería a oír hasta que incomprensiblemente la implicarían en su desaparición.
Los padres de Jacobo se divorciaron. La casa en la que vivían era de dos plantas. El padre no se quería ir a otra casa y entonces dividió en dos con entradas diferentes, ocupando él la de arriba y la madre de Jacobo la de abajo. A un lado había un terreno también de ellos, el cual fue vendido al señor Wallace padre.
–Háblame de cómo fue lo del cine, cuando se encuentran con Hugo en Perisur y Jacobo, y le dice que le va a presentar a «una vieja que está bien buena» –le digo a Brenda.
La respuesta es completamente distinta a la que me esperaba.
–Yo nunca conocí a Hugo, eso del cine es una gran mentira. Dice un primo de él que era yo, pero él sólo me vio supuestamente en esa ocasión. Luego entonces, ¿cómo va a saber que era yo si no me conocía de nada?
Aclara que ella quiere que el primo declare y que la vea, le hago ver una realidad, el primo es posible que simplemente diga lo que le indique la señora Miranda y no la verdad, ojalá me equivoque. No obstante, me queda claro que aquello del cine no fue cierto.
Es la gran diferencia en escuchar a la otra parte, en vez tan sólo juzgar por lo que dice una.
Y aquí viene algo de suma importancia. Una fuente me había indicado que Jacobo vivía de la compra y venta de automóviles y que siempre manejaba mucho dinero, versión que me confirmará Brenda. Lo que ésta no sabe es que Jacobo tenía otra novia, ni que éstos asistían a un gimnasio por Mier y Pesado, al que también iba Freyre. Esa muchacha dejó un día de ver a Jacobo y como tres meses después comenzó a ver los espectaculares con su foto. Ya en varias partes se menciona en cuanto a la mujer que iba con Jacobo que podía haber una confusión y este hecho lo demuestra bien a las claras, aunque hay más. Brenda nunca supo que Jacobo hubiese reanudado las relaciones amistosas con Hugo, por lo que cabe la posibilidad de que éstos nunca se hubiesen saludado fuera del cine como lo indica la señora Miranda y el tal primo.
Siguiendo con Brenda. A Jacobo se le muere el padre, por lo que él se hace cargo de la casa y se irá a vivir con Brenda. La madre de Jacobo no quiere a la novia de su hijo, pero no es por el carácter de Brenda, no se nos alegre la señora Miranda por anticipado, simple y sencillamente, la bella mujer que le presenta su hijo como su prometida, no es judía y por lo tanto no la puede aceptar en la familia, llega incluso a dejar a Brenda con la mano extendida cuando ésta pretende saludarla. La estupidez humana es muy grande, y a ésta estupidez contribuye la religión, ni modo, ya lo decía Marx que era el opio del pueblo, yo más bien creo que es el cáncer.
Los desaires de la suegra hace sentir incómoda a Brenda y deciden irse a vivir a otro lugar, rentando un departamento, para lo cual le pide a su mamá que sea su aval, requisito para rentarlo.
Enriqueta confirma las palabras de Brenda y deja claro que no estaba muy de acuerdo con esa relación, pero que siendo su hija, estaba dispuesta a apoyarla.
La muchacha trabaja en medios del espectáculo, entre sus trabajos se encuentra uno en la editorial Clío y también en Televisa, su figura se presta para ello. Conoce gente importante en diversos medios que hoy le han dado la espalda.
La vida de la pareja transcurre normal, como la de cualquier otra pareja joven. Van a lugares de moda en donde se juntan los hombres a hablar de sus cosas, mientras que las mujeres hacen otro tanto apartadas de sus novios o maridos.
Entre los amigos de Jacobo está Freyre, motivo por el cual Juana Hilda y Brenda tienen contacto, llegando a coincidir en algunas ocasiones, como lo muestra una fotografía presentada por Isabel Miranda, sin que ello signifique que fuesen amigas.
Entre los amigos de Jacobo y Freyre hay varios policías y las pláticas del grupo que se reúne son largas.
Un día Jacobo llega a casa y le dice a Brenda que le han avisado de que hay una “orden de presentación”, o algo así, contra él. Jacobo dice que va a ver de qué se trata. Va a investigar cuando se entera de que han ido a casa de su madre, y que lo buscan porque ha desaparecido Hugo Wallace. En otra de las fantasiosas declaraciones de la parte acusadora se terminará diciendo que ésta casa era el refugio de la banda.
Brenda, toda tranquila, le dice a Jacobo que se presente, pero éste le responde que le pueden detener por lo otro. Lo otro, según entiende Brenda, es el negocio de los carros, pues como maneja mucho dinero tiene credenciales falsas.
No pasa mucho, cuando familiares de Brenda la avisan de que han ido a casa de su mamá y la han registrado toda. Para Brenda esto es un golpe tremendo, pero nada comparado con lo que la espera. Ha comenzado su calvario sin todavía saberlo.
Cuando Brenda ve a Jacobo en el domicilio le cuenta lo sucedido y le pide que vayan a las autoridades para ver qué pasa, pero éste de nueva cuenta le dice que el asunto es muy serio aunque no comprende por qué, pero lo que parece seguro es que si van no les dejan salir.
Brenda le dice que va a ver a cierta persona y al rato vuelve.
A la persona que ve Brenda le dice lo mismo, que ella no sabe nada ni entiende por qué la buscan y que lo mejor es presentarse, pero le dicen que no, que ni se le ocurra, que el asunto es muy grave, le informan que incluso uno de los hermanos Castillo se ha presentado por su voluntad y ya no lo dejan salir, lo mejor que puede hacer es esconderse.
Brenda regresa en busca de Jacobo pero éste ya no está. Ha recogido sus cosas y se ha ido. Ya no lo volvería a ver más hasta la fecha.
Brenda tiene mucha gente que la quiere, no puede ser de otra manera, basta verla una vez para saber que es una gran muchacha y quien opine lo contrario es porque así le interesa y no lo digo por su belleza física, ésta al fin y al cabo no es sinónimo de buenas cualidades o bondad, lo digo por su belleza interior, la cual salta a la vista para el que la ve. Sus ojos profundos no engañan, muestran la nobleza de esa alma que todavía no logra comprender por qué la castigan con tanta saña cuando en toda su vida no ha hecho mal a nadie.
Entre la gente que la quiere y sin importar las consecuencias, se la llevan a provincia para alejarla de las autoridades que tan injustamente la buscan.
Brenda siente que la vida le llega a su fin cuando comienza a verse en los espectaculares que salen en la televisión, en donde es tratada como la peor criminal y hasta se ofrece una buena recompensa para quien denuncie su paradero.
La mujer está espantada, cada noche es una auténtica pesadilla y sólo le queda rezar y pedir a Dios que la proteja de ese tormento que está viviendo. No puede creer que le esté pasando esto.
La gente que la oculta decide que lo mejor es que se marche a Estados Unidos. Corazones generosos como el de la propia Brenda la ayudan a llegar al país vecino. Le queda la dura prueba de pasar el desierto. La pasa un pollero desconocido que por fortuna para ella se dedica a su trabajo sin fijarse demasiado en la bella muchacha. Por momentos siente desfallecer ante el tremendo calor, pero tras vencer todos los peligros propios de la situación consigue llegar al país vecino.
Su mamá interrumpe para contar lo que sintió el día en que mira hacia el vidrio de una patrulla y ve la foto de su hija entre los delincuentes más buscados. Para la madre, como para todos los familiares de Brenda, ésta siempre ha sido inocente y es que la conocen bien y de sobra saben que sería incapaz de cometer un acto como el que le acusan.
Mientras platicamos, un aire, a veces más fuerte y a veces más calmado, nos mueve las telas que cubren la palapa, mientras que el largo y brillante cabello de la mujer cruza suavemente su cara una y otra vez en lo que parece ser una inacabable caricia.
En Estados Unidos, Brenda trabaja de mesera. La lejanía no impide que la tristeza y amargura la aprisionen todavía con más fuerza el interior de su alma. No hay día y noche que no derrame lágrimas. Escribe a su madre sin que las cartas vayan a su domicilio y ésta, cuando las lee, el papel arrugado le muestran las lágrimas de su hija y la madre llora.
En Estados Unidos conoce a un hombre que se enamora de ella y terminan casándose cuando ella ya está en la cárcel. Él es un soldado del ejército de Estados Unidos y de origen cubano. Brenda no se atreve a contarle el secreto que como un hierro al rojo vivo le quema hasta lo más profundo de su ser. Él muchas veces se da cuenta que a su esposa algo le pasa y le pregunta, pero ella siempre responde que así es su carácter y no hay problema.
La joven mujer siente que la vida no tiene sentido, sin embargo, con una gran fortaleza sigue adelante. Muchas veces sintiendo que se derrumba del todo y otras haciendo grandes esfuerzos para levantarse.
Un día va a tener una larga separación del esposo y sintiéndose muy sola se va a la casa de una amiga. Se va hacia el final total de la libertad, si es que libre se le puede llamar a estar huyendo como lo estaba ella.
Un día, como lo hacía todos los que podía, entra en internet en la computadora que ésta amiga tenía en casa.
Desde ahí se enteraba como estaba su caso, cómo era buscada para castigarla sin piedad por algo que no había hecho. Como siempre que se sentaba en la computadora sus bellos ojos comenzaban a manar esas lágrimas de miedo, de amargura, de terror.
No sintió cuando la amiga se le acercó por la espalda.
–¿Qué te pasa Brenda, por qué lloras?
Varias veces, la amiga ya le había preguntado por esos estados de ánimo que le mostraban a una Brenda triste y con los ojos llorosos.
Ahora Brenda, con su foto en la computadora, no le pudo ocultar lo que le sucedía y le contó el motivo de su amargura.
La amiga se puso de su parte y le dio ánimos, como cualquiera que conoce a Brenda no podía creer que ella hubiese hecho lo que decían.
Dicen que todo el mundo tiene un precio y no, no es cierto, no todo el mundo lo tiene, el Che Guevara, por ejemplo no lo tenía, claro, que hombres de esa talla no lo es cualquiera; pero si es cierto que el maldito dinero compra conciencias haciendo de ellas auténticas mierdas y una mierda, por decirlo suave, iba a resultar la amiga de Brenda, quien viendo la fuerte recompensa que daba una señora millonaria empeñada en acabar con la vida de la joven mujer, la denunció a la policía.
Brenda fue detenida y encarcelada para seguirle un proceso de extradición a México.
Dos años tardaría ese proceso. Con la detención, el esposo al fin se enteraba del secreto que guardaba Brenda y ni un sólo momento dejó de defenderla, mostrándole todo su amor. Al fin un día se presentó la policía para decirle que había amenazado de muerte a la señora Miranda por algún comentario que había hecho defendiendo a su esposa y eso era grave, sin embargo no era cierto. Pero algo seguía quedando claro, el poder de la señora Miranda hasta en Estados Unidos se metía, así era normal verla aparecer en la corte o fuera de ella provocando a la familia.
Y hasta Estados Unidos, una larga, muy larga temporada, que duraría como dos años, tenía que ir la mamá de Brenda, Enriqueta, a visitar a su hija. Esto, más pagos de abogados, que como por lo general sucede, sólo buscan sacar dinero, dejaron a la mujer en la ruina total. Pero quizás, mucho peor que su ruina era ver el sufrimiento de su hija en aquella prisión de los Estados Unidos.
Luego a Canadá también se iría su otro hijo, el hermano de Brenda, pues ya le habían dado algún susto en México por el simple hecho de ser familiar de la mujer buscada, algo por demás increíble el que la familia en todo caso tenga que pagar por algo que ha hecho otro miembro de ella. Este joven sigue en fuera de México, en proceso de refugiado.
Le hago una pregunta que por pura lógica, ya sé la respuesta.
–Brenda, se ha dicho que te emborrachabas en el trabajo y presumías de lo que hiciste en México.
Una amarga sonrisa surge de su boca.
Cómo voy a hacer eso, si procuraba ni salir de casa, yo para empezar no bebo y tenía miedo a todo. Es otra mentira más de las muchas que se han dicho.
Por momentos sus ojos se llenan de un brillo especial, es ese brillo que lucha por contener las lágrimas, pero a veces no lo consigue y éstas escurren por sus mejillas.
Confieso que al ver ante tanto dolor, siento por un momento una angustia que me sube por el pecho hasta los ojos.
Brenda es extraditada a México y en el aeropuerto, a la primera persona conocida que ve, es a Isabel Miranda, a quien conoce de fotos y de verla en la televisión. Miranda, con verdadero odio hacia la muchacha, ya la avisa de que va a vivir un infierno y por de pronto, en lugar de trasladarla como le corresponde a Santa Martha Acatitla o a Tepepan, ambos reclusorios del Distrito Federal, la llevan al Estado de México. La todopoderosa Miranda manda.
Miranda sabe por qué la manda a ese penal, ahí podrá hacer lo que tal vez en otro se lo impidan, por lo menos en los del DF.
Conocemos la historia. Tres tipos entran y Brenda es llevada ante ellos y encerrada en un cuarto. Vuelve a recordar, ahora con los propios gestos. Se lleva las manos al cuello mostrando como apretaba la bolsa que le ponían sobre la cabeza mientras que permanecían esposadas.
–¿Vas a firmar? Le preguntan los indeseables y cobardes sujetos mientras que Brenda, quedándose sin aire, siente morir. Como puede dice que sí, le aflojan la bolsa y cuando siente que el aire vuelve a sus pulmones dice lo de siempre, que ella no sabe nada y vuelta a cerrarle la bolsa al cuello. Y oyendo directamente a la indefensa muchacha, uno no se puede explicar tanta maldad en un ser humano, tanta miseria de almas que más parecen de bestias que de personas. Ni las bolsas, ni la amenaza de inyecciones con sangre infectada de Sida, ni todo el sufrimiento vivido, la han hecho confesar algo que por alguna extraña razón la señora Miranda quiere que confiese aunque nada sepa de ello.
¿Y Derechos Humanos? Bien, gracias. A las órdenes de Isabel Miranda. Tanto estos como autoridades encargadas dicen que nada se ha demostrado, a pesar de que un médico certificó los moretones en los brazos y las marcas del cuello y dio nombres de los custodios que la trasladaron hasta el cuarto en donde fue torturada. Ni modo, hay que complacer a la señora Miranda, eso sí, señores vividores de Derechos Humanos y autoridades, no hablen de justicia porque ésta no existe, ésta es una soberana mierda.
–Pero, por qué te comienzan a perseguir a ti y a culparte –le pregunto.
Me responde lo que ya conocemos. Encuentran un álbum de fotos a Hilda y de ahí la señora forma la banda, pero en realidad cuando van a buscar a Brenda es porque Juana Hilda ha declarado que es su cómplice, declaración que como también sabemos salió posteriormente en un video, en donde Hilda no es consciente de lo que declara, lo hace bajo el efecto de alguna droga y dice lo que le han inculcado para que lo diga. Si alguien duda de esto, es muy sencillo, que se dejen de videos borrosos y dudosos y la lleven directamente a la televisión y a la vista de todos, con total transparencia, que vuelva a declarar. Juana Hilda es inocente como lo es Brenda y por ende, los otros tres detenidos o cuando menos, si hubiese alguien culpable, no es como dice la señora Miranda.
Platicamos sobre las acusaciones y le doy mis opiniones en las que estamos todos de acuerdo.
Nadie que va a secuestrar a una persona y sus cómplices esperan que llegue al departamento con la víctima, se va con él al cine, por la misma lógica se hubiese ido a Televisa para anunciar el secuestro. Y si se ha ido al cine y regresan al departamento, no es posible que luego le digan a la señora que lo bajaron de la camioneta entre dos ¿Iría Juana Hilda a prepararle la cena sorpresa? Detalles absurdos, como absurdas son las contradicciones. Por un lado, supuestamente lo descuartizan y hasta Brenda baja las bolsas en donde va el descuartizado; por otro, un niño ve cómo lo bajan entre dos hombres. Y qué decir de la sierra en donde nadie escucha nada y del tiro del que nadie sabe nada, salvo el niño que no estaba esa noche en el edificio y… etc.etc. Pero sobre todo, han matado a alguien que no aparece, que no hay cuerpo.
Me habla de la foto en la que se ve el rostro vendado de Hugo. Foto de la que ha demostrado con la fecha, que no pudo ser sacada cuando dicen y por ella. Pero hay otras cosas importantes, si en la foto está muerto, ¿cómo mandarla para pedir rescate? Está claro que la familia puede descubrir y -es lo más fácil-, que está muerto, luego no van a pagar el rescate si ya lo mataron y si está vivo, para qué vendarlo y aparentar que está muerto, que es la sensación que da esa foto.
La madre saca comida y me pone un plato, ante mi negativa me indica que siempre trae comida de sobra. Brenda se pasa a mi izquierda pasando por la banca y la mesa con su figura de gacela.
Comemos. Un rato más y es la hora de retirarse, las cinco de la tarde. El tiempo se me ha pasado sin darme cuenta.
El padre se ha despedido antes. La madre y la hija se funden en un abrazo.
Hasta el final Brenda no deja de mostrar el terror que le produce el poder desmedido de la señora Miranda. Siente una impotencia total ante el poder de esta señora que le ha dado por destruir la vida de unas jóvenes mujeres que en su vida hicieron mal a nadie porque en sus corazones no existe la maldad, esa maldad que ha llevado a otra persona a destruirlas a ellas.
Brenda tiene miedo, mucho miedo, ahora ha oído que la pueden trasladar a Nayarit, al parecer esto no es cosa de Miranda, sino de que quieren reagrupar a las mujeres que van por delito federal. Aunque tampoco sería raro que Miranda metiese baza en el asunto, su poder, lo hemos visto una y mil veces, es ilimitado y para ella, estas dos mujeres, son de máxima peligrosidad. Me hace gracia, yo me encargaría de tener a las dos mujeres a mi cargo con la total seguridad de que no representan ningún peligro, de que son menos peligrosas que un mosquito a diez kilómetros de distancia, la peligrosa, la verdaderamente peligrosa de esta historia, es precisamente Isabel Miranda Torres. Ella sí, puede secuestrar, torturar, entrar y ordenar en prisiones, mandar a jueces y dictar sentencias. ¡Cuánta idiotez!
Me despido de Brenda y salgo con su mamá. Atrás queda una mujer inocente, una mujer que tan sólo vivía la vida y a quien le han destruido esa vida. Una vez escuchó un nombre, un nombre que quisiera no haberlo escuchado nunca, Hugo Alberto Wallace Miranda, y sin tener nada que ver con él, sin conocerlo siquiera, se convirtió en su desgracia.
Nos vamos juntos la madre y yo hasta el DF. Como poco antes, le brillan los ojos cuando recuerda aquellas botas que le gustaban usar a Brenda cuando era niña e iba a la escuela.
–De niña cómo le gustaba acariciar a los animales –me dice la madre– ¿Crees que ella va a hacer daño a alguien?
La amargura de la mujer es infinita.
Por otro lado, para cualquiera que lo vea, éste es un caso vergonzoso para México. Por un lado, se supone que la señora Miranda hizo lo que no pudo hacer la policía, tratando a ésta de inútiles; esto, mientras no se conoce la realidad y en cuanto uno ve ésta, se da cuenta de que las leyes son una auténtica basura, se dice que todo el mundo es inocente mientras se demuestra lo contrario. Aquí, en México, sin demostrarse nada, inocentes están en la cárcel y lo más grave, porque una señora sin ser autoridad en nada, lo manda. Y hay más, si un juez da una condena, a la señora le parece poca y hasta habla con ministros para que se les imponga más alta y condena e insulta al juez, con esta situación. ¿Quién va a ser el juez que juzgue con imparcialidad y justicia y se atreva a poner en libertad a los inocentes?
La señora Miranda no es la heroína que nos muestra la televisión, la señora Miranda es una millonaria que compra seres sin conciencia como si fuesen mercancía. La señora Miranda no ha detenido ni encarcelado a ningún secuestrador y asesino como lo anda presumiendo en todos los lados. La señora Miranda, a golpe de dinero, ha encarcelado y arruinado la vida de inocentes.
*El autor es mexicano de origen vasco, y dirige el blog Cárceles de Mujeres. Su texto original puede ser leído en este enlace: Habla Brenda.
Claroscuros en caso Wallace
Huellas
Ciudad de México a 9 de jun.- Las investigaciones de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal, revelan que en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hay cada vez más evidencias de que se encuentra con vida; no obstante, el caso Wallace, difundido desde el11 de julio de 2005, ha mantenido a seis personas encarceladas por años, presuntamente auto-incriminadas bajo tortura.
Además, Isabel Miranda de Wallace, quien supuestamente ha logrado poder político y poder económico tras el secuestro y homicidio de su hijo, ha sido también acusada de delitos como perjurio, corrupción a funcionarios públicos para obtener y manipular pruebas, amenazas de muerte a inculpados y familiares y amigos de éstos, además de que, pesa sobre ella la acusación de ser la responsable de haber mandado a torturar a los seis inculpados dentro de los penales.
El presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace está plagado de irregularidades y contradicciones; acusó, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, la cual sospecha que éste sigue con vida y mantiene una doble vida junto con su madre.
Al respecto, la organización destacó que aún sin el cuerpo de la víctima, se expidió una autopsia ficticia firmada por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano. Además, la expedición del acta de defunción fue ordenada del expediente 879/13 con el número 130223472, por la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar.
Por su parte, el abogado de Isabel Miranda de Wallace, Samuel González Ruíz, comunicó que el Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito negó el amparo a Brenda Quevedo Cruz, una de las implicadas en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
A su vez, el mexicano de origen vasco Luis Miguel Piña Doña, exintegrante del grupo separatista ETA, aseguró que su encarcelamiento durante año y medio en el país, está relacionado con las denuncias que hizo en un blog acerca de las incoherencias e irregularidades del caso del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Asimismo, señaló que en su proceso penal se incluyó la dedicatoria: Es que “usted se metió con la Wallace”.
Por su parte, Isabel Miranda de Wallace en conferencia de prensa señaló, que no tiene duda de que su hijo está muerto y que fue asesinado por un grupo de secuestradores, varios de los cuales ya se encuentran en prisión, aun cuando algunos periodistas han señalado lo contrario, “son versiones sin sustento ni pruebas”.
Miranda de Wallace, acompañada de su abogado y de Nelson Vargas, anunció que demandara a la revista Proceso, ya que la información en donde se pone en duda el secuestro y muerte de su hijo Hugo Alberto es ‘falsa y dolosa’; por lo que, presentará demanda por daño moral. Agregó, que en el expediente hay pruebas contundentes de que su hijo fue asesinado en un departamento de la Ciudad de México indicó Wallace.
Redacción. Huellas de México
#ReformaEnergética Debate Final
'Al carajo la madre coraje' (articulo en catalan)
Divendres, 6 de juny del 2014
e-periodico
EL PERIÓDICO
La dama 8 Isabel Miranda de Wallace, la mare coratge, en un foto d'arxiu.
Des de fa sis anys hi ha sis joves a la presó, cinc d'ells sentenciats a llargues penes per haver trossejat Hugo amb una serra elèctrica. Tres «es van autoinculpar» després de convincents interrogatoris policials. Tots els vam conèixer. Els seus noms i les seves fotos van ocupar les enormes tanques publicitàries de la ciutat que havia llogat la mare coratge.
Les denúncies d'oenagés estrangeres dient que Hugo Walace segueix viu i tan ample tornen a posar sobre la taula totes les proves que la justícia ha anat deixant de costat. Encara que el cas resulta tan rocambolesc que són de preveure successives veritats definitives.
«¡¿Com és possible?!» La meitat dels mexicans consultats per aquest corresponsal es queden de pedra al sentir la nova versió de l'assumpte. L'altra meitat ja s'ensumava alguna cosa. «¿I si és, com tot, un tema del narco?», deien molts. Fa dues setmanes, Brenda Quevedo, acusada del segrest i l'assassinat d'Hugo Wallace però encara sense sentència, va presentar com a prova de la seva innocència que ell mai va morir: l'acta de naixement que Hugo va obtenir cinc anys després que n'haguessin fet xixina.
«¡Quina barbaritat, quina mena de gent!», reacciona una veïna, la Chata. Recorda amb horror com nou anys enrere «uns dolents van segrestar el jove empresari, li van disparar i li van fer altres barbaritats allà, al carrer Perugino», a quatre cantonades. Recorda que poques hores després que el seu cotxe aparegués abandonat, la mare ja clamava justícia i, davant la «ineficàcia de policies i fiscals», assenyalava on havien matat Hugo i fins i tot un dels culpables. La ciutat recorda que la dama, amb la carrera de pedagoga, es va convertir en eficaç detectiu i de seguida en activista de luxe a través de les aparicions en què demanava «ajuda per trobar el fill».
Ningú va sentir res
Cap inquilí va sentir res aquella nit d'estiu i menys encara una espècie de moto a la banyera del veí. Isabel Miranda va presentar la seva versió a partir de la d'«un que passava per allà» i l'únic nen de l'immoble, que «va sentir trets i després va veure com baixaven un cos ensangonat per l'escala». El nen va assegurar durant el judici que precisament aquella nit ni tan sols va dormir allà, sinó a casa de la seva àvia. Ho recordava molt bé perquè l'endemà «uns senyors van venir per fer preguntes, però sobre una senyora que no coneixia».
Aquesta i altres proves, ressaltades per la revista Proceso, van ser rebutjades per la justícia, mentre la veritat s'imposava de forma mediàtica. Per exemple, tres mesos després de la seva desaparició, una nòvia i tres amics van reconèixer la veu d'Hugo en una trucada telefònica: «Qué onda, güey. Mírame, aquí pisteando (bevent), güey. ¿Sabes qué, güey, sabes quién me jugó…?» El seu propi pare, José Wallace, va dir des d'un començament que «el que havia passat era una desaparició i no un segrest» i dos mesos després va demanar que s'aturessin les investigacions. Però els assassins van anar caient. Cinc estan condemnats per segrest i homicidi amb agreujant de motoserra.
Gran figura
Isabel Miranda de Wallace es va convertir en una gran figura de la societat civil: l'abanderada de causes justes enmig d'un Mèxic sumit en la tragèdia de la narcoguerra i l'apoderament del crim organitzat. El nombre de segrestos segueix creixent i, com a presidenta de l'organització Alto al Secuestro, ella s'asseu amb les autoritats per tractar d'arreglar el país. A penes fa dos anys, estava en plena campanya cap al govern del Districte Federal, la gran alcaldia, com a candidata del llavors governamental Partido Acción Nacional (PAN).
El president de l'Associació Canadenca pel Dret i la Veritat, David Bertet, mostra còpia de documents oficials que revelen dobles identitats tant del fill com de la mare i ressalta les contradiccions d'unes confessions obtingudes amb tortures. Defensa els drets humans de Brenda Quevedo que fa vuit anys que esta reclosa en diverses presons, alguna de reus d'alta perillositat, i que ha estat torturada almenys dues vegades. «Al carajo la madre coraje», diu la Chata.
Els mitjans eviten criticar el mite vivent. I la dama no té manies a l'hora d'esclatar contra Anabel Hernández, la primera periodista que va airejar els nous documents de l'assassinat Hugo Wallace, que ara seria Hugo Miranda Torres. «La desafio que ho provi -diu Isabel Miranda-. Si té proves, doncs que les entregui al jutjat o a la fiscalia general, o públicament, o que les doni a la mare de Brenda Quevedo, que és la seva amiga. Però que ho provi». Geni i figura en el país del surrealisme.
"Al carajo la madre coraje" (en castellano)
e-periodico
Viernes, 6 de junio del 2014
El mito de la madre coraje de México se desploma como un castillo de arena. El caso de Isabel Miranda de Wallace, la mujer que incluso fue candidata a alcalde de la capital tras una feroz campaña para encontrar el cadáver de su hijo y encarcelar a los asesinos, da un vuelco espectacular. De repente, todo apunta a que Hugo Wallace, supuestamente secuestrado y descuartizado hace nueve años por unos cuates a los que enseguida señaló su madre, se sacó después otra acta de nacimiento e incluso llamó por teléfono: «Qué onda. Mira, ando hasta la madre, güey; ya sé que te fallé, pero me vale verga».
Seis jóvenes llevan años en la cárcel, cinco de ellos sentenciados a largas penas por haber troceado a Hugo con una sierra eléctrica. Tres «se autoinculparon» tras convincentes interrogatorios policiales. Todos los conocimos. Sus nombres y fotos ocuparon las enormes vallas publicitarias de la ciudad alquiladas por la madre coraje.
Las denuncias de oenegés extranjeras sobre que Hugo Wallace sigue vivito y coleando ponen de nuevo sobre la mesa todas las pruebas que la justicia ha ido dejando de lado. Aunque el caso resulta tan rocambolesco que son de prever sucesivas verdades definitivas.
«¡¿Cómo crees?!» La mitad de los mexicanos consultados por este corresponsal se quedan de piedra al oír la nueva versión del asunto. La otra mitad se olieron algo. «¿Y si es, como todo, un tema del narco?», decían muchos. Hace dos semanas, Brenda Quevedo, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Wallace pero aún sin sentencia, presentó como prueba de su inocencia la de que él nunca murió: el acta de nacimiento que Hugo obtuvo cinco años después de que supuestamente lo hicieran picadillo.
«¡Qué barbaridad, qué clase de gente!», reacciona una vecina, la Chata. Recuerda con horror como nueve años atrás «unos malosos secuestraron al joven empresario, lo tirotearon y le hicieron otras barbaridades ahí en la calle de Perugino», a cuatro manzanas. Recuerda que a las pocas horas de que su coche apareciera abandonado, la madre ya clamaba justicia y, ante la «ineficacia de policía y fiscales», señalaba dónde mataron a Hugo e incluso a uno de los culpables. La ciudad recuerda que la dama, por ende pedagoga, se convirtió en eficaz detective y enseguida en activista de lujo a través de las vallas publicitarias en los que pedía «ayuda para encontrar al hijo».
Nadie oyó nada
Ningún inquilino oyó nada aquella noche de verano y menos una especie de moto en la bañera del vecino. Isabel Miranda presentó su versión en base a la de «uno que pasaba por allí» y al único niño del inmueble, que «oyó disparos y después vio cómo bajaban un cuerpo ensangrentado por la escalera». El niño aseguró durante el juicio que precisamente aquella noche ni siquiera durmió allí, sino en casa de su abuelita. Lo recordaba muy bien porque al día siguiente «unos señores llegaron a hacer preguntas, pero sobre una señora que no conocía».
Esta y otras pruebas, resaltadas por la revista Proceso, fueron desechadas por la justicia, mientras la verdad se imponía de forma mediática. Por ejemplo, tres meses después de su desaparición, una novia y tres amigos reconocieron la voz de Hugo en una llamada telefónica: «Qué onda, güey. Mírame, aquí pisteando (bebiendo), güey. ¿Sabes qué, güey, sabes quién me jugó…?» Su propio padre, José Wallace, dijo desde el principio que «lo ocurrido fue una desaparición y no un secuestro» y dos meses después pidió que cesaran las investigaciones. Pero los asesinos fueron cayendo. Cinco están condenados por secuestro y homicidio con un agravante por el descuartizamiento con una motosierra.
Gran figura
Isabel Miranda de Wallace se convirtió en una gran figura de la sociedad civil: la abanderada de causas justas en medio de un México sumido en la tragedia de la narcoguerra y el empoderamiento del crimen organizado. El número de secuestros sigue creciendo y, como presidenta de la organización Alto al Secuestro, ella se sienta junto a las autoridades para tratar de arreglar el país. Apenas hace dos años, estaba en plena campaña hacia la jefatura del Distrito Federal, la gran alcaldía, como candidata del entonces gubernamental Partido Acción Nacional (PAN).
El presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, muestra copia de documentos oficiales que revelan dobles identidades tanto del hijo como de la madre y resalta las contradicciones de unas confesiones obtenidas con torturas. Defiende los derechos humanos de Brenda Quevedo, que lleva ocho años en varias cárceles, alguna de reos de alta peligrosidad, y ha sido torturada al menos dos veces. «Al carajo la madre coraje», dice La Chata.
Los medios evitan criticar a la leyenda viviente. Y la dama no tiene reparo en estallar contra Anabel Hernández, la primera periodista en airear los nuevos documentos del asesinado Hugo Wallace, que ahora sería Hugo Miranda Torres. «La reto a que lo pruebe», dice Isabel Miranda. «Si tiene pruebas, que las entregue ante el juzgado o la fiscalía, o públicamente, o que se las dé a la mamá de Brenda Quevedo, que es su amiga». Genio y figura en el país del surrealismo.
La Wallace, el monstruo que creó y protegió el PAN para remontar la estrepitosa caída
e-oaxaca
El mexicano de origen vasco Luis Miguel Ipiña Doña, quien estuvo preso durante año y medio en el país, dice estar seguro de que su encarcelamiento se debió a las denuncias que hizo en un blog acerca de las incoherencias e irregularidades del caso del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Exintegrante del grupo separatista vasco ETA, cuenta la historia del inverosímil proceso penal que, afirma, le fabricaron con dedicatoria: Es que "usted se metió con la Wallace"
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Como todos los días, a las 5:30 de la mañana del viernes 20 de mayo de 2011, Luis Miguel Ipiña Doña salió de su casa en Ecatepec, Estado de México, y caminó hasta la jaula donde guarda su taxi. Aún no introducía la llave en la cerradura cuando lo rodearon cuatro hombres armados.
"¡Alto!", le gritaron. "¡Levanta las manos y tírate al piso!" Asustado, Doña gritó para alertar a los vecinos. Mientras los hombres lo sometían supo de qué se trataba: "Esto es por el caso Wallace".
Toda la unidad habitacional estaba rodeada por la policía. Efectivos de la Agencia Federal de Investigación lo llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde le pusieron enfrente unos papeles para que los firmara. "Puro trámite", le dijeron.
Les echó un vistazo. No lo podía creer: era una declaración ministerial donde afirmaba que ese día unos agentes tocaron a su puerta y le informaron que tenían una orden de cateo en su contra. Cuando los dejó entrar, asentaba el documento, vieron el arma: un AR-15 de uso exclusivo del Ejército. Según el documento, Ipiña Doña afirmó que era suya, pues él se dedicaba a vender armas proporcionadas por la organización separatista Patria Vasca y Libertad (ETA).
"Oye, ¿eso qué?", les preguntó a los agentes de la PGR. "Son puras mentiras. No voy a firmar eso". Por primera vez veía un AR-15, y eso, en la fotografía que le enseñaron.
"USTED SE METIÓ CON LA WALLACE..."
"La declaración era absurda", se indigna Ipiña Doña en entrevista con Proceso. "¡ETA vendiendo armas en México! ¡Imagínate! En lugar de usarlas me las dan en México para venderlas. Además no tengo nada que ver con ETA desde hace 30 años", sostiene. "¡Y esta declaración me la dan a firmar en la PGR!"
Desde su llegada a las oficinas de la procuraduría, a las 7 de la mañana aproximadamente, exigía que lo dejaran llamar a su abogado. No le concedieron ese derecho sino hasta el día siguiente.
Dos supuestos "vecinos", cuyos nombres fueron omitidos durante las audiencias, presentaron su testimonio. Pese a que los agentes encargados de la investigación se contradijeron en las descripciones que hicieron de estos testigos, se inició un proceso judicial que llevaría a Ipiña Doña a la cárcel de Chiconautla, Estado de México, durante un año, cinco meses y diez días.
A los tres días de su encarcelamiento supo que su blog había desaparecido de internet. En aquella página electrónica denunciaba los absurdos del juicio por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda, quien en 2012 sería candidata del PAN al Gobierno de la Ciudad de México.
VIDA EN MÉXICO
2 Monstruo panista 450x235Como varios de sus compañeros de ETA, Ipiña Doña –quien se dedicaba a la pesca en su natal San Sebastián, País Vasco– huyó a México. Él lo hizo el 28 de septiembre de 1980. Aquí tuvo diversos trabajos: empleado en tiendas, madererías, bares, vidrierías y como taxista. Se casó en 1985 y adquirió la nacionalidad mexicana dos años más tarde.
En 2003 fueron encarcelados seis de sus compañeros etarras –cinco hombres y una mujer–. Había una orden de extradición en su contra proveniente de Madrid. El gobierno español argumentó que todos formaban parte de la dirección financiera del movimiento.
Cada semana de los tres años que sus compañeros estuvieron presos en espera de su extradición, Doña le llevaba comida a la mujer, primero en el reclusorio de Tepepan y luego en Santa Martha Acatitla.
En las largas colas de visitantes siempre platicaba con los familiares de las prisioneras. Un día la mamá de una de ellas le presentó a su hija, una drogadicta condenada a siete años por asaltar a un taxista.
Meses antes Ipiña Doña había encontrado casualmente un libro: Cómo escribir un blog. Decidió redactar uno "para explicar la lucha del pueblo vasco". Cuando escuchó la historia de esa drogadicta le nació el deseo de narrarla.
"Se me hizo interesante sacar a las calles las voces de las presas", recuerda. Así nació en 2008 el blog Cárcel de mujeres. Cada semana visitaba los reclusorios femeniles en busca de historias para contar.
En 2008 vio en televisión a Isabel Miranda de Wallace, de cuyo caso se enteró en 2005, cuando la empresa Showcase Publicidad inundó con anuncios espectaculares la Ciudad de México. En ellos aparecían los retratos de Jacobo Tagle, Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González, César Freyre y de los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, presuntos secuestradores del hijo de Miranda de Wallace. Debajo de los rostros, un mensaje exhortaba: "Se busca a los asesinos. Si los has visto denúncialos".
En el programa de televisión, la señora Wallace informó que Juana Hilda González, una de las imputadas por el asesinato de su hijo, estaba embarazada en la cárcel. El dato sorprendió al vasco, quien aprovechó su visita a Santa Martha el sábado siguiente para pedir a una amiga que le consiguiera una entrevista con Juana Hilda.
"Va. Pero, ¿qué le quieres preguntar? Luego los periodistas no escriben lo que escuchan", le contestó la amiga.
LABOR PERIODÍSTICA
La prisionera le concedió la entrevista, que publicó al día siguiente en su blog con el título "Habla Juana Hilda".
Acompañó el relato con el siguiente comentario: "Desde que me informan que está dispuesta a darme la entrevista y tras enterarme bien cómo está el caso, o más bien, enterarme cómo lo han presentado los medios de comunicación y la propia señora Miranda, tengo mis dudas en cuanto a lo que me pueda decir Juana Hilda, pues... ¿qué puede alegar o informarme si ya se ha declarado culpable?
"Sin embargo, tengo cierto interés por saber qué me puede decir ante tan contundentes pruebas en su contra. Ahora, después de la entrevista, no sólo creo que puede haber alguna posibilidad de que sea inocente sino que creo firmemente que lo es, cuando menos si las cosas sucedieron como las cuenta y creo que no tiene por qué cambiarlas."
Juana Hilda le juró que el 12 de julio de 2005 llegaron a su casa policías, personas vestidas de civil y una señora. Le preguntaron si ella conocía o era novia de Hugo Alberto Wallace. Dijo que no, que su novio era César Freyre, que se equivocaban y que la esperaba su amiga abajo para ir a comer. Según su relato, viajó ese mismo día a Estados Unidos para una gira de grabaciones de videos –era bailarina– y regresó 16 días después.
"Cuando Juana Hilda baja por la comida se encuentra con policías. Si has matado a alguien y aparecen tipos ahí, ¡sales volando y no vuelves en tu vida! Yo me escapé y tengo 35 años fuera de casa. Ella supuestamente se escapa a Estados Unidos tras haber matado al hijo de la señora... ¡y regresa! ¿Cómo vas a volver a tu departamento si mataste a alguien?", dice Ipiña Doña a Proceso.
Juana Hilda aseveró que el 11 de enero de 2006 la policía la detuvo en la entrada de su casa y la llevó a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. La retuvieron ahí hasta el 14 de enero, cuando la trasladaron a una casa de arraigo en la Colonia Doctores.
Según su relato, el 8 de febrero siguiente, tras largas sesiones de tortura –a una de las cuales, aseguró, asistió la señora Wallace–, le hicieron firmar sin asesoría legal una declaración en la que se reconocía culpable del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, lo que había negado en dos declaraciones previas. En dicha declaración "relató" cómo ella y cinco personas más lo mataron.
Juana Hilda le especificó a Ipiña Doña el contenido de esa declaración. Según este documento, la joven confesó haber ido al cine con Hugo Alberto y haberlo llevado más tarde a su departamento. Al entrar, un grupo de hombres se fueron encima de él y lo mataron. Después llevaron su cuerpo al baño y ahí lo descuartizaron.
"Es un departamento chiquito. No es posible que descuarticen a uno a la una de la madrugada con una sierra eléctrica. Nadie oyó nada. Entraron a revisar y encontraron una gota de sangre. Después del análisis se dieron cuenta que era de mujer. No hay una sola prueba que demuestre que lo mataron", se indigna Ipiña Doña.
Durante tres años el vasco difundió en su blog las "incoherencias del caso". Desde su punto de vista el juicio estaba plagado de "una serie de barbaridades tremendas". "Todo era mentira", añade. Precisa que las versiones se contradecían. Por ejemplo, afirma que Miranda de Wallace cita en el libro "El caso Wallace" a un niño que "habría visto a dos personas bajar las escaleras (del edificio de Juana Hilda) sosteniendo a un hombre lleno de sangre". El vasco pregunta cómo pudo ser eso, si supuestamente el cuerpo estaba descuartizado y lo sacaron en bolsas.
En su blog relata las sesiones de tortura que cada uno de los acusados dice haber sufrido, también descritas por Proceso en su número 1842 (19 de febrero de 2012).
Brenda Quevedo Cruz, otra de las acusadas en el caso Wallace, le aseguró que unas personas ajenas a la cárcel amenazaron con pincharla con una jeringa llena de un líquido rojo para que firmara una declaración. "Es sangre infectada de VIH", afirma que le dijeron. Refiere que también la torturaron con bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarla casi hasta la muerte.
El entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, le dio a Miranda de Wallace el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, y hasta rindió homenaje a "la prueba indiscutible del enorme poder que tiene la ciudadanía".
En esa ocasión ella declaró que si no hubiera tenido el respaldo del Estado, al encontrarse a los criminales "hubiera tenido que hacer justicia por mi propia mano, alejándome de quien soy, convirtiéndome en un verdugo".
Ipiña Doña afirma que al llevar a cabo sus investigaciones recibió un correo que le aconsejaba tener cuidado, ya que la señora Wallace "gozaba de mucho poder" en la administración panista.
"Todos sabíamos que era amiga de Felipe Calderón, de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la procuradora Marisela Morales", recuerda el vasco nacionalizado mexicano.
Durante el juicio contra Luis Miguel Ipiña no se mencionó el caso Wallace, pero él sostiene que su encarcelamiento se debió a la difusión en su blog de las "incoherencias" del mismo.
"Me metieron en la cárcel por un problema político. Preguntaron a la embajada de España si podrían extraditarme, pero todos los delitos en mi contra habían prescrito. Con el caso Wallace no me podían atacar legalmente. Pero no tengo duda: iban por el blog", afirma.
Cuando la página desapareció, dos periodistas –un canadiense y una francesa– lograron salvar información que les sirvió de base para alimentar otro blog en internet, Cárcel de mujeres 2. Denunciaban en éste el juicio de Ipiña Doña y el caso Wallace.
TRAS LAS REJAS
Al entrar en la cárcel el vasco empezó una huelga de sed y de hambre, que sostuvo dos y cuatro días, respectivamente, bajo la mirada incrédula de los otros reos. "Además, me presentaron como escritor y periodista", dice y ríe.
Como lo detuvieron por ser supuesto miembro de la ETA, su caso se consideró "político". Debido a ello recibió solidaridad y apoyo económico de sus excompañeros etarras.
Refiere que su estancia en el área de "procesados" del reclusorio fue bastante tranquila. "Con dinero te la llevas", afirma. Mediante el pago de 2 mil pesos a su llegada obtuvo un espacio propio para dormir y se salvó de la "talacha": pasar todo el día de rodillas limpiando el piso y el baño, así como llevar agua a la celda de 4 por 5 metros en la cual se apiñan entre 45 y 60 personas.
Asegura que nunca lo trataron mal. Hasta hizo amigos, como un custodio que le decía con afecto "terrorista". "Aquí por poner bombas, ¡50 años!", le repetía.
Durante su estancia en Chiconautla, cuenta, un agente del Ministerio Público le confesó: "Usted se metió con la Wallace y eso ya es otra cosa. Desde luego la señora está echando gritos".
Mientras estaba en la cárcel su abogado le proporcionaba noticias acerca del desarrollo de su proceso. Sólo lo acusaban de poseer un arma, afirma. El delito de tráfico desapareció. "Nunca me vinieron a preguntar a quién vendía armas porque sabían que todo era mentira", comenta. Su delito, de orden federal, implicaba una sanción de entre 6 y 12 años de prisión.
Salió de la cárcel el 30 de octubre de 2012, después de que el Juez rechazó una apelación que interpuso el Ministerio Público. Al salir, sus amigos periodistas le propusieron transferirle la operación de Cárcel de Mujeres 2. Se los agradeció, pero prefirió volver a empezar desde cero. Abrió su nuevo blog carcelesdemujeres.wordpress.com, que sigue alimentando.
De regreso a su casa encontró un caos. Todas sus cosas estaban apiladas encima de su cama. Se habían llevado su reloj, un aparato para medir la presión arterial, un diccionario enciclopédico de 12 tomos al cual le tenía mucho cariño, 1 mil 800 pesos en efectivo e incluso el libro "El Caso Wallace".
Pero más grave: le faltaban su computadora, sus anotaciones, expedientes y sus discos en los cuales tenía borradores de varios libros. "¡Me destruyeron todo el trabajo! Durante la inquisición quemaban libros; ahora te desaparecen tus escritos. ¡Es un terrible atentado a la libertad de expresión!".
Durante su estancia en Chiconautla, lo que quería era hablar para exponer la verdad. Su experiencia lo acabó de convencer de la inocencia de Brenda, Jacobo, Juana Hilda, César y los hermanos Castillo.
No duda que Miranda de Wallace se encuentra detrás de su detención, lo que revela que tenía mucho poder. "Ojalá ya no lo tenga porque ha cambiado el gobierno, ¿no?", confía.
LA MISTERIOSA GOTA DE SANGRE
Anabel Hernández / Proceso
Como todo el caso Wallace, la versión oficial del secuestro y asesinato de Hugo Alberto también es endeble. La prueba principal del supuesto homicidio es una gota de sangre que no podría pertenecer a la víctima, pues empata con el ADN de un hombre que no es su padre biológico, como lo demuestra su primera acta de nacimiento. Esa gota de sangre –tal vez perteneciente a una mujer– a partir de la cual se construyó el caso, pudo haber sido sembrada meses después de los hechos denunciados por Isabel Miranda.
MÉXICO, D.F., (Proceso).- La gota de sangre que fue la prueba pericial clave en el caso del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y la cual se dio por buena pues coincidió con los ADN tanto de la señora María Isabel Miranda Torres como de José Enrique Wallace Díaz, es ahora la misma que podría sepultar las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde el principio, Miranda Torres dio al Ministerio Público información falsa. En su declaración del 23 de julio de 2005, a pocos días del supuesto asesinato de su hijo, afirmó: "Contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968 con quien procreé dos hijos de nombres Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda". Se trataba de establecer que el padre biológico de Hugo Alberto era Wallace Díaz.
En febrero de 2006 la gota de sangre fue encontrada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el departamento de la calle Perugino, el cual no había sido custodiado por la PGR durante medio año. El ADN de esa sangre coincidió con el de Wallace y Miranda; la conclusión fue que su hijo había sido secuestrado y asesinado en ese lugar el 11 de julio de 2005.
Pero la declaración de Miranda Torres difiere de la registrada en documentos oficiales, y eso echa por tierra la prueba pericial del supuesto delito.
Según el acta de matrimonio número 76, asentada en el libro 16, en el Juzgado 20 correspondiente a la delegación Coyoacán, Miranda Torres y Wallace Díaz se casaron en septiembre de 1978, no en 1968. En el acta quedó registrado que vivían en lugares distintos; él comerciante, ella dedicada al hogar. Firmaron como testigos Miriam Wallace, hermana de José Enrique, y Roberto, Guadalupe y Fausto Miranda, hermanos de María Isabel.
De acuerdo con la propia acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres y la primera acta de nacimiento de su hijo, ella es pariente de Jacinto Miranda Jaimez, quien se halla anotado como padre de Hugo Alberto.
Al comparar estos datos, incongruentes unos con otros, la paternidad de la supuesta víctima aparece como falseada; en consecuencia, el resultado de la prueba de ADN no podría demostrar el homicidio de Hugo Alberto.
Según los documentos publicados en este semanario (Proceso 1961), Hugo Alberto, nacido el 12 de octubre de 1969, tenía dos actas de nacimiento cuando supuestamente ocurrió su asesinato: la primera, de enero de 1970, emitida en el Distrito Federal con los apellidos Miranda Torres; la segunda, de noviembre de 1975, expedida en Texcoco, Estado de México, con los apellidos Wallace Miranda.
En los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres fue utilizada en 2010 para tramitar una Clave Única de Registro de Población.
Esa información no ha sido desmentida por la Segob.
UNA "PEQUEÑA TRAMPA"
Proceso obtuvo nueva información relacionada con el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres –quien es la misma persona que Hugo Alberto Wallace Miranda– expedida en la delegación Milpa Alta el 15 de enero de 1970.
Jacinto Miranda Jaimez quedó registrado como padre de Hugo Alberto y María Isabel Miranda Torres aparece usando el nombre de Isabel Torres Romero y aumentándose la edad (declaró tener 21 años, pero tenía 18).
El de Isabel Torres Romero se armó a partir del nombre de su abuela paterna, Isabel. El primer apellido es el de su abuelo materno, Torres. Romero es el primer apellido de su abuela paterna.
No era la primera vez que Miranda Torres hacía una "pequeña trampa", como dice Martín Moreno en su libro Caso Wallace, con prólogo de la propia Miranda Torres: en el capítulo "Isabel" narra cómo hizo para hacerse pasar por una persona de 18 años y no de 14, que tenía realmente, para conseguir empleo:
"En la Universidad Motolinía estudió Comercio. Gracias a la mecanografía y a una pequeña trampa en sus documentos oficiales, tuvo su primer trabajo a los 14 años en la aseguradora La Territorial. En sólo tres meses ya era secretaria del director general", dice el libro, el cual no especifica en qué consistió la "trampa en sus documentos oficiales".
En el acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres –expedida el 27 de diciembre de 1951 y de la cual este semanario tiene copia– se señala que nació el 27 de mayo de 1951 en Huasteca 319, Distrito Federal; en este documento se refleja su edad real y no pudo ser el que presentó para conseguir empleo siendo menor de edad.
Pero con el nombre de Isabel Torres Romero, María Isabel Miranda Torres sí pudo simular que tenía cuatro años más. De ahí la diferencia de edades entre Miranda Torres y Torres Romero, la madre de Hugo Alberto según una de sus actas de nacimiento.
Hugo Alberto no fue registrado con el apellido Wallace Miranda hasta los seis años, el 19 de noviembre de 1975, siete meses después del nacimiento de su hermana Claudia; ella nació en abril de ese año y fue registrada de inmediato.
Enrique Wallace estuvo casado con María Guadalupe Magallanes. Cuando conoció a Miranda Torres, Hugo Alberto ya había nacido.
Jacinto Miranda Jaimez, quien aparece en la primera acta de nacimiento como padre de Hugo Alberto, y María Isabel Miranda Torres, eran parientes. Esa podría ser la razón por la cual ella se cambió el nombre y la edad.
Pese a que se ha citado en varias ocasiones a José Enrique Wallace a ampliar su declaración sobre el caso de Hugo Alberto, ya que él fue el primero en denunciar su desaparición ante la procuraduría capitalina, hasta la fecha no lo ha hecho aunque incluso se emitió una orden de arresto por desacato a los citatorios.
El 9 de noviembre de 2006, ante el juez y cuando le pidieron que revelara el paradero de Enrique Wallace, Miranda Torres afirmó que desconocía dónde se encontraba: "En virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado", dijo.
No obstante, en 2012, cuando estaba en campaña por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México bajo las siglas del PAN, Miranda Torres se presentó en varios actos acompañada por Wallace.
TESTIMONIOS IGNORADOS
La PGR dice haber recogido una muestra de sangre de Hugo Alberto Wallace Miranda en el departamento 4 de Perugino 6, en la colonia Extremadura Insurgentes, el 14 de febrero de 2006, meses después del supuesto secuestro y homicidio. Esa muestra fue examinada por peritos de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, y cuando se comparó con la muestra de ADN de Miranda Torres y el supuesto padre biológico José Enrique Wallace, resultó positiva.
Como María Isabel Miranda Torres había hecho creer que José Enrique Wallace era el padre biológico, la prueba se dio por buena para declarar que sí había ocurrido el homicidio, como la propia Miranda Torres había declarado a la PGR con base en una supuesta investigación que dice haber realizado ella misma ante la negligencia de las autoridades.
En el informe de la perito Yanet Rogel Montes, fechado el 20 de marzo de 2006, se señala que la muestra corresponde a un cromosoma de mujer (XX). Pero la misma perito declaró el 10 de julio de 2006 que había cometido un "error de dedo" y el cromosoma era XY (hombre). Y afirmó que la muestra tenía una seguridad casi de cien por ciento con los perfiles genéticos de Wallace y Miranda.
Por cierto, la pareja Wallace-Miranda tuvo una hija en 1975, de quien pudiera ser la gota de sangre encontrada en el departamento de la calle Perugino.
De acuerdo con la declaración de la perito, el documento de análisis de la muestra de sangre es un "informe" y no un "dictamen", pues la muestra de sangre recogida en el departamento nunca fue confrontada con una muestra de ADN de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Rogel señaló en su declaración ministerial: "Un informe es un documento emitido por el perito donde se entregan resultados, pero no existe un análisis de comparación o de confronta con otras muestras biológicas, mientras que el dictamen es un documento que emite el perito donde también se entregan resultados pero existen elementos de confronta con otras muestras biológicas".
Dentro de esta maraña de incongruencias e irregularidades, la pregunta es cómo la Procuraduría General de la República –responsable de la averiguación previa del supuesto homicidio de Hugo Alberto, la PGR/SIEDO/UEIS/146/2005– pudo haber permitido que en el caso se introdujera o sembrara una prueba falsa.
Además, la dependencia ignoró los testimonios que obran en la causa penal 35/2006-II, en la cual cuatro vecinos del edificio de Perugino 6 –Jesús Noel Montano Gainza, Emmanuel Sánchez Ledezma, Raúl Carvallo Thome y Karla Fabiola Sánchez Cadena– declararon ante el Ministerio Público que entre la noche del 11 de julio de 2005 y la mañana del día siguiente no escucharon ningún ruido extraño ni se percataron de ningún hecho violento en el inmueble.
La PGR tampoco hizo caso de las declaraciones ministeriales de cuatro personas allegadas a Hugo Alberto Wallace –Carlos Colorado Martínez, cuidador de la casa donde vivía; Rodolfo Munguía López, su empleado; Isabel Neri Lujano, empleada doméstica, y su exnovia Vanessa Bárcenas Díaz– quienes reconocieron que la voz grabada en un mensaje dejado en el teléfono 55 52 08 15 12, de José García Sepúlveda, el 1 de noviembre de 2005 a las 3:28 de la mañana, meses después de ocurrido el homicidio, correspondía a la de la presunta víctima.
El agente del Ministerio Público responsable del caso desde un inicio fue Braulio Robles Zúñiga, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, quien estuvo relacionado con el homicidio de Guillermo Vélez Mendoza en 2002, por el cual la PGR fue condenada en 2006 a pagar una millonaria indemnización por haberlo torturado hasta la muerte tras acusarlo falsamente de cometer un secuestro.
EL CAREO DE LOS INCULPADOS EN EL CASO WALLACE
Los Angeles Press
REVISTA PROCESO 8 de JUNIO 2014
Usted se metió con la Wallace (download)
Caso Wallace La misteriosa gota de sangre
PueblaDirecto
Como todo el caso Wallace, la versión oficial del secuestro y asesinato de Hugo Alberto también es endeble. La prueba principal del supuesto homicidio es una gota de sangre que no podría pertenecer a la víctima, pues empata con el ADN de un hombre que no es su padre biológico, como lo demuestra su primera acta de nacimiento. Esa gota de sangre –tal vez perteneciente a una mujer– a partir de la cual se construyó el caso, pudo haber sido sembrada meses después de los hechos denunciados por Isabel Miranda.
La gota de sangre que fue la prueba pericial clave en el caso del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y la cual se dio por buena pues coincidió con los ADN tanto de la señora María Isabel Miranda Torres como de José Enrique Wallace Díaz, es ahora la misma que podría sepultar las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde el principio, Miranda Torres dio al Ministerio Público información falsa. En su declaración del 23 de julio de 2005, a pocos días del supuesto asesinato de su hijo, afirmó: “Contraje matrimonio con el señor Enrique Wallace Díaz el año de 1968 con quien procreé dos hijos de nombres Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda”. Se trataba de establecer que el padre biológico de Hugo Alberto era Wallace Díaz.
En febrero de 2006 la gota de sangre fue encontrada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el departamento de la calle Perugino, el cual no había sido custodiado por la PGR durante medio año. El ADN de esa sangre coincidió con el de Wallace y Miranda; la conclusión fue que su hijo había sido secuestrado y asesinado en ese lugar el 11 de julio de 2005.
Pero la declaración de Miranda Torres difiere de la registrada en documentos oficiales, y eso echa por tierra la prueba pericial del supuesto delito.
Según el acta de matrimonio número 76, asentada en el libro 16, en el Juzgado 20 correspondiente a la delegación Coyoacán, Miranda Torres y Wallace Díaz se casaron en septiembre de 1978, no en 1968. En el acta quedó registrado que vivían en lugares distintos; él comerciante, ella dedicada al hogar. Firmaron como testigos Miriam Wallace, hermana de José Enrique, y Roberto, Guadalupe y Fausto Miranda, hermanos de María Isabel.
De acuerdo con la propia acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres y la primera acta de nacimiento de su hijo, ella es pariente de Jacinto Miranda Jaimez, quien se halla anotado como padre de Hugo Alberto.
Al comparar estos datos, incongruentes unos con otros, la paternidad de la supuesta víctima aparece como falseada; en consecuencia, el resultado de la prueba de ADN no podría demostrar el homicidio de Hugo Alberto.
Según los documentos publicados en este semanario (Proceso 1961), Hugo Alberto, nacido el 12 de octubre de 1969, tenía dos actas de nacimiento cuando supuestamente ocurrió su asesinato: la primera, de enero de 1970, emitida en el Distrito Federal con los apellidos Miranda Torres; la segunda, de noviembre de 1975, expedida en Texcoco, Estado de México, con los apellidos Wallace Miranda.
En los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres fue utilizada en 2010 para tramitar una Clave Única de Registro de Población.
Esa información no ha sido desmentida por la Segob.
Una “pequeña trampa”
Proceso obtuvo nueva información relacionada con el acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda Torres –quien es la misma persona que Hugo Alberto Wallace Miranda– expedida en la delegación Milpa Alta el 15 de enero de 1970.
Jacinto Miranda Jaimez quedó registrado como padre de Hugo Alberto y María Isabel Miranda Torres aparece usando el nombre de Isabel Torres Romero y aumentándose la edad (declaró tener 21 años, pero tenía 18).
El de Isabel Torres Romero se armó a partir del nombre de su abuela paterna, Isabel. El primer apellido es el de su abuelo materno, Torres. Romero es el primer apellido de su abuela paterna.
No era la primera vez que Miranda Torres hacía una “pequeña trampa”, como dice Martín Moreno en su libro Caso Wallace, con prólogo de la propia Miranda Torres: en el capítulo “Isabel” narra cómo hizo para hacerse pasar por una persona de 18 años y no de 14, que tenía realmente, para conseguir empleo:
“En la Universidad Motolinía estudió Comercio. Gracias a la mecanografía y a una pequeña trampa en sus documentos oficiales, tuvo su primer trabajo a los 14 años en la aseguradora La Territorial. En sólo tres meses ya era secretaria del director general”, dice el libro, el cual no especifica en qué consistió la “trampa en sus documentos oficiales”.
En el acta de nacimiento de María Isabel Miranda Torres –expedida el 27 de diciembre de 1951 y de la cual este semanario tiene copia– se señala que nació el 27 de mayo de 1951 en Huasteca 319, Distrito Federal; en este documento se refleja su edad real y no pudo ser el que presentó para conseguir empleo siendo menor de edad.
Pero con el nombre de Isabel Torres Romero, María Isabel Miranda Torres sí pudo simular que tenía cuatro años más. De ahí la diferencia de edades entre Miranda Torres y Torres Romero, la madre de Hugo Alberto según una de sus actas de nacimiento.
Hugo Alberto no fue registrado con el apellido Wallace Miranda hasta los seis años, el 19 de noviembre de 1975, siete meses después del nacimiento de su hermana Claudia; ella nació en abril de ese año y fue registrada de inmediato.
Enrique Wallace estuvo casado con María Guadalupe Magallanes. Cuando conoció a Miranda Torres, Hugo Alberto ya había nacido.
Jacinto Miranda Jaimez, quien aparece en la primera acta de nacimiento como padre de Hugo Alberto, y María Isabel Miranda Torres, eran parientes. Esa podría ser la razón por la cual ella se cambió el nombre y la edad.
Pese a que se ha citado en varias ocasiones a José Enrique Wallace a ampliar su declaración sobre el caso de Hugo Alberto, ya que él fue el primero en denunciar su desaparición ante la procuraduría capitalina, hasta la fecha no lo ha hecho aunque incluso se emitió una orden de arresto por desacato a los citatorios.
El 9 de noviembre de 2006, ante el juez y cuando le pidieron que revelara el paradero de Enrique Wallace, Miranda Torres afirmó que desconocía dónde se encontraba: “En virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”, dijo.
No obstante, en 2012, cuando estaba en campaña por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México bajo las siglas del PAN, Miranda Torres se presentó en varios actos acompañada por Wallace.
Testimonios ignorados
La PGR dice haber recogido una muestra de sangre de Hugo Alberto Wallace Miranda en el departamento 4 de Perugino 6, en la colonia Extremadura Insurgentes, el 14 de febrero de 2006, meses después del supuesto secuestro y homicidio. Esa muestra fue examinada por peritos de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, y cuando se comparó con la muestra de ADN de Miranda Torres y el supuesto padre biológico José Enrique Wallace, resultó positiva.
Como María Isabel Miranda Torres había hecho creer que José Enrique Wallace era el padre biológico, la prueba se dio por buena para declarar que sí había ocurrido el homicidio, como la propia Miranda Torres había declarado a la PGR con base en una supuesta investigación que dice haber realizado ella misma ante la negligencia de las autoridades.
En el informe de la perito Yanet Rogel Montes, fechado el 20 de marzo de 2006, se señala que la muestra corresponde a un cromosoma de mujer (XX). Pero la misma perito declaró el 10 de julio de 2006 que había cometido un “error de dedo” y el cromosoma era XY (hombre). Y afirmó que la muestra tenía una seguridad casi de cien por ciento con los perfiles genéticos de Wallace y Miranda.
Por cierto, la pareja Wallace-Miranda tuvo una hija en 1975.
De acuerdo con la declaración de la perito, el documento de análisis de la muestra de sangre es un informe y no un dictamen, pues la muestra de sangre recogida en el departamento nunca fue confrontada con una muestra de ADN de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Rogel señaló en su declaración ministerial: “Un informe es un documento emitido por el perito donde se entregan resultados, pero no existe un análisis de comparación o de confronta con otras muestras biológicas, mientras que el dictamen es un documento que emite el perito donde también se entregan resultados pero existen elementos de confronta con otras muestras biológicas”.
Dentro de esta maraña de incongruencias e irregularidades, la pregunta es cómo la Procuraduría General de la República –responsable de la averiguación previa del supuesto homicidio de Hugo Alberto, la PGR/SIEDO/UEIS/146/2005– pudo haber permitido que en el caso se introdujera o sembrara una prueba falsa.
Además, la dependencia ignoró los testimonios que obran en la causa penal 35/2006-II, en la cual cuatro vecinos del edificio de Perugino 6 –Jesús Noel Montano Gainza, Emmanuel Sánchez Ledezma, Raúl Carvallo Thome y Karla Fabiola Sánchez Cadena– declararon ante el Ministerio Público que entre la noche del 11 de julio de 2005 y la mañana del día siguiente no escucharon ningún ruido extraño ni se percataron de ningún hecho violento en el inmueble.
La PGR tampoco hizo caso de las declaraciones ministeriales de cuatro personas allegadas a Hugo Alberto Wallace –Carlos Colorado Martínez, cuidador de la casa donde vivía; Rodolfo Munguía López, su empleado; Isabel Neri Lujano, empleada doméstica, y su exnovia Vanessa Bárcenas Díaz– quienes reconocieron que la voz grabada en un mensaje dejado en el teléfono 55 52 08 15 12, de José García Sepúlveda, el 1 de noviembre de 2005 a las 3:28 de la mañana, meses después de ocurrido el homicidio, correspondía a la de la presunta víctima.
El agente del Ministerio Público responsable del caso desde un inicio fue Braulio Robles Zúñiga, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, quien estuvo relacionado con el homicidio de Guillermo Vélez Mendoza en 2002, por el cual la PGR fue condenada en 2006 a pagar una millonaria indemnización por haberlo torturado hasta la muerte tras acusarlo falsamente de cometer un secuestro.
Pruebas y testigos contra el caso Wallace, segunda parte
LosAngelesPress
Detalle de imagen usada para la portada del libro El caso Wallace, editado por Ed. Aguilar.
Por Guadalupe Lizárraga
Segunda parte
LOS ÁNGELES, California.- Las evidencias sobre rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda dados a conocer por Los Ángeles Press, el pasado 31 de mayo, indignaron fuertemente a su madre Isabel Miranda Torres. “Que den pruebas, no suposiciones”, escribió a esta periodista por su cuenta de Twiter @WallaceIsabel y abundó por el mismo medio descalificando la información periodística: “los delincuentes se mienten tanto a sí mismos que se creen sus propias mentiras…”.
En el primer contacto por la misma cuenta, Miranda adjuntó la imagen de una denuncia en contra de Ámbar Treviño Pérez, quien fue abogada de la inculpada Brenda Quevedo Cruz, en 2010. En el documento se señala la orden de acción penal PGR/SIEDO/UEIS/144/2010 en contra de Treviño por supuestos delitos de “falsificación de documentos, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, responsabilidad profesional y delincuencia organizada con finalidad de cometer secuestro”.
Por esta acusación, se libró la orden de aprehensión contra la abogada Ámbar Treviño y estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010. El Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos y le dictó el auto de libertad –el 6 de mayo– bajo el Exhorto Número 67/2010 del Juez Decimoquinto de Procesos penales “por falta de elementos para procesar en favor a Ámbar Treviño por los antijurídicos de falsificación de documentos…”. Isabel Miranda no desconoce este dictamen, y sin embargo, sigue usando una denuncia presentada por ella misma como prueba de «delincuencia organizada con intención de secuestro» en flagrante calumnia contra la abogada.
cortado
Fragmento del auto de libertad en favor de Ámbar Treviño, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Procedimientos Penales exhorto número 27/2010.
El perjurio de Isabel Miranda ante la Corte de Chicago
Otra de las pruebas que delataron a Isabel Miranda sobre la manipulación del caso Wallace es el delito de perjurio cometido contra la Corte de Chicago en Illinois, el 6 de enero de 2008, al haber presentado una carta apócrifa de no antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto Wallace.
Brenda Quevedo Cruz, refugiada en Estados Unidos después de la acusación pública de Miranda en 2006, fue localizada y detenida en Louisville, Kentucky en 2008. Los agentes de Migración la internaron en un centro de detención en Chicago, donde enfrentó el juicio de deportación. Fue cuando la Corte de Chicago solicitó el récord de los antecedentes criminales tanto de la inculpada como de la presunta víctima de secuestro Hugo Alberto Wallace Miranda.
Quevedo Cruz no tuvo antecedentes penales. Wallace Miranda, por el contrario, había sido procesado por el delito de “contrabando” en 2001. Sin embargo, el documento presentado a la Corte de Chicago por su madre afirmaba:
“Hugo Alberto Wallace Miranda does not have any preliminary investigations, court orders or criminal background for a crime for local matters in this Attorney General’s Office”.
La misiva en inglés contiene un logo alterado del Gobierno de la Ciudad de México y el membrete de la Procuraduría General de la República con el número 203/2606/08-10. Incluía supuestamente la firma del entonces fiscal Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Juan Maya Avilés (actualmente retirado del cargo).
La Secretaría de Seguridad Pública en México es quien realiza los trámites de no antecedentes penales, y para ello se requiere el acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente y credencial de elector presentado por el interesado. De acuerdo a la información oficial, si éste no puede asistir, lo puede tramitar un familiar directo, con carta poder firmada por el interesado. Ante la pregunta de esta periodista a la funcionaria pública que atiende dichas solicitudes de si era posible otorgar una carta de no antecedentes penales a una persona fallecida a petición de la madre, respondió sin cortapisas que no, pero continuó: “A menos que sea una institución que lo solicite a nuestra institución, esto es que mande un oficio por escrito a la secretaría” –y reiteró– “una solicitud de institución a institución, esos son casos especiales en los que no se niega”.
–¿Puede un fiscal de Autosecuestros firmar una carta de no antecedentes penales, suponiendo que se solicitó de institución a institución? –preguntó la periodista.
–No, de ninguna manera. Ningún fiscal está autorizado para firmar esos documentos, sólo los directores y, por ausencia, los subdirectores –respondió la funcionaria.
–Tengo copia de una carta de no antecedentes penales presentada en una Corte de Estados Unidos, firmada por un fiscal de Antisecuestros y con un sello de la Ciudad de México y membrete de la PGR. La carta es de 2008, ¿esto posible, es decir, podría ser legal?
–No es posible. Le repito, ningún fiscal firma cartas de no antecedentes penales, eso no es una política nueva, es nuestro reglamento. Pero además nosotros dependemos de la Segob (Secretaría de Gobernación), no del Gobierno de la Ciudad de México. La carta de no antecedentes penales la expide la Secretaría de Seguridad Pública y las cartas llevan el sello de la Segob.
La explicación de la funcionaria coincidió con la información del sitio oficial de la PGR en la red: “La Procuraduría General de la República no expide cartas de no antecedentes penales, toda vez que éstas son solicitadas a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”.
El gobierno mexicano, a través del agente del Ministerio Público, Jesús Andrés Hernández López, desmintió a Isabel Miranda y presentó una declaración jurada en apoyo de la petición de extradición de Brenda Quevedo Cruz, al localizar información criminal a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda. En este documento, se hizo referencia a la orden de reaprehensión por el Juez Decimotercero de Distrito de Procedimientos Penales Federales dentro de la causa 196/2001. En su declaración dijo el agente que Wallace fue liberado bajo fianza por la cantidad de $14,665.00 pesos mexicanos (USD$ 1,173).
De acuerdo con la argumentación de la defensa de Quevedo Cruz en el juicio de deportación, realizada por el abogado Stanley J. Horn, y el despacho jurídico en el que trabajaba entonces “Horn, Khalaf, Abuzir, Mitchell & Schmitd”, el gobierno mexicano no proveía las suficientes evidencias de que su cliente hubiera participado en el supuesto crimen y le resultaba “cuestionable la veracidad de las confesiones” de los imputados que habían intentado retractarse.
“De hecho, la evidencia proveída por el gobierno –señaló Horn en el alegato de ocho páginas– junto con las explicaciones de la acusada son radicalmente diferentes. La falta de evidencia del gobierno es todavía más cuestionable basada en la información proveída por Quevedo Cruz que demuestra una excelente probabilidad de que la supuesta víctima esté viva, incluyendo los récords de llamadas telefónicas, correos electrónicos y testimonios…”. La defensa de Quevedo concluyó que si a su cliente la deportaban sería torturada en México para obligarla a incriminarse. Tal como sucedió, aunque no se ha incriminado hasta la fecha, pese a haber sufrido dos torturas y la violación sexual de sus agresores, el 27 de noviembre de 2009 y el 13 de octubre de 2010.
El esposo de Isabel Miranda, sin comparecer
La evidencia más contundente para Isabel Miranda Torres ha sido la prueba de ADN obtenida de un elemento piloso y una gota de sangre, encontrados en el departamento de Perugino #6, supuesto lugar del crimen, correspondiente al perfil biológico de su cónyuge José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Sin embargo, una segunda acta de nacimiento que se dio a conocer en la primera parte de este reportaje revela que él no es el padre biológico de Hugo Alberto. A Enrique Wallace se le citó a declarar en varias ocasiones, pero su esposa, Isabel Miranda, respondió, al Juez Décimo Sexto de Distrito de Procedimientos Penales el 9 de noviembre de 2006 que no tenía comunicación con él y desconocía su paradero:
“…me permito informar a usted que desconozco dónde pueda ser localizado el C. José Enrique del Socorro Wallace Díaz en virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad, no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”.
Posterior a esa fecha, a Isabel Miranda y Enrique Wallace se les ha visto en diferentes ocasiones en eventos sociales. Uno de éstos fue el 15 de diciembre de 2011, el cual se trataba de un festejo de cumpleaños de un alto funcionario, cuyo evento fue amenizado por el Mariachi de la Secretaría de Marina. Incluso en la campaña política de Miranda cuando aspiró a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal en 2012, Enrique Wallace acompañó a su esposa en varios eventos políticos. No obstante, desde 2006 hasta la fecha no se le ha obligado a presentarse ante el Ministerio Público para responder a la solicitud de la autoridad.
En evento social de 2011
En evento político de 2012
En la campaña a la jefatura de Gobierno en 2012. Foto: red
El torturador, de las confianzas de Isabel Miranda
Dos de los inculpados identificaron al agente del Ministerio Público, Oswaldo Jiménez Juárez, como su torturador: Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín. Por parte de la defensa de Quevedo se presentó una inconformidad de no acción penal contra Jiménez Juárez ante la Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la indiferencia de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor de Quevedo Cruz, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a Quevedo por la tortura recibida el 27 de noviembre de 2009.
NO Ejercicio de la Accion Penal A.P. 411 AP DGDCSPI 11. 06 Jul 2012. 2
En la reciente audiencia pública del 5 de marzo de 2014 en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, que presidió el Juez Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres inculpados con la causa penal 35/2006, estuvieron presentes María Isabel Miranda, su hermano Roberto Miranda, defensores de oficio, secretario y el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez.
En el careo, tanto Jacobo Tagle como César Freyre deslindaron a Brenda Quevedo de toda responsabilidad. Incluso, ratificaron que ella no conocía personalmente a Hugo Alberto Wallace Miranda, sólo había escuchado hablar de él. Según el análisis del abogado especialista, Luis Vargas, de la Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos, “los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y César Freyre durante el careo, refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio”.
Abunda Vargas que las declaraciones por parte de los co-procesados que llegaron a incriminar a Brenda al inicio del proceso “fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo”.
Jacobo Tagle, en su declaración preparatoria, ya había expuesto que “fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz”. César Freyre también manifestó que Brenda no fue partícipe del crimen y afirmó haber sido víctima de tortura física y mental, por lo que puso una denuncia ante la Corte Interamericana de derechos Humanos por los actos de tortura.
En la audiencia, era la primera vez que leía un documento el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez. Fue cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Veracruz.
Después de esta denuncia, Jacobo Tagle fue trasladado con “carácter urgente” al penal del Altiplano en Guanajuato, a solicitud de José Luis Musi Nahmías, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, según el oficio SEGOB/OADPRS/20847/2014, con fecha del 12 de mayo. La defensa de Tagle solicitó el motivo de traslado y de incomunicación, y la respuesta del Juez Cuarto de Distrito de Procedimientos Penales, Ricardo Garduña Pasten, fue que había sido “por seguridad” porque lo estaban “molestando verbalmente” de acuerdo al alegato de Musi. La familia, por su parte, declaró a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad que Jacobo Tagle no estaba siendo hostigado en el penal como para decidir con urgencia su traslado y mantenerlo incomunicado, “Jacobo estaba bien”, enfatizó a la organización de derechos humanos.
Martes 27 de julio de 2010, al salir de la de la audiencia. Foto: Alfonso García/Metro
En la imagen, de izquierda a derecha, se encuentra Roberto Miranda (hermano de Isabel Miranda), Oswaldo Jiménez Juárez, Isabel Miranda, el abogado Ricardo Martínez Chávez y el sobrino de Isabel Miranda. La evidente relación entre Miranda y el agente ministerial identificado como responsable de tortura Oswaldo Jiménez Juárez con Miranda, sin embargo no ha sido investigada por las autoridades, pese a las denuncias de los inculpados y la valoración psiquiátrica certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como Protocolo de Estambul, tanto de Brenda Quevedo como de Jacobo Tagle.
Los nacimientos de Isabel Miranda
Isabel Miranda, además de tener varias versiones de su vida, ha usado diferentes nombres personales, ha dado diferentes nombres de padres y diferentes fechas de nacimiento. Los ha utilizado en documentos oficiales, como en el acta de nacimiento de su hijo Hugo Alberto Miranda Torres, bajo el nombre de Isabel Torres y el padre Jacinto Miranda Jaimez, que ya se reportó en la primera parte. Miranda señaló el pasado 1 de junio en su cuenta de Twitter que no sabía quién era «Isabel Torres», pero guardó silencio con el nombre de su hijo de apellidos Miranda Torres y de su primera pareja, que se separó de ella después de haber registrado a su hijo en 1970.
Crédito: Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
Isabel Miranda –en entrevistas a los medios– ha dado, al menos, cuatro fechas de nacimiento: 1949, 1951 (con dos fechas distintas) y 1955. A CNN, por ejemplo, dijo que había nacido el 27 de mayo de 1951 y así fue difundido por la televisora, mientras que al El Universal le especificó el 17 de enero de 1951. Pero en las actas de nacimiento y el CURP de Hugo Alberto, así como en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, del que ella es la única fuente, coinciden en que la fecha de nacimiento de su hijo es el 12 de octubre de 1969. Si ella hubiese nacido en 1951, habría tenido su hijo a los 16 años; edad en la que dijo haberse casado con Enrique Wallace. El acta de reconocimiento a Hugo Alberto, por parte de Wallace Díaz se expidió con fecha del 19 de noviembre de 1975, año en que nació su hija Claudia, y Hugo Alberto tenía seis años de edad.
Si Isabel Miranda hubiese nacido en 1955, como ha sostenido a TV Azteca y a la Revista Quién, entre otros medios, y siguiendo la fuente de su biógrafo Martín Moreno, habría tenido a su hijo a los doce años de edad. Sin embargo, en las actas de nacimiento de su hijo, con lo apellidos «Wallace Miranda» ella dice tener 24 años de edad, y en la de «Miranda Torres», 21 años.
Isabel Miranda también ha cambiado los nombres de su padre. refiriendo los nombres de Fausto Miranda, Heriberto Miranda y Alfredo Torres, usados también en documentos oficiales. En el caso de la madre, el nombre de pila ha sido constante: Mónica, pero varía en los apellidos: Torres Jaimes y Romero.
Quiénes han visto a Hugo Alberto Wallace
Hay siete testigos que afirman haber visto a Hugo, en diferentes fechas posteriores al supuesto homicidio. Algunos de estos testigos cuando informaron a las autoridades judiciales de haber sido testigos visuales, o de evidencias como llamadas por teléfonos, mensajes de texto, correos electrónicos, gastos con tarjeta de crédito a su nombre, fueron hostigados por Isabel Miranda y acusados de intentar extorsionarla o de querer “dañar a su familia”.
Uno de estos casos fue el del empresario José Luis Moya, pareja sentimental de la mejor amiga de Hugo Alberto en 2005, quien después de dar su testimonio, en 2006, de manera contundente a las dos procuradurías, la federal y la del DF, Isabel Miranda lo acusó públicamente a los medios de intento de extorsión. Incluso, en su última comparecencia, dos horas antes fue amenazado de muerte.
En su declaración, Moya afirmó que tenía información de que Hugo estaba vivo:
“(…) que tengo información que consta que se encuentra con vida Hugo Alberto Wallace Miranda, y según declaración de la señora Isabel, dice que estoy interfiriendo y tengo documentación del secuestro, lo cual es falso, porque no he interferido en su investigación en ningún lado y solicito a esa representación social que acredite con pruebas la señora Wallace y sus testigos cómo he interferido en su investigación y contrariamente a sus falsas imputaciones de extorsión que hizo públicas en televisión y medios de prensa. Omitió la señora Informar que antes de su denuncia ya nos habíamos presentado voluntariamente a las dos procuradurías y al programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, para ponernos públicamente a disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las indagatorias y tan es así que cuando recibí los primeros mensajes de Hugo Alberto, informe telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios, siendo, al respecto declaro que he recibido mensajes telefónicos vía TELCEL, supuestamente de Hugo Wallace, y se confirme la posible autenticidad de los mismos en un principio porque se le hicieron preguntas claves de información que solamente entre él y Laura Domínguez conocían, y es de hacer notar a esta representación social de la federación que antes de tener el contacto supuestamente con Hugo, recibimos información y documentación de un supuesto informante que también nos informó que Hugo Wallace estaba vivo, y en el teléfono celular 5533337676, Hugo Wallace presuntamente ha tenido múltiples conversaciones con Laura”.
Laura Domínguez, amiga muy cercana a Hugo Alberto Wallace y de muchos años, también fue amedrentada por Miranda y no quiso volver a hablar del tema, después de que ella misma le había pedido a José Luis Moya que le ayudara a buscar a su amigo. Cuando Moya empezó a tener resultados contundentes de la investigación y parte de ésta la dio a conocer en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Miranda mostró su hostilidad hacia ellos que ayudaban con la investigación, y poco después se convirtieron en el blanco de sus amenazas. Laura Domínguez pidió a la defensa de los inculpados que no la buscaran, porque su vida estaba en riesgo.
Otra de las personas intimidadas por Miranda fue el padre biológico de Hugo Alberto, el señor Jacinto Miranda, quien en una reunión privada también enfatizó a la defensa de los inculpados: “por favor, no me vayan a llamar declarar, puedo decirles todo, pero no me llamen a declarar”. Jacinto Miranda radica ahora en Baja California, según la fuente confidencial.
Una persona más que vio a Hugo Alberto con vida fue un informante, que de acuerdo a varios funcionarios públicos de testigos, tuvo contacto directo con Isabel Miranda. “El Alfil”, es el alias con el que se llegó a identificar y señaló en su declaración que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. La información de “El Alfil” se dio en junio de 2006, sin embargo, para febrero de 2007 ya había desaparecido la declaración de las indagatorias. Según la fuente, ese año, había nuevas llamadas de Hugo Alberto Wallace, a través de un nuevo celular, y se dieron constancias de acuse de recibo por parte de Jorge Rosas García, expedidas en su oficina de Plaza de la República, Número 43, en el segundo piso.
Otra persona cercana a Hugo Albeto Wallace lo reconoció en un bar en Tres Palos, municipio de Acapulco. Al saludarlo le dijo: “No mames, guey, tu madre está lucrando con tu muerte”. A lo que Wallace respondió haciendo un chasquido con la boca: “Ah, mi madre está loca, por eso ni la veo”. Después de beber algunas cervezas, se despidieron, y antes de irse, Hugo Alberto lo amenazó de muerte si llegaba a mencionar que lo había visto.
Hay dos testigos más que estuvieron en contacto con Hugo Alberto Wallace en dos ocasiones después de la fecha de su supuesto homicidio. A mediados de julio y la primera semana de agosto de 2005. La primera ocasión él iba conduciendo una camioneta negra con vidrios oscuros, acompañado por otras dos personas en el auto; y la segunda, Hugo conducía una motocicleta, también acompañado por otras dos personas. Estos testigos han aceptado declarar ante el Ministerio Público de la Federación y ante cualquier autoridad judicial en México, después de que se concrete su ingreso al programa de protección internacional de testigos y víctimas, promovido por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad con sede en Montreal, en coordinación con la organización sin fines de lucro Protección Internacional para testigos y víctimas, basada en Bruselas.
Primera parte:
Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre
Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre
Revelan la verdad del caso Wallace : tortura, corrupción y una mártir de papel
La periodista Guadalupe Lizárraga presentó este domingo en Los Angeles Press una investigación periodística donde desnuda las mentiras que conforman el llamado ‘Caso Wallace’, un proceso judicial datado en el año 2005 contra ocho personas quienes fueron torturadas para echarse la culpa del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, quien salió al escenario mexicano por dicho caso – convirtiéndose en mártir de los derechos humanos y hasta candidata del ultraderechista Partido Acción Nacional a la alcaldía de la Ciudad de México-; caso el cual se desmorona desde sus bases mediante evidencia de una organización canadiense que mostraría que la supuesta víctima fue investigada por contrabando y más aún, se encuentra viva y escondida tras una doble identidad.
Vaya reportaje de Guadalupe, con quien me honro en trabajar en Los Angeles Press. Cuánta valentía y agudeza periodística. No pierdas de vista en reportaje que a continuación publico aquí de manera íntegra. Y eso que apenas es la primera parte. LOS ÁNGELES, California.- A nueve años del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hay cada vez más evidencias de rastros de vida, de acuerdo a las investigaciones de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal.
El caso Wallace, como se ha difundido en México desde el 11 de julio de 2005, ha mantenido a seis personas encarceladas por años, auto-incriminadas bajo tortura. La madre de la presunta víctima, Isabel Miranda de Wallace, quien ha logrado notoriedad política y poder económico a raíz de este caso, ha sido también acusada de delitos como perjurio, corrupción a funcionarios públicos para obtener y manipular pruebas, amenazas de muerte a inculpados y familiares y amigos de éstos, y pesa sobre ella la acusación de ser la responsable de haber mandado torturar a los seis inculpados dentro de los penales.
El presidente de la asociación, David Bertet, dio a Los Ángeles Press copia de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres como evidencias de que Hugo Alberto Wallace Miranda está vivo y mantiene una doble identidad, igual que su madre. Se trata de documentos oficiales expedidos en años posteriores a la fecha del supuesto homicidio, así como un puntilloso análisis comparativo, de 29 páginas, sobre las declaraciones auto incriminatorias bajo tortura, con las cuales sentenciaron a los inculpados.
El documento además presenta las inconsistencias lógicas en las evidencias que ha presentado Isabel Miranda de Wallace a lo largo del proceso judicial, hasta obtener un acta de defunción, pese a no haber cuerpo de la supuesta víctima, en la que las causas de la muerte se dedujeron de una autopsia ficticia firmada por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, con cédula 1878723. La expedición del acta de defunción fue ordenada del expediente 879/13 con el número 130223472, por la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar, Silvia Araceli García Lara, mientras que la juez 18 del Registro Civil del Distrito Federal, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe y selló el documento dándole legalidad a la copia fotostática reproducida del original.
El 12 de mayo de 2014 se expidió también un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, en el Distrito Federal, y registrado el 15 de enero de 1970. El padre biológico aparece en el documento como Jacinto Miranda Jaimez, un militar actualmente retirado con residencia en Baja California y quien no reconoció el secuestro de su hijo, sino sólo su “desaparición”.
La madre, Isabel Torres Romero, seis años después del nacimiento de su hijo Hugo Alberto, y en nuevas nupcias, volvió a registrarlo con el apellido de su segundo cónyuge: Wallace. Sin embargo, Isabel decidió quedarse con el apellido de su primer esposo: Miranda. Y así, la segunda identidad de su hijo se configuró con los apellidos Wallace Miranda, y la de ella, Miranda de Wallace.
Una tercera modificación de su nombre en documentos oficiales es el de María Isabel Miranda Torres, los mismos apellidos de su hijo con los que lo registró su padre biológico. Otro documento que llamó la atención de los activistas franco-canadienses, fue la inscripción de Hugo Alberto Miranda Torres en la Cédula Única del Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010. Un documento que sólo el interesado puede obtener en ese país y el cual se obtuvo con el acta de nacimiento como documento probatorio.
David Bertet señaló que se han observado los pasos de Isabel Miranda de Wallace desde que la asociación participó en la defensa de Florence Cassez, y ahora representa la defensa de los derechos humanos de algunos inculpados en el caso Wallace, en el que destaca el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva ocho años presa y ha sido torturada dos veces en los penales “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en Islas Marías, Nayarit, al que fue trasladada de manera ilegal, ya que en este penal sólo envían a sentenciados de alta peligrosidad, y a Quevedo Cruz aún no se le da sentencia. “Por un caso de supuesto secuestro que de hecho nunca sucedió”, dijo Bertet a Los Ángeles Press.
“Isabel Miranda de Wallace escogió a algunos amigos de Hugo para culparlos por la supuesta desaparición de su hijo. Jacobo Tagle era amigo de Hugo, y César Freyre por lo menos lo conocía”, afirma el activista desde Canadá, sede de la organización no gubernamental investigadora de casos de presos inocentes en México.
El documento del análisis sobre el caso Wallace fue enviado por la organización a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la causa penal 35/2006-II contra Brenda Quevedo Cruz, después de que la defensa presentara las evidencias ante el Juzgado Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, el 14 de mayo, fecha en que se cerraba el plazo para presentar pruebas en su defensa. En este documento se muestran las inconsistencias en las seis supuestas evidencias presentadas por Isabel Miranda de Wallace, quien “pretende establecer legalmente como un hecho incuestionable la muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda”.
Y se analizan minuciosamente las declaraciones con las que se incriminan bajo tortura a los inculpados Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales. La imagen siguiente contiene la lista de las evidencias que da Isabel Miranda de Wallace para sostener el ``incuestionabilidad`` del homicidio de su hijo. Respecto a los puntos “a” y “b” señaladas por Miranda de Wallace como evidencias, la organización canadiense demostró que el cabello y la licencia de conducir vencida, ambos elementos pertenecientes a Hugo Alberto Wallace Miranda, fueron encontrados en el departamento de Juana Hilda Lomelí (lugar del supuesto homicidio) siete meses después de la fecha en que presuntamente se asesinaría a Wallace con golpes mortales y al que se le desmembraría su cuerpo con una sierra eléctrica, según las propias declaraciones de la madre.
El cateo del departamento se hizo a principios de febrero de 2006, pero el departamento ya había sido alquilado por otra persona que respondió al nombre de Rodrigo Oswaldo de Alba, desde el primero de octubre de 2005. También se demostró que el departamento donde tuvo lugar el supuesto homicidio, ubicado en Avenida Perugino Número 6, no estuvo vigilado durante las dos semanas siguientes. Esto fue entre el 12 y el 26 de julio de 2005, fecha en que ingresaron los agentes federales investigadores, quienes además dejaron la puerta abierta sin ninguna restricción ni advertencia, pese a que allí habría tenido lugar la escena del crimen. Este hecho fue corroborado según la declaración en la secuela procesal de la administradora del edificio, Jaqueline Isabel Galván López, el 25 de mayo de 2006, quien constató que después de siete meses de los supuestos hechos el agente del Ministerio Público, Braulio Robles Zúñiga, –persona de confianza de Isabel Miranda, de acuerdo a su propia declaración– tomó la decisión de poner un sello en la puerta del departamento. Isabel Miranda precisó detalles del supuesto crimen en ese inmueble, como el que su hijo había sido cercenado por una sierra eléctrica, comprada de madrugada en el Wal Mart de Toreo, y presentó como evidencia la hipótesis pericial en criminalística de campo que sostenía que “sí habría sido posible la mecánica del cercenamiento del cuerpo en el baño del inmueble”, inciso ``d`` en la imagen.
Una fuente confidencial quien fue entrevistada por Los Ángeles Press, destacó, sin embargo, la rotunda negativa de Isabel Miranda para abrir la tubería del baño y constatar pericialmente la existencia de restos de sangre y grasa correspondientes a su hijo, tal como ella lo había sostenido. El entrevistado recapituló la teoría de la señora Wallace: “Supuestamente César Freyre era el jefe de la banda, y contrató a los hermanos Castillo para cortar el cadáver con la sierra eléctrica. Ya llegaron los hermanos Castillo y cortaron el cadáver, entonces ¿dónde quedó toda la sangre, los huesos, la grasa, si en el baño de Perugino no encontraron más que unas gotas de sangre?”, enfatizó. “El siguiente punto –continúa el entrevistado– es que si cortaron el cadáver los hermanos Castillo, ¿cómo es que le dejan el cadáver cortado a César Freyre (supuesto jefe de la banda) para que él lo empaque, lo suba al carro y él mismo se lo lleve? Si los Castillo son un par de carniceros, el jefe espera que ellos lo empaquen y lo suban al carro. Sería absurdo que ellos no hubieran hecho el trabajo completo si fueron contratados para eso”. El lugar de los hechos, rentado después del supuesto crimen
En el análisis de la organización canadiense, por su parte, también se destacó que los nuevos inquilinos del departamento en cuestión, Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez y su esposa, desaparecieron repentinamente después de que los agentes de la SIEDO realizaron el cateo en febrero de 2006. Para ello, De Alba hizo una llamada telefónica a la administradora del edificio para informarle que dejaría el inmueble, pero que no podía entregar en persona las llaves del lugar, según la declaración de la administradora, tomada tres meses después del cateo. Al respecto, el presidente de la organización, David Bertet, enfatizó en el análisis “que resulta, por lo menos, no solamente extraño sino también violatorio de la cadena de custodia que se haya permitido la renta del inmueble por espacio de cuatro meses a otra persona después de que el departamento estuvo abierto por espacio de dos semanas``.
Otros puntos relevantes observados en el análisis de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, es lo inverosímil que resulta haber encontrado un solo cabello presuntamente perteneciente a Hugo Alberto Wallace, “considerando que él habría luchado y recibido golpes durante el secuestro”, se señala en el documento. También cita la declaración de la administradora del edificio quien afirmó además que la alfombra del departamento donde supuestamente sucedió el crimen, no se cambió hasta siete meses después. Dos notas de rescate idénticas
Hay otra serie de contradicciones en el caso Wallace que son evidentes para las autoridades, según la fuente confidencial, y que sin embargo no se ha actuado al respecto. El entrevistado comentó que las declaraciones del secuestro en la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal (PGJDF) contradicen las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Y menciona que hay dos notas de rescate idénticas, una en el expediente de la PGJDF y otra en el expediente de la PGR. Ello lo constató el Ministerio Público de la PGJDF, Víctor Palemón, quien al revisar el expediente de la PGR, encontró la misma nota original que había entregado Isabel Miranda de Wallace a la institución como supuesta evidencia. “El Ministerio Público se preguntó: ¿cómo es posible que haya dos notas de rescate idénticas, una en cada institución?”, apunta.
La fuente también señaló que la fotografía donde aparece Hugo Alberto Wallace, desnudo del torso, maniatado y vendado de los ojos, que circuló en las instituciones como evidencia de que ya estaba muerto, fue estudiada por un médico forense de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal. “Si esta persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”, dijo el forense al informante.
Isabel Miranda miente a la Corte
Isabel Miranda de Wallace cometió perjurio contra la Corte de Chicago, cuando fue llamada como denunciante en el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentaba el juicio de deportación mientras se refugiaba en Estados Unidos. Miranda de Wallace mintió bajo juramento sobre los antecedentes penales de su hijo. Quevedo fue entregada al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Chicago el 10 de marzo de 2008, en cumplimiento de una orden de arresto emitida el 5 de marzo de 2008, en respuesta a la denuncia de detención preventiva con miras a la extradición. Durante el juicio, se pidieron actas de no antecedentes penales, tanto de Quevedo como de Hugo Alberto Wallace Miranda. La madre de Wallace afirmó a la corte que su hijo no tenía antecedentes penales y presentó un acta expedida por el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su hijo había sido procesado en 2001 por contrabando, aunque hay testimonios ante juzgados y medios de comunicación en México que traficaba con drogas y que la ficha signaléctica que evidencia sus antecedentes delictivos fue alterada con la palabra “contrabando”.
Testimonio de la novia de Hugo
Vanesa Bárcenas Díaz, quien fue novia de Hugo Alberto Wallace, dio su testimonio el 15 de noviembre del 2005, ante el Ministerio Público. En éste explicó cómo inició la relación de noviazgo con Wallace, su embarazo no concluido, la casa donde vivía Wallace, (en contradicción con lo dicho por Isabel Miranda, quien había declarado que su hijo vivía con ella en el momento de los hechos), y las confesiones que le hizo Hugo de que lo buscaban por narcotráfico. “Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto, éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles. Sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cheroki blindada. También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país. No me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí.”
Bárcenas Díaz también reconoció la voz de Hugo Alberto en un mensaje grabado en un celular en noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto asesinato. “Durante la presente diligencia escuché el contenido de un casete, en el que se oye la voz de una persona del sexo masculino que dice «Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…», palabras que son como si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le contesten, pero la voz del interlocutor no se escucha; por lo que después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbraba hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares…”.
La tortura a nombre de Isabel Miranda de Wallace
“El gobierno de Peña Nieto y la PGR ya saben de las torturas a los inculpados por parte de Wallace, y de todos modos no pasa nada porque el secretario de Gobernación tiene coba”, dijo a Los Ángeles Press la fuente confidencial.
También Brenda Quevedo Cruz fue explícita y firme en señalar que sus torturadores iban de parte de Isabel Miranda, entre éstos, reconoció por su voz y silueta a Oswaldo Jiménez Juárez, Ministerio Público investigador.
También Jacobo Tagle lo identificó como su torturador por su voz y lo señaló ante el juez en una de las audiencias.
La Asociación Canadiense sobre el Derecho y la Verdad, por su parte, ha logrado identificar una serie de contradicciones y discrepancias entre las versiones de los inculpados con las que se incriminan a sí mismos. Incluso, la supuesta confesión de Jacobo Tagle Dobín en video tiene una gran cantidad de cortes de edición que pone en entredicho la veracidad del material.
En el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien fue torturada dos veces y violada, porque no ha aceptado incriminarse, se muestra como evidencia el Protocolo de Estambul presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El documento de once páginas fue elaborado con la declaración de una médica cirujana con especialidad en Psiquiatría, y certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, AC, de quien nos reservamos su nombre por seguridad.
Respecto a las evaluaciones psiquiátricas a Quevedo Cruz, la profesional señaló que Brenda “estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte, o un amenaza hacia la integridad física de ella o de otros”. La agraviada refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Así mismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos. A lo largo de la declaración, se aborda cada uno de los síntomas de desequilibrio emocional a razón de la tortura a Brenda Quevedo y de cómo asocia su entorno con el dolor físico y emocional ante los estímulos de su memoria.
Al final del documento analítico sobre el caso Wallace, la organización canadiense recomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz “por la necesidad absoluta de delimitar el rol y el alcance de figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace”, a quien se le identificó como acusadora pública, “lo que representa un peligro mayor para el sistema de impartición de justicia en México”.
Víctimas empoderadas
El escándalo revelado por Los Angeles Press sobre Isabel Miranda de Wallace es interesante porque conlleva reflexiones más profundas que los hechos revelados y documentados sobre el caso concreto. Un gran maestro decía que el problema de la corrupción en México es en parte derivado de las vergonzosas experiencias de nuestra historia política, pero en parte también un problema de lenguaje normativo que nos trasciende como país y como cultura. Básicamente se debe a que, en la concepción moderna de la política, es imposible separarla de una clase de moralidad muy específica, emparentada con las virtudes cívicas de niño de escuela primaria, una austeridad republicana casi franciscana para el Estado y los funcionarios públicos, y con el placer casi sexual que provoca a los periodistas y al respetable público linchar y ahorcar públicamente a cualquiera que ostente un cargo en el gobierno, por cualquier causa.
Una observación que aparentemente es obvia, de Joel Migdal, es que el Estado es parte de la sociedad. Esto no significa que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece” como el dicho popular pretende sacar como dudosa moraleja, o alguna otra bobada que simplifique la realidad política. La idea implica, más bien, que el Estado es una de tantas organizaciones dentro de la sociedad que lucha por imponer sus reglas (las jurídicas y las no escritas) con otros actores, y que no siempre tiene éxito; en una palabra, que no es un agente autónomo que puede actuar sobre la sociedad oprimiéndola y moldeándola al antojo de quien ostente el poder público en un momento dado.
El día de hoy, nuestro país es un mosaico de grupos y actores que no ejercen su influencia ni imponen su voluntad bajo un mismo marco normativo ni un mismo esquema de reglas. Dentro de estos actores, las víctimas profesionales y los “acusadores públicos” se han convertido en verdaderos azotes del arreglo político y normativo, porque convierten sus quejas en derechos y sus denuncias en sentencias firmes, desde el mismo momento en que toman un micrófono y difunden sus demandas. Quiero resaltar que las demandas son suyas, pues aunque dicen representar a todos, al “pueblo”, ningún ciudadano ostenta la legitimidad democrática ni representativa, y el hecho de que los legisladores la tengan cada vez más maltrecha, no las traslada en automático hacia alguien que lo único que ostenta, como arma para que los asuntos públicos se resuelvan como él quiere, es mucho coraje y la condición de víctima.
Ahora bien, en México, haber sufrido suficiente basta para legitimar a una persona para decir o hacer casi cualquier cosa. Si uno padece un crimen y tiene suficiente dinero para mediatizar su caso, se convierte ipso facto en autoridad en materia de seguridad pública y referente obligado para los tomadores de decisiones. Aquí tenemos un problema de método, porque siguiendo el mismo razonamiento, padecer un dolor de muelas suficientemente intenso me convertiría automáticamente en odontólogo o al menos en un agente de consulta obligatoria para que los dentistas me pidan permiso y detalles sobre cómo y cuándo sacar las muelas de los demás pacientes. Pero eso no lo vamos a cambiar; no en una cultura que se regodea en su victimismo. Y es precisamente ese detalle el que debe de cuidar la señora Miranda de Wallace en el esclarecimiento de este asunto, acerca de su falsedad generalizada. Porque sus defensores en la opinión pública, que seguro se cuentan por millares (que no por millones o ella sería jefa de Gobierno del Distrito Federal) le perdonarán todo, menos que se haya hecho pasar por víctima sin serlo. Eso, aquí, no se vale.
Alasdair Espinoza, abogado.
Twitter: @eticareciproca
Wallace “fabrica historias”: Anabel
Excelsior
Francisco Garfias 06/06/2014
Al cierre de esta columna recibimos un correo de Anabel Hernández en el que niega tajantemente las aseveraciones que nos hizo Isabel
Miranda de Wallace en el sentido de que la periodista le pidió que declarara en contra de Genaro García Luna en los momentos en los que escribía un libro sobre el otrora secretario de Seguridad Pública.Hernández rechaza, también, haber escrito el reportaje en el que cuestiona la versión oficial de la muerte de su hijo Hugo Alberto, porque la presidenta de Alto al Secuestro no la apoyó con otra declaración favorable a Florence Cassez.
“Rotundamente afirmo que no he pedido eso ni nada ni a ella ni a nadie… si alguien le pregunta cómo, cuándo, dónde, yo le habría pedido tales absurdos, ella no sabría ni qué decir porque jamás he cruzado una palabra con ella ni un saludo.
“Ni siquiera hemos coincidido en un lugar por casualidad.”
La extensa misiva —imposible reproducirla toda— señala que las “descalificaciones y calumnias como las dichas por la señora Wallace tienen el propósito de engañar a la sociedad y de desalentar que se le siga investigando”.
“Esa estrategia en contra de mis trabajos de investigación nunca ha funcionado”, dice la periodista.
Y remata con jiribilla: “La señora Wallace fabrica historias”.
Organización sugiere que el hijo “asesinado” de Miranda de Wallace está vivo y todo fue un montaje
PijamaSurf
Isabel Miranda de Wallace es una conocida activista en contra del secuestro y la inseguridad en México. En el 2005, su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, fue presuntamente asesinado tras haber sido secuestrado. Después del crimen, y del encarcelamiento de seis personas, ha encabezado una organización social contra el secuestro, presidido cientos de eventos y conferencias, e incluso se postuló para un cargo político. Pero hoy, tras nueve años, el caso vuelve a sonar cuando la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad revela datos estremecedores sobre un drama que pudo haber sido inventado por ella para mitificarse. La periodista Guadalupe Lizárraga presentó este domingo en Los Angeles Press una investigación periodística donde describe las supuestas mentiras del ‘Caso Wallace’.
Isabel Miranda de Wallace es una conocida activista en contra del secuestro y la inseguridad en México. En el 2005, su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, fue presuntamente asesinado tras haber sido secuestrado. Después del crimen, y del encarcelamiento de seis personas, ha encabezado una organización social contra el secuestro, presidido cientos de eventos y conferencias, e incluso se postuló para un cargo político. Pero hoy, tras nueve años, el caso vuelve a sonar cuando la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad revela datos estremecedores sobre un drama que pudo haber sido inventado por ella para mitificarse. La periodista Guadalupe Lizárraga presentó este domingo en Los Angeles Press una investigación periodística donde describe las supuestas mentiras del ‘Caso Wallace’.
Lizárraga, basada en documentos de la organización canadiense, revela cómo el hijo de Wallace no solo está vivo, sino que lo hace bajo una doble identidad. Cabe recalcar que en el caso nunca se encontró el cadáver, y se ha publicado que en las pruebas de ADN obtenido en la escena del crimen correspondían a una mujer y no Hugo Alberto. Un conjunto de anomalías que hoy se suman a la escalofriante posibilidad de que todo haya sido un montaje.
Según los documentos entregados por la organización al diario angelino, el hijo de Miranda de Wallace habría hecho uso de otra de sus actas de nacimiento. Curiosamente estuvo registrado en dos momentos de su vida con apellidos distintos para sacar nuevos documentos oficiales ¡tras su supuesta muerte!, lo que confirmaría la doble identidad que asegura la organización.
Entre otras inconsistencias citadas, de Wallace habría presentado un acta de defunción, a pesar de nunca haber existido el cuerpo del difunto, e incluso existió una supuesta autopsia. Apenas hace solo un mes, Hugo Alberto Miranda Torres obtuvo otra acta de nacimiento en el Distrito Federal.
La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad asegura, además, que en los casos de las seis personas que fueron apresados en torno al presunto asesinato, hubo tortura. Abogados de esta organización están defendiendo a Brenda Quevedo Cruz, una de las supuestas culpables que ha permanecido ocho años presa, aunque aún no recibe sentencia. Otras inconsistencias son el hecho de que existían dos notas de rescate idénticas que están en posesión de las procuradurías federal y del D.F.
La periodista Guadalupe Lizárraga apenas presentó la primer parte de esta investigación, que siembra cada vez mayores dudas sobre un caso que fue polémico desde un inicio, y que ha gozado de enrome cobertura mediática, en buena medida por la campaña emprendida por Miranda de Wallace. ¿Habrá sido capaz esta señora de inventarse esta macabra historia para pintar en la sociedad? Una respuesta que aún no tenemos, y que incluso, asusta responder.
Miranda de Wallace reclama justicia… violando derechos humanos
RevoluciontresPuntoCero
Isabel Miranda de Wallace- promotora y victimaria de los Derechos humanos
Paloma Montes García / @Palomina_mg
(03 de junio, 2014).- Desde 2005 –año en que su hijo Hugo fue secuestrado– Isabel Miranda de Wallace realizó investigaciones propias para localizar a los presuntos culpables. Además, colocó espectaculares en diversos puntos de la Ciudad de México donde ofrecía una recompensa de 250 mil pesos a quien aportara pistas sobre el paradero de los supuestos delincuentes.
En diciembre de 2010, fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trayectoria en la defensa de víctimas de secuestro. Durante la ceremonia de premiación, realizada en Palacio Nacional, el entonces mandatario, Felipe Calderón, y el comisionado nacional de derechos humanos, Raúl Plascencia, destacaron que los avances en la resolución del “caso Wallace” se debían a la lucha que bajo sus propios medios había realizado Isabel Miranda.
Sin embargo, once meses antes de dicho evento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) integró el expediente CNDH/1/2010/427/Q, en el que habitantes de la delegación Iztapalapa denunciaron la violación de sus derechos humanos durante un operativo de la Policía Federal en el cual participó Miranda de Wallace.
Casa de seguridad
Las camionetas de la Policía Federal (PF) se estacionaron sobre la Avenida Revolución Social a mediodía. Minutos después, irrumpieron en el número 43, donde Cristian Samperio se encontraba con su primo Alejandro.
Ante el ruido que causaron los policías en su intento de derribar el zaguán, ambos jóvenes bajaron del primer piso de donde se encontraban. “Aunque estábamos dispuestos a abrir, los policías destrozaron la puerta del patio y de la casa. Cuando preguntamos qué pasaba pusieron sus armas frente a nuestras caras y comenzaron a insultarnos. Al darse cuenta de que se habían equivocado de lugar, salieron como si nada y se dirigieron a la vivienda que está a un lado”, relata Samperio.
La ausencia de una orden de cateo no impidió que los elementos de la Policía Federal registraran el lugar y destruyeran objetos que nada tenían que ver con una investigación policiaca, como las macetas que se hallaban en el patio.
Ante el evidente daño causado a su hogar, Cristian y su primo se acercaron a los policías para preguntar cómo sería reparado el daño. “Un sujeto al que todos llamaban Zaragoza se acercó para decir que nos pagarían, pero las agresiones de parte de otros elementos no se detuvieron. Uno de ellos nos pidió que nos retiráramos de ahí, de nuestra propia casa, o ‘nos darían pura verga’”.
La salida de los federales tras percatarse de su error y una breve discusión entre el primo de Cristian y uno de los federales fue grabada con celular como prueba del abuso ejercido por los policías. Inmediatamente uno de los oficiales solicitó a los jóvenes que detuvieran la grabación. Fue por esa misma razón que cuando la excavación en la casa de al lado comenzó, resultó imposible obtener una fotografía o video de la mujer que dirigía el operativo: Isabel Miranda de Wallace.
Durante doce horas, el operativo buscó el cuerpo de Hugo Alberto Wallace Miranda en la vivienda ubicada en el número 42, identificada por la madre de la víctima como una casa de seguridad donde habrían sepultado a su hijo.
La casa a la que se hace referencia se hallaba completamente vacía, pues el dueño había muerto tiempo atrás y sus hijos vivían en otros lugares, explicó Cristian en entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO. Eso posibilitó la actuación excesiva y sin fundamento de la policía.
Evidencias fallidas
El 18 de enero, Cristian Samperio interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); en respuesta a su oficio, la CDHDF indicó al quejoso que por tratarse de violaciones atribuidas a autoridades federales su caso sería turnado a la CNDH, donde se integró el expediente CNDH/1/2010/427/Q.
A pesar de que al relato escrito se anexaron fotografías y dos videos, para el mes de junio (5 meses después) la Comisión decidió dar por concluido el caso, ya que en los archivos adjuntos no era perceptible el número de la casa, el nombre de la calle ni los rostros de los policías.
En el oficio 322266, del cual REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO tiene copia, la CNDH también argumentó haber solicitado registros de operativos a la Policía Federal. Como esa instancia no tenía registrada ninguna operación en esa fecha, se declaró la existencia de contradicciones entre el relato de las víctimas y las autoridades. Así, en opinión de la CNDH, la familia Samperio Quintanar no contaba con pruebas “contundentes”, por lo que se les sugirió interponer una queja ante los órganos Internos de Control de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR).
Cuatro años después de ocurrido este operativo, persisten dudas sobre el caso Wallace y la actuación de la CNDH al respecto, pues como mencionó Cristian durante la entrevista: “La desesperación y el dolor de la señora Wallace son entendibles, pero la pérdida de su hijo no la autoriza a violar los derechos humanos, mucho menos a saltarse los procesos legales”.
Caso Wallace, el asesinato que huele a mentira
RevolucionTresPuntoCero
(2 de junio, 2014).- El caso de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de María Isabel Miranda de Wallace, que entre otras cosas sirvió para catapultarla políticamente, podría dar un giro vertiginoso, toda vez que la defensa de los inculpados presentó documentos certificados que muestran la existencia de dos actas de nacimiento pertenecientes al susodicho, al momento de su supuesto secuestro y asesinato.
Las inconsistencias en las actas de nacimiento, radican en que la primera está fechada en 1970 con el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, mientras que la segunda –la cual fue presentada por su madre el 11 de junio de 2005 (ha de ser el 11 de julio) al momento de la denuncia— fue expedida el 19 de noviembre de 1975 con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Además de existir cambio de nombre, los documentos muestran distintos nombres de los padres, abuelos e incluso en lugar de nacimiento, situación que resalta si se considera el tercer lugar que Miranda de Wallace dio durante una entrevista. De igual forma, con ambas actas se solicitó la Clave Única de Registro de Población (CURP), pero una de ellas se solicitó cinco años después de que supuestamente Hugo Alberto había sido asesinado.
Sin embargo, las inconsistencias no paran ahí:
• Miranda de Wallace, cuyo verdadero nombre es María Isabel Miranda Torres, armó su versión de los hechos con declaraciones de un transeúnte que nunca fue a declarar y de un niño habitante de edificio donde habría ocurrido el asesinato, el cual nunca pudo ser localizado.
• Los habitantes del edificio localizado en la calle Perugio 6, colonia Extremadura Insurgentes, delegación Benito Juárez, en las primeras declaraciones afirmaron no haber escuchado ni visto nada de los hechos que la Miranda de Wallace refiere, en cuanto al asesinato con motosierra.
• A solicitud de la otrora candidata al gobierno de Distrito Federal, un día después de que fue reportado el crimen, el 12 de julio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acudió al edificio a realizar las averiguaciones pertinentes sin obtener resultados. Asimismo, un día después la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) llegó a investigar pero las huellas que obtuvieron fueron igual de nulas.
• De acuerdo a una averiguación previa de la Procuraduría General de la República (PGR), una tarjeta a nombre de Hugo Alberto fue usada en un restaurante y una tienda departamental el 20 de julio de 2005, es decir, nueve días después de su muerte. No obstante, la dependencia no solicito lo video para determinar quién usó el plástico.
• El esposo de María Isabel, José Enrique Wallace Díaz, declaró a las autoridades el 22 de julio de aquel año que no sabía de su hijo y descartó un plagio por el nulo contacto de algún secuestrador. Más tarde el 22 de septiembre, solicitó a las autoridades cerrar la investigación y desde entonces no ha acudido a rendir declaración nuevamente, a pesar de los citatorios.
• Del teléfono de Hugo Alberto, mismo que nunca fue cancelado, salió una llamada donde se escuchaba a una persona en aparente estado de ebriedad. Cuatro personas que escucharon el mensaje, entre ellas su ex novia, aseguraron a la PGR que la voz era de él, sin embargo, no se siguió esa línea investigadora.
ADN, prueba fehaciente
La prueba de ADN, aplicada a una gota de sangre hallada en el baño de apartamento en cuestión, el cual nunca fue custodiado a pesar de ser el presunto lugar de los hechos, determinó que pertenecía a una mujer, aunque después a propia PGR se desdijo y achacó el resultado a un error de dedo.
Empero, la defensa de los supuestos asesinos exigió una nueva prueba ya que la pareja Wallace-Miranda tiene una hija, aunque la dependencia arguyó que la sangre ya no existía y dio por hecho el asesinato de Hugo Alberto.
My daughter was tortured in Mexico: Enriqueta Cruz
Source: Los Angeles Press (spanish) Translation: ACDV / CART May 26, 2014
Brenda Quevedo Cruz was tortured twice in Mexican jails to incriminate herself for a crime she did not commit.
Brenda Quevedo Cruz is one of the alleged suspects of involvement in the kidnapping and disappearance of Hugo Alberto Wallace, son of the activist and president of the Asociación Alto al Secuestro (Association Stop Kidnapping), Isabel Miranda de Wallace. Brenda has spent eight years in jail without a sentence and is currently in a prison of maximum security in the state of Nayarit. On two occasions she was tortured to sign an admission of guilt; in spite of this, she refused to do so.
The first time, she was tortured in the Centro Preventivo de Readaptación Social (Preventive Centre for Social Readaptation) of Santiaguito de Almoloya in the state of Mexico, the night of November 27, 2009, at 7 pm. Brenda was led to a hearing room by a female guard. Upon arriving, she said, “when opening the door she saw three men turned towards the window. They received an order, put on ski masks and went towards her,” says Enriqueta Cruz Gómez, mother of Brenda Quevedo Cruz, who adds that even though her daughter requested the guard who was taking her by the arm not to leave her alone, the latter ignored her request.
Once inside the room, continues the mother, the men asked her daughter if she knew on whose behalf they were there.
Brenda replied: “On behalf of Mrs. Isabel Miranda de Wallace.”
Immediately they started insulting her, kicking her in the stomach; then they put a bag over her head and started suffocating her. They warned her not to try to scream because everybody knew about this, from the warden down to the guards, which is why nobody would listen to her.
“They would pull her hair, would put her near a tape recorder and would tell her that they were already tired of her nonsense and that if they would remove their hand from her mouth and she said anything it was going to be worse for her. She began to cry, and they started beating her again, covering her mouth and yelling at her not to try to be brave because it would be worse for her, and that they would stay with her all night,” recounts Enriqueta Cruz. The men also threatened her to take her out of jail, and then they brusquely began touching her genitals and breasts. Then they showed her a syringe containing a red liquid and claimed it was HIV-infected blood, and that if she didn’t say that she was responsible for the kidnapping–like the others involved–they would inject her with it every month until she signed her admission of guilt, says the mother of Brenda Quevedo Cruz, who adds that this tactic lasted an hour and a half, until the prison guards knocked on the door.
The second occasion in which Brenda Quevedo Cruz was tortured was on October 13, 2010, at noon at the Islas Marías Federal Penal Colony. Between five to six men came to the place where she was being held incommunicado, a house under construction. The torture, says Cruz Gomez “was tremendous, regardless of the beating, the water in the nose, the suffocating bags, it was rape,” and adds that Brenda insists that she felt they were putting something into her vagina while she was handcuffed.
The men would tell her that if she did not sign they would take it out on her family, her mother and also against her brother, and that they knew where to find them. After a while the men left, but before they left one of them told Brenda to repeat the reason why she was there.
She answered: “For the kidnapping of Hugo Alberto Wallace.
The man snapped at her saying: “No, for you he is Mr. Hugo Alberto Wallace!” –giving her at the same time a heavy blow on the face.
Then at the time the men were leaving, one of them came back and gave her another slap, says Mrs. Enriqueta Cruz who adds that Brenda said “she felt that he had busted her ear drum, and that she remained deaf for quite a long time,” and insists that the torture was very strong.
“For everything that they did to her: the drowning, the electric shocks, the bag over the head, the threats and the rape. For all of this, obviously my daughter was indeed very affected; there were already two times she had been tortured,” explains the mother of Brenda.
Brenda was moved to the Islas Marías although she had not been sentenced yet. For Enriqueta Cruz and her family it was as if it she had been kidnapped and affirms that it took more than 40 hours before she was told where they had taken her daughter to. A liaison officer acknowledged he was responsible for the transfer and that she had been taken to the airport. Brenda’s mother says that neither the judge, nor the lawyer nor family members knew why they had taken her. “When I made the complaint, the first thing the judge requested was a report on the reasons why they took Brenda [from Santiaguito] without prior notice,” says Cruz Gomez and adds that after she followed a few procedures, those responsible for the transfer justified their actions on security grounds, her profile and the charges against her.
Enriqueta Cruz Gómez reported a year ago the ombudsman of the CNDH, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, to the current Attorney General of the Republic, Jesus Murillo Karam, for omission in the torture case of her daughter. She says that when Brenda had already been relocated in the maximum-security prison in the city of Tepic, state of Nayarit, after what happened at the Islas Marías, they began to punish her for no reason, which led Mrs. Cruz Gómez to start sending requests and complaints to the CNDH. Brenda was then moved to a punishment cell called “El Apando,” a very small area of two by three metres with a light bulb, a camera, a toilet and a shower.
“They would look at her all day like an animal, would not take her out for anything, and it is there where they would bring her food,” points out the mother of Brenda Quevedo Cruz, and adds that she was there for two months.
“In a conversation between Brenda and the psychologist who assessed her at Islas Marías, they discovered that the CNDH had lied in a document dated September 2011, in which they informed them that the results of the investigation at Islas Marías indicated that nothing had happened.” Upon hearing this, the psychologist said that that this was not possible since she had carried out the assessment according to the criteria of the Istanbul Protocol in July 2011 and that the results had been positive. “The CNDH hid that information and allowed that Brenda be taken to ‘El Apando,’ the punishment cell,” says Enriqueta Cruz, and adds that Brenda had a nervous breakdown when she was there because she thought that she was going to be tortured again; that’s why we sued Dr. Plascencia Villanueva.”
Enriqueta Cruz cannot say with certainty why the CNDH acted that way, but she suspects that it was because, as she learned through the press, Isabel Miranda de Wallace had promoted to have Dr. Raúl Plascencia Villanueva appointed ombudsman. In addition, “we thought and it is very clear that what they did in 2010 and 2011 was because Dr. Plascencia Villanueva was about to deliver the human rights award to Mrs. Wallace,” says Enriqueta Cruz.
Although the results of the Istanbul Protocol were positive in Brenda’s case, Enriqueta Cruz affirms that the Mexican State has not compensated for the damage caused to her daughter. It was only at the beginning of February of last year that a psychiatrist saw her since she was feeling terrible, suffering from insomnia and tachycardia, for which she was medicated. In turn, the CNDH visited her three times after the suit was filed.
As for the current physical, psychological and emotional state of Brenda Quevedo Cruz, affirms Enriqueta that “she is recovering slowly” and adds that she just started receiving therapy from a psychologist, but that she is actually very lonely and finding support in the Bible. In addition, she says that “they stopped all her medications and that affected her a lot because they were giving her high doses. In actual fact, she was not receiving good medical care.”
The Hell of Mexican Justice
Torture has become a routine practice by Mexican authorities from the time that former President Felipe Calderón undertook his fight against organized crime in 2006. Since then, suspected perpetrators have faced mistreatment, abuse and harassment at the hands of the police and armed forces in order to obtain information about organized crime or to force them to confess their alleged guilt. According to Human Rights Watch, this usually takes place during the time that the victims are in “arbitrary detention” until they are presented before the public prosecutor’s office. During that period of time, the victims remain incommunicado.
According to Amnesty International’s 2011 report: “Culpables conocidos, victimas ignoradas: Tortura y maltrato en México” (Known Perpetrators, Ignored Victims. Torture and Mistreatment in Mexico), the Comisión Nacional de los Derechos Humanos (National Commission on Human Rights) or CNDH received just in that same year 1,669 allegations of torture and mistreatment, for a total of 4, 841 since 2007. However, the report notes that although the information offered by the CNDH “is the most comprehensive that is available,” it stresses that it is still very far from representing the true number of allegations of torture from across the country. This is because, according to this report, the CNDH intervenes only when there are federal officials involved in cases of abuse, so that their data “does not necessarily include allegations of torture and mistreatment committed by state or municipal officials (unless federal officials are also allegedly involved).”
Some of the practices of torture that are used by members of all security forces–according to Human Rights Watch in its November 2011 report: “Ni Seguridad, ni derechos” (Neither Rights Nor Security)–commonly include beatings, electric shocks, asphyxiation with plastic bags, waterboarding, sexual torture and death threats. During the first year of the government of the current President Enrique Peña Nieto, the CNDH said–through their ombudsman, Dr. Raul Plasencia Villanueva–that they received 1,506 complaints for torture and cruel treatment, figure that represents 30% less than in 2012, the last year of the government of President Felipe Calderón, when they totalled 2,113.
La tortura tiene nombre proprio
17/05/2014
El 16 de mayo, 2014
Brenda Quevedo Cruz es una de las presuntas implicadas en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista ciudadana y presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Ella lleva 8 años presa sin recibir sentencia aún y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en el Estado de Nayarit. En dos ocasiones fue torturada para que firmara una confesión de culpabilidad y a pesar de todo rehusó hacerlo.
Fue torturada por primera vez en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito de Almoloya en el Estado de México la noche del 27 de noviembre de 2009 a las 19 horas cuando una custodia llevó a Brenda a una sala de audiencia. Al llegar a dicha sala, ella refiere “que al abrir la puerta vió a tres hombres volteados hacia la ventana. Recibieron una orden, se pusieron el pasamontaña y fueron hacia ella”, cuenta Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz al Toque de RNW, y añade que por más que Brenda le pidió a la custodia que la llevaba del brazo que no la dejara sola, ésta hizo caso omiso.
Una vez dentro, continúa Cruz Gómez, los hombres le preguntaron si ella sabía de parte de quién venían ante lo cual Brenda respondió que de parte de la señora Isabel Miranda de Wallace. Inmediatamente la empezaron a insultar, a patearle el estómago; después le pusieron una bolsa en la cabeza y la comenzaron a asfixiar.
Le advirtieron que no intentara gritar porque todos estaban de acuerdo, desde el director del penal hasta los vigilantes, por lo que nadie la escucharía.
“Le jalaban los cabellos, le ponían cerca una grabadora y le decían que estaban ya cansados de sus tonterías y si le quitaban la mano de la boca y decía una estupidez le iba ir peor. Ella empezó a llorar y ellos volvieron a pegarle, a taparle la boca y le gritaban que no se hiciera la valiente ya que le iba ir peor y que se iban a quedar toda la noche”, narra Enriqueta Cruz.
Asimismo los hombres la amenazaron con que iban a sacarla del penal y luego empezaron a tocar sus partes genitales y los pechos con brusquedad. Después le mostraron una jeringa con un líquido rojo y le afirmaron que era sangre infectada con VIH y si no les decía que ella era responsable del secuestro al igual que los demás implicados se la iban inyectar cada mes hasta que firmara la confesión de que ella era responsable del secuestro, cuenta la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que esta táctica transcurrió a lo largo de hora y media hasta que los vigilantes del penal tocaron a la puerta.
La segunda ocasión en la que Brenda Quevedo Cruz fue torturada fue el 13 de octubre de 2010 al mediodía en las Islas Marías. Entre cinco y seis hombres fueron al lugar donde se encontraba incomunicada, una casa a medio construir. La tortura, asegura Cruz Gómez “fue tremenda, independientemente de los golpes, el agua en la nariz, de las bolsas de asfixia, fue una violación”, y añade que Brenda asegura que ella sentía que algo le metían en la vagina mientras estaba esposada.
Los hombres le decían que si ella no firmaba iban a ir contra su familia, contra su madre y también contra su hermano, que sabían dónde encontrarlo. Al cabo de un tiempo los hombres se retiraron, pero antes de irse uno de ellos le dijo a Brenda que repitiera la razón por la que ella estaba ahí, ella respondió que era por el secuestro de Hugo Alberto Wallace y el hombre respondió: “¡No, para ti es el señor Hugo Alberto Wallace!” acompañando sus palabras de un fuerte golpe en la cara de Brenda.
En el momento en que los hombres se retiraban, uno regresó y le dió otra cachetada, cuenta la señora Enriqueta Cruz, y añade que Brenda decía “que sentía que le había volado el oído, se quedó sorda por un buen tiempo”, e insiste que la tortura fue muy fuerte.
“Por todo lo que le hicieron; el ahogamiento, los toques eléctricos, la bolsa, la amenaza y la violación. De todo esto, obviamente si quedó muy afectada mi hija, eran ya dos torturas”, explica la madre de Brenda.
Brenda fue traslada a las Islas Marías a pesar de que aún no tiene sentencia. Para Enriqueta Cruz y su familia fue como si hubiera sido secuestrada y asegura que transcurrieron más de cuarenta horas antes de que les dijeran a dónde se la habían llevado. Un comandante de enlace reconoció que él había sido el responsable y que se la habían llevado al aeropuerto. La madre de Brenda señala que ni el juez, ni el abogado ni los familiares supieron por qué se la habían llevado. “Cuando hice la denuncia, lo primero que el juez solicitó fue un informe de por qué sacaron a Brenda [de Santiaguito] sin notificación previa” cuenta Cruz Gómez y añade que después de unas diligencias los responsables justificaron que se la habían llevado por cuestión de seguridad, por su perfil y por los cargos que tenía.
Enriqueta Cruz Gómez denunció hace un año al ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Dr. Raúl Plascencia Villanueva ante el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por omisión ante el caso de tortura de su hija. Ella cuenta que cuando Brenda ya había sido reubicada en el penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic en el Estado de Nayarit, después de lo ocurrido en las Islas Marías, empezaron a castigarla sin ningún motivo por lo que la señora Cruz Gómez empezó a enviar nuevamente solicitudes y quejas a la CNDH. Brenda fue trasladada entonces a un cuarto de castigo llamado “El Apando”, un área muy pequeña de dos por tres metros que tiene un foco, una cámara, el WC y la regadera.
“La veían todo el día como un animal, no la sacaban para nada, allí le llevaban la comida”, señala la madre de Brenda Quevedo Cruz, y añade que estuvo allí dos meses.
“En una conversación mantenida entre Brenda y la psicóloga que la valoró en las Islas Marías, descubrieron que la CNDH había mentido en un escrito fechado en septiembre de 2011, en el que les informaban que los resultados de la investigación en Islas Marías indicaban que no había ocurrido nada.”
Al escuchar esto la psicóloga dijo que eso no era posible, puesto que ella hizo la valoración bajo los criterios del protocolo de Estambul en julio de 2011 y había salido positiva. “La CNDH ocultó esa información y permitieron que se llevaran a Brenda a “El Apando”, el cuarto de castigo”, dice Enriqueta Cruz, y añade que cuando estuvo allí, le vino una crisis nerviosa a su hija porque pensaba que la iban a volver a torturar, por eso demandamos al Dr. Plascencia Villanueva”.
Enriqueta Cruz no puede decir con certeza por qué actuó de esa manera la CNDH, pero sospecha que fue porque ella se enteró a través de la prensa de que Isabel Miranda de Wallace había promovido al Dr. Raúl Plascencia Villanueva para que lo nombraran ombudsman, y además “hemos pensado y se ve muy claro que todo lo que hicieron en 2010 y 2011 fue porque estaba por entregar el Dr. Plascencia Villanueva el premio de Derechos Humanos a la señora Wallace”, señala Enriqueta Cruz.
Ante el hecho de que el caso de Brenda saliera positivo en el protocolo de Estambul, Enriqueta Cruz asegura que el Estado mexicano no ha resarcido el daño que esto ocasionó a su hija. Únicamente a principios de febrero del año pasado le atendió un psiquiatra debido a que se sentía muy mal y sufría de insomnio y taquicardia por lo que la medicaron. La CNDH por su parte la visitó en tres ocasiones después de la demanda.
En cuanto al estado físico, psíquico y emocional actual de Brenda Quevedo Cruz, asegura Enriqueta que “está saliendo poco a poco” y añade que apenas la integraron en terapia con una psicóloga, pero en realidad está muy sola y se está apoyando en la Biblia. Además, comenta que “le quitaron todos los medicamentos y eso le afectó mucho porque le estaban dando altas dosis, en realidad no le están dando una buena atención médica”.
El infierno de la justicia mexicana
La tortura se ha vuelto una práctica sistemática por parte de las autoridades mexicanas a partir de que el ex presidente Felipe Calderón emprendiera su lucha contra el crimen organizado en 2006. Desde entonces, los presuntos culpables han enfrentado maltrato, abusos y vejaciones a mano de la policía y de las fuerzas de seguridad con el objetivo de obtener información sobre el crimen organizado u obligarlos a confesar su supuesta culpabilidad. Según Human Right Watch, esto ocurre generalmente entre el periodo que transcurre “arbitrariamente la detención” de las víctimas hasta que son presentadas ante el ministerio público. En ese lapso de tiempo las víctimas son mantenidas incomunicadas.
De acuerdo con el informe de 2011 de Amnistía Internacional “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió tan solo en ese mismo año 1.669 denuncias de torturas y malos tratos, sumando un total de 4.841 desde el 2007. Sin embargo, el informe señala que si bien la información ofrecida por la CNDH “es la más exhaustiva que se dispone”, pero subraya que sigue estando muy lejos de representar la verdadera cifra de denuncias de tortura de todo el país. Esto se debe, según indica dicho informe, que la CNDH únicamente interviene cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que los datos de dicho organismo “no incluyen necesariamente las denuncias de torturas y malos tratos cometidas por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados)”.
Algunas de las tácticas de tortura que son utilizadas por los miembros de todas las fuerzas de seguridad, según Human Right Watch y que documenta en su informe de noviembre de 2011 “Ni Seguridad, ni derechos”, en general incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, asfixia por ahogamiento, tortura sexual y amenaza de muerte. Durante el primer año del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, la CNDH— indicó a través de su ombudsman el Dr. Raúl Plasencia Villanueva— que se recibieron 1.506 quejas por tortura y tratos crueles, cifra que representa el 30% menos respecto al 2012, último año del gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando sumaron un total de 2.113.
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