24 de noviembre 2017 Última audiencia para Brenda y Jacobo
El 24 de noviembre de este año tendra lugar la última audiencia para Brenda y Jacobo. Muchíssimas pruebas van a ser aportadas al expediente.
Brenda está bien dentro de lo que cabe.
Sabemos que el juez está comprado por Miranda de Wallace, que por cierto logro quitar al juez Raúl Garfias porque no servía sus intereses. Es casi un hecho que el juez va a fallar en contra de Brenda y de Jacobo, aunque no haya cuerpo, ni DNA, ni ninguna prueba de la muerte de Hugo Alberto. Así es el caso Wallace, un caso típico de fabricación de culpables con tortura, a la mexicana. En este caso participaron las autoridades. Miranda de Wallace manda en PGR. Al parecer los tiene hasta la madre, la odian por soberbia.
Pero sus ex-amigos MP van a hablar. Todo va a ser revelado. La caída sera terrible para Miranda de Wallace.
Cada día, mas gente apoya a Brenda, toda esta gente va a hacer la diferencia.
2 de diciembre 2016 - Carta de Brenda después de 9 años de prisión
Brenda Quevedo Cruz*
Hoy todavía es de noche, aún no destellan los primeros rayos del sol y sin embargo ya debo estar vestida con un uniforme color beige que parece ya mi segunda piel. Me preparo para el conteo de cada mañana, el primero de muchos del día, lo que se conoce como “pase de lista”.
Así empiezo todos los días de mi vida en estos últimos nueve años desde que fui encarcelada por el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, el famoso caso fabricado por su propia madre. Pero no sólo me despierto cansada de pensar en ello, a veces también despierto con el recuerdo de un hermoso sueño producido por unos momentos en que mi mente puede salir de esta prisión para despertar en casa.
No obstante, lo que roba mi primer pensamiento cada mañana, sin falta, es la súplica a Dios porque todo esto termine pronto, no sin antes darle las gracias también por un día más de vida, por una oportunidad más de seguir aprendiendo.
Por más que quisiera buscar las palabras para poder expresar mi sentir en este tiempo de reclusión, no creo encontrarlas más acertadas a este sentimiento que arde de dolor dentro de mí, que hace que mi alma y mi corazón se encojan al ver que sigue pasando el tiempo en esta caja de pandora, donde las sorpresas han sido extremas.
He sentido tanto dolor físico causado por la tortura, tanto dolor moral porque se me ha crucificado y sentenciado sin siquiera tener aún el veredicto de un juez. También he reído al conocer gente con la que he compartido buenos momentos, pues aun aquí, en esta fortaleza de concreto, he tenido el gusto y el orgullo de conocer corazones tan bellos y sensibles como flores flotando en un pantano. Definitivamente me quedo con los buenos recuerdos y enseñanzas que he obtenido durante este largo viaje que me han obligado a emprender.
¿Hacia dónde voy? Todavía no lo sé muy bien. La incertidumbre es el pan nuestro de cada día en lugares como éstos, somos números, personas sin voz, seres obedientes que sólo debemos esperar indicaciones, desde salir al pequeño comedor a tomar los alimentos o darnos un regaderazo de cinco minutos. Para todas esas simples actividades que para la gente en libertad pareciera algo tan irrelevante por ser normal, aquí es una actividad programada, la cual no tenemos opción de escoger cuándo o cómo quisiéramos realizarlas.
Sin explicación alguna, también pueden trasladarnos de un centro a otro por cualquier motivo, no importa si nos alejan o nos acercan a nuestra familia; si nos humillan o nos golpean durante el trayecto, si somos inocentes o culpables; para ellos da lo mismo.
Desde mi detención en Estados Unidos en noviembre de 2007, hasta el día de hoy, me han trasladado ocho veces, de una cárcel a otra. Unas menos duras, otras peor, pero al fin cárceles.
Aquí, nada me pertenece, ni la ropa que traigo puesta, sólo mi fe y mis pensamientos, esos sí son míos, y son libres para volar e imaginar tantas veces la misma escena: mi familia, mi libertad, mi felicidad, el regreso a mi vida normal, terminar esta pesadilla. A veces alucino que es ésta mi realidad, y aquella vida tan bella que alguna vez tuve, es un hermoso sueño que se hace cada vez más vago en mi mente.
Lo que sí sé es a dónde me gustaría llegar. A recobrar lo que me han arrancado estos nueve años. Soy como un ave al que arrancaron sus alas y quedó viva para morir de tristeza paulatinamente, viendo el cielo sin poder emprender el vuelo.
Pero luego vuelvo en sí, recapacito y saco fuerzas para pararme de nuevo erguida, con la cabeza en alto, tomar las armas que me ayudan a pelear que es el amor de mi familia y la esperanza que me brinda, aunque siga lidiando con este desgastante proceso legal en donde tengo que probar que no soy culpable, sin que las autoridades cumplan con los principios básicos de nuestra Constitución, que es la presunción de inocencia, nuestra garantía a no ser torturados, nuestro derecho a un debido proceso, pero aquí, en este país, como en los tiempos de la inquisición, basta una voz del poder corrupto para señalar a alguien como culpable y aun cuando se demuestre lo contrario, su caprichosa voluntad será más fuerte que la ley misma.
Pero sigo de pie, en lucha, lista para lo que venga, porque confío en que ganaré esta guerra, aunque haya perdido mil batallas. Porque la Justicia de Dios no es la misma a la de los hombres y mujeres que juzgan a discreción, porque la Justicia Divina no se corrompe.
Quiero dar las gracias también a las personas que siguen creyendo en mi inocencia, y se han unido a esta gran lucha que es la de los culpables fabricados en México, que sin duda ganaremos en alguna instancia. Dios los bendiga por defender la Verdad y la Justicia, por tener esa humanidad que es esencia del “Ser” y por no haber perdido esa empatía con el dolor ajeno, porque no sólo soy yo, somos miles de personas que estamos en circunstancias similares peleando contra un monstruo de siete cabezas que parece invencible que es el Estado, pero un estado fallido que tarde o temprano tiene que transformarse por el bien de todos y cada uno de los mexicanos que los sostenemos. Gracias por seguir hombro a hombro luchando con nosotros.
¡Juntos, hasta la victoria por un México libre!
BRENDA QUEVEDO CRUZ
Coatlán del Río, Morelos Noviembre 2016
11 de noviembre 2011 - PGR llega hasta UABC para intentar que periodista los acompañe a delegación de Mexicali
En el evento organizado por Guadalupe Lizarraga, estaba presente Enriqueta Cruz Gomez, madre de Brenda.
28 de julio del 2016 - El caso Wallace, caballo de Troya del Yunque
El Caso Wallace, caballo de Troya del Yunque
28 de julio del 2016
- Isabel Miranda de Wallace en apoyo a las fuerzas federales junto a José Antonio Ortega Sánchez (de gorra), miembro directivo del Yunque. Foto :
Por Antonio Guillén
La relación de Isabel Miranda de Wallace y la organización mexicana llamada El Yunque parece ser muy estrecha. Amistades, ideología, acciones políticas, discurso, son parte de las coincidencias entre la organización panista en México y la autora del falso secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El Yunque es el nombre de esta organización ya no secreta, sino reservada que, según sus críticos, promueve una ideología católica romana de ultraderecha, y tiene la misión de “implantar el Reino de Dios en tierra mexicana”, de luchar contra las “Fuerzas de Satanás”, sea mediante la violencia, o incluso el asesinato si fuera necesario. Sus miembros se llaman así mismos «Soldados de Cristo», se dicen puros, de la raza evangelizadora. Es gente de la Iglesia Católica, del Opus Dei, de altos mandos de la Policía y el ejército mexicano, así como de destacados empresarios y políticos.
Como todas las ideologías y corrientes de pensamiento de derecha, esta sociedad secreta contiene ciertos rasgos de la doctrina nazi u otras parafernalias ideológicas de diferentes credos de iniciación de sectas, auqnue en sus orígenes "proponía defender la religión católica y combatir uan supuesta conspiración judeo-masónica-comunista que pretendía dominar el mundo" (Wiki Yunque).
Es una red de gente encumbrada en la industria y la política mexicana. Muchos de ellos han sido relacionados con horrendos crímenes, y pese a ello son protegidos por la jerarquía eclesial católica. La misma Isabel Miranda se ha mantenido impune de sus crímenes de lesa humanidad, como la detención ilegal, tortura y encarcelamiento de inocentes, gracias al tráfico de influencias de autoridades judiciales y del expresidente Felipe Calderón para sostener la mentira del hijo muerto.
Las miras del Yunque
Definida por uno de sus exmilitantes como "agencia de colocaciones", el objetivo de esta organización es obtener puestos políticos para aplicar su ideología nazi, su programa político. Buscan poder, posiciones, dinero y complicidades para encumbrar a más gente de su doctrina. Algunos de los más recientes destacados se menciona a Luis Felipe Bravo Mena, Elias Villegas, Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks, Vicente Fox, y su secretario Emilio Goicochea, Felipe Calderón, entre otros.
El Yunque fue paramilitar en sus inicios, pero con el paso del tiempo, la organización supuestamente evolucionaría y comenzaría a trabajar en el establecimiento de un gobierno fascista en México, buscando sus objetivos por medio de métodos políticos más convencionales.
Cómo opera El Yunque
Según sus críticos, el Yunque opera públicamente mediante el uso de diversas organizaciones de fachada como Provida para impedir la detección y posterior desarticulación de la verdadera organización.
Lograron infiltrar al PAN desde 1987. Diversos empresarios y políticos, principalmente del Partido Acción Nacional, han sido señalados como fundadores o miembros de El Yunque, principalmente por su afiliación a diferentes organizaciones fachadas de El Yunque. Algunas de estas personas han confirmado su pertenencia a la organización. Álvaro Delgado, autor de El Yunque, La ultraderecha en el poder afirma que algunos miembros prominentes del Partido Acción Nacional y del gabinete del ex-presidente mexicano Vicente Fox, entre los que destaca el hoy extinto ex-Secretario del Trabajo y de Gobernación, Carlos Abascal, son miembros del Yunque.
Según el ex militante de esta organización secreta, Luciano Ruiz Chávez, El Yunque planteó proceder con violencia contra López Obrador y sus simpatizantes en la crisis post-electoral en las elecciones presidenciales de 2006 en México. Otras acusaciones de ataques a la organización surgen al revelarse que el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo mantenía conflictos con esta organización, acusando a sus miembros de orquestar una campaña de desprestigio en su contra para dejar su puesto como secretario de gobernación. Sin embargo ex militantes afirman que ésta no fue responsable del desplome del avión donde viajaba con otros acompañantes.
El nacimiento de Isabel Miranda de Wallace
Fue así como «nació» Isabel Miranda de Wallace, hasta entonces una perfecta desconocida en la arena política mexicana, y que en el 2006, a raíz del supuesto secuestro de su hijo el 11 de julio del 2005, logró cobrar notoriedad.
- Le dieron legitimidad inventando el falso secuestro de su hijo (la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad aportó pruebas de vida de Hugo Alberto Wallace en conferencia de prensa el 11 de julio de 2016, pero antes ya había denunciado a medios internacionales la falsedad del secuestro).
- Se presentó como heroína con el libro El Caso Wallace de Martin Moreno.
- Y la hicieron Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010 para culminar la tarea de darle legitimidad.
Isabel Miranda de Wallace se transformó en la primera activista de todo México. La única activista relacionada con el gobierno, la única que el gobierno apoya. La «activista mayor» que opaca todo el trabajo de los miles de defensores de Derechos Humanos en México.
Fue utilizada por Felipe Calderón del 2009 al 2013 para el caso de la Banda del Zodiaco: hemos visto a Isabel Miranda atacar a Florence Cassez para impedir su liberación. «¡Qué se quede!» dijo. Hasta llevó las supuestas víctimas de Florence Cassez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar – mediáticamente – a los jueces a no liberar a la francesa.
La hemos visto en el 2014 y 2015 intentando impedir la liberación de Nestora Salgado, a quién –sin conocer– exigió a jueces federales su le inventó 56 secuestros y un homicidio. Nestora salió absuelta de todos los cargos en contra de ella.
El falso secuestro, la bandera de Wallace
En realidad Isabel Miranda de Wallace es el Caballo de Troya del Yunque. El falso secuestro de Hugo Alberto Wallace fue el caballo de madera con el que pudo colarse hasta la candidatura a la alcaldía de la Ciudad de México en el 2012, izando la bandera de "madre coraje".
El Yunque pensaba que esta candidata «ciudadana» iba a lograr ser electa en el Distrito Federal. De haber sido así, ella hubiera tenido que pagarles con puestos políticos a sus aclamadores.
Pero no logró alcanzar su meta. Tal vez porque en abril del 2012, la revista Proceso reveló su pasado delincuencial: en el 1998 fue arrestada por homicidio en grado de tentativa cuando ordenó a sus empleados de matar a los trabajadores de la Ciudad de México que estaban retirando unos anuncios ilegales de su empresa Showcase Publicidad.
Testigos que se encontraban en el área de antropométrico afirmaron haberla visto amenazar a las custodias que le tomaban la fotografía y huellas dactilares, y vociferaba porque no quería usar el uniforme carcelario. Fue absuelta del delito de agresión a particulares pero pagó mucho dinero para salir libre con pena alternativa por homicidio en grado de tentativa. Pagó para que no le hicieran algunos estudios de personalidad y para que mandaran al archivo muerto los que le hicieron. De esto, según la fuente informativa, sólo quedan archivos electrónicos incompletos.
La batalla es contra derechos humanos
El Yunque la mantiene protegida a Isabel Miranda y la utiliza con la bandera del activismo por "las víctimas" para atacar a los grupos institucionales de Derechos Humanos y organizaciones civiles independientes del Gobierno.
Prueba de ello, en el 2015, Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega Sánchez (del Yunque), organizaron una marcha blanca en el Distrito Federal para mostrar su apoyo a las fuerzas federales de la Ciudad de México.
- Miranda y Ortega Sánchez en la marcha
El Yunque reaparece a principios del 2016, después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega Sánchez aprovecharon la visita del GIEI a México para lanzar una campaña mediática en contra, pero también en contra de la ONU, de la CIDH y del entonces secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, de la CNDH y de Juan Méndez, relator contra la tortura de la ONU.
Para el periodista Ricardo Raphael, quien operó de manera visible esta campaña de desprestigio fue José Antonio Ortega Sánchez, "fundador del Yunque, abogado de militares, amigo de la ultraderecha colombiana y colega de Isabel Miranda de Wallace". El Universal, 17/03/2016.
- José Antonio Ortega Sánchez se lanza contra las instituciones de derechos humanos en febrero del 2016. Foto : red
A todos los funcionarios los acusaron de ser parte de una «mafia», de una red de complicidades cuyo objetivo era liberar a secuestradores.
El Yunque es una organización que se manifiesta abiertamente como anti derechos humanos. Isabel Miranda de Wallace es un claro ejemplo de ello, defiende y legitima la tortura públicamente, e incluso se opone al debido proceso afirmando que las instituciones derechohumanistas buscan y permiten la liberación de secuestradores. Ése es su discurso más combativo. De tal modo que sus apariciones públicas están dirigidas a convencer a las audiencias que repudian la tortura como método de confesión criminal y defienden el debido proceso como derecho de todos los ciudadanos.
15 de julio del 2016 - El caso Wallace podría ser una fabricación
24 de noviembre 2017 Última audiencia para Brenda y Jacobo
El 24 de noviembre de este año tendra lugar la última audiencia para Brenda y Jacobo. Muchíssimas pruebas van a ser aportadas al expediente. Brenda está bien dentro de lo que cabe.
Sabemos que el juez está comprado por Miranda de Wallace, que por cierto logro quitar al juez Raúl Garfias porque no servía sus intereses. Es casi un hecho que el juez va a fallar en contra de Brenda y de Jacobo, aunque no haya cuerpo, ni DNA, ni ninguna prueba de la muerte de Hugo Alberto. Así es el caso Wallace, un caso típico de fabricación de culpables con tortura, a la mexicana. En este caso participaron las autoridades. Miranda de Wallace manda en PGR. Al parecer los tiene hasta la madre, la odian por soberbia.
Pero sus ex-amigos MP van a hablar. Todo va a ser revelado. La caída sera terrible para Miranda de Wallace.
Cada día, mas gente apoya a Brenda, toda esta gente va a hacer la diferencia.
2 de diciembre 2016 - Carta de Brenda después de 9 años de prisión
Brenda Quevedo Cruz*
Hoy todavía es de noche, aún no destellan los primeros rayos del sol y sin embargo ya debo estar vestida con un uniforme color beige que parece ya mi segunda piel. Me preparo para el conteo de cada mañana, el primero de muchos del día, lo que se conoce como “pase de lista”.
Así empiezo todos los días de mi vida en estos últimos nueve años desde que fui encarcelada por el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, el famoso caso fabricado por su propia madre. Pero no sólo me despierto cansada de pensar en ello, a veces también despierto con el recuerdo de un hermoso sueño producido por unos momentos en que mi mente puede salir de esta prisión para despertar en casa.
No obstante, lo que roba mi primer pensamiento cada mañana, sin falta, es la súplica a Dios porque todo esto termine pronto, no sin antes darle las gracias también por un día más de vida, por una oportunidad más de seguir aprendiendo.
Por más que quisiera buscar las palabras para poder expresar mi sentir en este tiempo de reclusión, no creo encontrarlas más acertadas a este sentimiento que arde de dolor dentro de mí, que hace que mi alma y mi corazón se encojan al ver que sigue pasando el tiempo en esta caja de pandora, donde las sorpresas han sido extremas.
He sentido tanto dolor físico causado por la tortura, tanto dolor moral porque se me ha crucificado y sentenciado sin siquiera tener aún el veredicto de un juez. También he reído al conocer gente con la que he compartido buenos momentos, pues aun aquí, en esta fortaleza de concreto, he tenido el gusto y el orgullo de conocer corazones tan bellos y sensibles como flores flotando en un pantano. Definitivamente me quedo con los buenos recuerdos y enseñanzas que he obtenido durante este largo viaje que me han obligado a emprender.
¿Hacia dónde voy? Todavía no lo sé muy bien. La incertidumbre es el pan nuestro de cada día en lugares como éstos, somos números, personas sin voz, seres obedientes que sólo debemos esperar indicaciones, desde salir al pequeño comedor a tomar los alimentos o darnos un regaderazo de cinco minutos. Para todas esas simples actividades que para la gente en libertad pareciera algo tan irrelevante por ser normal, aquí es una actividad programada, la cual no tenemos opción de escoger cuándo o cómo quisiéramos realizarlas.
Sin explicación alguna, también pueden trasladarnos de un centro a otro por cualquier motivo, no importa si nos alejan o nos acercan a nuestra familia; si nos humillan o nos golpean durante el trayecto, si somos inocentes o culpables; para ellos da lo mismo.
Desde mi detención en Estados Unidos en noviembre de 2007, hasta el día de hoy, me han trasladado ocho veces, de una cárcel a otra. Unas menos duras, otras peor, pero al fin cárceles.
Aquí, nada me pertenece, ni la ropa que traigo puesta, sólo mi fe y mis pensamientos, esos sí son míos, y son libres para volar e imaginar tantas veces la misma escena: mi familia, mi libertad, mi felicidad, el regreso a mi vida normal, terminar esta pesadilla. A veces alucino que es ésta mi realidad, y aquella vida tan bella que alguna vez tuve, es un hermoso sueño que se hace cada vez más vago en mi mente.
Lo que sí sé es a dónde me gustaría llegar. A recobrar lo que me han arrancado estos nueve años. Soy como un ave al que arrancaron sus alas y quedó viva para morir de tristeza paulatinamente, viendo el cielo sin poder emprender el vuelo.
Pero luego vuelvo en sí, recapacito y saco fuerzas para pararme de nuevo erguida, con la cabeza en alto, tomar las armas que me ayudan a pelear que es el amor de mi familia y la esperanza que me brinda, aunque siga lidiando con este desgastante proceso legal en donde tengo que probar que no soy culpable, sin que las autoridades cumplan con los principios básicos de nuestra Constitución, que es la presunción de inocencia, nuestra garantía a no ser torturados, nuestro derecho a un debido proceso, pero aquí, en este país, como en los tiempos de la inquisición, basta una voz del poder corrupto para señalar a alguien como culpable y aun cuando se demuestre lo contrario, su caprichosa voluntad será más fuerte que la ley misma.
Pero sigo de pie, en lucha, lista para lo que venga, porque confío en que ganaré esta guerra, aunque haya perdido mil batallas. Porque la Justicia de Dios no es la misma a la de los hombres y mujeres que juzgan a discreción, porque la Justicia Divina no se corrompe.
Quiero dar las gracias también a las personas que siguen creyendo en mi inocencia, y se han unido a esta gran lucha que es la de los culpables fabricados en México, que sin duda ganaremos en alguna instancia. Dios los bendiga por defender la Verdad y la Justicia, por tener esa humanidad que es esencia del “Ser” y por no haber perdido esa empatía con el dolor ajeno, porque no sólo soy yo, somos miles de personas que estamos en circunstancias similares peleando contra un monstruo de siete cabezas que parece invencible que es el Estado, pero un estado fallido que tarde o temprano tiene que transformarse por el bien de todos y cada uno de los mexicanos que los sostenemos. Gracias por seguir hombro a hombro luchando con nosotros.
¡Juntos, hasta la victoria por un México libre!
BRENDA QUEVEDO CRUZ
Coatlán del Río, Morelos Noviembre 2016
11 de noviembre 2011 - PGR llega hasta UABC para intentar que periodista los acompañe a delegación de Mexicali
En el evento organizado por Guadalupe Lizarraga, estaba presente Enriqueta Cruz Gomez, madre de Brenda.
28 de julio del 2016 - El caso Wallace, caballo de Troya del Yunque
El Caso Wallace, caballo de Troya del Yunque
28 de julio del 2016
- Isabel Miranda de Wallace en apoyo a las fuerzas federales junto a José Antonio Ortega Sánchez (de gorra), miembro directivo del Yunque. Foto :
Por Antonio Guillén
La relación de Isabel Miranda de Wallace y la organización mexicana llamada El Yunque parece ser muy estrecha. Amistades, ideología, acciones políticas, discurso, son parte de las coincidencias entre la organización panista en México y la autora del falso secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace.
El Yunque es el nombre de esta organización ya no secreta, sino reservada que, según sus críticos, promueve una ideología católica romana de ultraderecha, y tiene la misión de “implantar el Reino de Dios en tierra mexicana”, de luchar contra las “Fuerzas de Satanás”, sea mediante la violencia, o incluso el asesinato si fuera necesario. Sus miembros se llaman así mismos «Soldados de Cristo», se dicen puros, de la raza evangelizadora. Es gente de la Iglesia Católica, del Opus Dei, de altos mandos de la Policía y el ejército mexicano, así como de destacados empresarios y políticos.
Como todas las ideologías y corrientes de pensamiento de derecha, esta sociedad secreta contiene ciertos rasgos de la doctrina nazi u otras parafernalias ideológicas de diferentes credos de iniciación de sectas, auqnue en sus orígenes "proponía defender la religión católica y combatir uan supuesta conspiración judeo-masónica-comunista que pretendía dominar el mundo" (Wiki Yunque).
Es una red de gente encumbrada en la industria y la política mexicana. Muchos de ellos han sido relacionados con horrendos crímenes, y pese a ello son protegidos por la jerarquía eclesial católica. La misma Isabel Miranda se ha mantenido impune de sus crímenes de lesa humanidad, como la detención ilegal, tortura y encarcelamiento de inocentes, gracias al tráfico de influencias de autoridades judiciales y del expresidente Felipe Calderón para sostener la mentira del hijo muerto.
Las miras del Yunque
Definida por uno de sus exmilitantes como "agencia de colocaciones", el objetivo de esta organización es obtener puestos políticos para aplicar su ideología nazi, su programa político. Buscan poder, posiciones, dinero y complicidades para encumbrar a más gente de su doctrina. Algunos de los más recientes destacados se menciona a Luis Felipe Bravo Mena, Elias Villegas, Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks, Vicente Fox, y su secretario Emilio Goicochea, Felipe Calderón, entre otros.
El Yunque fue paramilitar en sus inicios, pero con el paso del tiempo, la organización supuestamente evolucionaría y comenzaría a trabajar en el establecimiento de un gobierno fascista en México, buscando sus objetivos por medio de métodos políticos más convencionales.
Cómo opera El Yunque
Según sus críticos, el Yunque opera públicamente mediante el uso de diversas organizaciones de fachada como Provida para impedir la detección y posterior desarticulación de la verdadera organización.
Lograron infiltrar al PAN desde 1987. Diversos empresarios y políticos, principalmente del Partido Acción Nacional, han sido señalados como fundadores o miembros de El Yunque, principalmente por su afiliación a diferentes organizaciones fachadas de El Yunque. Algunas de estas personas han confirmado su pertenencia a la organización. Álvaro Delgado, autor de El Yunque, La ultraderecha en el poder afirma que algunos miembros prominentes del Partido Acción Nacional y del gabinete del ex-presidente mexicano Vicente Fox, entre los que destaca el hoy extinto ex-Secretario del Trabajo y de Gobernación, Carlos Abascal, son miembros del Yunque.
Según el ex militante de esta organización secreta, Luciano Ruiz Chávez, El Yunque planteó proceder con violencia contra López Obrador y sus simpatizantes en la crisis post-electoral en las elecciones presidenciales de 2006 en México. Otras acusaciones de ataques a la organización surgen al revelarse que el ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo mantenía conflictos con esta organización, acusando a sus miembros de orquestar una campaña de desprestigio en su contra para dejar su puesto como secretario de gobernación. Sin embargo ex militantes afirman que ésta no fue responsable del desplome del avión donde viajaba con otros acompañantes.
El nacimiento de Isabel Miranda de Wallace
Fue así como «nació» Isabel Miranda de Wallace, hasta entonces una perfecta desconocida en la arena política mexicana, y que en el 2006, a raíz del supuesto secuestro de su hijo el 11 de julio del 2005, logró cobrar notoriedad.
- Le dieron legitimidad inventando el falso secuestro de su hijo (la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad aportó pruebas de vida de Hugo Alberto Wallace en conferencia de prensa el 11 de julio de 2016, pero antes ya había denunciado a medios internacionales la falsedad del secuestro).
- Se presentó como heroína con el libro El Caso Wallace de Martin Moreno.
- Y la hicieron Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010 para culminar la tarea de darle legitimidad.
Isabel Miranda de Wallace se transformó en la primera activista de todo México. La única activista relacionada con el gobierno, la única que el gobierno apoya. La «activista mayor» que opaca todo el trabajo de los miles de defensores de Derechos Humanos en México.
Fue utilizada por Felipe Calderón del 2009 al 2013 para el caso de la Banda del Zodiaco: hemos visto a Isabel Miranda atacar a Florence Cassez para impedir su liberación. «¡Qué se quede!» dijo. Hasta llevó las supuestas víctimas de Florence Cassez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar – mediáticamente – a los jueces a no liberar a la francesa.
La hemos visto en el 2014 y 2015 intentando impedir la liberación de Nestora Salgado, a quién –sin conocer– exigió a jueces federales su le inventó 56 secuestros y un homicidio. Nestora salió absuelta de todos los cargos en contra de ella.
El falso secuestro, la bandera de Wallace
En realidad Isabel Miranda de Wallace es el Caballo de Troya del Yunque. El falso secuestro de Hugo Alberto Wallace fue el caballo de madera con el que pudo colarse hasta la candidatura a la alcaldía de la Ciudad de México en el 2012, izando la bandera de "madre coraje".
El Yunque pensaba que esta candidata «ciudadana» iba a lograr ser electa en el Distrito Federal. De haber sido así, ella hubiera tenido que pagarles con puestos políticos a sus aclamadores.
Pero no logró alcanzar su meta. Tal vez porque en abril del 2012, la revista Proceso reveló su pasado delincuencial: en el 1998 fue arrestada por homicidio en grado de tentativa cuando ordenó a sus empleados de matar a los trabajadores de la Ciudad de México que estaban retirando unos anuncios ilegales de su empresa Showcase Publicidad.
Testigos que se encontraban en el área de antropométrico afirmaron haberla visto amenazar a las custodias que le tomaban la fotografía y huellas dactilares, y vociferaba porque no quería usar el uniforme carcelario. Fue absuelta del delito de agresión a particulares pero pagó mucho dinero para salir libre con pena alternativa por homicidio en grado de tentativa. Pagó para que no le hicieran algunos estudios de personalidad y para que mandaran al archivo muerto los que le hicieron. De esto, según la fuente informativa, sólo quedan archivos electrónicos incompletos.
La batalla es contra derechos humanos
El Yunque la mantiene protegida a Isabel Miranda y la utiliza con la bandera del activismo por "las víctimas" para atacar a los grupos institucionales de Derechos Humanos y organizaciones civiles independientes del Gobierno.
Prueba de ello, en el 2015, Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega Sánchez (del Yunque), organizaron una marcha blanca en el Distrito Federal para mostrar su apoyo a las fuerzas federales de la Ciudad de México.
- Miranda y Ortega Sánchez en la marcha
El Yunque reaparece a principios del 2016, después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega Sánchez aprovecharon la visita del GIEI a México para lanzar una campaña mediática en contra, pero también en contra de la ONU, de la CIDH y del entonces secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, de la CNDH y de Juan Méndez, relator contra la tortura de la ONU.
Para el periodista Ricardo Raphael, quien operó de manera visible esta campaña de desprestigio fue José Antonio Ortega Sánchez, "fundador del Yunque, abogado de militares, amigo de la ultraderecha colombiana y colega de Isabel Miranda de Wallace". El Universal, 17/03/2016.
- José Antonio Ortega Sánchez se lanza contra las instituciones de derechos humanos en febrero del 2016. Foto : red
A todos los funcionarios los acusaron de ser parte de una «mafia», de una red de complicidades cuyo objetivo era liberar a secuestradores.
El Yunque es una organización que se manifiesta abiertamente como anti derechos humanos. Isabel Miranda de Wallace es un claro ejemplo de ello, defiende y legitima la tortura públicamente, e incluso se opone al debido proceso afirmando que las instituciones derechohumanistas buscan y permiten la liberación de secuestradores. Ése es su discurso más combativo. De tal modo que sus apariciones públicas están dirigidas a convencer a las audiencias que repudian la tortura como método de confesión criminal y defienden el debido proceso como derecho de todos los ciudadanos.
15 de julio del 2016 - El caso Wallace podría ser una fabricación
Once años después del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace de Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, integrantes de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) afirman que el caso es una fabricación.
Durante el sexenio calderonista, Isabel Miranda ganó el apoyo de la opinión pública, al denunciar el secuestro y asesinato de su hijo, en 2005, y emprender personalmente la búsqueda de los responsables. La madre “heroína” inundó de espectaculares las principales vías de la Ciudad de México, ofreciendo una recompensa de 250 mil pesos a quien brindara información sobre los autores del secuestro.
Tal fue la simpatía que generó que, en 2014 (2012 mas bien), Felipe Calderón operó políticamente para que ella se convirtiera en la candidata del PAN al gobierno del DF y, aunque no fue elegida, desde entonces figura en puestos claves de organizaciones relacionadas con el tema del secuestro. Hoy, por ejemplo, es presidenta de la organización Alto al Secuestro.
Este lunes, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, familiares de los inculpados y sus abogados presentaron un análisis con pruebas que, supuestamente, podrían demostrar la falsedad de los hechos y la construcción de los culpables. Así como las irregularidades y los delitos que la propia Isabel Miranda ha cometido para fabricar su versión de los hechos.
En un documento de 30 páginas, la organización internacional destaca que la única prueba pericial con la que se determinó que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí, es una gota de sangre que se encontró en el lugar. Pero, de acuerdo a las pruebas del laboratorio, el ADN corresponde a alguien del sexo femenino; es decir, que no pertenece a la supuesta víctima, sino a su madre o a su hermana. (Vía Proceso)
Además, dicha gota fue encontrada hasta 8 meses después del incidente, en el departamento de uno de los secuestradores que durante todo ese tiempo no había sido detenido por las autoridades, pese a que la investigación era sobre un homicidio. (Vía Sin embargo)
En el documento también se denuncia que algunos de los inculpados por el secuestro fueron obligados –por la extinta AFI- a declararse culpables y a pedir disculpas a Isabel Miranda, por medio de amenazas y métodos de tortura. Además se señala que éstos no contaron con un proceso jurídico legal.
En el análisis también se revela que una persona identificada con el nombre de la supuesta víctima, Hugo Alberto Miranda Torres, tramitó un juicio ante la Corte en el 2010, cinco años después de la desaparición. (Vía Sin embargo)
David Bertet, presidente de la Asociación, afirmo que solicitarán a las autoridades mexicanas la liberación de dos de los inculpados, la revisión de los juicios del resto de los acusados y la creación de una comisión de investigación, ajena a la PGR, que investigue a los cómplices que, perteneciendo a instituciones estatales, contribuyeron a fabricar a los culpables del caso Wallace.
12 de julio 2016 - En el caso Wallace se fabricaron culpables con base en torturas, asegura estudio de ong canadiense
Once años después del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace de Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, integrantes de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) afirman que el caso es una fabricación.
Durante el sexenio calderonista, Isabel Miranda ganó el apoyo de la opinión pública, al denunciar el secuestro y asesinato de su hijo, en 2005, y emprender personalmente la búsqueda de los responsables. La madre “heroína” inundó de espectaculares las principales vías de la Ciudad de México, ofreciendo una recompensa de 250 mil pesos a quien brindara información sobre los autores del secuestro.
Tal fue la simpatía que generó que, en 2014 (2012 mas bien), Felipe Calderón operó políticamente para que ella se convirtiera en la candidata del PAN al gobierno del DF y, aunque no fue elegida, desde entonces figura en puestos claves de organizaciones relacionadas con el tema del secuestro. Hoy, por ejemplo, es presidenta de la organización Alto al Secuestro.
Este lunes, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, familiares de los inculpados y sus abogados presentaron un análisis con pruebas que, supuestamente, podrían demostrar la falsedad de los hechos y la construcción de los culpables. Así como las irregularidades y los delitos que la propia Isabel Miranda ha cometido para fabricar su versión de los hechos.
En un documento de 30 páginas, la organización internacional destaca que la única prueba pericial con la que se determinó que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí, es una gota de sangre que se encontró en el lugar. Pero, de acuerdo a las pruebas del laboratorio, el ADN corresponde a alguien del sexo femenino; es decir, que no pertenece a la supuesta víctima, sino a su madre o a su hermana. (Vía Proceso)
Además, dicha gota fue encontrada hasta 8 meses después del incidente, en el departamento de uno de los secuestradores que durante todo ese tiempo no había sido detenido por las autoridades, pese a que la investigación era sobre un homicidio. (Vía Sin embargo)
En el documento también se denuncia que algunos de los inculpados por el secuestro fueron obligados –por la extinta AFI- a declararse culpables y a pedir disculpas a Isabel Miranda, por medio de amenazas y métodos de tortura. Además se señala que éstos no contaron con un proceso jurídico legal.
En el análisis también se revela que una persona identificada con el nombre de la supuesta víctima, Hugo Alberto Miranda Torres, tramitó un juicio ante la Corte en el 2010, cinco años después de la desaparición. (Vía Sin embargo)
David Bertet, presidente de la Asociación, afirmo que solicitarán a las autoridades mexicanas la liberación de dos de los inculpados, la revisión de los juicios del resto de los acusados y la creación de una comisión de investigación, ajena a la PGR, que investigue a los cómplices que, perteneciendo a instituciones estatales, contribuyeron a fabricar a los culpables del caso Wallace.
Foto: Archivo
Ciudad de México, 12 de julio.- La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), activistas y periodistas anunciaron en un comunicado la presentación de “pruebas contundentes de la absoluta falsedad del caso Wallace”, desde un análisis meticuloso de las declaraciones obtenidas bajo tortura de los presuntos culpables.
Además, la ONG enfocada en derechos humanos solicitó al gobierno federal la creación urgente de una comisión independiente de investigación que no pertenezca a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para evitar una red de complicidades dentro de las instituciones que presuntamente permitieron la fabricación de culpables en el caso de Miranda Wallace.
De igual manera, solicitaron la liberación inmediata de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, luego de la presentación de las pruebas que, según sostuvieron los denunciantes, echan por tierra la investigación sobre el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
Miranda de Wallace encabezó en febrero de 2006 la búsqueda de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto, al colocar espectaculares en las avenidas más importantes de la capital mexicana con las fotos de las personas hoy juzgadas, en las que ofrecía $250 mil de recompensa a quien le diera información sobre los supuestos criminales.
Sin embargo, el lunes pasado, en rueda de prensa, integrantes de la ACDV, familiares de los inculpados y abogados presentaron evidencias que mostraban que las declaraciones de los supuestos plagiarios fueron obtenidas bajo tortura, y argumentaron que las pruebas que presentó Wallace “ni siquiera tiene existencia legal”.
La ong canadiense destacó en un reporte de 30 páginas que la única prueba pericial de que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar, cuyo ADN corresponde al sexo femenino, es decir, al de la madre de la supuesta víctima o al de su media hermana, Claudia Wallace.
De igual manera, la investigación de la organización indicó que la evidencia fue hallada ocho meses después en el departamento de uno de los presuntos plagiarios, el cual ni siquiera fue asegurado por las autoridades, pese a que se investigaba un homicidio.
El informe subraya que Isabel Miranda también mintió con respecto a la paternidad de su hijo, pues asegura que contrajo matrimonio a los 18 años con su actual esposo y padre de sus hijos, Enrique del Socorro Wallace Díaz, en 1968, cuando éste tenía 31 años. No obstante, el acta de matrimonio tiene fecha de 1978, cuando ella tenía 27 años, apenas tres años después del divorcio del empresario y su primera esposa.
El documento presentado en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la colonia Roma, también indica que una persona identificada como Hugo Alberto Miranda Torres tramitó un juicio ante una corte en 2010, cinco años después del supuesto homicidio del hijo de la activista. (eemequis se equivoca, Hugo Alberto Miranda Torres tramitó una CURP en 2010).
En la conferencia también participó Daphne, hija de Juana Hilda Lomelí, quien fue detenida el 10 de enero de 2006 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, en donde la joven denunció que a su madre, como los otros seis acusados, no se le hizo un proceso jurídico legal.
También declaró que los jóvenes procesados fueron torturados por agentes de la extinta AFI, con el fin de que se declararan culpables.
Ya presos, los inculpados se enteraron de que eran acusados de secuestro y homicidio, y fue cuando Isabel inició su campaña mediática.
“La señora Wallace se acercó a mi hijo (Jael Malagón Uscanga) solicitándole que inculpara a César Freyre Morales, prometiéndole la libertad y cambio de identidad”, dijo Elena Uscaganda, madre del afectado.
Elena Uscanga también comentó que “la señora Wallace recibió todo el apoyo de la SEIDO, y otras autoridades que facilitaron la intromisión en el proceso”.
Por su parte, los especialistas refirieron que la organización Alto al Secuestro, encabezada por Miranda d Wallace, no sólo se dedica a fabricar culpables, sino que también engaña a la opinión pública.
Es por ello que la ong pidió a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien actualmente tendría 47 años.
Como consecuencia, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad exigió la revisión de los juicios contra Juana Hilda Lomelí, César Freyre Morales, Tony y Alberto Castillo, y Jael Malagón Uscanga.
(Con información de Apro)
13 de julio del 2016 - Caso Wallace: absurdos jurídicos, violaciones al debido proceso, torturas…
Foto: Archivo
Ciudad de México, 12 de julio.- La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), activistas y periodistas anunciaron en un comunicado la presentación de “pruebas contundentes de la absoluta falsedad del caso Wallace”, desde un análisis meticuloso de las declaraciones obtenidas bajo tortura de los presuntos culpables.
Además, la ONG enfocada en derechos humanos solicitó al gobierno federal la creación urgente de una comisión independiente de investigación que no pertenezca a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para evitar una red de complicidades dentro de las instituciones que presuntamente permitieron la fabricación de culpables en el caso de Miranda Wallace.
De igual manera, solicitaron la liberación inmediata de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, luego de la presentación de las pruebas que, según sostuvieron los denunciantes, echan por tierra la investigación sobre el caso del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
Miranda de Wallace encabezó en febrero de 2006 la búsqueda de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto, al colocar espectaculares en las avenidas más importantes de la capital mexicana con las fotos de las personas hoy juzgadas, en las que ofrecía $250 mil de recompensa a quien le diera información sobre los supuestos criminales.
Sin embargo, el lunes pasado, en rueda de prensa, integrantes de la ACDV, familiares de los inculpados y abogados presentaron evidencias que mostraban que las declaraciones de los supuestos plagiarios fueron obtenidas bajo tortura, y argumentaron que las pruebas que presentó Wallace “ni siquiera tiene existencia legal”.
La ong canadiense destacó en un reporte de 30 páginas que la única prueba pericial de que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar, cuyo ADN corresponde al sexo femenino, es decir, al de la madre de la supuesta víctima o al de su media hermana, Claudia Wallace.
De igual manera, la investigación de la organización indicó que la evidencia fue hallada ocho meses después en el departamento de uno de los presuntos plagiarios, el cual ni siquiera fue asegurado por las autoridades, pese a que se investigaba un homicidio.
El informe subraya que Isabel Miranda también mintió con respecto a la paternidad de su hijo, pues asegura que contrajo matrimonio a los 18 años con su actual esposo y padre de sus hijos, Enrique del Socorro Wallace Díaz, en 1968, cuando éste tenía 31 años. No obstante, el acta de matrimonio tiene fecha de 1978, cuando ella tenía 27 años, apenas tres años después del divorcio del empresario y su primera esposa.
El documento presentado en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la colonia Roma, también indica que una persona identificada como Hugo Alberto Miranda Torres tramitó un juicio ante una corte en 2010, cinco años después del supuesto homicidio del hijo de la activista. (eemequis se equivoca, Hugo Alberto Miranda Torres tramitó una CURP en 2010).
En la conferencia también participó Daphne, hija de Juana Hilda Lomelí, quien fue detenida el 10 de enero de 2006 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, en donde la joven denunció que a su madre, como los otros seis acusados, no se le hizo un proceso jurídico legal.
También declaró que los jóvenes procesados fueron torturados por agentes de la extinta AFI, con el fin de que se declararan culpables.
Ya presos, los inculpados se enteraron de que eran acusados de secuestro y homicidio, y fue cuando Isabel inició su campaña mediática.
“La señora Wallace se acercó a mi hijo (Jael Malagón Uscanga) solicitándole que inculpara a César Freyre Morales, prometiéndole la libertad y cambio de identidad”, dijo Elena Uscaganda, madre del afectado.
Elena Uscanga también comentó que “la señora Wallace recibió todo el apoyo de la SEIDO, y otras autoridades que facilitaron la intromisión en el proceso”.
Por su parte, los especialistas refirieron que la organización Alto al Secuestro, encabezada por Miranda d Wallace, no sólo se dedica a fabricar culpables, sino que también engaña a la opinión pública.
Es por ello que la ong pidió a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien actualmente tendría 47 años.
Como consecuencia, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad exigió la revisión de los juicios contra Juana Hilda Lomelí, César Freyre Morales, Tony y Alberto Castillo, y Jael Malagón Uscanga.
(Con información de Apro)
13 de julio del 2016 - Caso Wallace: absurdos jurídicos, violaciones al debido proceso, torturas…
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A diferencia de la mayoría de los familiares de desaparecidos que se niegan a aceptar la muerte de la víctima hasta no ver el cuerpo o tener pruebas científicas irrefutables del fallecimiento, la empresaria Isabel Miranda de Wallace “es la única persona que se niega a aceptar que su hijo esté vivo, y que grita para hacernos creer que su propio hijo fue descuartizado”, según David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho a la Verdad.
Este hecho forma parte del sinnúmero de absurdos jurídicos y de sentido común, así como de violaciones al debido proceso que plagan el caso del supuesto secuestro y asesinato del hijo de la actual presidenta de la organización Alto al Secuestro la noche del 11 al 12 de julio de 2005, muchas de las cuales fueron documentadas por Proceso en los últimos años.
Seis personas –Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, Cesar Freyre Morales, así como Alberto y Tony Castillo– se encuentran en la cárcel por este caso y todos claman su inocencia.
Su defensa afirma que no existen pruebas en su contra, sino declaraciones autoincriminatorias las cuales, además de ser contradictorias entre sí, fueron arrancadas bajo tortura. El cuerpo de la supuesta víctima nunca apareció, y nuevos elementos salieron con el tiempo, los cuales enturbiaron la versión de Miranda de Wallace.
La organización canadiense lleva años investigando el llamado “Caso Wallace” –defiende de manera benévola a Quevedo Cruz– y aprovechó que el pasado lunes 11 se conmemorara el onceavo aniversario del supuesto plagio para recordar que la historia del secuestro, tal y como la presenta Miranda de Wallace “nunca ocurrió”; afirmó que fue una “gran mentira” fabricada por la propia empresaria en contubernio con funcionarios federales.
La empresaria tomó como prueba de la muerte de su hijo el dictamen de una autopsia “surrealista”, la cual “nunca sucedió ni pudo suceder ya que precisamente no se encontró ningún cuerpo”, según la organización canadiense.
La perito Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), certificó el 8 de noviembre de 2013 que Hugo Alberto Wallace Miranda falleció el 12 de julio de 2005 a las 0:00 horas por “insuficiencia respiratoria aguda, asfixia mecánica por estrangulación, asfixia mecánica por compresión abdominal”.
Además de que la perito no pudo analizar el cuerpo para corroborar con tantos detalles de cómo murió el hijo de la empresaria, Bertet señaló que “Hugo Alberto Wallace Miranda” ni siquiera existe como persona legal.
En mayo de 2014 salió a la luz que el hijo de Isabel Miranda de Wallace contaba con dos actas de nacimiento, emitidas en 1970 y 1975, en los que aparece con dos apellidos y padres distintos, pero con la misma fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1969.
En la primera, fue registrado con el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres y Jacinto Miranda aparece como su padre (equivocación de Proceso : Fausto es el nombre). En la segunda, aparece con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y José Enrique Wallace Díaz firma como su padre.
La PGR nunca profundizó varias de las líneas de investigación que ponían en duda incluso la muerte del hijo de la empresaria. Entre ellas: el uso de la tarjeta de crédito perteneciente a Hugo Alberto Wallace Miranda el 20 de julio de 2005 en un centro comercial de Perisur o, bien, una llamada a su línea celular el 1 de noviembre de 2005.
Asimismo, la primera acta de nacimiento fue utilizada el 24 de febrero de 2010 para tramitar una Cédula Única de Registro de Población (CURP) ante las autoridades capitalinas, esto es, cuatro años y medio después de que Hugo supuestamente murió descuartizado.
“Evidencias físicas”
Junto con el acta de defunción, Miranda de Wallace mencionó seis supuestas evidencias físicas, las cuales convalidarían su versión de lo sucedido.
Según la empresaria, su hijo fue secuestrado en el departamento de Juana Hilda Lomelí por un grupo dirigido por César Freyre. Todavía según esta versión, falleció en la madrugada del 12 de julio de 2015 de una golpiza; sus agresores descuartizaron el cuerpo en el baño con una sierra eléctrica –comprada horas antes en un Walmart– y arrojaron sus restos al azar.
Sin embargo, la defensa sostiene que el baño colinda con el cubo de luz del edificio; nadie escuchó el motor de la sierra eléctrica que supuestamente fue utilizada a las 8 de la mañana. El 13 de julio, peritos de la SIEDO, ahora SEIDO, ingresaron a la vivienda y no encontraron rasgos de sangre. Salieron del departamento, dejando la puerta abierta durante dos semanas.
En octubre de 2005, el departamento fue rentado a un particular sin que las autoridades opusieran resistencia. El particular lo abandonó cuatro meses más tarde por teléfono, sin entregar las llaves a los dueños, según señaló la organización.
No fue sino hasta febrero de 2006 que la PGR ingresó de nuevo en el departamento, donde supuestamente encontró una gota de sangre y la licencia para manejar del hijo de Miranda de Wallace.
Si bien el ADN salió compatible con los perfiles genéticos de Isabel Miranda y Enrique Wallace, éste estaba conformado por dos cromosomas XX, lo que corresponde a una mujer. La perito que analizó la gota de sangre aseveró que se trató de un error de dedo.
La organización canadiense denunció que no pudo hacer su propio peritaje, ya que las autoridades sostuvieron que la muestra sólo contenía lo suficiente de ADN para realizar un único análisis.
Por otra parte, la licencia de conducir había vencido el 9 de enero de 2005. No era el documento que utilizaba Hugo, ya que renovó su credencial ese mismo mes.
Según Bertet la empresaria incluso mintió ante la justicia estadunidense, al aseverar que su hijo no tenía ningún antecedente penal.
A raíz de una petición emitida en 2008 por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, que analizaba la petición para la extradición de Quevedo, la Agencia Federal de Investigación mandó una copia de la causa penal 196/2001, en la que se señaló a Hugo “penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de prisión”.
Declaraciones contradictorias
La historia del caso, según la relata Isabel Miranda de Wallace, se articula alrededor de la declaración magisterial de Juana Hilda Lomelí, rendida en febrero de 2006. Dos meses más tarde, la misma declaró que desconocía tal declaración, ya que se elaboró en ausencia de su abogado y bajo presiones de los agentes ministeriales.
En 2010, la declaración de Lomelí fue complementada por la de Jacobo Tagle Dobín, quién salió positivo a los exámenes del protocolo de Estambul –que detectan el uso de tortura—y de César Freyre Morales. Éste también afirmó que fue torturado. La organización denunció que videos de estas declaraciones fueron “filtrados” a los medios para sostener la historia del secuestro.
Bertet aseveró que de por sí los actos de tortura que sufrieron los involucrados bastarían para liberarlos inmediatamente. Sin embargo señaló que las propias contradicciones entre las declaraciones las invalidan. En mayo de 2014, la organización canadiense elaboró un amplio documento en el que evidenció estas contradicciones tanto sobre fechas, lugares y horas como en elementos de fondo del caso como la propia arma.
Según éste, las declaraciones no concuerdan sobre el motivo que empujó la banda a perpetrar el secuestro. En su declaración, César Freyre afirmó que él mismo planeó el secuestro por razones de negocio. Según Jacobo, César planeó el delito para vengarse de Hugo, después de que éste hablara mal de él. Y según Juana Hilda, el plagio fue ideado por Jacobo, quien conocía la fortuna de la familia de Hugo.
Lo que ocurrió en el departamento también varía según las declaraciones. Jacobo afirmó que al entrar en la vivienda, acompañado por Juana Hilda, Hugo fue encañonado por César con una pistola modelo Glock. Ni Juana Hilda ni César evocaron la presencia de armas. Jacobo afirmó que subieron el volumen de la televisión; César dijo que nunca estuvo prendida. El fallecimiento tampoco quedó esclarecido: varían las versiones sobre cómo César golpeó a Hugo hasta provocarle la muerte.
Las declaraciones no concuerdan sobre el aparato que supuestamente fue utilizado para sacar una fotografía de Hugo: César dice que fue una cámara; Jacobo y Juana Hilda afirman que fue el celular de Brenda.
Posteriormente, un grupo hubiera salido a comprar la herramienta necesaria a la sórdida labor de descuartizamiento del cuerpo. Ahí, de nuevo, las versiones difieren: César, quien supuestamente fue al Walmart, no pudo recordar si se trataba de una sierra eléctrica o a gasolina. Juana Hilda afirmó que utilizaron un “serrucho”.
Y César, el presunto autor intelectual del secuestro y del descuartizamiento del cuerpo, declaró que no sabía dónde había terminado la sierra. “Esa ignorancia de un hecho tan básico –el cómo desaparecer el arma de un crimen—resulta hasta risible”, sostuvo la organización canadiense.
La familia Wallace afirmó que un niño atestiguó cuando Jacobo, Brenda y César salieron a comprar la sierra eléctrica, entre las 2 y las 4 de la mañana. El mismo niño, quien supuestamente relató la historia a Isabel Miranda de Wallace, también vio cuando bajaban “a un hombre herido y sangrando” por las escaleras.
La organización canadiense observó que según las declaraciones y los momentos, el niño se hubiera quedado en la entrada del edificio durante extensas horas de la madrugada, “lo cual agrega al carácter totalmente inverosímil de la supuesta presencia del niño e invalida cualquier supuesto testimonio rendido por este niño”.
Cárcel y amenazas
El vasco Luis Miguel Ipiña Doña, exmilitante de la organización separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), lleva años denunciando los absurdos encontrados en el “Caso Wallace”. Hasta mayo de 2011, documentaba sus hallazgos en una página de Internet, pero el 20 de ese mes fue detenido mientras salía de su casa de Ecatepec y encarcelado durante un año, cinco meses y diez días.
Las autoridades afirmaron que el vasco se dedicaba al tráfico de armas; sin embargo, detrás de las rejas de Chiconautla, Estado de México, se percató que el sitio había desaparecido de la red, y durante su encarcelamiento, un custodio le advirtió: “Usted se metió con la Wallace…”.
La organización canadiense realizó un respaldo de parte del trabajo de Ipiña Doña, y continuó con la investigación, asumiendo la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Después de la publicación de la segunda acta de nacimiento de Hugo, Bertet se enteró que la fiscalía anticorrupción tenía abierta una averiguación previa en su contra.
En 2014, Bertet interpuso una denuncia contra Miranda de Wallace por la supuesta fabricación de pruebas y mentiras, mientras su organización pidió que se conformara una comisión independiente para investigar el caso, que no fuera integrada por la PGR.
“Complicidad de eminentes funcionarios”
El pasado 8 de noviembre, la organización canadiense mandó una carta al “zar” antisecuestro Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en la que le recordó que el caso Wallace fue fabricado “con la complicidad de eminentes funcionarios del Estado mexicano, en particular relacionados con la Procuraduría General de la República”.
En esa carta, la organización resaltó que gracias a sus amistades en el gobierno de Felipe Calderón, Miranda de Wallace consiguió el ingreso libre a los penales o a la sede de la SEIDO, donde asistió e incluso participó a los interrogatorios. Por lo anterior, la organización sostuvo que la empresaria “debería encontrarse actualmente por lo menos procesada por los delitos ya señalados”.
20 de mayo Entrevista a Enriqueta Cruz y Nestora Salgado por HispanTV
18 de mayo 2016 Colectivo 43+Madrid exhibe caso de tortura y fabricación de delitos en México
Caso Brenda Quevedo presentado en España por Colectivo 43+ Madrid.
Por Guadalupe Lizárraga
MADRID, España.- El Colectivo 43+ Madrid portó en la marcha de los Indignados una manta artística para continuar la campaña por la libertad de Brenda Quevedo Cruz, torturada e incriminada en México por el falso secuestro de Hugo Wallace, y por lo que lleva ocho años encerrada en un penal federal, mientras la madre de la supuesta víctima, Isabel Miranda, goza de impunidad y poder en las instituciones judiciales de ese país.
Por primera vez, se visibiliza el caso de Brenda en eventos internacionales de protesta y se expone la práctica de la fabricación de delitos y tortura en México como una práctica sistemática. De acuerdo al artículo 7º. Del Estatuto de Roma es un crimen de lesa humanidad cuando el Estado de manera generalizada comete el delito de encarcelamiento, tortura y violación. Delitos que ha padecido Brenda, junto con otras cinco personas acusadas por el mismo falso secuestro.
Desde la visita de Enriqueta Cruz, madre de Brenda, a Madrid, quien junto con el Colectivo 43+ Madrid presentó el caso a Amnistía Internacional España, el pasado 10 de mayo, Los Ángeles Press inició una base de datos de víctimas de fabricación de delitos en México, y en la primera semana se incorporaron 23 casos dramáticos de personas en prisión, todas torturadas para que se incriminaran por un delito que no cometieron.
Por otra parte, el artista mexicano Andrés del Collado, con residencia en España y creador de la manta, ha sido reconocido por su trabajo plástico en diferentes foros europeos y ha ilustrado varias de las campañas de resistencia al gobierno mexicano, así como la campaña permanente para visibilizar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014.P
El colectivo de activistas en Madrid es integrado por mexicanos y españoles que también contribuyeron a crear la agenda de la líder comunitaria Nestora Salgado en su primera visita a Madrid y Barcelona para dar su testimonio como expresa política, después de estar encarcelada durante dos años y ocho meses también con cargos falsos de secuestro y delincuencia organizada.
Entre los integrantes del colectivo, se encuentra Alberto Lerner (Arizz), comentarista y activista político, así como Nayeli Jiménez, estudiante de doctorado, Everardo Manjarrez, maestro y psicólogo adherido a La otra campaña (zapatista), quienes junto con otros integrantes protagonizan y registran la indignación de los mexicanos desde España por la fractura del Estado de derecho en México que permite la impunidad del gobierno en crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, tortura y encarcelamiento por fabricación de delitos.
15 de mayo 2016 Hasta en Barcelona piden libertad para Brenda Quevedo
10 de mayo 2016 Caso de Brenda Quevedo presentado ante Amnistía Internacional España
Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, en Amnistía Internacional España.
Por Guadalupe Lizárraga
MADRID, España.- Una comisión de prensa de Amnistía Internacional España recibió, ayer 10 de mayo, a la madre de Brenda Quevedo, Enriqueta Cruz Gómez, para presentar el expediente de su hija, torturada e incriminada en México desde 2005 por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.
Enriqueta Cruz fue acompañada por la líder comunitaria Nestora Salgado quien se solidarizó por la causa de Brenda y de los presos políticos en su país, además de un grupo de periodistas de España, Estados Unidos y México, quienes dieron sus testimonios sobre la fabricación de delitos en México como una práctica frecuentada por el gobierno.
La líder comunitaria Nestora Salgado, por su parte, expuso la grave crisis de derechos humanos en Guerrero, donde autoridades locales, ejército y grupos delictivos mantienen a las comunidades indígenas en un constante terror. Sostuvo la líder que el ejército y la marina, por ejemplo, efectúan detenciones a personas inocentes para incrementar las estadísticas y justificar un combate al narcotráfico que en realidad no existe a cabalidad. “Tan así es que les siembran drogas, les ponen armas para hacer el montaje de que estaban haciendo algo malo”.
Enriqueta Cruz enfatizó que las dos torturas padecidas por su hija fueron con el propósito de que se incriminara del secuestro y homicidio de Wallace y las órdenes fueron dadas por Isabel Miranda Torres, la madre de la supuesta víctima. Detalló ante Amnistía Internacional una serie de evidencias de rastros de vida de Wallace y de cómo han sido ignoradas por las mismas autoridades.
“Han sido siete denuncias formales a organismos de derechos humanos y poder judicial, sin embargo, no han sido consideradas ninguna, mientras que Isabel Miranda ha tenido completa libertad de expresión para difamar y calumniar a mi hija. Y yo también tengo derecho a ejercer mi libertad de expresión y denunciar lo que está pasando en realidad”.
Abundó que el propósito de la denuncia internacional es porque han sido ocho años de encarcelamiento de su hija en un proceso manipulado por la madre de Hugo Wallace. “Se han presentado todas las evidencias de que este hombre está vivo, y a mi hija se le está yendo la juventud”.
El periodista mexicano Alberto Lerner cuestionó la naturaleza de la simulación del secuestro Wallace por Miranda: “¿Por qué fingir el secuestro de Hugo Alberto Wallace? ¿Por qué una madre fingiría el secuestro y homicidio de su hijo?” Y él mismo responde dando la explicación a Amnistía Internacional.
–Hugo Alberto Wallace era un delincuente, tenía antecedentes penales por crimen organizado, homicidio, un traficante... y llega un momento en que su madre ya no lo puede proteger, tenía que fingir su muerte para salvarlo”.
Por su parte, el periodista español José Martínez, explicó en qué consistía la fabricación de evidencia sobre la gota de sangre encontrada en el departamento donde supuestamente habían perpetrado el crimen, y la revelación de tres actas de nacimiento de Hugo Wallace en las que se se descubría que no era hijo de Enrique Wallace, por tanto el ADN no podía corresponder a esa muestra de sangre.
Ángel Gonzalo, responsable de medios de comunicación de Amnistía Internacional respondió a los denunciantes que iban a consultarlo con sus compañeros especialistas en México y en tortura y posteriormente darían un veredicto. “Pero desde luego somos conscientes de que en México hay muchos problemas de derechos humanos y la tortura es uno de ellos, de hecho hemos denunciado que se trata de una epidemia de tortura”, señaló el funcionario.
Pasó dos años y medio en prisión, acusada de asesinato y secuestros a raíz de una serie de pruebas basadas en todo tipo de irregularidades, según denunció el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Nestora Salgado, activista mexicana y comandante de la policía comunitaria de Olinalá (Guerrero, México), ofreció este martes una conferencia de prensa en Madrid, apenas un mes después de su liberación, tras haber sido absuelta por falta de pruebas de los cargos que le imputaba la Fiscalía del Estado a ella y a otras presas.
El caso de Nestora Salgado fue uno de los más mediáticos de los acontecidos en México, pero no el único. Según ha denunciado la activista, existen más de 500 presos políticos y de conciencia en las cárceles mexicanas. “Personas acusadas de delitos que jamás cometieron, muchas de las cuales no tuvieron dinero para poder pagarse un abogado”, subrayó Salgado.
En 2012, Salgado fue elegida comandante de las patrullas nocturnas de Olinalá. Ante la imparable inseguridad ciudadana, los vecinos se organizaron y empezaron a llevar a cabo labores de protección, vigilancia, reeducación y trabajos de apoyo. Los delitos descendieron hasta un 90% tras las denuncias, encabezadas por la propia Salgado, de varios funcionarios locales, a los que señaló por corrupción y narcotráfico. Un año después, fue detenida junto a otros 30 miembros de la policía comunitaria, acusada de secuestro y delincuencia organizada.
“Fue una violación arbitraria de mis derechos, de la Constitución y de las leyes”, afirma. “Ellos decidieron que somos peligrosas, porque trabajamos por nuestra gente, y nos dieron un trato peor aún que el que reciben personas que se enorgullecen de haber cortado cabezas y cocinado personas”, añade. La activista ha podido viajar a España gracias a la colaboración de los activistas mexicanos de varios países de Europa y EEUU, que se han organizado para reunir los recursos necesarios para costearlo. Lo hace para poner en marcha la campaña Ponle nombre y rostro, con la que quieren concienciar a la comunidad internacional sobre la grave y sistemática vulneración de los derechos humanos por parte de “un gobierno represor que está despedazando a los pueblos”.
Brenda Quevedo y el ‘caso Wallace’
En la conferencia, que se celebró en la librería Traficantes de Sueños, en el barrio madrileño de Lavapiés, también estuvo presente la periodista Guadalupe Lizárraga, que ha investigado a fondo estos casos, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo. Esta última fue, igualmente, acusada de un falso secuestro. Pero su caso es todavía más dramático. Entre lágrimas, su madre detalló los numerosos abusos y vejaciones de las que fue víctima. “Sufrió violaciones, torturas a base de descargas eléctricas y palizas de todo tipo”, detalló ante un sobrecogido auditorio.
En la acusación de Quevedo, que fue detenida en 2008 en Kentucky (EEUU) y extraditada a su país, jugó un importante papel la figura de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro y miembro del partido conservador Acción Nacional. El hijo de Miranda, Hugo Alberto Wallace, fue supuestamente secuestrado y asesinado en 2005, en lo que fue posteriormente conocido como el caso Wallace. Sin embargo, el cuerpo de Hugo Alberto nunca fue encontrado, y todo el proceso estuvo rodeado de flagrantes irregularidades. Las activistas acusan a Miranda de haber pedido a los jueces mexicanos que no liberen a las presas políticas, así como de haberse beneficiado económica y políticamente del caso.
10 de mayo 2016 Presas políticas mexicanas: “Dicen que
somos peligrosas porque defendemos a nuestra gente”
Nestora Salgado, recién liberada tras dos años y medio de cárcel, y la madre de Brenda Quevedo, víctima de torturas y violaciones, denuncian que en las cárceles mexicanas existen más de 500 presos y presas políticas injustamente acusadas de delitos como asesinato o secuestro.
Pasó dos años y medio en prisión, acusada de asesinato y secuestros a raíz de una serie de pruebas basadas en todo tipo de irregularidades, según denunció el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Nestora Salgado, activista mexicana y comandante de la policía comunitaria de Olinalá (Guerrero, México), ofreció este martes una conferencia de prensa en Madrid, apenas un mes después de su liberación, tras haber sido absuelta por falta de pruebas de los cargos que le imputaba la Fiscalía del Estado a ella y a otras presas.
El caso de Nestora Salgado fue uno de los más mediáticos de los acontecidos en México, pero no el único. Según ha denunciado la activista, existen más de 500 presos políticos y de conciencia en las cárceles mexicanas. “Personas acusadas de delitos que jamás cometieron, muchas de las cuales no tuvieron dinero para poder pagarse un abogado”, subrayó Salgado.
En 2012, Salgado fue elegida comandante de las patrullas nocturnas de Olinalá. Ante la imparable inseguridad ciudadana, los vecinos se organizaron y empezaron a llevar a cabo labores de protección, vigilancia, reeducación y trabajos de apoyo. Los delitos descendieron hasta un 90% tras las denuncias, encabezadas por la propia Salgado, de varios funcionarios locales, a los que señaló por corrupción y narcotráfico. Un año después, fue detenida junto a otros 30 miembros de la policía comunitaria, acusada de secuestro y delincuencia organizada.
“Fue una violación arbitraria de mis derechos, de la Constitución y de las leyes”, afirma. “Ellos decidieron que somos peligrosas, porque trabajamos por nuestra gente, y nos dieron un trato peor aún que el que reciben personas que se enorgullecen de haber cortado cabezas y cocinado personas”, añade. La activista ha podido viajar a España gracias a la colaboración de los activistas mexicanos de varios países de Europa y EEUU, que se han organizado para reunir los recursos necesarios para costearlo. Lo hace para poner en marcha la campaña Ponle nombre y rostro, con la que quieren concienciar a la comunidad internacional sobre la grave y sistemática vulneración de los derechos humanos por parte de “un gobierno represor que está despedazando a los pueblos”.
Brenda Quevedo y el ‘caso Wallace’
En la conferencia, que se celebró en la librería Traficantes de Sueños, en el barrio madrileño de Lavapiés, también estuvo presente la periodista Guadalupe Lizárraga, que ha investigado a fondo estos casos, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo. Esta última fue, igualmente, acusada de un falso secuestro. Pero su caso es todavía más dramático. Entre lágrimas, su madre detalló los numerosos abusos y vejaciones de las que fue víctima. “Sufrió violaciones, torturas a base de descargas eléctricas y palizas de todo tipo”, detalló ante un sobrecogido auditorio.
En la acusación de Quevedo, que fue detenida en 2008 en Kentucky (EEUU) y extraditada a su país, jugó un importante papel la figura de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro y miembro del partido conservador Acción Nacional. El hijo de Miranda, Hugo Alberto Wallace, fue supuestamente secuestrado y asesinado en 2005, en lo que fue posteriormente conocido como el caso Wallace. Sin embargo, el cuerpo de Hugo Alberto nunca fue encontrado, y todo el proceso estuvo rodeado de flagrantes irregularidades. Las activistas acusan a Miranda de haber pedido a los jueces mexicanos que no liberen a las presas políticas, así como de haberse beneficiado económica y políticamente del caso.
10 de mayo 2016 - Nestora Salgado inicia en España campaña contra fabricación de culpables
MADRID (apro).- Nestora Salgado, la líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa injustamente alrededor de tres años por supuestos secuestros, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presunta implicada en la desaparición de Hugo Alberto Wallace, lanzaron aquí una campaña internacional contra la fabricación de culpables a manos del gobierno mexicano.
Como los rostros visibles de dos casos que –denunciaron– demuestran la fabricación de culpables, Salgado y Cruz iniciaron la campaña para proyectar hacia el exterior las graves violaciones a los derechos humanos en México.
En rueda de prensa, las dos mujeres y la periodista Guadalupe Lizárraga señalaron que con ello buscan ponerle “rostro” a cientos de personas presas cuyos casos fueron basados en tortura o pruebas sembradas.
Salgado, quien salió de prisión en marzo pasado, luego de dos años y ocho meses presa, denunció que sigue siendo perseguida porque el Ministerio Público de Guerrero presentó una apelación sobre su caso, pero además, dijo, sigue siendo amenazada, y el pasado miércoles 4 la casa de su hija en Olinalá fue baleada por personas desconocidas.
A su vez, Enriqueta Cruz expondrá ante Amnistía Internacional-España el caso de su hija Brenda Quevedo, implicada en el secuestro y desaparición de Hugo Wallace mediante fabricación de pruebas, torturas y vejaciones.
Guadalupe Lizárraga, del portal Los Ángeles Press, señaló que se trata de una campaña para denunciar los casos de presos políticos y la fabricación de culpables utilizando las instituciones políticas mexicanas, y con ello documentar el estado de corrupción e impunidad imperante.
Recordó que diversas organizaciones y las redes sociales ayudaron a que la familia y la defensa de Nestora lograran focalizar la atención y presionar para que la activista de Olinalá saliera de prisión.
Salgado recordó que Naciones Unidas recomendó al gobierno mexicano su excarcelación, debido a que había una fabricación de pruebas en su acusación.
“El gobierno tiene todo el poder para encerrar a una persona, fabricarle delitos, como a mí que me acusaron de casi 60 secuestros, delincuencia organizada, asesinato, robo, pero solo yo fui acusada de todos esos delitos”, apuntó.
Comentó que las acusaciones eran tan rocambolescas que sólo a ella la acusaron de secuestros, algunos de los cuales supuestamente se cometieron de forma simultánea en sitios distintos, distantes 12 horas por tierra uno de otro.
También recordó que se le acusó de asesinato como actora material, pero Nestora demostró que cuando la acusación aseguraba que había perpetrado ese delito, ella se encontraba en una reunión con el entonces gobernador y luego dio una conferencia de prensa.
Aunque un tribunal ordenó su liberación cuando tenía 20 meses interna, las autoridades la mantuvieron un año más en un centro penitenciario donde además estaba totalmente aislada. “Fue una violación arbitraria a mis derechos y a las leyes”, acusó.
Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, presunta implicada en la desaparición de Hugo Alberto Wallace, relató su testimonio sobre las acusaciones provenientes de Isabel Miranda de Wallace y cómo las autoridades se rindieron a los dictados de esta persona para inculpar a gente en el caso de su hijo.
Relató todas las inconsistencias del caso y dijo que presentó ya siete denuncias ante diversos organismos, incluidos los de derechos humanos, pero hasta ahora no tuvieron eco.
Uno de esos casos, dijo, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México en época de Raúl Plascencia, pero su causa no tuvo éxito “porque este señor Plascencia era una persona puesta ahí y apoyada por la señora Wallace”.
La madre de Brenda ofreció un emotivo relato del caso de su hija y de las torturas y vejaciones a la que fue sometida en prisión, asunto que en su momento fue publicado con amplitud por el semanario Proceso.
Explicó que tras haber desvelado –con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos de Montreal– los indicios que existen de que Hugo Alberto Wallace está vivo, fue denunciada por la señora Wallace y llevada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Ambas activistas reconocieron que tienen miedo de que esta campaña internacional pueda provocar una reacción en su contra desde las instituciones del gobierno mexicano, y subrayaron que el objetivo es visibilizar en el exterior lo que está sucediendo en México.
Guerrero
Revela Nestora Salgado en Madrid que los marinos siembran droga y fabrican culpables
“Me consta porque me ofrecían la semilla de mariguana”, informa la coordinadora de la CRAC. En gira por España impulsa la campaña Ponle Rostro a los Presos Políticos. “Vengo a pedir apoyo para lograr libertad de los compañeros”, anuncia
Lourdes ChávezChilpancingo
Mayo 11, 2016
Este 10 de mayo en la librería Traficantes de Sueños, de Madrid en España, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá,
Nestora Salgado García, participó en la conferencia Presos políticos y fabricación de culpables, donde reveló cómo los militares inculpan a inocentes en México.
Estuvo con la señora Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, en prisión hace ocho años en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, aún sin sentencia.
La joven fue implicada en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista de derecha y presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y su mamá ha denunciado que fue torturada para incriminarse.
También participó la periodista de Angeles Press, Guadaupe Lizárraga sobre la cobertura de los dos casos desde Estados Unidos. La actividad fue organizada por el colectivo Madrid 43 Ayotzinapa.
En el audio difundido en el portal de Facebook Nestora Libre Ya, se escucha que la luchadora social habló de la situación de las organizaciones en Guerrero por la seguridad y las prácticas de militares para incriminar a determinadas personas.
Aseguró que los marinos de la Armada de México le ofrecieron droga para “sembrar” evidencia a las personas que ella supiera que se dedicaban al narcotráfico, “y me consta porque me ofrecían la semilla de mariguana, decían, ‘si sabes de alguien que se dedica al narcotráfico, ponle esta droga’”, y así si el campesino no tiene dinero para defenderse ahí se queda, en prisión, porque no tuvo para pagar la justicia, “así le hacen ellos”.
También habló de su experiencia en la prisión de máxima seguridad y de la saña de las autoridades contra los presos políticos, “porque ellos dicen que somos peligrosos porque los pueblos confían en nosotros, porque tenemos credibilidad”.
Destacó que alcanzó la libertad por el movimiento nacional e internacional que se generó en su apoyo, pero siguen en prisión nueve de sus compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), acusados de los mismos delitos.
En este tenor informó está impulsando la campaña Ponle Rostro a los Presos Políticos, porque en México se habla de más de 500 presos de conciencia , “vengo a pedir apoyo para lograr libertad de los compañeros”.
En su gira por Europa que comenzó en Barcelona este domingo, también denunció la persecución en su contra después de que salió de la cárcel, así como la agresión contra una sus hijas, Saira Rodríguez, en Olinalá.
Mediante un comunicado desde Barcelona, España –según su agenda de actividades–, la luchadora social de la CRAC, que fue presa política, habló de las impugnaciones a todos los autos de libertad que promovió el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez.
El funcionario justificó en un boletín de prensa que “por obligación jurídica y conforme a la Ley Orgánica y su reglamento interno de la Fiscalía, apelará en todos los asuntos, salvo en los casos en los que fidedignamente se acredite la no responsabilidad del inculpado”.
En este contexto Salgado García señaló que desde que salió de prisión, el 18 de marzo, ella y su familia han sido hostigados y agredidos. El evento más reciente ocurrió el 5 de mayo, cuando la casa de mi hija Saira Rodríguez en Olinalá, Guerrero, fue baleada.
Sumado al retiro de los escoltas que le habían sido asignados a Saira Rodríguez desde el año 2013 por el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, (según la denuncia de su hija) y el retiro de las medidas de protección que le habían sido otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, “luego de haber recibido una amenaza de muerte”.
Consideró que estos hechos “visibilizan la falta de voluntad política por parte de las autoridades estatales para garantizar mi seguridad y el cese de la criminalización en contra mía y la de mi familia”.
Recordó que estando en detención, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Opinión 56/2015, señaló que como coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue detenida arbitrariamente por las autoridades mexicanas el 21 de agosto de 2013, y el organismo reconoció “su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y manifestó la preocupación por el patrón de criminalización contra las y los defensores en México”.
Luego de más de dos años siete meses prisión fui liberada, pero la Fiscalía apeló los autos de libertad otorgados, por lo que persiste un proceso penal y hay persecución en su contra.
Sobre su gira por Europa informó que de 8 al 24 de mayo será informativa sobre la Campaña Internacional Ponle Rostro y Nombre a las y los Presos Políticos de México, y para exigir el “cese de la criminalización, agresiones y amenazas en su contra, de diversos integrantes de mi familia, entre ellas mis hijas”.
Pidió la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos de la CRAC-PC, Ángel García García, Samuel Ramírez Gálvez, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González, Abad Francisco Ambrosio, Benito Morales Justo, Florentino García Castro y Bernardino García, que siguen en prisiones del estado.
La próxima actividad publicitada en Internet será el 17 de mayo, que organiza la Asamblea Ayotzinapa Cataluña, una conferencia sobre su lucha contra la pobreza y la violencia en Guerrero.
En el desplegado de la promoción se informa que Guerrero “un estado que cuenta con el nivel de criminalidad más alto de México y que tiene una historia de participación gubernamental de masacres de campesinos indígenas”.
Se detalla que la charla con Nestora Salgado forma parte de la visita a Barcelona y el encuentro con movimientos sociales, del 15 al 20 de mayo.
Los Angeles Press
Nestora Salgado y Enriqueta Cruz en Madrid
para la conferencia Presos políticos y fabricación de culpables: una realidad mexicana.
MADRID, España.- El caso de Brenda Quevedo Cruz, encarcelada y torturada por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace será presentado por la periodista Guadalupe Lizárraga ante colectivos activistas de Madrid, junto con el testimonio de Nestora Salgado García, líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien también fue acusada de falsos secuestros y encarcelada durante dos años y medio en un penal federal.
Para la periodista mexicana, este evento tiene como propósito compartir la experiencia del periodismo independiente que con el apoyo de las redes sociales ha llegado a transformarse en una fuerza social para la defensa internacional de los derechos humanos en México.
El reclamo por la libertad de Nestora Salgado detenida arbitrariamente por el ejército, dijo Lizárraga, es uno de las experiencias más exitosas de cómo los mexicanos en el extranjero lograron convertirse en una sola voz y generar la presión social contra el gobierno de su país.
Por otra parte, la madre de Brenda Quevedo, Enriqueta Cruz, quien las acompaña en la gira por Madrid, presentará el 10 de mayo, el caso de su hija ante Amnistía Internacional por tortura, violación y fabricación de delitos como el supuesto secuestro y homicidio del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
El caso de Nestora Salgado y Brenda Quevedo tienen en común la falsa acusación de Miranda, y su intromisión con jueces federales para que no fueran liberadas, pese a que las investigaciones periodísticas independientes y la defensa legal revelaron evidencias de la fabricación de delitos en ambos casos.
La campaña ha adoptado los rostros de Nestora y Brenda, para exponer las graves violaciones de derechos humanos y en el caso de Brenda Quevedo denunciar que lleva ocho años en un penal federal, dos torturas y su proceso aún se encuentra sin sentencia.
Enriqueta Cruz señaló que ha puesto siete denuncias formales ante los organismos mexicanos de derechos humanos y el poder judicial, sin embargo, ninguna ha sido considerada, mientras que la salud de su hija se deteriora gravemente.
Esta presentación en Madrid tendrá lugar en la Librería Traficantes de sueños el mismo 10 de mayo, y se le ha denominado “Presos políticos y fabricación de culpables: una realidad mexicana”.
mayo 2015 La audiencia de César Freyre reportada por segunda vez
La última audiencia del caso Wallace, la de César Freyre, fue reportada por segunda vez. En esta audiencia, César debe declarar dónde lo torturaron y quién lo torturó. Se canceló la audiencia porque César no fue trasladado al tribunal.
Con esta acción, Miranda de Wallace, comadre de Renato Sales Heredia, está tratando de impedir que César Freyre declare ya que la ley en contra de la tortura acabe de ser adoptada.
Por la tortura de Brenda, Miranda de Wallace arriesga hasta 30 años de prisión.
23 de febrero 2016 Wallace intenta evitar que víctimas sean liberadas por denunciar tortura
23 de febrero de 2016
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
El 14 de febrero de 2016 se publicó un artículo en el periódico La Mañana del Grupo Reforma en el que se expuso la situación jurídica de Brenda Quevedo Cruz, acusada falsamente por el secuestro de Hugo Alberto Wallace por parte de su madre, Isabel Miranda.
A consecuencia de la publicación, al día siguiente, Isabel Miranda volvió a señalar la lentitud del sistema de impartición de justicia en su propio caso, exigiendo nuevamente una sentencia condenatoria contra Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, los últimos dos presuntos implicados en el supuesto secuestro de Hugo Alberto.
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
El 14 de febrero de 2016 se publicó un artículo en el periódico La Mañana del Grupo Reforma en el que se expuso la situación jurídica de Brenda Quevedo Cruz, acusada falsamente por el secuestro de Hugo Alberto Wallace por parte de su madre, Isabel Miranda.
A consecuencia de la publicación, al día siguiente, Isabel Miranda volvió a señalar la lentitud del sistema de impartición de justicia en su propio caso, exigiendo nuevamente una sentencia condenatoria contra Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, los últimos dos presuntos implicados en el supuesto secuestro de Hugo Alberto.
Artículo de Yáscara López,
publicado en la edición del 15 de febrero de 2016
del periódico Reforma
Miranda siguió con el anuncio de sus nuevas propuestas, dirigidas no a prevenir de manera eficaz la tortura perpetrada de manera sistemática por los cuerpos policíacos, sino para evitar que los criminales utilicen el pretexto de la tortura para tratar de evadir su responsabilidad, como así lo dice la propia Miranda.
El problema con ese argumento no reside en el hecho de que la Sra. Miranda de Wallace no entienda la gravedad del uso de la tortura, en contra de la cual la organización Alto al Secuestro que preside, se pronunció muy recientemente cuando la sociedad mexicana apenas empezaba a tomar conciencia de la existencia del problema: la tortura no consiste en un epifenómeno que se encontrara ocasionalmente en algunos escasos casos policíacos que no respetaron el derecho a la integridad física y psicológica de algún detenido en particular. Al contrario, la tortura es una práctica generalizada en las policías estatales y federales, cuyo implemento es parte del mecanismo de fabricación de culpables, con las consecuencias que todos ya sabemos: las cárceles quedan sobrepobladas de inocentes, mientras la tasa de impunidad alcanza el 95%.
En realidad, el problema de las intervenciones que podemos calificar de oportunistas e ignorantes hechas por la Sra. Miranda de Wallace en torno al tema de la tortura en México se enraíza en la pretensión de emitir propuestas globales sobre el problema social del uso de la tortura a partir de un discurso que nace (y no alcanza más de) preocupaciones eminentemente privadas. En pocas palabras, Isabel Wallace trata de presentar su propia historia como ejemplo paradigmático del dolor de las víctimas, haciendo propuestas a partir de lo que se supone adquirió como sabiduría a consecuencia del dolor vivido por ella conforme a lo narrado en su historia.
A pesar de sus declaraciones según las cuales su organización está en contra de la tortura, el problema que enfrenta Isabel Miranda de Wallace es el siguiente: de manera unánime, contundente, y sumamente coherente, las personas detenidas en el denominado caso Wallace afirman haber sido torturadas. Hay quienes podrán opinar que el hecho de haber sido torturadas no les quita a los detenidos Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo, la responsabilidad de haber cometido el secuestro, asesinato y descuartizamiento de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la tortura no debe ser pensada independientemente de las declaraciones que fueron tomadas durante y después de las sesiones de tortura. Isabel Miranda de Wallace invoca de manera repetitiva que los todos los acusados confesaron su participación. Lo que no dice es que las supuestas confesiones resultan totalmente incoherentes entre si, incoherencias de fondo que apuntan a que dichas declaraciones fueron fabricadas a medida que las autoridades iban agarrando a los supuestos plagiarios de Hugo Alberto, tal y como lo demostramos de manera contundente en nuestro informe.
A pesar de haber padecido dos sesiones de tortura de las cuales han aportado detalles y evidencias que no dejan lugar a la duda sobre la realidad de los hechos alegados, Brenda Quevedo Cruz, Tony y Alberto Castillo Cruz, se negaron a declararse culpables.
La opinión pública, así como los seguidores incondicionales los que son de buena fe de Isabel Miranda de Wallace, deberán investigar, tal como lo hicimos nosotros, en qué condiciones las confesiones fueron obtenidas. Al respecto, resulta no solo ilógica la nueva propuesta de Isabel Miranda de Wallace entorno a la grabación de las detenciones como medida para tratar de prevenir la tortura, sino además conveniente para los gobiernos y autoridades que encubren los actos de tortura en contra de civiles, después del escandaloso montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta el 9 de diciembre de 2005, con la consecuencia desastrosa de un engaño generalizado hacia la sociedad mexicana sobre la existencia de una banda de secuestradores totalmente inexistente.
No olvidemos que la Sra. Wallace ha sido la primera en filtrar a los medios las grabaciones de las detenciones y confesiones de los acusados en el caso de presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, videos que se supone son propiedad de la PGR y que, sin embargo, fueron difundidos en los medios de comunicación. La filtración de ese material grabado en circunstancias no claras es la continuación natural de la violación a la presunción de inocencia de los acusados, después de que Isabel Miranda de Wallace hizo uso de los espectaculares de su empresa para exponer los rostros de sus acusados. Para expresarlo claramente: ya pudimos constatar que dichas grabaciones han sido uno de los medios por los cuales Wallace ha engañado a la opinión pública mexicana sobre un secuestro, el de su propio hijo, que a todas luces nunca sucedió.
En realidad, Isabel Miranda de Wallace no dispone más, a modo de pruebas contundentes de la supuesta culpabilidad de Jacobo Tagle Dobn, Brenda Quevedo Cruz, y de los demás ya condenados, de declaraciones y confesiones obtenidas de manera muy sospechosa y muy probablemente bajo tortura.
Aunque es de notar que a pesar de su mandato, de sus obligaciones, y de sus funciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la época de Raúl Plascencia -cuya candidatura fue propuesta por Isabel Miranda de Wallace- siempre se ha negado a realizar el Protocolo de Estambul para comprobar o descartar las alegaciones de tortura que Brenda Quevedo Cruz afirma haber sufrido. Es más, la propia CNDH tomó la decisión de realizar una valoración psiquiátrica en vez de un estudio completo (psiquiátrico, psicológico y médico) de Brenda, cuando lo que se haba solicitado era el protocolo de Estambul completo. Exactamente lo mismo sucedió en el caso de Jacobo.
Derivado de la ampliación de declaración rendida por Brenda en marzo del 2015, en donde reitera las torturas de las que ha sido objeto; el juez XVI de Distrito en Procesos Penales que tiene su causa ordenó que se le practicara el Protocolo de Estambul. A raíz de la notificación a Brenda, ella le solicitó al Juez que dicho Protocolo no sea practicado por la misma instancia que ha integrado la averiguación previa como lo es la PGR y que es parte del órgano de la acusación en su contra, ya que ello no garantiza un cabal cumplimiento a la investigación que se requiere para para determinar de manera imparcial y justa el resultado del Protocolo de Estambul.
El 29 de abril de 2015, la Señora María Isabel Miranda Torres interpuso amparo para que no se le practicara dicho estudio, indicando que ya se le han practicado dos por parte de PGR con resultados negativos. Se han interpuesto amparos pero casi siempre con el mismo resultado negativo. El último amparo indirecto interpuesto por Brenda recayó en el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con el número 50/2015, se resolvió en negativo por lo antes expuesto; se solicitó la revisión, misma que fue admitida. Pero ya acaban de notificarle a Brenda que la señora Miranda se adhirió a dicha revisión.
Ahora, ¿por qué Isabel Miranda de Wallace vuelve a exigir que se condenen de la manera más rápida posible a las dos últimas personas para las cuales todavía no ha logrado a que las condenen? Isabel Miranda de Wallace intenta, desde varias trincheras, impedir que se practique el Protocolo de Estambul que compruebe que Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, así como los demás acusados, fueron torturados con vistas a que firmaran declaraciones ya preparadas en las que admitían su culpabilidad y la de sus supuestos cómplices.
En primer lugar, quisimos soslayar la mala fe que se requiere para pronunciarse públicamente sobre el gravísimo problema de la tortura como componente esencial del mecanismo de fabricación de culpables que el Estado tolera y protege tomándose a sí misma como punto de referencia. Es más: la Sra. Miranda de Wallace carece de autoridad moral no solamente para monopolizar el título de víctima, sino para emitir cualquier opinión sobre el tema de la tortura sabiendo que (1) los testimonios de sus propios acusados convergen en que fueron torturados por órdenes, y en algunos casos en presencia, de Isabel Miranda de Wallace; (2) la tesis del secuestro, de la muerte, del descuartizamiento y luego desaparición del cuerpo de Hugo Alberto Wallace debe ser puesta en duda después de que medios de comunicación (Proceso, Los Ángeles Press) y nuestra organización encontramos y publicamos el acta de nacimiento original de Hugo Alberto Wallace, nueva pieza de convicción que abre la puerta a una nueva investigación sobre la fabricación del secuestro de Hugo Alberto.
Para terminar, solo falta plantear la pregunta siguiente: si en realidad, un Estado de derecho como se supone lo es la República Mexicana, necesita a organizaciones como Alto al Secuestro y México SOS, organizaciones que nacieron del aura de dolor del que gozaban Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí después de la desaparición real o simulada de sus hijos, y que, lejos de abogar por los derechos humanos de todas las víctimas, se dedican a acusar, difamar, y hundir a las personas que les conviene presentar como culpables: Florence Cassez, Israel Vallarta, Martin del Campo, Nestora Salgado García, Noé Robles Hernández, Jacobo Tagle Dobn, Brenda Quevedo Cruz, y todos los demás. En nuestra opinión, organizaciones como Alto al Secuestro y México SOS no tienen lugar en una democracia moderna, no solamente por las serias alegaciones de tortura en contra de las personas detenidas en los denominados casos Wallace y Martí, sino porque estas organizaciones manifiestan la inadmisible persistencia en la modernidad de los tiempos de la inquisición de la que un sinúnmero de inocentes fueron víctimas.
ACDV/Caso Brenda Quevedo Cruz
Febrero 2016 Brenda ha sido atentida, está mejor de salud. La fueron a visitar 4 MP para obligarla a firmar acción no penal por lo de la tortura.
Amnesty International la fue a visitar. Brenda sigue traumada por las dos sesiones de tortura que sufrió y teme que la vuelvan a torturar.
25 de diciembre Feliz Navidad Brenda ! Otra Navidad que pasas sin tu familia por culpa de María Isabel Miranda de Wallace. Una Navidad más sin tí. Qué sea la última que pases sin tu familia.
18 de diciembre 2015 Brenda ya fue trasladada a nuevo penal entre México DF y Cuernavaca el 15 de diciembre. Aún no se tiene noticias de ella. Su familia espera que no ha sido torturada de nuevo en el traslado o en el penal.
Se nos informa que durante el traslado en autobus del penal al aeropuerto, custodias encapuchadas golpearon a varias internas. Todas las internas estuvieron llorando y gritando. Mataron a golpes a mujer con diabetes, eso, delante de personal de CNDH y asistentes sociales. Gracias a denuncia ante CNDH anterior al traslado, a Brenda ni la tocaron.
En el nuevo penal de Coatla del Rio, les dan muy poquito de comer a las internas y las van a encerrar durante un mes en una celda para dos y darles de comer por la puerta.
17 de diciembre 2015 Las prisioneras del penal de Tepic van a ser trasladadas a otro penal más cerca del DF
2 de diciembre 2015 Brenda recibió la visita de Renato Sales.
Renato Sales estaba de visita en el penal de Tepic y preguntó quién era Brenda.
15 de noviembre 2015 Wallace acusada de amenazas a periodista que difunde falsedad de su caso
Los Angeles Press
Redacción
MÉXICO, DF.- La periodista mexicana Patricia Barba Ávila, fundadora del portal radiofónico Frente de Medios Alternativos Independientes (FEMCAI), basado en la ciudad de Tijuana, hizo públicas las amenazas recibidas ya en varias ocasiones por difundir reportajes y entrevistas que evidencian la falsedad del caso Wallace, en el que María Isabel Mirada Torres, madre de la supuesta víctima, acusó y mandó torturar a seis personas para que se incriminaran del falso secuestro y homicidio de su hijo.
Una de las últimas amenazas contra la periodista fue el 17 de septiembre, por la mañana, cuando un sujeto la abordó por la espalda, tocándole el hombro para darle “Un mensaje de parte de la jefa para que dejara de hacer olas o si no se iba a visitar a sus amiguitos”, en referencia a las culpables fabricados que están cumpliendo condenas en diferentes penales federales en México, cuatro de ellos sentenciados y dos aún con el proceso abierto.
Barba Ávila, desde su portal radiofónico, realizó varias entrevistas a David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal, quien fue el activista que impulsó la defensa por los culpables fabricados del caso Wallace. La periodista, además, dio puntual seguimiento a la serie de reportajes publicados en Los Ángeles Press en los que se evidencian rastros de vida de la supuesta víctima de homicidio, Hugo Alberto Wallace, y en los que se demostró que obtuvo documentos oficiales en 2010.
En la denuncia sostiene los argumentos de por qué no había denunciado ante el Ministerio Público desde las primeras amenazas. Y especifica que se rehusó a difundir las amenazas por tres razones:
“1) porque considero que excepto en muy pocas ocasiones, el denunciar sirve de poco o nada;
2) porque podría generar desesperanza en las personas a las que estamos tratando de ayudar;
3) porque me queda claro que lo que la “jefa” desea es intimidar y frenar el activismo que está afectando su imagen, y me parecía mejor no jugar su juego e ignorar sus amenazas”.
Sin embargo, ante la insistencia de colegas del medio, Barba Ávila decidió hacer públicas las amenazas y recurrir a las instancias oficiales y organizaciones de ayuda a periodistas mexicanos en peligro.
Programa "Desde la raíz", por Patricia Barba, en el que hace referencia al caso Wallace.
13 de octubre 2015 Opinión de Eduardo Gallo a propósito de la oposicón de Miranda de Wallace a realización de Protocolo de Estambul a Brenda
Publicado en cuenta Facebook de Eduardo Gallo
Porqué la Sra. Wallace se opone a que se practique el Protocolo de Estambúl a Brenda Quevedo Cruz para determinar si fué torturada o no…???
Si ella esta segura que no se torturó a Brenda, no debería tratar de impedir que se haga una investigación al respecto. Si la impide demuestra temor de que se determine que si fue torturada.
Cuando nada se debe nada se teme…
Recuerdo las veces que los procesados en el caso del secuestro y homicidio de mi hija alegaron que había sido torturados…no solo no me opuse a las investigaciones que derivaban de ese señalamiento o acusación, sino que me presenté ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Procuraduría de Justicia de Morelos a solicitar que se hiciera la investigación respectiva y se me tomará declaración al respecto y se investigaran exhaustivamente los señalamientos.
No tenía nada que esconder ni nada que temer por lo que no tenía sentido oponerme a que se investigara si habían sido o no torturados.
Nunca encontraron elementos de tortura alguna porque ésta nunca existió y mi nombre quedó totalmente limpio de esos señalamientos y calumnias.
Me pregunto que hay detrás de la oposición de la Sra. Wallace a esa investigación?. Si hubo tortura no necesariamente ella sería la responsable, podrían haberla cometido ministerios públicos federales o policías federales o estatales.
No puede haber otra “razón” para oponerse a una investigación que el miedo a que se conozca que Brenda Quevedo Cruz si fué torturada lo mismo que otros inculpados, incluso, que tal vez fueron torturados dentro o fuera de los penales en que se encontraban detenidos…
Aclaro que el derecho a la procesada a que se determine si fue torturada, mediante la aplicación del Protocolo de Estambúl, es jerárquicamente mayor como derecho, que el derecho de la víctima indirecta (Sra. Wallace) a que tenga justicia pronta y expedita. Lo anterior ya que si Brenda fué torturada y en base a ello se obtuvo una confesión auto incriminatoria, esa confesión sería nula y ella no tendría porque ser procesada.
Si el argumento de la Sra. Wallace de que deben dictarle justicia pronta y expedita es superior al derecho de Brenda para constatar si fue o no torturada, cabría preguntarse porqué la Sra. impulsó que los procesados fueran enviados a diferentes penales y, con ello provocó el alargamiento del proceso penal de todos ellos, ya que se trataba de una misma causa y las audiencias se complicaron y demoraron enormemente…esto no es congruente con su postura…
Octubre 2015 Miranda de Wallace trata de impedir Protocolo de Estambul a Brenda
Mexico por Florence Cassez
Nuestra queridísima (y tantito hipócrita) amiga Isabel (Miranda de Wallace o Miranda Torres), quién se pronunció en contra de la tortura en el programa Tragaluz el 08 de mayo del 2015 y mas recientemente en Twitter, no deja de ampararse para evitar que se demuestre que una de sus inculpadas en el caso del falso secuestro de su hijo, Brenda Quevedo Cruz, fue torturada.
Ya van cuatro amparos que la madre dolida va solicitando . De los cuatro, tres fueron rechazados, y se está estudiando actualmente el cuarto amparo que viene a continuación:
Juicio de amparo 385/2015, la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el D.F.Se sobresee dicho amparo y la quejosa solicita Revisión de la resolución del 3 de septiembre de 2015, argumentando lo siguiente:Así pues el amparo debió entrar al estudio de los conceptos de violación esgrimidos en el amparo, puesto que la práctica del denominado “Protocolo de Estambul” a la procesada BRENDA QUEVEDO CRUZ, viola en mi perjuicio derechos fundamentales inmersos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, como es el caso mi derecho a que se me imparta una justicia pronta y expedita, para obtener sentencia en breve termino, de conformidad con los artículos 1°, 17°, 20 de dicho ordenamiento, así como el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir la práctica de dicha probanza cuando retrasaría aún más el proceso penal instaurado en contra de la procesada BRENDA QUEVEDO CRUZ y otro, por el secuestro y homicidio de mi hijo HUGO ALBERTO WALLACE MIRANDA, violando como ya lo señale, mi derecho a la justicia pronta, expedita y mi derecho a la verdad, impidiendo se emita sentencia a los procesados en la causa penal 35/2006 del índice del juzgado Decimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F.Al sobreseer sin entrar al estudio de los conceptos de violación en el juicio de amparo 385/2015, la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el D.F., viola en mi perjuicio mi derecho humano previsto por el artículo 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que señalan lo siguiente:
“Articulo 17… Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (…)”En el anotado contexto, la suscrita considera que la responsable ordenadora en el juicio de garantías 385/2015 del índice del juzgado octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, ha incurrido en un retardo en la impartición de justicia en perjuicio de la quejosa, pues pretende que se le practiquen a la procesada BRENDA QUEVEDO CRUZ, dictámenes en materia de medicina, psicología y fotografía por hechos que ya fueron debidamente investigados por autoridad competente, como se desprende del escrito inicial de demanda lo cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertaran en obvio de inútiles repeticiones, violando flagrantemente mi derecho fundamental a una impartición de justicia pronta y expedita.Las anteriores razones ponen en evidencia sin lugar a dudas, que la autoridad responsable ha incumplido con el deber que le imponen los artículos 1°, 17°, 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8.1 de la Convención Política de los Estados Unidos Mexicanos, inherentes a la pronta y expedita impartición de justicia para juzgar a los procesados en los términos legales establecidos, así como mi derecho a la verdad que poseo como víctima indirecta en el juicio de origen.Consecuentemente solicito de este órgano de control constitucional se declaren fundados los presentes agravios, se revoque la resolución recurrida y en su oportunidad se conceda el amparo y protección de la justicia federal a favor de la suscrita quejosa.Por lo antes expuesto y fundadoA USTEDES C.C. MAGISTRADOS atentamente pido se sirvaPRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito en tiempo y forma INTERPONIENDO RECURSO DE REVISION Y EXPRESANDO AGRAVIOS, en contra de la sentencia RECURRIDA.SEGUNDO.- Admitir a trámite el RECURSO DE REVISION y hacer por expresado los Agravios que causa la Resolución incurrida y que se contienen en el presente escrito.TERCERO.- Ordenar se tengan por exhibidas las copias de ley.CUARTO.- En su oportunidad y previos los tramites de Ley, revocar la resolución recurrida y conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.AtentamenteMARIA ISABEL MIRANDA TORRES
México, D.F. a 18 de septiembre de 2015.
23 de septiembre 2015 Carta abierta a Renato Sales por tortura en penales mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO.- Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, acusada, torturada en dos ocasiones y encarcelada por siete años por el falso secuestro y homicidio de Hugo Wallace, envía una carta abierta al Comisionado Nacional de Seguidad en México, Renato Sales Heredia, ante la posibilidad que sucedan de nuevo las agresiones violatorias de derechos humanos contra su hija dentro del penal.
Las torturas anteriores se dieron en el contexto de corrupción bajo la administración de Genaro García Luna durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, y con el que María Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima, traficó influencias para obtener privilegios en los penales donde están ingresados los inculpados.
Carta abierta al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Sr. Renato Sales Heredia
Comisionado Nacional de Seguridad
Secretaría de Gobernación
México, DF
Derivado del nombramiento que recientemente le otorgaron y que seguramente es muy merecido, me permito externarle lo siguiente:
Soy madre de Brenda Quevedo Cruz, acusada en el falso Caso Wallace por el que le han violado todos sus derechos humanos y el debido proceso. Como usted debe estar enterado, mi hija fue torturada en dos ocasiones en 2009 y 2010, dentro de los penales de Santiaguito y el de Islas Marías, por agentes ministeriales vestidos de civil con pasamontañas, los mismos que torturaron a Jacobo Tagle Dobin acusado en el mismo caso y quien reconoció a uno de sus victimarios frente al juez en la audiencia de marzo de 2015.
Cabe mencionar que todos los inculpados por el falso secuestro de Hugo Wallace fueron torturados durante el gobierno de Felipe Calderón, bajo la administración de Genaro García Luna. En ese período, María Isabel Miranda Torres, denunciada como autora intelectual del falso secuestro y a quien se le ha popularizado como la señora Wallace, se le otorgó el privilegio de entrar a los penales e interactuar con los acusados, incluso estuvo presente en varias sesiones de tortura y ella misma les obligó a que se declararan culpables, amenazándolos además con lastimar a sus familias.
Con el nuevo nombramiento con el que usted ha sido reconocido para dirigir una de las áreas principales donde más se han fabricado culpables en México, mi hija tiene mucho temor de volver a ser lastimada física y psicológicamente. Usted, como titular de la Comisión Nacional Antisecuestro, desempeña su trabajo vinculando acciones de las unidades especiales antisecuestro, pero también coordinará acciones los grupos de la sociedad civil como es el caso de la organización Alto al Secuestro, creada por Isabel Miranda, y quien no oculta la relación personal con usted.
De lo anterior, entendemos que la señora Miranda Torres nuevamente podría tener todas las facilidades para acceder a los penales, manipular personal a su cargo y repetir los mismos hechos de crueldad, violatorios de derechos humanos, especialmente en un momento en que el proceso de mi hija se acerca a su final.
Los temores de Brenda Quevedo Cruz surgieron desde el pasado 3 de Septiembre, alrededor de las 19:00 horas, cuando el personal de custodias la llamó para indicarle que preparara sus cosas porque iba a salir. A mi hija le pareció muy extraño que la llamaran a esa hora y sobre todo que fueran a sacarla del penal, porque así sucedió precisamente en las dos ocasiones anteriores cuando la sacaron para torturarla. Ante esa posibilidad, mi hija tuvo una crisis de pánico y no dejaba de temblar.
Aunque pidió la orden de salida, no le mostraron nada y cuando llegó al hospital sólo le mostraron una copia fotostática. Ahí le explicó un doctor que le iban a dar una purga para tomarle unos estudios y le mostraron el lugar donde estaría. Era una habitación sola con una puerta de metal. Brenda se sintió aún peor y de nuevo entró en crisis nerviosa. Le rogó al médico que no la dejara sola, porque presentía que otra vez la iban a torturar. Al final, ella se enfrentó al personal del hospital y dijo que no permitiría que la torturaran y que no aceptaba ningún estudio. Después de varios trámites del personal médico, la regresaron a su celda, llegando en torno a las once de la noche.
De todas mis palabras, hay constancia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en organismos internacionales enfocados en la tortura y la fabricación de culpables, además de investigaciones periodísticas que sustentaron la falsedad del secuestro y homicidio de la supuesta víctima.
Estos hechos han agravado la salud de mi hija, por lo que expreso públicamente mi profunda preocupación y pido su atenta colaboración para evitar más violaciones de derechos humanos a su persona. Deseo que Usted pueda cumplir el enorme compromiso que se le ha designado y pueda mantener la institución bajo el marco del Estado de Derecho sin más privilegios para quienes deberían estar en el lugar de mi hija.
Atentamente
Enriqueta Cruz Madre de Brenda Quevedo Cruz, acusada, torturada y encarcelada por el falso secuestro y homicidio de Hugo Wallace México, Distrito Federal
13 de agosto 2015 - PGJ aplicara Protocolo de Estambul a Brenda
Así lo decidió el juez Raúl Garfias
La CNDH se rehuzó a aplicarlo porque "no tienen peritos"
El Congreso de la Unión dijo que el caso habia sido "suficientemente atendido"
Brenda no confia en las instituciones, menos en la PGR
6 de agosto 2015 - El caso Wallace, FEMCAI (audio)
Temas
- El libro de Martin Moreno "El caso Wallace"
- El rechazo de la propuesta del punto de acuerdo por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
- Brenda habla desde la cárcel
4 de agosto 2015 - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazo obligar CNDH a realizarle Protocolo de Estambul a Brenda
Razón : "…el caso ha sido suficientemente atendido…"
Respuesta de la organización Canadiense por el Derecho y la Verdad
Nuestra organización Asociación
Canadiense por el Derecho y la Verdad recibió con incredulidad el resolutivo de
desecho de la propuesta de punto de acuerdo, emitida el 28 de julio de
2015 y enviada
a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Básicamente, los integrantes de la Comisión Permanente resolvieron
rechazar la propuesta presentada por los diputados del PRD en la que se exijía
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hiciera su trabajo en el caso
de Brenda Quevedo Cruz, procesada en el caso Wallace por secuestro, secuestro
que resulto ser pura simulación ya que la víctima tramitó CURP en 2010, o sea 5
años después de su supuesta muerte.
El argumento que se ha formulado para sustentar esta incomprensible
decisión por parte de los integrantes de esa Honorable Comisión queda
condensado en seis palabras: « el asunto ha sido
suficientemente atendido ».
Nuestra Organización quiere
manifestar los puntos siguientes:
1 - A Brenda Quevedo Cruz nunca se le aplicó el Protocolo de Estambul
en su totalidad. Sólo se le hizo una valoración psicológica.
Mientras en repetidas ocasiones, la madre de Brenda Quevedo Cruz solicito ante
la Comisión Nacional de Derechos Humanos la aplicación del Protocolo de
Estambul en su totalidad, el personal de la CNDH tomo la decisión unilateral de
practicar una mera valoración psicológica según los lineamientos del Protocolo
de Estambul, por lo que el análisis resulta incompleto. A consecuencias, no se
puede alegar que el asunto se haya atendido lo suficiente, ya que la Comisión
no ha realizado su trabajo de investigar por completo el asunto.
2 - Fue la victimaria Isabel
Miranda de Wallace quién propuso al Sr
Raúl Plascencia Villanueva en el 2009 para el puesto de titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (1). Como agradecimiento este último le otorgó el Premio Nacional de Derechos
Humanos 2010 (2). En 2014, Isabel
Miranda de Wallace apoyó la reelección del señor Plascencia Villanueva en la
CNDH (3). Queda claro que la relación « extraoficial » del anterior
presidente de la CNDH con la victimaria de torturas, Isabel Miranda, corrompió
el trabajo y ética de la CNDH en perjuicio de las verdaderas víctimas, actuando
en favor de la victimaria. Las violaciones a los derechos humanos y a la
integridad de Brenda Quevedo Cruz se cometieron mediante la parcialidad de la
CNDH en favor de la victimaria.
3 - Brenda fue torturada
por segunda ocasión y trasladada ilegalmente al penal de Islas Marías, pese a
que había una denuncia ante la CNDH por su primera tortura en el penal de
Santiaguito, Edomex.
5 - La Comisión Permanente
del Congreso de la Unión no tiene jurisdicción para tomar decisiones
discrecionales contra las víctimas de derechos humanos y considerarse como juez.
Su papel es el de facilitar todos los medios para restaurar el Estado de
derecho ahí donde se ha quebrado por la corrupción de sus instituciones, como
fue el caso de la CNDH con el anterior presidente.
(1) http://www.cronica.com.mx/notas/2009/462016.html
(2) http://mexico.cnn.com/nacional/2010/12/15/isabel-miranda-de-wallace-obtiene-el-premio-nacional-de-derechos-humanos
(3) http://www.24-horas.mx/miranda-de-wallace-apoya-reeleccion-de-plascencia-en-la-cndh/
Manifiestan que “Los principios más importantes
que comprende este documento en la investigación de casos de tortura (el
protocolo de Estambul), según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
son la habilidad, la imparcialidad, la independencia, la prontitud, la ética
médica y la confidencialidad. El principal objetivo es brindar directrices
internacionales aplicables a la evaluación de las personas que confiesen haber
sido torturadas y haber sufrido malos tratos.”
En cumplimiento con su papel de promover, defender y
proteger los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad,
en particular los “culpables fabricados”, los cuales resultan existir en
cantidades innumerables en su país,
nuestra Organización recomienda a esa Honorable Comisión Permanente que
abre las investigaciones necesarias y urgentes para asegurarse que el personal
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuente efectivamente con las
calidades con las que se supone actúan.
El simple hecho de escribir que “Esta Comisión
dictaminadora ha manifestado su compromiso indudable para asegurar que las
obligaciones jurídicas constitucionales e internacionales para la protección de
los derechos de las personas se realicen” no quiere decir que tenga
correspondencia alguna en la realidad. La prueba es que en su país, se siguen
torturando con total impunidad a personas inocentes como Brenda Quevedo Cruz, a
sabiendas de todos, en particular de los representantes del Congreso de la
Unión.
8 de julio 2015 Exhorto del Senado a la CNDH a realizarle Protocolo de Estambul a Brenda (link)
23 de mayo 2015 Posible traslado de Brenda a penal de Coatlan del Río, Morelos
12 de mayo 2015 Isabel Miranda de Wallace mete amparo en contra de la aplicación del Protocolo de Estambul (por la CNDH) a Brenda
La CNDH aplicará Protocolo de Estambul a Brenda. Isabel Miranda de Wallace se opone a que se le practique el Protocolo de Estambul a su víctima. A qué le teme Isabel si dice que ella está en contra de la tortura y no mandó torturar a nadie ?
La PGR aplicara Protocolo de Estambul a Jacobo Tagle Dobín.
04 de mayo 2015 Isabel Miranda de Wallace propone creación de Instituto Nacional contra la tortura
"Para probar la culpabilidad, lo que se requiere es una excelente investigación y no aplicar tortura" dice.
03 de abril 2015 Supuesto rechazo del incidente de libertad de Brenda
El 3 abril, vía Twitter, Isabel Miranda de Wallace publicó la foto de un artículo, cuyo título era: « Dan revés a acusada en caso Wallace », indicando que un tribunal federal encabezado por el Magistrado Paredes Calderón había rechazado el incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas interpuesto por la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Con su retórica habitual, Isabel Wallace se felicitó por la decisión, aprovechando la oportunidad para de nueva cuenta tachar de "delincuentes" a sus víctimas.
Por un lado, cabe señalar que el hecho de publicar una decisión de un juzgado antes de que la acusada haya sido notificada resulta ser un acto ilegal.
Por otro lado, el hecho de que se haya filtrado dicha noticia, de la cual por el momento no tenemos confirmación, confirma nuestras sospechas sobre los posibles vínculos de complicidad entre Isabel Miranda de Wallace y la oficina del Magistrado quién presuntamente tomó la decisión de rechazar el incidente de libertad inmediata de Brenda Quevedo Cruz, el Lic. Paredes Calderón.
25 de marzo 2015 El buen chiste de Peña Nieto
En enero pasado, durante un foro con víctimas organizado por “Alto al Secuestro” que encabeza la valiente Isabel Miranda de Wallace – todos sabemos que su hijo Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por sus plagiarios-, el Presidente se encargó de inaugurarlo. Casi al salir del recinto, Peña Nieto miró a un hombre joven, volteó hacia Isabel, y ante la sorpresa de todos, le preguntó:
- Oiga Isabel… ¿él es su hijo?
- No, señor Presidente… mi hijo está muerto… él es mi sobrino…
Ese es Enrique Peña Nieto.
Sin Embargo
autor : Martin Moreno
18 de marzo 2015 Audiencia final de Jacobo
17 de marzo 2015 Audiencia final de Brenda
Todo estuvo muy bien, Brenda pudo declarar a pesar de los gritos de Isabel Miranda de Wallace y de su hermano Roberto.
13 de marzo 2015 Brenda no fue castigada
Cristina Mireles, una interna del penal de Tepic tramitó una demanda de ámparo por falta de atención médica. En esta demanda estaban los nombres y apellidos de varias internas, entre los cuales el nombre de Brenda pero ninguna interna había autorizado Cristina a poner sus nombres y apellidos en la demanda de amparo. La directora del penal las quería castigar con 76 días en aislamiento.
Todas las internas fueron castigadas, menos Brenda…
76 días en aislamiento no es castigo, es tortura.
11 de marzo 2015 Quieren meter a Brenda en aislamiento total 76 días…
9 de marzo 2015 Brenda Quevedo y Nestora Salgado
Programa "Desde la Raíz" (Femcai.org)
Paty Barba y Guadalupe Lizarraga hablan de Nestora Salgado y de Brenda Quevedo
ESCUCHAR
9 de marzo 2015 Activistas de Michigan por la libertad de Nestora y Brenda Quevedo
Por Guadalupe Lizárraga
GRAND RAPIDS, Michigan.-“¿Qué podemos hacer para ayudar a estas mujeres en México?”, fue una de las preguntas de las activistas mexicanas en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, en el taller informativo sobre "Mujeres criminalizadas por el Estado mexicano". El evento fue coordinado por la artista Reyna García en el marco del Día Internacional de la Mujer, como parte de las actividades de Reyna´s Gallery Latino Cultural Art, junto con jóvenes profesionistas, estudiantes y activistas por la libertad de presas políticas en México.
A través de diálogos virtuales, Miriam Padilla, activista de Seattle, Washington, participó con las activistas de Michigan con el caso de Nestora Salgado García, líder comunitaria de Olinalá Guerrero, quien lleva casi dos años de estar encarcelada. Padilla enfocó su participación en dar a conocer quién era Nestora Salgado y su lucha en La Montaña por los derechos de las comunidades indígenas.
En la pregunta formulada por Rebeca Arredondo, estudiante para trabajadora social, se refirió a las mujeres que el Estado mexicano ha mantenido encarceladas con falsos delitos por años. Además del caso de Nestora Salgado, se presentaron los casos de Brenda Quevedo Cruz y el de Aurora meza Calles, indígena kumiai que estuvo presa por tres meses con falsos delitos, y fue liberada ayer 7 de marzo en Tijuana, Baja California.
Nestora Salgado ayudó a integrar la Policía comunitaria de Olinalá y denunció a políticos locales vinculados al crimen organizado. Fue detenida arbitrariamente por fuerzas militares el 21 de agosto de 2013, y pese a que fue exonerada de cargos por Juzgado federal el 31 de marzo de 2014, aún permanece presa por discrecionalidad de las autoridades locales de Guerrero.
El caso de Brenda Quevedo Cruz también se abordó en el taller informativo para las activistas de Michigan. Se destacó que lleva ocho años presa acusada del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. De seis incriminados por Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima, cuatro han sido sentenciados a más de 130 años de cárcel, y dos aún tienen el proceso abierto, como es el caso de Brenda.
Se narró a las activistas cómo Miranda Torres, dueña de una empresa de espectaculares en la Ciudad de México, exhibió a Brenda y a las otras personas como secuestradores, violando su derecho al debido proceso y a su presunción de inocencia. Con la complicidad de agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República, Miranda participó en las detenciones arbitrarias de los inculpados y presenció la mayoría de las torturas físicas dentro de los penales.
Brenda fue torturada en dos ocasiones, una en el penal de Santiaguito, Estado de México, y otra en Islas Marías, donde fue trasladada ilegalmente, porque ella aún no ha sido sentenciada.
La activista Nancy Quero Ramírez cuestionó sobre la impunidad de los victimarios de Nestora Salgado y Brenda Quevedo Cruz. En el caso de Nestora se trata de funcionarios públicos locales que aún se encuentran en servicio, y que manipulan las instituciones del Estado para preservar su impunidad. En el caso de Brenda, los familiares de los inculpados del falso crimen denunciaron ante la PGR a Isabel Miranda por una docena de delitos graves a raíz de la publicación de reportajes que evidenciaron la fabricación de pruebas y los rastros de vida de la supuesta víctima; sin embargo, Miranda aún no ha sido procesada.
La coordinadora del taller, Reyna García, señaló que una de las tareas que incluirán en sus actividades artísticas y de concientización sobre México es la de ayudar a que se conozcan estos y otros casos de mujeres inocentes que padecen el abuso del poder y que sus derechos son violados sistemáticamente. Para ello, se diseñarán campañas y se aliarán con otros grupos de Nueva York y California que luchan contra la criminalización de las mujeres y de las comunidades indígenas.
Reyna García también trabaja en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada. Y gracias a su organización, los padres de los estudiantes visitarán el estado de Michigan a finales de marzo, como parte del itinerario de la Caravana 43, con el propósito de informar la verdad sobre este caso y exigir justicia.
8 de marzo 2015 Mujeres criminalizadas por el estado mexicano
femcai.org
24 de diciembre 2014 : Feliz Navidad Brenda. Esperamos que pronto recobraras tu libertad.
3 de diciembre 2014 : Una vez más, la justicia sigue las órdenes de la Sra Wallace
El juez le negó la libertad a Brenda… nos vamos a la Suprema Corte.
28 de noviembre 2014 : Análisis del incidente de libertad de Brenda.
Te esperamos Brenda !
15 de septiembre 2014 Acusan ante PGR a Isabel Miranda de Wallace
Noticias Terra
Tras nueve años presos, pero sin recibir sentencia sobre el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, familiares de los acusados en el caso presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Isabel Miranda de Wallace y empleados de la propia dependencia, durante la administración anterior, por falsear información y pruebas.
Según el semanario Proceso, Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz y Raquel Dobin Rosenthal, madre de Jacobo Tagle Dobin, son las principales protagonistas de la acusación, donde señalan a la presidenta de Alto al Secuestro, junto a su esposo Enrique del Socorro Wallace Díaz, su hermano Roberto Miranda y cuatro empleados de la dependencia.
A los agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Braulio Robles Zúñiga, Fermín Ubaldo Cruz y Oswaldo Jiménez Juárez, y la perito de la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales, Yanet Rogel Montes de Oca, se les imputan delitos contra el estado civil, de falsedad de informes dados a la autoridad, falsedad en declaraciones judiciales, simulación de pruebas, tráfico de influencias y cohecho.
Entre las anomalías que los denunciantes acusan, están la duplicidad de documentos oficiales, con datos distintos sobre la identidad de Isabel Miranda de Wallace, falsedad de declaraciones ante la PGR y la verdadera paternidad de Hugo Alberto Wallace.
Sobre los supuestos testimonios o peritajes falsos, los demandantes agregan que hubo tráfico de influencias que han favorecido a la parte acusadora por ser figura pública, contar con poder económico y tener cercanía con agentes del Ministerio Público encargados de llevar a cabo las averiguaciones previas y acusaciones en contra de los acusados.
(Con información de Proceso)
Proceso 1976 (descargar artículo completo)
30 de agosto 2014 SEIDO detiene a madre de víctima del falso secuestro Wallace
Los Angeles Press
Por Guadalupe Lizárraga
CIUDAD DE MÉXICO.- Enriqueta Cruz Gómez, madre de la inculpada del caso Wallace, Brenda Quevedo Cruz, fue detenida por agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), hoy por la mañana, para que declare por la investigación de la Ministerio Público Lourdes López Lucho, quien lleva la averiguación previa contra varios periodistas y activistas de derechos humanos que han revelado la fabricación del secuestro de Hugo Wallace.
En torno a las 9:30 horas, varios agentes ministeriales se presentaron a la casa de Enriqueta Cruz y le exigieron que los acompañara a las instalaciones de la SEIDO, por la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra el activista David Bertet, y contra los periodistas Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández, José Reveles y Luis Miguel Ipiña, quienes han revelado la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Wallace por parte de Isabel Miranda Torres.
En el documento mostrado a distancia por los ministeriales se resaltaba que era “urgente y confidencial” que Enriqueta Cruz se presentara ante la SEIDO, pese a que el 11 de agosto pasado, ya había sido entrevistada por López Lucho durante más de cinco horas.
Los Ángeles Press llamó a la ministerio público Lourdes López Lucho por la detención de Enriqueta Cruz, y se informó que la funcionaria no laboraba el fin de semana. La llamada la tomó el fiscal coordinador adscrito a la Unidad especializada en investigaciones de delitos de secuestros, Edgar Rodríguez, quien dijo que sólo la titular de la averiguación previa podría darle seguimiento al caso.
El fiscal aseguró que daría el mensaje a López Lucho, sin embargo, esta periodista se ha comunicado en tres ocasiones a la SEIDO, desde la semana pasada, y la ministerio público no ha respondido las llamadas, pese a que se trata de la averiguación previa por las evidencias publicadas en sus reportajes sobre el falso secuestro de Hugo Wallace.
Por la misma averiguación previa, también fue detenido sin notificación legal el activista Giel Meza, el pasado 13 de julio de 2014, por lo que puso la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con el número de expediente CDHDF/121/14/CNDH/R0689.
Por su parte, el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, David Bertet, también puso una denuncia por intimidación, represalias y abuso de autoridad contra los ministeriales de la SEIDO, ante la Fiscalía especial para la atención de delitos contra la Libertad de Expresión, de la PGR.
La última actualización informativa que se tuvo de los familiares de Enriqueta Cruz, es que después de unas tres horas de espera en la SEIDO, se les avisó que sólo la habían trasladado a las instalaciones judiciales para que declarara sobre la denuncia contra los periodistas, y que la liberarían en unas tres horas más.
Exigen audiencia en PGR por caso Wallace
México, DF.- Familiares de los inculpados por la muerte de Hugo Wallace Miranda exigen una reunión con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, para exponer irregularidades en los casos.
Reunidos frente a las instalaciones de la PGR en esta ciudad, los inconformes aseguran que los inculpados fueron torturados múltiples veces para confesar, y que son acusados de un crimen que no cometieron.
Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, quien fue sentenciado a 70 años de prisión por participar en tres secuestros, aseguró que los inculpados fueron señalados por Isabel Miranda de Wallace sólo por aparecer juntos en una fotografía.
Desde entonces, afirmó, han sido torturados y vinculados con pruebas falsas.
"A la señora Isabel Miranda de Wallace la acuso directamente por haber vinculado a mi hijo con casos que el Ministerio Público no tenía resueltos", expresó Uscanga.
Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, agregó que, aunque se han concedido cinco sentencias condenatorias, existe línea para que los procesados paguen por un crimen que no cometieron.
Los manifestantes traen consigo una investigación realizada por la asociación canadiense Contra la Fabricación de Culpables y por la Defensa de Derechos Humanos (AFCDDH), la cual expone que no hay pruebas válidas que constaten que Hugo Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado.
Hasta el momento, los familiares no han sido recibidos por ningún funcionario de la PGR.
Hace unos días, Miranda de Wallace ofreció una conferencia de prensa para presentar los videos con las confesiones de los inculpados, y las pruebas que los vinculan al asesinato de su hijo.
Asimismo, presentó imágenes y resultados periciales que demuestran la muerte del joven.
Milenio
El Universal
Zocalo Saltillo
Familiares de los seis detenidos, cuatro de ellos sentenciados, por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, se manifestaron esta mañana frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.
Los inconformes exigen ser recibidos por el procurador Jesús Murillo Karam para entregarle un documento, donde se pide la revisión del caso Wallace por diferentes irregularidades, sobre todo las que ha acreditado el juez 16 de procesos penales federales, dentro del expediente penal 35/06.
Los manifestantes señalan que por ese caso, seis personas están detenidas, cuatro de ellas fueron sentenciadas y dos más se encuentran bajo proceso.
Piden que la PGR realice una investigación por las dos actas de nacimiento de Hugo Alberto y que se mande a declarar a la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, por las irregularidades en el caso.
Con cartulinas donde muestran los rostros de sus hijos, los manifestantes dicen que entregarán un pliego de peticiones y estarán atentos a la respuesta y seguimiento de la autoridad federal.
Durante la protesta, tres jóvenes increparon a los manifestantes para reclamar el hecho de defender a supuestos secuestradores.
Después de un intercambio de palabras, se retiraron del lugar los jóvenes que dijeron estudiar en el Estado de México y que hacían un trabajo de investigación en el DF.
Los manifestantes señalaron que Miranda de Wallace está en situación de ventaja ante cualquier persona de la sociedad, debido a las ganancias de publicitarias y políticas, por lo cual se ha complicado el proceso y no se lleva de una manera transparente y justa.
Pierde amparo implicada en caso Wallace
Un tribunal federal negó y desechó en definitiva el amparo que promovió Brenda Quevedo Cruz contra la formal prisión que le dictaron por su presunto involucramiento en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, por lo que continuará en la cárcel.
Los magistrados Carlos Enrique Rueda Dávila, Manuel Bárcena Villanueva y José Pablo Pérez Villalba, del Octavo Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal, determinaron por unanimidad no otorgarle la protección de la justicia.
Al mismo tiempo, confirmó la formal prisión dictada por Olga Estréver Escamilla, magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal del DF, quien estableció que la acusación contra Quevedo por secuestro y delincuencia organizada reúne los indicios suficientes para mantenerla bajo juicio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había rechazado previamente atraer la revisión de este amparo y lo devolvió al tribunal colegiado.
En su defensa, la inculpada ha argumentado que no puede ser acusada de delincuencia organizada porque no fue partícipe del grupo que planeó el secuestro..
Al mismo tiempo, ha pretendido plantear la duda de que Wallace podría estar vivo, sin embargo, legalmente ya fue declarado muerto.
Sus argumentos y pruebas no han resultado suficientes para que se cancelara el proceso penal que se le sigue en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales.
Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado el 11 de julio de 2005 en la capital del País y por su rescate pretendieron cobrar una suma de 950 mil dólares. Sus restos nunca aparecieron.
Desde entonces y a la fecha han sido capturados seis sospechosos, de los cuales la mayoría ya fueron sentenciados.
En abril de 2011, el Segundo Tribunal Unitario Penal del DF condenó a César Freyre, ex policía ministerial de Morelos, a 63 años y 6 meses de prisión; Juana Hilda González, a 43 años, y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, a 46 años con 6 meses y 15 días de cárcel.
Los únicos que faltan por ser sentenciados son precisamente Quevedo y Jacobo Tagle Dobín, quienes fueron detenidos años después del plagio.
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Brenda Quevedo el 28 de noviembre de 2008 en Kentucky y 10 meses más tarde fue extraditada a México. A la fecha, se encuentra internada en el Penal Federal de "El Rincón", en Nayarit.
Resumen y análisis de la audiencia de careo de Brenda Quevedo con Jacobo Tagle y Cesar Freyre
Culpables fabricados
Ficha Tecnica Brenda
La tarde del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Decimo Sexto de Procesos Penales Federales, que preside el Juez Raúl Angulo Garfias, se llevó a cabo la audiencia pública concerniente al careo entre Brenda Quevedo Cruz y sus co-procesados; Jacobo Tagle Dobin y Cesar Freyre Morales. Todos ellos acusados de la privación ilegal de la libertad de Hugo Alberto Wallace, en la causa penal 35/ 2006, mejor conocida como el “Caso Wallace”.
En la misma, Brenda Quevedo, quien sostiene su inocencia y quien a 6 años de proceso no ha sido juzgada aun, confrontó en primer lugar a Jacobo Tagle y luego, a Cesar Freyre. En el careo, tanto Jacobo como Cesar, la deslindaron de toda responsabilidad y además, los dos afirmaron que Brenda ni siquiera conocía a Hugo Wallace. Asimismo, Brenda puso de relieve la tortura y aleccionamiento de sus compañeros por parte de las autoridades a fin de obligarlos a incriminarla en la supuesta privación ilegal de Hugo Wallace. Por último, Brenda señaló otras contradicciones en el expediente relativas a su participación en los hechos.
I. El careo.
Durante la audiencia del careo, Brenda Quevedo le hizo una serie de cuestionamientos a Jacobo Tagle Dobín y posteriormente a Cesar Freyre. A continuación se exponen las preguntas hechas por Brenda a los careados.
A) Preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle Dobin.
1.- ¿Cómo y cuando me conoció? a lo que Jacobo respondió; a finales del 2004 en la discoteca conocida conocido como el “Bar Bar”.
2.- ¿Tuve algo que ver en el secuestro del Sr. Hugo Alberto Wallace? A lo que Jacobo contestó; ni ella ni yo. No, no tuvo nada que ver.
3.- ¿Por qué en la declaración que hizo el 6 de diciembre de 2010, que rindió en el Ministerio Publico me hace imputaciones en las cuales declara que yo tuve participación y conocimiento en el supuesto secuestro del Señor Hugo Alberto Wallace? A lo que este respondió; como lo manifesté en la declaración preparatoria, fui víctima de tortura psicológica y física, amenazas a mi familia y daños que me han ido haciendo en el tiempo que he estado interno en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz.
4.- ¿En algún momento me vio hacer un hecho ilícito así como de secuestro, o algún otro hecho delictivo como al que hace alusión en su declaración ministerial? A lo que Jacobo le contestó; Nunca, ella siempre ha sido una persona honrada y trabajadora, nunca la he visto hacer algo malo.
5.- ¿Me vio recibir dinero del señor Cesar Freyre Morales o de alguna de las personas que comenta formaban parte de la supuesta banda? A lo que este respondió; jamás.
6.- ¿Tiene conocimiento de que yo haya conocido al señor Trevedant o al señor Rugueiro, a la señorita Gina, personas que menciona en su declaración? A lo que contesto; No, no los conoció.
7.- ¿Tiene conocimiento que yo haya conocido o visto al señor Hugo Alberto Wallace? A lo que este respondió; Nunca lo conoció, y solo escucho de él cuando yo le comente que tenía un espectacular en mi casa.
B) Preguntas hechas por Brenda Quevedo a Cesar Freyre.
1.- ¿Es verdad que solicitó la declaración del día 3 de Octubre de 2010? A lo que Cesar respondió; No la solicite.
2.- ¿Es verdad como me imputa en su declaración que yo participe o tuve conocimiento del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda? A lo que este respondió; No participo, y eso en las declaraciones del tres y veintitrés, fue declarado a base de tortura física y mental.
3.- ¿En algún momento recibí dinero por su parte o de alguna de las personas que menciona estuvieron en la supuesta banda y que actuaron en los supuestos hechos delictivos? A lo que este contesto; No.
4.- ¿En algún momento fue a casa de mi mamá, la señora Enriqueta Cruz Gómez? A lo que respondió; No, ni a su casa de su mamá ni a su casa de ella.
5.- ¿En algún momento vivió en alguna casa conmigo y con Jacobo? A lo que respondió; No.
6.- ¿Sabe que en el vehículo corsa que era de mi propiedad se haya hecho algún acto ilícito como lo menciona en su declaración? A lo que respondió; No.
7.- ¿En algún momento el me vio usando algún tipo de peluca? A lo que respondió; No.
8.- ¿Cómo es que yo lo conocí a él? A lo que respondió; A ella yo la conocí por medio de Jacobo Tagle, toda vez que en el tiempo que me la presento era su pareja sentimental y me fue presentada en un bar que está ubicado en el Sur de la Ciudad, de nombre “Bar Bar”, a finales del 2004.
9.- ¿Tiene conocimiento que yo haya tenido algún tipo de comunicación o en su defecto haya conocido al señor Enrique Trevedant? A lo que respondió; Si le puedo afirmar que ella no tuvo ni relación con él ni mucho menos comunicación.
10.- ¿Estuvo al tanto en el tiempo que nos conocimos de que yo haya participado en algún hecho ilícito como lo hace de manifiesto en su declaración? A lo que respondió; No a mi no me consta y que yo sepa no.
11.- ¿Llegue a reunirme en la casa del Padrino misma que hace alusión en su declaración? A lo que respondió; no nunca fue vista por ahí, toda vez que ella no rige la religión que yo llevo; y esa casa habitación yo la frecuentaba porque ahí vivía mi Padrino, el era quien me dirigía en mi camino.
12.- ¿En algún momento me dicto algún escrito para mandar a la Familia Wallace o a la señora Isabel, como lo menciona? A lo que respondió; No.
13.- ¿Por qué en repetidas ocasiones sostuvo en las declaraciones la imputación en contra mía? A lo que respondió; Lo reitero, fui torturado física y mentalmente.
14.- ¿Ha hecho alguna manifestación o denuncia acerca de que él fue torturado? A lo que respondió; Si, efectivamente ya denuncie ante la Corte Interamericana.
A continuación, sintetizare los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y Cesar Freyre durante el careo, las cuales refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio. Debemos partir del supuesto que las declaraciones que incriminan a Brenda en la comisión de los hechos delictivos mencionados en las mismas, fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos, como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo.
A) El motivo de la incriminación de Brenda Quevedo en el secuestro de Hugo Wallace.
Al respecto, Jacobo expuso que la razón de implicarla en tal crimen es debido a que fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto durante su estancia en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz, tal como lo expresó en sus declaraciones judiciales. En el mismo sentido, Cesar manifestó que Brenda no fue participe y además, afirma haber sido víctima de tortura física y mental. Asimismo, Cesar señala que el no solicitó llevar a cabo la declaración del 3 de octubre de 2010 en donde la incrimina. Por último, Cesar nos remite a una denuncia interpuesta el 3 de septiembre de 2009 ante la Comisión Interamericana denunciando los actos de tortura y las violaciones a sus derechos humanos.
En cuanto a la tortura que afirma haber sido sujeto, existe la valoración psiquiátrica conforme a las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul, hecha a Jacobo Tagle el 16 de julio de 2012 (Véase el expediente No. CNDH/3/2011/2802/Q). En dicha valoración, la visitadora de la CNDH determino que la presentación de trastornos por estrés postraumático sub clínico, así como depresión y ansiedad severas de Jacobo Tagle y la probabilidad que la sintomatología presentada por Jacobo sean consecuencia de “los hechos relatados por él (haciendo referencia a la tortura que dijo haber sido sujeto en la parte relativa a los hechos), la pérdida de libertad, la ubicación en la que se encuentra en la prisión, la dificultad para su defensa y los daños que a decir de él, le han causado a sus familiares”. En el caso de Cesar Freyre, su denuncia se encuentra en la etapa preliminar siendo analizada por la Comisión Interamericana y cuyo numero de referencia es P-1106-09.
B) La exculpación de Brenda Quevedo de los hechos denunciados.
Ambos acusados concuerdan que Brenda no tuvo nada que ver en los hechos que se le imputan y además, coinciden que ni siquiera conocía o había visto a Hugo Wallace. Asimismo, Jacobo afirma que Brenda nunca recibió dinero por parte de Cesar, o de cualquiera de las personas que formaban parte de la supuesta banda. Más adelante, el mismo Cesar confirmaría estas aseveraciones. Lo anterior, resulta contrario a lo que Jacobo había señalado en su declaración ministerial del 6 de diciembre, la cual él mismo alegó fue obtenida bajo coerción.
C) La exculpación de Brenda Quevedo de su participación en otros secuestros o algún otro hecho delictivo.
En cuanto a los hechos delictivos anteriores al secuestro de Hugo Wallace de los que Brenda es acusada, Jacobo afirma haber conocido a Brenda a finales del 2004, de hecho Cesar constató esta versión. Asimismo, Jacobo aseveró que Brenda nunca conoció al señor Trevedant, Rugueiro y Gina, personas mencionadas en las declaraciones que incriminan a Brenda. Al igual que Jacobo, Cesar afirma que Brenda no tuvo ningún tipo de relación o comunicación con Trevedant. Además, Jacobo y Cesar coinciden que Brenda nunca ha participado en algún hecho ilícito, incluso Jacobo subrayó que ella es una persona honrada y trabajadora.
D) Otros aspectos en el expediente relativos a la investigación de la presunta participación de Brenda en el secuestro de Hugo Wallace.
Cesar Freyre señaló que nunca fue a la casa de la madre de Brenda, Enriqueta Cruz, o a la casa de Brenda, mucho menos haber vivido ahí. También, menciona que el auto Corsa mencionado en sus declaraciones, en realidad nunca fue utilizado para cometer algún hecho delictivo. Asimismo, niega que Brenda haya ido alguna vez a la casa de su padrino. Por último, niega haber visto a Brenda usando algún tipo de peluca.
II. Las consideraciones finales.
Por último, dado que al final no fue necesario proceder a la fase de los careos procesales, puesto que los confrontados no incurrieron en contradicción alguna que refutar, el juez procedió a otorgarle la palabra a Isabel Miranda de Wallace y a Brenda Quevedo Cruz para que expresaran sus consideraciones finales.
Isabel Miranda de Wallace señaló al juez “el aleccionamiento que han tenido los inculpados a fin de tratar de evadir su responsabilidad”. Asimismo, negó que Jacobo haya sido torturado, pues según ella en el video en el que se auto-incrimina ante el Ministerio Público “se aprecia la naturalidad con la que confesó todo lo relativo al secuestro y muerte de [su] hijo Hugo Wallace”. Además, Isabel de Wallace asegura que la prueba de la falsedad de tales acusaciones estriba en el hecho de que Jacobo la acusa de haberlo amenazado con meter a su hermano, Salomón Tagle, a la cárcel, sin embargo, remarcó, “Jacobo Tagle se ha perdido en el tiempo, ya que [su hermano] ya se encontraba preso cuando Jacobo fue detenido, por lo cual sería imposible que alguien lo hubiera amenazado con un hecho que ya había ocurrido”.
En cuanto a Brenda Quevedo, Isabel de Wallace alegó que la prueba de que miente es el hecho de que esta “se haya internado en otro país con identificaciones falsas a fin de no ser localizada”. En este sentido, menciona, “se tuvo que llevar la extradición durante dos años en la cual hubo causa probable para traerla y responder ante este Juzgado”.
Por su parte, Brenda Quevedo manifestó que ha sido torturada dos veces las cuales ha denunciado ante la PGR e instancias de derechos humanos nacionales e internacionales. Asimismo, solicitó que se investigue la tortura de sus co-procesados Cesar Freyre y Jacobo Tagle, y reiteró, “ya que evidentemente hemos sido de la misma forma amenazados y torturados físicamente para así arrancarnos una declaración, una confesión a base de coerción”.
III. Conclusiones.
Las declaraciones desprendidas del careo se inclinan en la hipótesis del uso de la tortura como medio de incriminación de Brenda Quevedo Cruz y los demás acusados del secuestro de Hugo Wallace. En esta misma línea, se deduce que si la mayoría de los acusados fueron torturados y obligados a declarar en perjuicio de Brenda, comenzando por Juana Hilda, el resultado final es un circulo vicioso de fabricación de pruebas y acusaciones en contra de cada uno de los imputados, las cuales deben reputarse carentes de validez y credibilidad.
Asimismo, considero pertinente poner atención en las declaraciones y acusaciones de Jacobo Tagle y Cesar Freyre, puesto que ellos también manifiestan haber sido torturados para auto-incriminarse e implicar a Brenda Quevedo en el secuestro de Hugo Wallace y demás hechos delictivos. En este sentido, Jacobo, al igual que Brenda, sostiene su inocencia, por lo que es prioritario hacer un seguimiento de ambos casos. Contrariamente a Brenda, quien a pesar de haber sido torturada no aceptó su participación en los hechos, Jacobo y Cesar debido a la brutalidad de los actos de barbarie perpetuados en su contra, aceptaron su implicación en el crimen del cual se les acusa.
Cabe señalar que en el caso de Brenda Quevedo y Cesar Freyre, existe una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a sus derechos fundamentales, cuyo número de referencia es P-718-10 y P-1106-09 respectivamente. Asimismo, existen pruebas contundentes que demuestran el uso de tortura, malos tratos, humillaciones y aleccionamiento, tales como la valorización psicológica bajo los criterios sugeridos por el “Protocolo de Estambul” en el caso de Brenda (expediente No. CNDH/3/2010/6007/Q) y Jacobo (expediente No. CNDH/3/2011/2802/Q).
En cuanto a la valoración de los testimonios de Jacobo Tagle y Cesar Freyre, los cuales se vieron refutados en el careo frente a Brenda Quevedo, el juez deberá evaluar la veracidad, verosimilitud, lógica y razonabilidad de los mismos.
La Constitución Mexicana establece en su artículo 20 apartado B de los derechos de toda persona imputada, fracción XIII, que el acusado:
“Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención…”
Asimismo, las fracciones que conforman dicho apartado contienen una serie de derechos que a su vez complementan el derecho a una defensa adecuada, a saber:
II.…Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
Al respecto, la Ley Federal para Prevenir la Tortura, en su artículo 8 nulifica el valor probatorio de la confesiones o información obtenida bajo tortura. Del mismo modo, la interdicción del uso de la tortura está estipulada en la legislación federal penal, véase el artículo 215, fracción XII del Código Penal Federal.
En este sentido, la prohibición de la tortura también se encuentra consagrada en una serie de tratados internacionales firmados y ratificados por México. En este tenor, de conformidad con el principio pro persona, estipulado en el artículo primero constitucional, los derechos humanos previstos por los instrumentos internacionales en la materia alcanzan el rango de derecho fundamental y en caso de contradicción con la legislación local, siempre se favorecerá la que otorgue la protección mas amplia.
Al respecto, vale la pena citar algunos de los instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos más importantes, firmados y ratificados por México, que contemplan la prohibición de la tortura:
La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 5; Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, regla 31, 32 y 33 y la Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, artículo 3, apartado h). Ésta última, enfatiza la idea de la protección hacia la mujer quienes son vulnerables al abuso sexual como forma de tortura.
Y finalmente, quizá el tratado mas importante en la materia sea la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “, la cual define el concepto de tortura en su artículo primero como:
“Cualquier acto por el cual se inflinge intencionadamente un daño severo, tanto físico como mental sobre una persona, con el propósito de obtener de ella… información o una confesión, castigarlo por un acto que ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber cometido… cuando dicho dolor o sufrimiento sea infligido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia“
Además, cabe señalar que la tortura no se limita a acciones que causan daño o heridas físicas. Incluye también acciones que causan sufrimiento mental, tales como: amenazas contra la familia o los seres queridos.
En este tenor, existen un par de precedentes relativos a la prohibición de la tortura que a continuación se mencionan.
a) El precedente más relevante para el caso en cuestión data del 2009, en él, la Suprema Corte se pronunció respecto a la obligación del Estado mexicano de prevenir y sancionar la tortura. Así mismo, establece la obligación del Estado de: “indemnizar a las víctimas de tortura, prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador”. Además, pone énfasis en el bien jurídico tutelado que es la integridad personal y reafirma que “el respeto de este derecho no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación”.
Otro precedente que vale la pena señalar, es el referente a la obligación autoridades de dar oficiosamente vista a la autoridad ministerial para su investigación cuando sean conocedores de personas que manifiesten haber sido víctimas de actos de tortura. El mismo también hace referencia al principio pro homine contemplado en el artículo 1 de la Constitución. El precedente en cuestión concluye con lo siguiente:
b) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito.
Por último, la jurisprudencia mexicana establece que el uso de una prueba obtenida en detrimento de los derechos fundamentales de los inculpados constituye una violación grave al debido proceso y por ende toda prueba obtenida en tal forma deberá ser nulificada.
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.
21 de mayo del 2014 - Se cae espectacular de Showcase
Será una señal ? La dueña, Isabel Miranda de Wallace, se niega a pagar porque nada le van a hacer ya que "la protegen sus contactos políticos"
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/834672.html
Piden vecinos de Coyoacan sancionar a empresa ShowCase
http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/noticias-df/87022-piden-vecinos-de-coyoacán-sancionar-a-empresa-show-case.html
Exigen reparación de daños a Wallace
http://www.unomasuno.com.mx/?p=67723
http://www.hoynoticia.com/noticia/nota,739371/
Denuncian daños por caída de espectacular en Coyoacán
http://www.unotv.com/noticias/nacional/detalle/denuncian-danos-por-caida-de-espectacular-en-coyoacan-878557/
La PGJDF recibe denuncias por caída de espectacular en Coyoacán
http://www.sinembargo.mx/21-05-2014/1000435
Denuncian daños por caída de espectacular en Coyoacán
https://mx.noticias.yahoo.com/denuncian-daños-ca%C3%ADda-espectacular-coyoacán-042131491.html
19 de mayo del 2014 - Entrevista por Radio Netherlands
La entrevista
Enriqueta es madre de Brenda Quevedo Cruz una de las presuntas implicadas en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista ciudadana y presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Ella lleva 8 años presa sin recibir sentencia aún y actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en el Estado de Nayarit. En dos ocasiones fue torturada para que firmara una confesión de culpabilidad y a pesar de todo rehusó hacerlo.
14 de mayo del 2014. Se cierra el caso
El día de ayer, se cerró oficialmente el periodo de instrucción en los casos de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados injustamente por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, los cuales nunca ocurrieron.
El hecho de que se haya cerrado la instrucción significa básicamente que tanto como por parte de la acusación como de la defensa, ya no se puede meter más pruebas.
Esta etapa decisiva en el caso Wallace, un caso fabricado, más bien inventado de secuestro de una persona vinculada con el crimen organizado, abre el camino a una decisión de justicia dentro de unos meses.
Seguimos, manténganse al tanto. Hay inocentes encarcelados y torturados por una mujer que no existe que los acusa del secuestro y del asesinato de una persona que no existe.
22 de abril - Miranda de Wallace propone denunciar a Moya
Isabel Miranda de Wallace propone denunciar a Moyá
http://www.am.com.mx/leon/mexico/isabel-miranda-de-wallace-propone-denunciar-a-moya-102864.html
Los senadores que escucharon a José Luis Moyá confesar que usaba nombres falsos para recibir recursos públicos deben denunciarlo, sugirió Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.
“
La propia Comisión, de oficio, debe denunciar esto a la PGR para que hagan una investigación sobre este individuo porque está confesando que comete delitos”, apuntó.
“Es más, me iría a Hacienda, para que revise sus cuentas y ver de dónde obtiene sus recursos”.
Miranda de Wallace denunció penalmente en 2008 a Moyá por extorsión y lo acusó de pedirle 200 mil dólares para que no hiciera pública una información que beneficiaría a los acusados del secuestro de su hijo.
La denuncia, apuntó la activista, fue archivada por la justicia del Distrito Federal.
“Que tristeza que el Senado pierda tiempo con individuos como este que ni la prepa terminó”, sostuvo Miranda.
Moyá compareció el domingo 6 de abril ante los senadores de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos,
Segunda como candidato a ocupar uno de los siete puestos de comisionado del nuevo IFAI.
En esa sesión estaban los senadores Pablo Escudero, del PVEM; Alejandro Encinas, del PRD; Arely Gómez, del PRI; y Javier Corral, del PAN, entre otros.
José Luis Moya Moya tiene pruebas de que Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace está vivo. Nunca trató de extorsionar a Isabel Miranda de Wallace. Eso es puro cuento por parte de ella ya que es bien sabido que un hermano de Isabel tiene un puesto importante en la PGR y que es él quién maneja averiguaciones previas..
Si Moya entra al IFAI, tendra acceso a toda la información sobre ella y eso es lo que ella teme…
3 de abril del 2014… INVESTIGARAN INMEDIATAMENTE A ACTOS DE TORTURA
Resuelve la Corte que denuncias por tortura se investiguen de oficio
Proceso, 3 de abril del 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- El caso de una mujer condenada a 25 años de prisión por el homicidio de su esposo, en cuyo caso la confesión presuntamente obtenida bajo tortura fue una de las pruebas principales para su condena, abrió la puerta para que toda denuncia por tortura se investigue de oficio y de manera inmediata.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la carga de la prueba para demostrar que no se cometió esta práctica sobre un indiciado corresponde al Estado.
Al resolver el amparo directo en revisión 90/2014, la Primera Sala de la Corte señaló que con esta resolución que se pretende “desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción” en la investigación de los delitos del Ministerio Público.
La resolución fue más allá del caso en particular pues los jueces fijaron los parámetros que se deben seguir para investigar los casos de tortura.
En el caso resuelto por la Primera Sala, la acusada argumentó ante el juez que para obtener su confesión los agentes investigadores la sometieron a tortura psicológica.
Los jueces no se pronunciaron sobre la culpabilidad de la mujer, le otorgaron un amparo para que se deje sin efecto la sentencia condenatoria y ordenaron que se haya investigado “minuciosamente” si en realidad la confesión le fue arrancada bajo tortura.
La Corte resolvió que sea el propio juez quien ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes, así como la práctica de cualquier probanza para esclarecer si hubo tortura en el caso y en función de los resultados, decidir si la confesión tiene valor probatorio.
En cuanto a los parámetros que deben tener en cuenta los juzgadores al investigar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de los agentes del Estado, la Primera Sala resolvió que las investigaciones relativas las denuncias de tortura deben realizarse de oficio y de forma inmediata, además de que debe ser “imparcial, independiente y minuciosa”.
Además los jueces no sólo deberán determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, sino identificar a los responsables, y en su caso, iniciar su procesamiento.
Por ello la SCJN determinó que corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura.
Asimismo, la Corte señaló que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, a fin de que pueda practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias con base en las normas establecidas en la práctica de su profesión.
De acuerdo con la resolución, cuando una persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión fue obtenida mediante coacción, el Estado deberá verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación realizada con la debida diligencia.
La carga de la prueba de hechos de ese tipo recae en el Estado, por lo que no será válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. Al Estado le corresponderá demostrar que la confesión fue voluntaria.
COMUNICADO SCJN
Comunicados de Prensa
No. 052/2014
México D.F., a 2 de abril de 2014
FIJA PRIMERA SALA PARÁMETROS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL JUZGADOR AL INVESTIGAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 90/2014, a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, concedió el amparo, para efectos, a una mujer condenada a veinticinco años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado en contra de su esposo, y la cual al momento de no ratificar su declaración rendida ante el Ministerio Público, denunció que fue torturada psicológicamente por los agentes aprehensores para obtener su confesión.
Razón por la cual, la Primera Sala revocó la sentencia del tribunal colegiado el cual se limitó a analizar el certificado médico de lesiones físicas para determinar que no existió la tortura denunciada; sin embargo, dicho dictamen es insuficiente para poder determinar si efectivamente existió la tortura a la que se refiere la quejosa. Por tanto, atendiendo al deber del Estado Mexicano de investigar los actos de tortura que son denunciados, se advirtió que la falta de investigación constituye una violación al procedimiento, ya que, de resultar positiva ésta, la sentencia condenatoria se basaría, entre otras probanzas, en una confesión obtenida mediante coacción.
Es de mencionar que la Primera Sala al revocar la sentencia recurrida amparó a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia impugnada y, en su lugar, emita otra en la que ordene al juez reponer el procedimiento para que, a partir de la manifestación de la quejosa de que fue torturada por los agentes aprehensores para obtener su confesión, ordene al Ministerio Publico correspondiente que inicie la investigación relativa a efecto de determinar si se acredita o no el delito de tortura.
Además, para que el propio juez en el proceso, ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes y ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida por la quejosa.
Finalmente, al resolver el asunto la Primera Sala fijó los parámetros que debe tener en cuenta el juzgador al investigar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como son los siguientes:
a) La investigación respecto de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata.
b) La investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables, e iniciar su procesamiento.
c) Corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los alegados actos de tortura.
d) El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecida en la práctica de su profesión.
e) Cuando una persona alega dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia.
f) La regla de exclusión de pruebas obtenida bajo coacción (incluyendo tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes), constituye un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción.
g) La carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. Es el Estado quien debe demostrar que la confesión fue voluntaria.
COMUNICADO SCJN
Comunicados de Prensa
No. 052/2014
México D.F., a 2 de abril de 2014
FIJA PRIMERA SALA PARÁMETROS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL JUZGADOR AL INVESTIGAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 90/2014, a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, concedió el amparo, para efectos, a una mujer condenada a veinticinco años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado en contra de su esposo, y la cual al momento de no ratificar su declaración rendida ante el Ministerio Público, denunció que fue torturada psicológicamente por los agentes aprehensores para obtener su confesión.
Razón por la cual, la Primera Sala revocó la sentencia del tribunal colegiado el cual se limitó a analizar el certificado médico de lesiones físicas para determinar que no existió la tortura denunciada; sin embargo, dicho dictamen es insuficiente para poder determinar si efectivamente existió la tortura a la que se refiere la quejosa. Por tanto, atendiendo al deber del Estado Mexicano de investigar los actos de tortura que son denunciados, se advirtió que la falta de investigación constituye una violación al procedimiento, ya que, de resultar positiva ésta, la sentencia condenatoria se basaría, entre otras probanzas, en una confesión obtenida mediante coacción.
Es de mencionar que la Primera Sala al revocar la sentencia recurrida amparó a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia impugnada y, en su lugar, emita otra en la que ordene al juez reponer el procedimiento para que, a partir de la manifestación de la quejosa de que fue torturada por los agentes aprehensores para obtener su confesión, ordene al Ministerio Publico correspondiente que inicie la investigación relativa a efecto de determinar si se acredita o no el delito de tortura.
Además, para que el propio juez en el proceso, ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes y ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida por la quejosa.
Finalmente, al resolver el asunto la Primera Sala fijó los parámetros que debe tener en cuenta el juzgador al investigar posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como son los siguientes:
a) La investigación respecto de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata.
b) La investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables, e iniciar su procesamiento.
c) Corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los alegados actos de tortura.
d) El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecida en la práctica de su profesión.
e) Cuando una persona alega dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia.
f) La regla de exclusión de pruebas obtenida bajo coacción (incluyendo tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes), constituye un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción.
g) La carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. Es el Estado quien debe demostrar que la confesión fue voluntaria.
7 de marzo del 2014 - Carta al Presidente y respuesta de la PGR
Las madres de los inculpados enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, a Jesus Murillo Karam, a Miguel Osorio Chong, a la SCJN, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a la CNDH, a la CIDH, a Amnistia Internacional, a HRW y a la ONU denunciando las actuaciones de Isabel Miranda de Wallace.
Puedes bajar la carta AQUI.
Poco después, recibieron esa respuesta de la PGR, a quién las madres no habían enviado la carta.
Puedes bajar esta carta AQUI.
La PGR afirma que nadie fue torturado… ! Es una vil MENTIRA. Lea mi certificado médico asi como el Protocolo de Estambul que me practicaron. ¿ Cómo pueden afirmar que nadie fue torturado si César Freyre fue torturado 20 días en total, que Jacobo fue torturado por el agente del MP adscrito a la SIEDO, el mismo que me torturo a mi dos veces, si uno de los hermanos Castillo fue torturado, si Juana Hilda Lomeli fue torturada también ???
ARTICULO DE KOLDOMIKEL de carcelesdemujeres
En qué manos estamos
Vivimos tiempos en donde al parecer el bien triunfa sobre el mal, así numerosa gente del narco como el Chapo son detenidos y otros de plano abatidos por la policía o el gobierno. Está bien, aunque hay mucha mar de fondo que ahora no voy a analizar por salirse del tema, queda claro que esta gente envenena a la sociedad, que muchos jóvenes quedan dañados de por vida, como el caso de la protagonista de mi libro inédito “Diana Quiere Libertad”. Así pues diremos que buena es la labor del gobierno en esta lucha contra el mal, sin embargo que sucede cuando todo “el peso de la ley” cae contra inocentes. Cuando el inocente se encuentra con todo el poder en su contra, cuando impotente se pregunta por qué está recibiendo un castigo cruel, Un castigo reservado únicamente a los criminales y no sabe qué daño ha hecho a la “sociedad” para que “ésta” le condene como a su peor enemigo sin ni tan siquiera investigar. Es el momento de preguntarnos: ¿En qué manos estamos señores y señoras?
Y sí, casos de injusticias hay muchos, yo mismo lo viví cuando entraron en mi casa estando yo fura de ella, en un furgón de la AFI y dijeron que tenía una R 15 lo que siendo totalmente falso me tuvo año y medio en prisión. Las cárceles están llenas de inocentes, por supuesto, también de culpables, pero sólo estos deberían estar en ellas, lo demás e una terrible injusticia.
Pero este comentario lo voy a hacer como el caso de injusticia que debería ser ya ejemplo de lo que es ésta y me refiero una vez más al vergonzoso caso Wallace.
Vean ustedes: Las madres de los detenidos mandan una carta al parecer al ejecutivo, sea como sea les responde un ministerio público. Su nombre ahora no importa, llámese Juan o Antonio son muchos las mismas basuras que no deberían ocupar tal puesto ni ningún otro relacionado con la justicia, pues la incompetencia y corrupción pone en sus manos el sufrimiento de muchos inocentes y es que la respuesta que da uno de ellos a las sufridas madres de los inocentes, esas sí, heroínas y no la Wallace, es de risa además de humillante. Hace una referencia a lo que todos sabemos, que los poderes son diferentes, pero lo más chistoso, para los que no somos familiares, claro; es que dice que ya se hizo todo tipo de investigación y son culpables, desacredita a Derechos Humanos, niega las torturas tanto a Brenda como a los demás y le parece bien que civiles como la Wallace y Martín se metan a justicieros.
Recordemos que esta investigación comienza tan sólo unas 5 horas después de que la madre ve a la supuesta víctima quien ni vive con ella, tan sólo unas horas más tarde se encuentra la camioneta del supuesto secuestrado, un individuo dice a la madre que entre dos sujetos sacaron a fuerzas a uno cuando resulta que según Juana Hilda se fue con ella al departamento y ahí lo atacan. Un niño dice que entre dos bajaron a un herido, cuando resulta que lo descuartizan en el depto. En donde unas horas después del mencionado descuartizamiento sólo encuentran en el lavabo una gota de sangre que resultará ser de mujer. Llegan a la camioneta porque había dicho a su primo que iba a salir con la güera que le presentó Jacobo mientras que según la criada le dice que se iba a la cama y estaba muy pensativo, de repente siente que arranca la camioneta y se va, es decir, a nadie dice con quién va a salir ni tan siquiera pensaba salir y en fin, cientos de incongruencias como éstas se hallan en el vergonzoso caso.
Y a esto le llama un ministerio público “Investigación”. Recordemos también que es Juana Hilda la que cuenta la historia de culpabilidades, para esto la sacan del arraigo, lo que es totalmente ilegal y la llevan a la PGR, aquí la muestran una declaración que la obligan a leer mientras la están gravando, declaración que aun en el caso de ser voluntaria no debía tener validez, pues ni está su abogada presente ni la tenían porque haber trasladado a la PGR. Si alguien duda de que las llamadas autoridades dan una declaración para firmar, diré que a mí me lo hicieron, sólo que como siempre recibí buen trato no firmé nada, lo que no pasó con Juana Hilda.
Si decir que hubo una investigación, cuando fue la Wallace la que montó todo, es una atrocidad que tan sólo muestra el servilismo de los encargados de la “justicia” que decir de negar las tortura. Sobre esto es normal que ese cerebro maquiavélico diga que denuncian torturas después de declararse culpables para librar la justicia, pero señores, Brenda Quevedo nunca se ha declarado culpable ¿por qué entonces denunciar torturas? Está más que demostrado que Brenda fue dos veces salvajemente torturada y abusada sexualmente y lo está hasta con certificado médico.
A ese ministerio público que niega las evidencias sólo decirle que está al servicio de la justicia, que no sea tan ladino y si no sirve para ver por la auténtica justicia que se vaya o mejor que lo encarcelen.
La Wallace como Martin son dos entorpecedores de la justicia y no tienen por que hacerla de jueces, gente como ésta en realidad son un grave problema para la sociedad y la sociedad debe reaccionar de una vez por todas, pues mañana les puede pasar a ellos si se siguen manteniendo al margen de estas terribles injusticias.
Y cuando quieras Sra. Wallace, nos enfrentamos en un debate público a ver si ante otra parte sigues convenciendo de tus mentiras.
¡Libertad para los inocentes del caso Wallace!
5 de marzo del 2014 - El careo
Hoy tuvo lugar mi careo con César Freyre y Jacobo Tagle. Todo salió muy bien, el juez fue imparcial, nos escucho a los tres, nos hizo casp, nos dejo hablar. Se lo agradecemos mucho. Es la primera vez que no nos toca un juez comprado por Isabel Miranda de Wallace.
Ademas los tres le dijimos al juez que fuimos torturados, y Jacobo y yo reconocimos ante el juez al agente del MP - adscrito a la SIEDO - quién estaba presente en el careo al lado de Isabel Miranda de Wallace, como nuestro verdugo. Este agente siempre acompaña a Isabel Miranda de Wallace a los tribunales. Es la segunda vez que Miranda de Wallace se lo trae. Quiso amedrentarnos, ahora el juez sabe quién es el violador y torturador amigo de Isabel Miranda de Wallace.
Articulo de Luis Vargas en Buho Legal
Jacobo Tagle y Cesar Freyre, dos de los acusados en el “Caso Wallace”, admiten haber sido torturados para incriminar a Brenda Quevedo.
Ficha Tecnica BrendaLa tarde del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Decimo Sexto de Procesos Penales Federales, que preside el Juez Raúl Angulo Garfias, se llevó a cabo la audiencia pública concerniente al careo entre Brenda Quevedo Cruz y sus co-procesados; Jacobo Tagle Dobin y Cesar Freyre Morales. Todos ellos acusados de la privación ilegal de la libertad de Hugo Alberto Wallace, en la causa penal 35/ 2006, mejor conocida como el “Caso Wallace”.
En la misma, Brenda Quevedo, quien sostiene su inocencia y quien a 6 años de proceso no ha sido juzgada aun, confrontó en primer lugar a Jacobo Tagle y luego, a Cesar Freyre. En el careo, tanto Jacobo como Cesar, la deslindaron de toda responsabilidad y además, los dos afirmaron que Brenda ni siquiera conocía a Hugo Wallace. Asimismo, Brenda puso de relieve la tortura y aleccionamiento de sus compañeros por parte de las autoridades a fin de obligarlos a incriminarla en la supuesta privación ilegal de Hugo Wallace. Por último, señaló otras contradicciones en el expediente relativas a la investigación sobre su participación en los hechos.
El careo
A continuación, sintetizare los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y Cesar Freyre durante el careo, las cuales refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio. Debemos partir del supuesto que las declaraciones que incriminan a Brenda en la comisión de los hechos delictivos mencionados en las mismas, fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos, como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo.
1.- Incriminación hecha por Jacobo Tagle y Cesar Freyre en perjuicio de Brenda Quevedo en el supuesto secuestro de Hugo Wallace.
Al respecto, Jacobo expuso que la razón de implicarla en tal crimen es debido a que fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz, tal como lo expresó en su declaración preparatoria. En el mismo sentido, Cesar manifestó que Brenda no fue participe y además, afirma haber sido víctima de tortura física y mental. Asimismo, Cesar señala que ni siquiera solicitó llevar a cabo la declaración en donde la incrimina. Por último, Cesar nos remite a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana denunciando los actos de tortura y las violaciones a sus derechos humanos.
2.- Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados en su participación en el secuestro de Hugo Wallace.
Ambos acusados concuerdan que Brenda no tuvo nada que ver en los hechos que se le imputan y además, coinciden que ni siquiera conocía o había visto a Hugo Wallace. Asimismo, Jacobo afirma que Brenda nunca recibió dinero por parte de Cesar, o de cualquiera de las personas que formaban parte de la supuesta banda, más adelante el mismo Cesar confirmaría estas aseveraciones. Lo anterior, resulta contrario a lo que Jacobo había señalado en una de sus anteriores declaraciones obtenidas bajo coerción.
3.-Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados en su participación en otros secuestros o algún otro hecho delictivo.
En cuanto a los hechos delictivos anteriores al secuestro de Hugo Wallace de los que Brenda es acusada, cabe señalar que los mismos tuvieron lugar a mediados del año 2004. En este sentido, Jacobo afirma haber conocido a Brenda a finales del 2004, luego Cesar constató esta versión. Asimismo, Jacobo aseveró que Brenda nunca conoció al señor Trevedant, Rugueiro y Gina, personas mencionadas en las declaraciones que incriminan a Brenda. Al igual que Jacobo, Cesar afirma que Brenda no tuvo ningún tipo de relación o comunicación con Trevedant. Además, Jacobo y Cesar coinciden que Brenda nunca ha participado en algún hecho ilícito, incluso Jacobo agregó que ella es una persona honrada y trabajadora.
4.- Otros aspectos en el expediente relativos a la investigación de la presunta participación de Brenda en el secuestro de Hugo Wallace.
Cesar Freyre señaló que nunca fue a la casa de Enriqueta Cruz, madre de Brenda, o a la casa de Brenda, mucho menos haber vivido ahí. También, menciona que el auto Corsa mencionado en sus declaraciones, en realidad nunca fue utilizado para cometer algún hecho delictivo. Asimismo, niega que Brenda haya ido alguna vez a la casa de su padrino. Por último, niega haber visto a Brenda usando algún tipo de peluca.
Las consideraciones finales
Por último, dado que al final no fue necesario proceder a la fase de los careos procesales, puesto que los confrontados no incurrieron en contradicción alguna que refutar, el juez procedió a otorgarle la palabra a Isabel Miranda de Wallace y a Brenda Quevedo Cruz para que expresaran sus consideraciones finales.
Isabel Miranda de Wallace señaló al juez “el aleccionamiento que han tenido los inculpados a fin de tratar de evadir su responsabilidad”. Asimismo, negó que Jacobo haya sido torturado, pues según ella en el video en el que se auto-incrimina ante el Ministerio Público “se aprecia la naturalidad con la que confesó todo lo relativo al secuestro y muerte de [su] hijo Hugo Wallace”. Además, Isabel de Wallace asegura que la prueba de la falsedad de tales acusaciones estriba en el hecho de que Jacobo la acusa de haberlo amenazado con meter a su hermano, Salomón Tagle, a la cárcel, sin embargo, remarcó, “Jacobo Tagle se ha perdido en el tiempo, ya que [su hermano] ya se encontraba preso cuando Jacobo fue detenido, por lo cual sería imposible que alguien lo hubiera amenazado con un hecho que ya había ocurrido”.
En cuanto a Brenda Quevedo, Isabel de Wallace alegó que la prueba de que miente es el hecho de que esta “se haya internado en otro país con identificaciones falsas a fin de no ser localizada”. En este sentido, menciona, “se tuvo que llevar la extradición durante dos años en la cual hubo causa probable para traerla y responder ante este Juzgado”.
Por su parte, Brenda Quevedo manifestó que ha sido torturada dos veces las cuales ha denunciado ante la PGR e instancias de derechos humanos nacionales e internacionales. Asimismo, solicitó que se investigue la tortura de sus co-procesados Cesar Freyre y Jacobo Tagle, y reiteró, “ya que evidentemente hemos sido de la misma forma amenazados y torturados físicamente para así arrancarnos una declaración, una confesión a base de coerción”.
Conclusiones
Las declaraciones desprendidas del careo se inclinan en la hipótesis del uso de la tortura como medio de incriminación de Brenda Quevedo Cruz, lo cual refuerza lo argumentado en mi artículo “25 razones para dudar del caso Wallace”. En esta misma línea, se deduce que si la mayoría de los acusados fueron torturados y obligados a declarar en perjuicio de Brenda, el resultado final es una nefasta fabricación de pruebas y acusaciones en su contra carentes de credibilidad, cuyo fin es incriminarlos en el crimen en cuestión.
Asimismo, considero pertinente poner atención en las declaraciones y acusaciones de Jacobo Tagle y Cesar Freyre, puesto que ellos también manifiestan haber sido torturados para auto-incriminarse e implicar a Brenda Quevedo en el secuestro de Hugo Wallace y otros hechos delictivos. Jacobo, al igual que Brenda, sostiene su inocencia, por lo que es prioritario hacer un seguimiento de ambos casos. Contrariamente a Brenda, quien a pesar de haber sido torturada no aceptó su participación en los hechos, Jacobo y Cesar debido a la brutalidad de los actos de barbarie perpetuados en su contra, aceptaron su implicación en el crimen del cual se les acusa.
Cabe señalar que en el caso de Brenda Quevedo y Cesar Freyre, existe una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a sus derechos fundamentales. Asimismo, existen pruebas contundentes que demuestran el uso de tortura, malos tratos, humillaciones y aleccionamiento, tales como la valorización psicológica bajo los criterios sugeridos por el “Protocolo de Estambul” en el caso de Brenda y Jacobo. Si esta denuncia es admisible, en unos años, las autoridades mexicanas podrían ser llevadas ante la Corte IDH para la consecuente reparación integral de los daños y a la investigación de los responsables de haber llevado a cabo tales actos de brutalidad en perjuicio de Brenda y los demás acusados.
Luis Vargas
https://twitter.com/vargaslawyer
Articulo de Luis Vargas en Buho Legal
El careo más controvertido del año.
Jacobo Tagle y Cesar Freyre, dos de los acusados en el “Caso Wallace”, admiten haber sido torturados para incriminar a Brenda Quevedo.
Ficha Tecnica BrendaLa tarde del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Decimo Sexto de Procesos Penales Federales, que preside el Juez Raúl Angulo Garfias, se llevó a cabo la audiencia pública concerniente al careo entre Brenda Quevedo Cruz y sus co-procesados; Jacobo Tagle Dobin y Cesar Freyre Morales. Todos ellos acusados de la privación ilegal de la libertad de Hugo Alberto Wallace, en la causa penal 35/ 2006, mejor conocida como el “Caso Wallace”.
En la misma, Brenda Quevedo, quien sostiene su inocencia y quien a 6 años de proceso no ha sido juzgada aun, confrontó en primer lugar a Jacobo Tagle y luego, a Cesar Freyre. En el careo, tanto Jacobo como Cesar, la deslindaron de toda responsabilidad y además, los dos afirmaron que Brenda ni siquiera conocía a Hugo Wallace. Asimismo, Brenda puso de relieve la tortura y aleccionamiento de sus compañeros por parte de las autoridades a fin de obligarlos a incriminarla en la supuesta privación ilegal de Hugo Wallace. Por último, señaló otras contradicciones en el expediente relativas a la investigación sobre su participación en los hechos.
El careo
A continuación, sintetizare los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y Cesar Freyre durante el careo, las cuales refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio. Debemos partir del supuesto que las declaraciones que incriminan a Brenda en la comisión de los hechos delictivos mencionados en las mismas, fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos, como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo.
1.- Incriminación hecha por Jacobo Tagle y Cesar Freyre en perjuicio de Brenda Quevedo en el supuesto secuestro de Hugo Wallace.
Al respecto, Jacobo expuso que la razón de implicarla en tal crimen es debido a que fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz, tal como lo expresó en su declaración preparatoria. En el mismo sentido, Cesar manifestó que Brenda no fue participe y además, afirma haber sido víctima de tortura física y mental. Asimismo, Cesar señala que ni siquiera solicitó llevar a cabo la declaración en donde la incrimina. Por último, Cesar nos remite a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana denunciando los actos de tortura y las violaciones a sus derechos humanos.
2.- Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados en su participación en el secuestro de Hugo Wallace.
Ambos acusados concuerdan que Brenda no tuvo nada que ver en los hechos que se le imputan y además, coinciden que ni siquiera conocía o había visto a Hugo Wallace. Asimismo, Jacobo afirma que Brenda nunca recibió dinero por parte de Cesar, o de cualquiera de las personas que formaban parte de la supuesta banda, más adelante el mismo Cesar confirmaría estas aseveraciones. Lo anterior, resulta contrario a lo que Jacobo había señalado en una de sus anteriores declaraciones obtenidas bajo coerción.
3.-Exculpación de Brenda Quevedo por parte de los acusados en su participación en otros secuestros o algún otro hecho delictivo.
En cuanto a los hechos delictivos anteriores al secuestro de Hugo Wallace de los que Brenda es acusada, cabe señalar que los mismos tuvieron lugar a mediados del año 2004. En este sentido, Jacobo afirma haber conocido a Brenda a finales del 2004, luego Cesar constató esta versión. Asimismo, Jacobo aseveró que Brenda nunca conoció al señor Trevedant, Rugueiro y Gina, personas mencionadas en las declaraciones que incriminan a Brenda. Al igual que Jacobo, Cesar afirma que Brenda no tuvo ningún tipo de relación o comunicación con Trevedant. Además, Jacobo y Cesar coinciden que Brenda nunca ha participado en algún hecho ilícito, incluso Jacobo agregó que ella es una persona honrada y trabajadora.
4.- Otros aspectos en el expediente relativos a la investigación de la presunta participación de Brenda en el secuestro de Hugo Wallace.
Cesar Freyre señaló que nunca fue a la casa de Enriqueta Cruz, madre de Brenda, o a la casa de Brenda, mucho menos haber vivido ahí. También, menciona que el auto Corsa mencionado en sus declaraciones, en realidad nunca fue utilizado para cometer algún hecho delictivo. Asimismo, niega que Brenda haya ido alguna vez a la casa de su padrino. Por último, niega haber visto a Brenda usando algún tipo de peluca.
Las consideraciones finales
Por último, dado que al final no fue necesario proceder a la fase de los careos procesales, puesto que los confrontados no incurrieron en contradicción alguna que refutar, el juez procedió a otorgarle la palabra a Isabel Miranda de Wallace y a Brenda Quevedo Cruz para que expresaran sus consideraciones finales.
Isabel Miranda de Wallace señaló al juez “el aleccionamiento que han tenido los inculpados a fin de tratar de evadir su responsabilidad”. Asimismo, negó que Jacobo haya sido torturado, pues según ella en el video en el que se auto-incrimina ante el Ministerio Público “se aprecia la naturalidad con la que confesó todo lo relativo al secuestro y muerte de [su] hijo Hugo Wallace”. Además, Isabel de Wallace asegura que la prueba de la falsedad de tales acusaciones estriba en el hecho de que Jacobo la acusa de haberlo amenazado con meter a su hermano, Salomón Tagle, a la cárcel, sin embargo, remarcó, “Jacobo Tagle se ha perdido en el tiempo, ya que [su hermano] ya se encontraba preso cuando Jacobo fue detenido, por lo cual sería imposible que alguien lo hubiera amenazado con un hecho que ya había ocurrido”.
En cuanto a Brenda Quevedo, Isabel de Wallace alegó que la prueba de que miente es el hecho de que esta “se haya internado en otro país con identificaciones falsas a fin de no ser localizada”. En este sentido, menciona, “se tuvo que llevar la extradición durante dos años en la cual hubo causa probable para traerla y responder ante este Juzgado”.
Por su parte, Brenda Quevedo manifestó que ha sido torturada dos veces las cuales ha denunciado ante la PGR e instancias de derechos humanos nacionales e internacionales. Asimismo, solicitó que se investigue la tortura de sus co-procesados Cesar Freyre y Jacobo Tagle, y reiteró, “ya que evidentemente hemos sido de la misma forma amenazados y torturados físicamente para así arrancarnos una declaración, una confesión a base de coerción”.
Conclusiones
Las declaraciones desprendidas del careo se inclinan en la hipótesis del uso de la tortura como medio de incriminación de Brenda Quevedo Cruz, lo cual refuerza lo argumentado en mi artículo “25 razones para dudar del caso Wallace”. En esta misma línea, se deduce que si la mayoría de los acusados fueron torturados y obligados a declarar en perjuicio de Brenda, el resultado final es una nefasta fabricación de pruebas y acusaciones en su contra carentes de credibilidad, cuyo fin es incriminarlos en el crimen en cuestión.
Asimismo, considero pertinente poner atención en las declaraciones y acusaciones de Jacobo Tagle y Cesar Freyre, puesto que ellos también manifiestan haber sido torturados para auto-incriminarse e implicar a Brenda Quevedo en el secuestro de Hugo Wallace y otros hechos delictivos. Jacobo, al igual que Brenda, sostiene su inocencia, por lo que es prioritario hacer un seguimiento de ambos casos. Contrariamente a Brenda, quien a pesar de haber sido torturada no aceptó su participación en los hechos, Jacobo y Cesar debido a la brutalidad de los actos de barbarie perpetuados en su contra, aceptaron su implicación en el crimen del cual se les acusa.
Cabe señalar que en el caso de Brenda Quevedo y Cesar Freyre, existe una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a sus derechos fundamentales. Asimismo, existen pruebas contundentes que demuestran el uso de tortura, malos tratos, humillaciones y aleccionamiento, tales como la valorización psicológica bajo los criterios sugeridos por el “Protocolo de Estambul” en el caso de Brenda y Jacobo. Si esta denuncia es admisible, en unos años, las autoridades mexicanas podrían ser llevadas ante la Corte IDH para la consecuente reparación integral de los daños y a la investigación de los responsables de haber llevado a cabo tales actos de brutalidad en perjuicio de Brenda y los demás acusados.
Luis Vargas
https://twitter.com/vargaslawyer
Febrero del 2014 - Amparo a Miranda de Wallace
Otorgan amparo a Isabel Miranda
Un juez federal determinó que un proceso penal no puede ser lento y con retrasos irrazonables porque la dilación es violatoria de los derechos humanos de las víctimas, a quienes también se les debe garantizar una justicia pronta y expedita.
Isabel Miranda de Wallace ganó uno de los primeros amparos en donde la justicia federal establece que los jueces no pueden ser omisos al trámite diligente de un proceso porque el retraso viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal del DF, concedió la protección de la justicia a la señora Wallace, quien había reclamado la lentitud del juicio contra los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto Wallace.
"La justicia de la Unión ampara y protege a Isabel Miranda contra la omisión reclamada del Juez Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en el DF, de realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un término razonable para lograr una impartición de justicia pronta en la causa penal 35/2006, en cuanto a que no ha sido diligente en el trámite del asunto", dice el fallo.
El reclamo de Wallace es que el juicio contra Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín lleva casi 4 años, sin que pueda cerrarse su instrucción, porque el juzgado encargado del proceso reprogramó una diligencia con casi un año de diferencia.
Según el resolutivo del amparo 938/2013, Quevedo solicitó en su proceso el testimonio de José Luis Moyá Moyá, quien en alguna ocasión refirió a la prensa que Hugo Alberto Wallace estaba vivo y que no había sido asesinado por sus plagiarios.
El juzgado inicialmente citó a Moyá el 23 de abril de 2013, pero la PGR litigó contra esta determinación. Finalmente, luego de que un tribunal unitario avalara el citatorio, el testigo fue requerido para el 27 de octubre del año pasado.
Antes de que llegara esa fecha, el 21 de agosto pasado el juzgado acordó que, por información del Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", no podía celebrarse ese interrogatorio sino hasta mayo o junio de 2014.
Lo anterior, porque hasta esas fechas estaría disponible el sistema de videoconferencia con el que Quevedo, internada en el Penal de "El Rincón", Nayarit, podía estar presente en el interrogatorio a Moyá, que se realizaría en el juzgado del DF.
Moyá fue interrogado en el 2013, sin embargo, antes Wallace promovió el amparo contra la dilación que consideró excesiva, porque en su opinión es innecesaria y además vulnera su derecho humano a la justicia pronta, algo en lo que le dio la razón el juez Chávez.
En realidad Miranda de Wallace tuvo miedo que le pasara algo por lo que declaro Luis Moya Moya
Enero 2014
1) La abogada que redacto el acta de difunción de Hugo Wallace le dijo al juez que lo había redactado en base a la declaración de Juana Hilda (declaración hecha sin la presencia de un abogado, Juana Hilda dice que la drogaron y que le estaban mostrando carteles con lo que tenía que decir, escrito con plumón negro) y que se había equivocado, asi que pidió retirar el acta de difunción de Hugo Wallace del expediente.
Eso pasó justo después que las familias pidieran copias certificadas del acta de difunción.
2) Isabel Miranda de Wallace aportó una carta al expediente, diciendo que esta carta es de Jacobo Tagle Dobin.
2) Isabel Miranda de Wallace aportó una carta al expediente, diciendo que esta carta es de Jacobo Tagle Dobin.
Pronto sabremos cual es el próximo invento de Isabel MIranda de Wallace para tratar de refundir inocentes a la cárcel.
Diciembre 2013
Isabel Miranda de Wallace le pidio al juez que cerrara el caso para impedir que se aportaran nuevas pruebas
Noviembre del 2013 - El acta de difunción de Hugo es FALSO
Isabel Miranda de Wallace presento un acta de difunción de Hugo Alberto. El acto es falso ya que no hay cuerpo.
[edit] Miranda de Wallace mando retirar el acta del expediente…
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