Queremos hacer del conocimiento público lo siguiente:
Que en nombre de las víctimas directas e indirectas en el caso Wallace, sean las personas falsamente acusadas por el supuesto secuestro de Hugo Alberto o sus familiares, consideraremos como responsables a Isabel Miranda de Wallace, a sus hermanos Roberto y-o Heriberto, y a sus cómplices que trabajan como funcionarios en las dependencias de la PGR y de la SIEDO, por si acaso les pasara algo a Brenda Quevedo Cruz, a Jacobo Tagle Dobin, a Cesar Freyre Morales, a Juana Hilda Lomeli, a Tony y Alberto Castillo, a Jael Malagon Uscanga, asi como a los familiares de ellos, a sus amigos, sus defensores y abogados, asi como a periodistas.
En particular, estaremos muy atentos ante cualquier acción con la que se quiera atentar a la vida y a la integridad física de los familiares de Brenda Quevedo Cruz.
No toleraremos ningún tipo de represalia o de amenaza en contra de nadie.
El caso Wallace, más turbio que nunca
El descubrimiento de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, tan oficial como la primera, da un vuelco al caso que se sigue por el presuntos secuestro y homicidio de esta persona, cuyo cadáver sigue sin encontrarse. Ahora resulta que el desaparecido, quien de haber sido realmente asesinado habría hecho una llamada telefónica de ultratumba, tiene dos nombres, dos fechas de nacimiento, dos CURP diferentes y dos lugares donde vio la luz.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura…
Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial abierto por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que, nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado un vuelco debido a nueva información que pone en duda incluso su muerte.
En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Según los registros oficiales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación (Segob), la primera acta de Hugo Alberto es auténtica y fue presentada por el interesado para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010, es decir, casi cinco años después de su supuesto homicidio.
El acta recién descubierta fue ingresada por la acusada Brenda Quevedo Cruz ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Primer Circuito el 14 de mayo pasado, día en que se cerraba el plazo para entregar pruebas en su defensa dentro la causa penal 35/2006-II.
Desde el principio el caso Wallace ha sido un enigma, no despejado ni con las confesiones de quienes se supone participaron en su secuestro y asesinato.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1961, ya en circulación)
Articulo completo
Da nuevo giro caso Wallace
Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura…
Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial abierto por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que, nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado un vuelco debido a nueva información que pone en duda incluso su muerte.
En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Según los registros oficiales de la Consejería Jurídica del Gobierno del DF y de la Segob, la primera acta de Hugo Alberto es auténtica y fue presentada por el interesado para obtener la CURP el 24 de febrero de 2010, es decir, casi cinco años después de su supuesto homicidio.
El acta recién descubierta fue ingresada por la acusada Brenda Quevedo Cruz ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Primer Circuito el 14 de mayo pasado, día en que se cerraba el plazo para entregar pruebas en su defensa dentro la causa penal 35/2006-II.
Desde el principio el caso Wallace ha sido un enigma, no despejado ni con las confesiones de quienes se supone participaron en su secuestro y asesinato.
La llamada
El 12 de julio de 2005 María Isabel Miranda Torres, luego de no tener noticia de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, descubrió en unas cuantas horas, al encontrar su camioneta Cherokee en una calle de la colonia Extremadura Insurgentes en la Ciudad de México, que la noche anterior su hijo había sido secuestrado, asesinado y descuartizado con una sierra eléctrica en el diminuto baño de un departamento ubicado en Perugino número 6, a unas cuadras de donde estaba el vehículo, e inmediatamente supo el nombre de uno de los responsables, según ha dicho ella misma.
En su declaración ministerial, quien también se autodenomina María Isabel Miranda de Wallace expuso que su versión proviene de un transeúnte que nunca ha sido identificado por su nombre ni citado a declarar, así como de un niño que vivía en el edificio de Perugino, quien habría asegurado a ella y a su hermano Roberto Miranda que la noche del 11 de julio escuchó disparos y vio cómo bajaban por la escalera un cuerpo ensangrentado.
La señora Miranda de Wallace refiere que después de descubrirlo todo recibió una fotografía donde su hijo aparecía desnudo y le pedían un rescate. Ella dio los nombres de los supuestos responsables, se adjudica la captura de cuatro de ellos y desde 2005 sostiene que su hijo está muerto.
Pero conforme a los testimonios que constan en la causa penal 32/2006-II, el único niño del edificio, Erik Figueroa, declaró que ni siquiera durmió ahí el 11 de julio, sino en casa de su abuela, y que el único diálogo que tuvo con unas personas el 12 de julio fue cuando le preguntaron por una mujer que él no conocía.
A petición de la señora Miranda de Wallace, el mismo 12 de julio la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal hizo una primera inspección en el lugar, pero no encontró allí ninguna prueba ni indicios sobre los hechos.
El 13 de julio la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se presentó en el mismo departamento, pero tampoco halló ni un solo rastro. En el reducido baño donde presuntamente habría sido descuartizado Hugo Alberto con una sierra eléctrica no había rastros de sangre. La regadera tenía un tendedero donde colgaba la ropa de Juana Hilda González, quien vivía en el inmueble.
Concluida la revisión, el departamento no fue protegido ni asegurado como escena de un crimen, y la administradora lo rentó a una persona llamada Rodrigo de Alba Martínez, quien nunca lo ocupó.
En las primeras declaraciones, a las que se confiere una mayor confiabilidad, los habitantes del edificio afirmaron que no escucharon la noche del 11 de julio ningún ruido ni vieron movimientos extraños.
Asimismo en el expediente de la averiguación previa abierta por la PGR hay constancia de que una tarjeta de crédito de Hugo Alberto Wallace Miranda fue usada el 20 de julio de 2005, con cargos que superaron los 12 mil pesos, incluyendo una comida en el restaurante Los Arcos por más de 3 mil pesos y compras en Liverpool de Perisur; pero ni la PGR ni la madre de la presunta víctima pidieron los videos que pudieron registrar quién usó la tarjeta. Tampoco se siguió esa línea de investigación.
El 22 de julio de 2005 José Enrique Wallace Díaz, esposo de María Isabel Miranda, declaró a las autoridades -según consta en el expediente- que no tenían noticias de Hugo Alberto y que nadie había pedido un rescate. “Quiero decir que probablemente lo que ocurrió a mi hijo fue una desaparición, ya que no puedo decir que se trate de un secuestro”.
La última declaración rendida por él hasta ahora ocurrió el 23 de septiembre de ese mismo año, cuando pidió a las autoridades no investigar más.
Desde entonces Wallace Díaz no se ha vuelto a presentar a declarar en el caso pese a los múltiples citatorios del juzgado y a los edictos publicados.
El 1 de noviembre de 2005, de acuerdo con el expediente de la causa penal, del celular de Hugo Alberto, que no había sido cancelado, entró una llamada al teléfono 55-54-56-30-24 y un hombre dejó este mensaje:
“Qué onda. Mira, ando hasta la madre, güey; ya sé que te fallé, pero me vale verga. ¿Qué? Aquí, puto… Qué onda, güey. Mírame, aquí pisteando, güey. ¿Sabes qué, güey, sabes quién me jugó…?”
Cuatro personas relacionadas con Hugo Alberto aseguraron a la PGR que la voz era de él: Vanessa Bárcenas Díaz, su ex novia; Carlos Colorado Martínez, Rodolfo Munguía e Isabel Neri Lujano. Pero la PGR nunca siguió esa línea de investigación.
Problemas con la justicia
Hugo Alberto tenía antecedentes penales, y aunque públicamente su madre ha intentado desvirtuar ese hecho, el Gobierno de México tuvo que reconocerlo dentro del expediente de extradición de Brenda Quevedo Cruz 1:08-MC-00085, radicado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos.
Allí la AFI informó en el oficio DGRP/DAMJ/7988/2008 que en sus sistemas localizaron un antecedente de orden de reaprehensión contra Hugo Alberto librada por el juez decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales del DF dentro de la causa penal 196/2001, “en virtud de que en sentencia definitiva se declaró que era penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de prisión”, señala el documento.
En junio de 2004 la orden de aprehensión fue cancelada porque el juez sustituyó la pena de cárcel por una multa de 14 mil 665 pesos.
El 15 de noviembre de 2005 Vanesa Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto, declaró que éste le había manifestado que tenía problemas legales. “Me dijo que en una ocasión lo buscaron para detenerlo supuestamente por dedicarse al narcotráfico, pero él adujo que en realidad era por la ropa que le enviaban, no sabía de dónde, y porque las personas que se la mandaban algo habían hecho. Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del País”, señaló Vanesa.
Las dos actas
Con cada una de las actas de Hugo Alberto Wallace Miranda, una fechada en 1970 y otra en 1975, obtuvo constancias de la CURP, expedidas por la Segob.
El acta de nacimiento número 1, cuya autenticidad fue corroborada en archivos del Gobierno del DF, se expidió el 15 de enero de 1970 en la delegación Milpa Alta, Juzgado 8 (libro 1, número de acta 27), bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969 en el “Sanatorio Tuxpan” del DF.
Como su padre quedó registrado Jacinto Miranda y como su madre Isabel Torres, de 31 y 21 años de edad, respectivamente.
Como abuelos paternos figuran Luis Miranda y Consuelo Jáimez, y como abuelos maternos, Alfredo Torres y Mónica Romero.
El acta de nacimiento número 2, que ha sido presentada por la madre de Hugo Alberto en el caso de su supuesto secuestro y homicidio, fue expedida el 19 de noviembre de 1975 en Texcoco, Estado de México (libro 12, acta 2371), y allí quedó asentado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien según el documento nació el 12 de octubre de 1969 en Coatlinchan, Texcoco, Estado de México.
En calidad de padres fueron identificados José Enrique Wallace Díaz y María Isabel Miranda Torres, de 37 y 24 años, respectivamente.
Los abuelos paternos serían Arturo Wallace Ramírez y María Luisa Díaz Solórzano, y los maternos, Fausto Miranda Romero y Mónica Torres de Miranda.
Del análisis del contenido de las actas de nacimiento 1 y 2 se desprende que entre ambas hay cambios en los nombres o apellidos del registrado, de su padre, de su madre y sus abuelos.
Igualmente, usando el acta 1, Hugo Alberto tramitó la inscripción de la CURP el 24 de febrero de 2010, casi cinco años después de su presunta muerte.
En la cédula obtenida directamente en la Segob hay dos leyendas inscritas: la primera: “Existe una posible inconsistencia en esta CURP, verifíquela y en caso de ser necesario acuda a un módulo”.
Y la segunda: “CURP certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil”.
Con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y su acta de nacimiento se había tramitado la inscripción de otra CURP el 13 de septiembre de 1999.
Por si fuera poco, Hugo Alberto nació en tres lugares diferentes, de acuerdo con sus dos actas de nacimiento y una declaración de su madre: el “Sanatorio Tuxpan”, del DF (acta 1); “Coatlinchan, Texcoco” (acta 2), y hospital Dalinde, de la colonia Roma de la Ciudad de México (entrevista con Isabel Miranda publicada en el portal Animal Político el 8 de diciembre de 2010).
Además, en declaraciones a los medios Isabel Miranda ha dicho que el nombre de su madre es Mónica Torres Jáimez, pero resulta que el apellido Jáimez es el que, en el acta de nacimiento 1, corresponde a la abuela paterna de Hugo Alberto.
La “prueba” de ADN
El acta de nacimiento descubierta no sólo pone en cuestión la muerte de Hugo Alberto, sino también la prueba de ADN que la PGR dio por buena para afirmar que el secuestro y el homicidio ocurrieron y que ha servido para dictar condenas que van de 78 a 131 años de prisión a César Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, a quienes, junto con Jacobo Tagle y Quevedo Cruz, se responsabiliza de haber cometido ambos delitos.
Hasta ahora, pese a las supuestas confesiones de Freyre, González y Tagle –quienes aseguran que las mismas fueron obtenidas mediante tortura–, no se han podido localizar los restos de Hugo.
La única prueba pericial obtenida en los nueve años del presunto homicidio apareció seis meses después del suceso en el departamento de Perugino 6, y luego de que durante meses el inmueble no fue custodiado.
En la nueva revisión hecha por la SIEDO se encontró una gota de sangre en el baño y una licencia de conducir vencida de Hugo Alberto, aunque él tenía otra con vigencia indefinida que hasta la fecha no ha aparecido.
La gota de sangre fue comparada con muestras de ADN de Isabel Miranda y de Enrique Wallace, quien aparece como padre de Hugo Alberto en el acta de nacimiento 2. La muestra coincidió, pero pese a que los peritos de la PGR primero dijeron que tenía cromosomas XX, es decir, de mujer, en una audiencia realizada en julio de 2006 en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del DF la perito planteó que había sido un error de dedo y que se trataba de cromosomas XY, es decir, de hombre.
Dado que la pareja Wallace-Miranda tiene una hija, la defensa de los inculpados pidió una nueva prueba, pero la muestra de la única gota de sangre encontrada ya no existía. La PGR dio por cierto el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda con esa prueba de ADN, pero si el padre biológico no se apellida Wallace sino Miranda, como indica el acta de nacimiento 1 de Hugo Alberto, la historia sería muy distinta.
Una vez ingresada el acta de nacimiento descubierta, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales deberá desahogar la prueba conforme a derecho y encontrar la verdad y transparencia en el turbio caso.
Fuentes consultadas por Proceso informaron que, luego de que Quevedo presentó el acta como prueba, se intentó tener acceso directo al libro del Registro Civil de la Ciudad de México donde se encuentra, pero se dijo que el libro fue llevado a un juzgado. Dicha acta se considera fundamental, y tanto en el Registro Civil como en la Segob hay documentos que la respaldan, de modo que, se ha advertido, no podría perderse.
Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida en México pese a su madre
Por Guadalupe Lizárraga
Primera parte
LOS ÁNGELES, California.- A nueve años del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hay cada vez más evidencias de rastros de vida, de acuerdo a las investigaciones de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal. El caso Wallace, como se ha difundido en México desde el 11 de julio de 2005, ha mantenido a seis personas encarceladas por años, auto-incriminadas bajo tortura. La madre de la presunta víctima, Isabel Miranda de Wallace, quien ha logrado notoriedad política y poder económico a raíz de este caso, ha sido también acusada de delitos como perjurio, corrupción a funcionarios públicos para obtener y manipular pruebas, amenazas de muerte a inculpados y familiares y amigos de éstos, y pesa sobre ella la acusación de ser la responsable de haber mandado torturar a los seis inculpados dentro de los penales.
El presidente de la asociación, David Bertet, dio a Los Ángeles Press copia de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres como evidencias de que Hugo Alberto Wallace Miranda está vivo y mantiene una doble identidad, igual que su madre. Se trata de documentos oficiales expedidos en años posteriores a la fecha del supuesto homicidio, así como un puntilloso análisis comparativo, de 29 páginas, sobre las declaraciones auto incriminatorias bajo tortura, con las cuales sentenciaron a los inculpados. El documento además presenta las inconsistencias lógicas en las evidencias que ha presentado Isabel Miranda de Wallace a lo largo del proceso judicial, hasta obtener un acta de defunción, pese a no haber cuerpo de la supuesta víctima, en la que las causas de la muerte se dedujeron de una autopsia ficticia firmada por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, con cédula 1878723. La expedición del acta de defunción fue ordenada del expediente 879/13 con el número 130223472, por la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar, Silvia Araceli García Lara, mientras que la juez 18 del Registro Civil del Distrito Federal, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe y selló el documento dándole legalidad a la copia fotostática reproducida del original.
El 12 de mayo de 2014 se expidió también un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, en el Distrito Federal, y registrado el 15 de enero de 1970. El padre biológico aparece en el documento como Jacinto Miranda Jaimez, un militar actualmente retirado con residencia en Baja California y quien no reconoció el secuestro de su hijo, sino sólo su “desaparición”. La madre, Isabel Torres Romero, seis años después del nacimiento de su hijo Hugo Alberto, y en nuevas nupcias, volvió a registrarlo con el apellido de su segundo cónyuge: Wallace. Sin embargo, Isabel decidió quedarse con el apellido de su primer esposo: Miranda. Y así, la segunda identidad de su hijo se configuró con los apellidos Wallace Miranda, y la de ella, Miranda de Wallace. Una tercera modificación de su nombre en documentos oficiales es el de María Isabel Miranda Torres, los mismos apellidos de su hijo con los que lo registró su padre biológico.
Otro documento que llamó la atención de los activistas franco-canadienses, fue la inscripción de Hugo Alberto Miranda Torres en la Cédula Única del Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010. Un documento que sólo el interesado puede obtener en ese país y el cual se obtuvo con el acta de nacimiento como documento probatorio.
David Bertet señaló que se han observado los pasos de Isabel Miranda de Wallace desde que la asociación participó en la defensa de Florence Cassez, y ahora representa la defensa de los derechos humanos de algunos inculpados en el caso Wallace, en el que destaca el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva ocho años presa y ha sido torturada dos veces en los penales “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en Islas Marías, Nayarit, al que fue trasladada de manera ilegal, ya que en este penal sólo envían a sentenciados de alta peligrosidad, y a Quevedo Cruz aún no se le da sentencia.
“Por un caso de supuesto secuestro que de hecho nunca sucedió”, dijo Bertet a Los Ángeles Press. “Isabel Miranda de Wallace escogió a algunos amigos de Hugo para culparlos por la supuesta desaparición de su hijo. Jacobo Tagle era amigo de Hugo, y César Freyre por lo menos lo conocía”, afirma el activista desde Canadá, sede de la organización no gubernamental investigadora de casos de presos inocentes en México.
El documento del análisis sobre el caso Wallace fue enviado por la organización a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la causa penal 35/2006-II contra Brenda Quevedo Cruz, después de que la defensa presentara las evidencias ante el Juzgado Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, el 14 de mayo, fecha en que se cerraba el plazo para presentar pruebas en su defensa. En este documento se muestran las inconsistencias en las seis supuestas evidencias presentadas por Isabel Miranda de Wallace, quien “pretende establecer legalmente como un hecho incuestionable la muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda”. Y se analizan minuciosamente las declaraciones con las que se incriminan bajo tortura a los inculpados Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales.
La imagen siguiente contiene la lista de las evidencias que da Isabel Miranda de Wallace para sostener el "incuestionabilidad" del homicidio de su hijo.
Respecto a los puntos “a” y “b” señaladas por Miranda de Wallace como evidencias, la organización canadiense demostró que el cabello y la licencia de conducir vencida, ambos elementos pertenecientes a Hugo Alberto Wallace Miranda, fueron encontrados en el departamento de Juana Hilda Lomelí (lugar del supuesto homicidio) siete meses después de la fecha en que presuntamente se asesinaría a Wallace con golpes mortales y al que se le desmembraría su cuerpo con una sierra eléctrica, según las propias declaraciones de la madre. El cateo del departamento se hizo a principios de febrero de 2006, pero el departamento ya había sido alquilado por otra persona que respondió al nombre de Rodrigo Oswaldo de Alba, desde el primero de octubre de 2005.
También se demostró que el departamento donde tuvo lugar el supuesto homicidio, ubicado en Avenida Perugino Número 6, no estuvo vigilado durante las dos semanas siguientes. Esto fue entre el 12 y el 26 de julio de 2005, fecha en que ingresaron los agentes federales investigadores, quienes además dejaron la puerta abierta sin ninguna restricción ni advertencia, pese a que allí habría tenido lugar la escena del crimen. Este hecho fue corroborado según la declaración en la secuela procesal de la administradora del edificio, Jaqueline Isabel Galván López, el 25 de mayo de 2006, quien constató que después de siete meses de los supuestos hechos el agente del Ministerio Público, Braulio Robles Zúñiga, –persona de confianza de Isabel Miranda, de acuerdo a su propia declaración– tomó la decisión de poner un sello en la puerta del departamento.
Isabel Miranda precisó detalles del supuesto crimen en ese inmueble, como el que su hijo había sido cercenado por una sierra eléctrica, comprada de madrugada en el Wal Mart de Toreo, y presentó como evidencia la hipótesis pericial en criminalística de campo que sostenía que “sí habría sido posible la mecánica del cercenamiento del cuerpo en el baño del inmueble”, inciso "d" en la imagen. Una fuente confidencial quien fue entrevistada por Los Ángeles Press, destacó, sin embargo, la rotunda negativa de Isabel Miranda para abrir la tubería del baño y constatar pericialmente la existencia de restos de sangre y grasa correspondientes a su hijo, tal como ella lo había sostenido.
El entrevistado recapituló la teoría de la señora Wallace: “Supuestamente César Freyre era el jefe de la banda, y contrató a los hermanos Castillo para cortar el cadáver con la sierra eléctrica. Ya llegaron los hermanos Castillo y cortaron el cadáver, entonces ¿dónde quedó toda la sangre, los huesos, la grasa, si en el baño de Perugino no encontraron más que unas gotas de sangre?”, enfatizó.
“El siguiente punto –continúa el entrevistado– es que si cortaron el cadáver los hermanos Castillo, ¿cómo es que le dejan el cadáver cortado a César Freyre (supuesto jefe de la banda) para que él lo empaque, lo suba al carro y él mismo se lo lleve? Si los Castillo son un par de carniceros, el jefe espera que ellos lo empaquen y lo suban al carro. Sería absurdo que ellos no hubieran hecho el trabajo completo si fueron contratados para eso”.
El lugar de los hechos, rentado después del supuesto crimen
En el análisis de la organización canadiense, por su parte, también se destacó que los nuevos inquilinos del departamento en cuestión, Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez y su esposa, desaparecieron repentinamente después de que los agentes de la SIEDO realizaron el cateo en febrero de 2006. Para ello, De Alba hizo una llamada telefónica a la administradora del edificio para informarle que dejaría el inmueble, pero que no podía entregar en persona las llaves del lugar, según la declaración de la administradora, tomada tres meses después del cateo.
Al respecto, el presidente de la organización, David Bertet, enfatizó en el análisis “que resulta, por lo menos, no solamente extraño sino también violatorio de la cadena de custodia que se haya permitido la renta del inmueble por espacio de cuatro meses a otra persona después de que el departamento estuvo abierto por espacio de dos semanas".
Otros puntos relevantes observados en el análisis de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, es lo inverosímil que resulta haber encontrado un solo cabello presuntamente perteneciente a Hugo Alberto Wallace, “considerando que él habría luchado y recibido golpes durante el secuestro”, se señala en el documento. También cita la declaración de la administradora del edificio quien afirmó además que la alfombra del departamento donde supuestamente sucedió el crimen, no se cambió hasta siete meses después.
Dos notas de rescate idénticas
Hay otra serie de contradicciones en el caso Wallace que son evidentes para las autoridades, según la fuente confidencial, y que sin embargo no se ha actuado al respecto. El entrevistado comentó que las declaraciones del secuestro en la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal (PGJDF) contradicen las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Y menciona que hay dos notas de rescate idénticas, una en el expediente de la PGJDF y otra en el expediente de la PGR. Ello lo constató el Ministerio Público de la PGJDF, Víctor Palemón, quien al revisar el expediente de la PGR, encontró la misma nota original que había entregado Isabel Miranda de Wallace a la institución como supuesta evidencia. “El Ministerio Público se preguntó: ¿cómo es posible que haya dos notas de rescate idénticas, una en cada institución?”, apunta.
La fuente también señaló que la fotografía donde aparece Hugo Alberto Wallace, desnudo del torso, maniatado y vendado de los ojos, que circuló en las instituciones como evidencia de que ya estaba muerto, fue estudiada por un médico forense de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal. “Si esta persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”, dijo el forense al informante.
Isabel Miranda miente a la Corte
Isabel Miranda de Wallace cometió perjurio contra la Corte de Chicago, cuando fue llamada como denunciante en el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentaba el juicio de deportación mientras se refugiaba en Estados Unidos. Miranda de Wallace mintió bajo juramento sobre los antecedentes penales de su hijo.
Quevedo fue entregada al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Chicago el 10 de marzo de 2008, en cumplimiento de una orden de arresto emitida el 5 de marzo de 2008, en respuesta a la denuncia de detención preventiva con miras a la extradición.
Durante el juicio, se pidieron actas de no antecedentes penales, tanto de Quevedo como de Hugo Alberto Wallace Miranda. La madre de Wallace afirmó a la corte que su hijo no tenía antecedentes penales y presentó un acta expedida por el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su hijo había sido procesado en 2001 por contrabando, aunque hay testimonios ante juzgados y medios de comunicación en México que traficaba con drogas y que la ficha signaléctica que evidencia sus antecedentes delictivos fue alterada con la palabra “contrabando”.
Testimonio de la novia de Hugo
Vanesa Bárcenas Díaz, quien fue novia de Hugo Alberto Wallace, dio su testimonio el 15 de noviembre del 2005, ante el Ministerio Público. En éste explicó cómo inició la relación de noviazgo con Wallace, su embarazo no concluido, la casa donde vivía Wallace, (en contradicción con lo dicho por Isabel Miranda, quien había declarado que su hijo vivía con ella en el momento de los hechos), y las confesiones que le hizo Hugo de que lo buscaban por narcotráfico.
“Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto, éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles. Sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cheroki blindada. También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país. No me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí.”
Bárcenas Díaz también reconoció la voz de Hugo Alberto en un mensaje grabado en un celular en noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto asesinato.
“Durante la presente diligencia escuché el contenido de un casete, en el que se oye la voz de una persona del sexo masculino que dice «Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…», palabras que son como si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le contesten, pero la voz del interlocutor no se escucha; por lo que después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbraba hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares…”.
La tortura a nombre de Isabel Miranda de Wallace
“El gobierno de Peña Nieto y la PGR ya saben de las torturas a los inculpados por parte de Wallace, y de todos modos no pasa nada porque el secretario de Gobernación tiene coba”, dijo a Los Ángeles Press la fuente confidencial.
También Brenda Quevedo Cruz fue explícita y firme en señalar que sus torturadores iban de parte de Isabel Miranda, entre éstos, reconoció por su voz y silueta a Oswaldo Jiménez Juárez, Ministerio Público investigador. También Jacobo Tagle lo identificó como su torturador por su voz y lo señaló ante el juez en una de las audiencias.
La Asociación Canadiense sobre el Derecho y la Verdad, por su parte, ha logrado identificar una serie de contradicciones y discrepancias entre las versiones de los inculpados con las que se incriminan a sí mismos. Incluso, la supuesta confesión de Jacobo Tagle Dobín en video tiene una gran cantidad de cortes de edición que pone en entredicho la veracidad del material.
En el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien fue torturada dos veces y violada, porque no ha aceptado incriminarse, se muestra como evidencia el Protocolo de Estambul presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El documento de once páginas fue elaborado con la declaración de una médica cirujana con especialidad en Psiquiatría, y certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, AC, de quien nos reservamos su nombre por seguridad.
Respecto a las evaluaciones psiquiátricas a Quevedo Cruz, la profesional señaló que Brenda “estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte, o un amenaza hacia la integridad física de ella o de otros”.
La agraviada refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Así mismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos.
A lo largo de la declaración, se aborda cada uno de los síntomas de desequilibrio emocional a razón de la tortura a Brenda Quevedo y de cómo asocia su entorno con el dolor físico y emocional ante los estímulos de su memoria.
Al final del documento analítico sobre el caso Wallace, la organización canadiense recomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz “por la necesidad absoluta de delimitar el rol y el alcance de figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace”, a quien se le identificó como acusadora pública, “lo que representa un peligro mayor para el sistema de impartición de justicia en México”.
Verificación de la existencia de la CURP y del acta de nacimiento original de Hugo
(click para ver el video)
Verificación del acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace
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Verificación QR Code del acta de nacimiento de Hugo Alberto Miranda
EL ACTA (ILEGAL) de DEFUNCION DE HUGO
falso porque fue levantado sin contar con el cádaver y sin autopsia de ley.
MENTIRAS DE WALLACE - Capitulo 4