Diputados exhortan a CNDH atender incriminados de Isabel Miranda
Por Guadalupe Lizárraga
El Grupo Parlamentario del PRD, en México, estableció un punto de acuerdo en el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, a que otorgue el apoyo necesario para que realicen exámenes que determinen los actos de tortura en agravio de Brenda Quevedo Cruz, incriminada por Isabel Miranda de Wallace del supuesto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto en julio de 2005.
Roberto López Suárez, diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos y uno de los suscritos al punto de acuerdo, afirmó que “le consta que la señora Wallace se ha conducido con dolo y ha presionado a autoridades para que ignoren solicitudes de Brenda [Quevedo] a que se respeten sus derechos humanos”.
“No sabemos por qué lo hace Wallace”, señaló el diputado López Suárez, “pero lo que sí sabemos es que Brenda no ha tenido un debido proceso penal, hemos encontrado graves violaciones a sus derechos humanos, ha tenido traslados ilegales a penales y las supuestas evidencias presentadas por Wallace no han sido probatorias de nada”.
El grupo parlamentario –integrado también por las diputadas Gloria Bautista Cuevas, Elena Tapia Fonllem, Roxana Luna Porquillo, y el diputado José Luis Muñoz Soria–, se refirió a la situación de Brenda Quevedo Cruz como “un caso sumamente complejo, que crecientemente ha atraído la atención de algunos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y cuyo esclarecimiento podría mostrar una vez más la debilidad del sistema de justicia mexicano, en que la fabricación de pruebas y la práctica de la tortura se convierten en herramientas para el abuso del poder ante la incapacidad de conducir investigaciones penales eficientes”.
En el punto de acuerdo se hace referencia a la doble tortura que Quevedo Cruz ha denunciado, una en el Centro Federal de Readaptación Social de “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el año 2009, y la segunda en el año 2010 en el complejo penitenciario de las Islas Marías, donde fue trasladada ilegalmente. Así mismo, se destacó la existencia de documentos oficiales expedidos por autoridades mexicanas en los que se presume estos actos de tortura contra Quevedo y el procesado Jacobo Tagle Dobin, incriminado por el mismo caso.
Sin embargo, en la serie de reportajes sobre La simulación del secuestro Wallace todos los culpables fabricados por Isabel Miranda han sido torturados de acuerdo a sus propios testimonios, y obligados a inculparse, pese a las evidencias de que no hubo crimen. César Freyre Morales, por ejemplo, denunció más de 20 torturas dentro del penal hasta su autoincriminación, incluso pidió ayuda a la Comisión Interamerica de Derechos Humanos, sin que se atendiera su solicitud. Jacobo Tagle Dobin puntualizó en carta privada a una organización de derechos humanos los actos de tortura perpetrados contra su persona por los agentes ministeriales de la PGR, incluso denunciados ante un juez, sin que prosperara la denuncia. Lo mismo ha sido en el caso de los hermanos Antonio y Alberto Castillo, quienes además de haber sido sentenciados con cadena perpetua, sus solicitudes de exámenes para el Protocolo de Estambul han sido ignoradas.
Las amenazas de Wallace a diputados por caso Nestora
Otro de los temas por los que el grupo parlamentario del PRD ha destacado en materia de derechos humanos es la gestión para la liberación de la líder comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida arbitrariamente por las fuerzas armadas mexicanas y encarcelada desde el 21 de agosto de 2013, bajo acusaciones de falsos secuestros. Nestora Salgado fue visitada por los diputados de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos cuando estuvo internada en el penal de El Rincón, Tepic, Nayarit, donde coincidió con Brenda Quevedo Cruz.
Nestora tenía prohibido interactuar con las demás internas, no recibía atención médica y la mantenían con la luz encendida de su celda las 24 horas, como parte de la tortura psicológica propiciada por las custodias del mismo penal, hasta que su defensa jurídica logró su traslado a la torre médica del penal de Tepepan, Ciudad de México.
Isabel Miranda Torres mostró su indignación por la visita de los diputados a Nestora y pidió públicamente que no se liberara. Así mismo, el pasado mes de enero profirió amenazas de demandas a los diputados de esa comisión acusados "de tráfico de influencias" por realizar gestiones en favor de Nestora como la atención médica o la petición de su liberación.
El legislador Roberto López Suárez, dijo a Los Ángeles Press, que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación de ninguna procuraduría respecto a la demanda, y que desconoce si se ha cumplido. No obstante, dijo, que era muy difícil que procediera, porque “más bien, es un teatro de Wallace como medida mediática para llamar la atención”.
“Ambos casos, el de la liberación de Nestora y la atención médica necesaria por ahora de Brenda y el respeto a sus derechos humanos, son los temas por los que estamos preocupados”, reiteró López Suárez, quien avizoró la pronta reunión con el presidente de la CNDH.
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