10 de julio 2015
Palacio Legislativo, 09-07-2015 (Notilegis).- Diputados del PRD y Morena pidieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervenga en el caso de Brenda Quevedo Cruz, acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, en 2005, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
En rueda de prensa conjunta, solicitaron que a Quevedo Cruz se le practiquen los exámenes médicos y psicológicos necesarios, por presuntas violaciones a sus derechos humanos.
“Desde el momento en que fue detenida ha planteado una serie de violaciones a sus derechos humanos”, dijo el diputado Roberto López Suárez (PRD), acompañado de los legisladores perredistas Elena Tapia Fonllem y Carlos de Jesús Alejandro, así como de Loretta Ortíz Ahlf (Morena).
“Ella planteó que fue trasladada a las Islas Marías sin ser sentenciada –está todavía en proceso–, violada por algunos agentes de la policía, obligada a firmar una declaración a través de la tortura y no se le aplicó el Protocolo de Estambul, que ha solicitado en varias ocasiones”, sostuvo.
López Suárez comentó que presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República, en el que piden la intervención de la CNDH en este caso.
Manifestó que Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Civil Alto Al Secuestro, también se ha involucrado en el caso de Nestora Salgado, coordinadora de la policía comunitaria de Olinala, Guerrero, detenida en agosto de 2013 y acusada de secuestro.
Miranda de Wallace “tiene un interés jurídico y político (en este caso), porque está defendiendo indirectamente a su amigo, a su representante legal, al ex subprocurador de Atención a Víctimas (de Guerrero, Ricardo Martínez)”.
Destacó que “hay todo un aparato judicial del estado de Guerrero y entendemos que detrás de esto también está la señora de Wallace, de empecinarse en evitar la liberación de Nestora Salgado”.
Indicó que los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados insistirán en su liberación, por la presunta violación a sus derechos humanos desde su detención.
“Reiteramos esta solicitud para que el gobierno federal pueda entablar una mesa (de diálogo) donde estén la representación legal de Nestora Salgado, los diputados integrantes de dicha Comisión y el gobierno de Guerrero, a fin de establecer los mecanismos legales para que la fiscalía del estado retire los cargos y sea liberada”, aseveró.
La diputada Ortíz Ahlf se refirió al caso Tlatlaya, municipio del Estado de México donde el 30 de junio de 2014 se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del Ejército, con un saldo de 22 civiles muertos.
“Ante el informe que nos dio (el Centro de Derechos Humanos Miguel) Agustín Pro (Juárez), lo que esperaríamos los preocupados por los derechos humanos es que reconocieran (la Secretaría de la Defensa Nacional) cuál fue la cadena de mando y que abatir significó matar”, subrayó.
La diputada Tapia Fonllem explicó que invitarán a los diputados de la legislatura que inicia funciones el próximo 1 de septiembre para que den seguimiento a este caso.
En la rueda de prensa, el diputado De Jesús Alejandro señaló que también solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la CNDH atraer el caso de los cuatro profesionistas (dos médicos y dos administradores de empresas) desaparecidos recientemente en Guerrero”.
Detalló que “en Guerrero no hay credibilidad por parte de las instancias judiciales”.
Comentó que la fiscalía de esa entidad Guerrero ha presentado cuatro cuerpos, pero los familiares no los reconocen como los desaparecidos.
“Esperamos que se dé con su paradero, que se encuentren con vida y si no fuera el caso, se presenten las pruebas fidedignas de que efectivamente los restos que se hayan encontrado correspondan a cada uno de ellos”, indicó.
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