Isabel Miranda de Wallace gozó de protección política de la presidencia de Felipe Calderón: Ricardo Raphael
La Secretaría de Gobernación informó que analizará el caso de Brenda Quevedo Cruz, cuya liberación fue recomendada por la ONU; está acusada de participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda
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Para el periodista Ricardo Rapahel, Isabel Miranda de Wallace gozó de protección política desde la presidencia de la república de Felipe Calderón, pues ante el secuestro y asesinato de Hugo Alberto, hijo de la activista, ella fabricó un caso con base en torturas para inculpar a diversas personas, supuestamente, de un grupo plagiario.
Pese a las denuncias de vejaciones, maltratos, violaciones al debido proceso y abuso sexual, así como el tormento padecido por los señalados como culpables, Miranda de Wallace no ha sido investigada. Habría armado el proceso contra quienes acusó de asesinar a su hijo con anuencia de Felipe Calderón, mandatario de 2006 a 2012, y de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el mismo periodo.
“No perdamos de vista que Isabel Miranda de Wallace gozó de protección política desde la presidencia de la república”, aseveró Ricardo Raphael.
Este jueves 8 de octubre se dio a conocer que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la “Opinión número 45/2020 relativa a Brenda Quevedo Cruz”. En ella se establece que el trato que la detenida ha recibido es violatorio de sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Por ello recomendó su liberación.
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La Secretaría de Gobernación comunicó que analizará el caso para que la opinión de la ONU sea cumplida de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en la materia. Esto será mediante la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y de las áreas de la dependencia involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos, en coordinación con las demás instituciones del Estado mexicano.
Quevedo Cruz fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Y tras dos años en prisión, fue extraditada a la Ciudad de México el 25 de septiembre de 2009, cuando fue señalada como responsable en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto.
Lo anterior, a partir de que apareció en una fotografía junto con cuatro personas que habían asistido al santuario de Chalma, imagen localizada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, quien se habría autoincriminado luego de sufrir tortura física, amenazas contra su familia y abuso sexual.
Ricardo Raphael ha documentado y escrito en diversos espacios de medios el giro que dio el llamado caso Wallace y ahora considera que se trató de una fabricación de culpables.
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En entrevista con La Octava, el periodista dijo que las violaciones a derechos humanos y la construcción del caso fue auspiciada por policías y ministerios públicos, además del ex presidente Calderón y García Luna.
“Hay que señalar a Rodrigo Archundia, que fue subprocurador de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y hoy es el fiscal antisecuestros del Estado de México, él fue el fantasma de la ópera detrás de todo este asunto. Hay que señalar a Fermín Ubaldo, Ministerio Público, a Braulio Robles Zúñiga, Ministerio Público, hay que señalar a Hugo Alberto Ramírez, quien ya está siendo procesado por fabricar justamente delitos y que era el fiscal antisecuestros recientemente, en la administración anterior”, apuntó sobre los responsables de las vejaciones en el caso contra Quevedo Cruz.
Por otra parte, reconoció que el caso Wallace fue abordado de manera errónea por los medios de comunicación en su momento, pues la prensa se dedicó a dar por culpables a quienes señaló la fundadora de Alto al Secuestro y ex candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura del gobierno capitalino. Indicó que los casos se litigan en tribunales y no en la opinión pública.
“Antes de que realmente esto llegara a instancias jurisdiccionales ya teníamos espectaculares en la calle señalando a Brenda, entre otras personas, de culpables, ni siquiera de investigados o presuntos, de culpables. Y la verdad es que la mayor parte de la población sancionamos, periodistas incluidos, asumimos que eran secuestradores y presumimos que Isabel Miranda era una heroína”, lamentó y pidió perdón porque él mismo le creyó a Miranda de Wallace sin ser más riguroso en la investigación.
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También celebró que el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dijera que se atenderá la recomendación de la ONU.
Por su parte, Miranda de Wallace ha negado que hubiera tortura contra los acusados en el caso de su hijo, cuyos restos jamás aparecieron. Además, que la opinión de la ONU no es vinculante y no significa libertad contra Brenda Quevedo Cruz, pues está probado que ella es culpable. También dijo que la estrategía de la defensa es causar dilaciones alegando maltrato, cuando la misma detenida se habría autoinfringido daños.
Brenda Quevedo Cruz no ha recibido condena y ha pasado por cinco prisiones distintas en 11 años en México, se le ha dado trato de sentenciada cuando eso no lo ha dictado un juez. Ricardo Rapahel dijo que en el caso hay más de 60 víctimas, no solo aquellos que están en prisión, algunos que tampoco tienen condena.
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