Simón Hernandez León
Brenda Quevedo Cruz enfrenta un proceso penal desde hace 18 años por un delito que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, no solo no cometió, sino que nunca aconteció. Además, instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU han documentado la práctica de la tortura, un proceso irregular y ser expuesta públicamente como responsable de un secuestro.
A pesar del discurso, en las estructuras de las fiscalías y policías del país subsisten prácticas arraigadas en que la detención arbitraria, la tortura y la fabricación de pruebas son parte de una pedagogía para la resolución de casos, cumplir la estadística y simular eficiencia institucional. La desviación del poder, esto es, dar apariencia de legalidad a actuaciones arbitrarias, es una realidad que alcanza a las autoridades del más alto nivel en el país y subsiste por la impunidad institucionalizada que alienta este tipo de prácticas. El saldo es significativo, la simulación de la justicia y la condena de personas inocentes.
El caso de Brenda es parte de esta realidad. Por dos décadas ha sido víctima junto a su familia de una historia de violación de derechos humanos dentro del conocido públicamente como “Caso Wallace”. La Fiscalía General de la República sostiene a la fecha una acusación falsa y plagada de irregularidades y el Poder Judicial de la Federación no ha concluido el juicio tras 18 años y 7 meses de juicio.
La decisión de la Suprema Corte de liberar a Juana Hilda González en 2025 al acreditar que fue torturada para “confesar” y la inexistencia de otras pruebas no ha logrado desbloquear el caso. Por su parte, ni la Secretaría de Gobernación ni la Cancillería han cumplido la recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU para su liberación inmediata.
Esta semana se anunció la conformación de la Red de Solidaridad y Acompañamiento. La defensa jurídica se realizará por una coalición formada por la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, la Clínica de Litigio Penal en Contra de Violaciones Graves a Derechos Humanos del ITAM, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la asociación Perteneces y la Red de Abogadas Digna Ochoa que implementarán acciones ante las instancias nacionales, en el sistema ONU e Interamericano para conseguir libertad, verdad, una reparación integral por la tortura, persecución y criminalización para Brenda y su familia y deslindar las responsabilidades de las autoridades que participaron en la fabricación.
En México la prisión preventiva prolongada se ha venido normalizando en el sistema penal. Esto ha llevado a dos condenas de la Corte Interamericana y sin embargo, este tipo de casos no es extraordinario. Brenda Quevedo expresó que “nadie debería sentirse secuestrada por el Estado” y en efecto, las autoridades la mantuvieron en reclusión por 16 años, 6 meses y 28 días y desde junio de 2024, en resguardo domiciliario que se ha prolongado por 2 años y 6 días. Una medida que es en realidad una prisión preventiva extendida por estar monitoreada las 24 horas, no poder salir de casa y tener custodia de la Guardia Nacional. La presunción de inocencia se ha diluido durante 18 años y 7 meses de una vida cercenada, aprisionada y con un proyecto de vida destruido.
Ante el cúmulo de evidencia la Fiscalía General de la República debería solicitar el sobreseimiento y reconocer su inocencia como un gesto mínimo de reparación y de restauración del estado de derecho. Si esto no acontece, el poder judicial tiene en sus manos emitir una sentencia absolutoria y en los días inmediatos, garantizar alternativas a la resguardo domiciliario y garantizar su salida para garantizar su salud…
Comentarios