El
llamado “Caso Wallace” fue durante más de una década uno de los asuntos
judiciales más mediatizados. Lo que entonces se dio a conocer como
varios delitos (el secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda)
recibió la simpatía de varios sectores de la sociedad mexicana, y la
constante presencia de Isabel Miranda de Wallace en los medios también
fue un factor determinante sobre las autoridades de la época.
A
la fecha, lo que han terminado por demostrar las investigaciones es que
el caso fue una fabricación, ampliamente documentada. Sin embargo, la
justicia no se ha inclinado hacia ningún lado y al paso del tiempo,
pareciera que la verdad tampoco llega.
Porque
Hugo Wallace no apareció, ni su cuerpo, y cinco de las seis personas a
las que Isabel Miranda persiguió -todavía se recuerdan los enormes
anuncios espectaculares con sus rostros, pagados por ella para señalar a
supuestos implicados -tampoco han recibido sentencia, ni se encuentran
libres, pese a que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Una de
ellas es Brenda
Quevedo, quien ya cumplió 18 años en prisión preventiva oficiosa en
cuatro distintos penales y todavía hoy se encuentra en prisión
domiciliaria, siempre precautoria; algo que resulta escandaloso e inconstitucional.
Mantener
a Brenda en prisión preventiva después de tanto tiempo, así sea en un
departamento y acompañada de su madre, al igual que a Jacobo Tagle,
César Freyre, Tony y Albert Castillo (Juana Hilda González es la única
que ha logrado su libertad), va contra cualquier principio de legalidad;
además de que existen pruebas como certificados médicos, un peritaje
del Protocolo de Estambul, amparos y recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y la CNDH, y el decreto
del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para la preliberación de
presos cuya única prueba condenatoria hubiera sido la autoincriminación
por confesión obtenida bajo tortura o que tuvieran 10 años o más en
prisión sin recibir sentencia. Brenda y compañía cumplen con todos estos
requisitos.
La estrategia de Brenda Quevedo ha cambiado.
Al menos su representación jurídica cambia a un perfil mucho más amplio
que integran grupos por los derechos humanos, la Clínica Jurídica
“Minerva Calderón” de la Universidad Iberoamericana y la de Interés
Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Sin duda un
equipo amplio, una red de apoyo ahora reconocida como Red de
Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo.
El
objetivo es que la justicia se haga presente y que tanto Brenda como
sus compañeros recuperen esa libertad que en ningún país que se precie
de tener instituciones sólidas ocurriría.
Tampoco
nos engañemos: es una nueva batalla en la misma guerra. Si el caso
sigue atorado es porque todavía hay fuertes intereses operando en la
Fiscalía General de la República, protegidos desde otras instancias. La
impartición de justicia implica que se proceda contra quienes ejercieron
la tortura e incurrieron en la fabricación de pruebas y violaciones al
debido proceso. Isabel Miranda lleva 18 meses muerta, y no es posible
que su nombre siga actuando como el Cid Campeador, cuyo cadáver producía
miedo en los ejércitos enemigos, como parece que ahora sucede en las
instituciones policiacas y de impartición de justicia.
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