Ocho agrupaciones de abogados se unen para luchar por la liberación de Brenda Quevedo tras 20 años en prisión sin sentencia
La principal prueba contra la acusada del ‘caso Wallace’ fue invalidada por la SCJN en 2025. Su nueva defensa ha presentado ya tres amparos en tres semanas
México - 30 JUN 2026
Es un frente común con pocos precedentes. Brenda Quevedo estrena una representación jurídica compartida por ocho reconocidas agrupaciones. Su equipo está formado por integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, de la Clínica Jurídica Minerva Calderón (de la Universidad Iberoamericana), de la Red de Abogadas Digna Ochoa, de la Clínica de Litigio Penal en Contra de Violaciones Graves a Derechos Humanos (del ITAM), del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y de las organizaciones Perteneces y CEA Justicia. Cada una de ellas en una batalla, pero en la misma trinchera: impulsar una estrategia procesal y de concienciación que obligue al sistema judicial a liberar a Brenda Quevedo.
Las restrictivas medidas cautelares han impedido a la acusada del caso Wallace llegar hasta la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México a escuchar al periodista Ricardo Raphael y a los abogados recorrer las incoherencias de su expediente judicial, los errores de la investigación, la fabricación de las pruebas, las torturas y agresiones sexuales que sufrió, las secuelas de los abusos, todo lo que aguantó. Ella ha estado presente en una videollamada, porque desde junio de 2024 no puede salir de la vivienda que comparte con su madre, Enriqueta Cruz. Lleva brazalete electrónico y está vigilada por un convoy de la Guardia Nacional. No puede trabajar, tampoco ir a un hospital en caso de emergencia.
La principal prueba en contra de Brenda Quevedo (y de los otros acusados por Isabel Miranda) era la “confesión” de Juana Hilda González Lomelí. Esta evidencia fue el año pasado invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque había sido obtenida con tortura. El máximo tribunal del país ordenó la liberación inmediata de González Lomelí. El resto de imputados —Albert y Tony Castillo, Jacobo Tagle y César Freyre, además de Brenda— y sus familias se quedaron esperando que ese fuera el engranaje que frenara por fin la maquinaria en su contra. Sin embargo, en un año, no ha pasado nada y son ya 20 sin justicia.
“Este caso ilustra uno de los mayores fracasos del sistema jurídico mexicano”, ha empezado diciendo la abogada Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social: “Si esto fuera un problema solamente jurídico, hace mucho que Brenda habría recuperado su libertad. No hay ningún argumento jurídico que permita hablar de debido proceso frente a un juicio que ha durado 20 años. La instrucción fue declarada agotada desde el 2014, no hay ninguna explicación razonable de por qué el juez no ha decidido cerrarla y solicitar a las partes que emitan conclusiones para luego él dictar una sentencia”.
El responsable de su caso es Carlos Alberto Rico Mondragón, del juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México. Rico, quien fue electo en la polémica elección judicial del año pasado, ha negado incluso una audiencia a Quevedo para valorar un cambio de medidas cautelares, ya que, por ejemplo, la prohibición de no acercarse a la víctima (la madre de Hugo Alberto Wallace) ya no sería necesaria.
Así, el equipo, que asumió su representación hace apenas tres semanas, ha presentado ya tres amparos: “Uno con respecto al derecho a la salud, otro por la negativa del juez de revisar las medidas cautelares absolutamente desproporcionadas y, otro por la negativa del juez a cerrar la instrucción”, ha detallado Salas. Esas acciones forman parte de la nueva estrategia de defensa, de pasar a la acción. “No podemos limitarnos a esperar la sentencia del juez o que la Fiscalía General de la República (FGR) se desista. Tenemos los mecanismos jurídicos y los instrumentos. No solo hablamos de una representación legal, vamos a realizar su defensa como un litigio estratégico”, ha señalado la abogada. Por eso, cada agrupación va a estar enfocada en un aspecto.
Por ejemplo, la Red de Abogadas Digna Ochoa va a insistir en la investigación de las brutales agresiones sexuales que sufrió Quevedo cuando estaba en el cárcel de Islas Marías: “Hoy ni una sola persona ha sido investigada ni procesada ni sancionada por estos hechos”, ha explicado Diana Camacho, que ha relatado que las denuncias de Brenda por estas violaciones fueron cerradas sin ser realmente revisadas hace ya más de una década: “El Estado tiene una deuda con las supervivientes de tortura sexual”.
La Clínica Jurídica Minerva Calderón se va a centrar en hacer cumplir el mandato internacional sobre el encarcelamiento prolongado sin sentencia (que ya resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel García y Reyes Alpízar en 2023) y también en la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que ordenó la liberación inmediata de Brenda Quevedo. “El objetivo es que se pueda crear un mecanismo para que estas decisiones internacionales puedan ser cumplidas, para el caso de Brenda y para el resto de casos”, ha apuntado el abogado Simón Hernández.
La organización Perteneces pelea por lograr una reparación integral para Quevedo, ya que la Comisión de Atención a Víctimas había otorgado una hasta el momento que era “ridícula”, según ha definido José Mario de la Garza, que ha adelantado que están estudiando para presentar también una acción de daño moral a favor de Brenda Quevedo: “Es un equipo de primer nivel para que Brenda obtenga su libertad y para lograr que el Estado mexicano reconozca que cometió un acto ilícito, arbitrario, y que repare los daños que ha causado”.
“Casos extraordinarios requieren de esfuerzos extraordinarios”, ha argumentado Alán Piñón, de la clínica de litigio del ITAM, que ha apuntado que la responsabilidad de ellos ahora como defensa es “explorar absolutamente todas las vías”, esto va desde el litigio dentro del proceso penal, mecanismos extraordinarios para revisar estos casos o incluso también acudir al Tribunal de Disciplina para “encauzar responsabilidades de jueces y magistrados”: “Esto es una situación de emergencia”. La anterior defensa de Quevedo estuvo a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Al terminar la conferencia, Brenda lo ha definido así: “Nadie tendría que estar secuestrada por el Estado”.
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