CIUDAD DE
MÉXICO (apro).- A un año de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinara que la presunta desaparición y muerte de Hugo
Alberto Wallace Miranda se construyó sobre la fabricación de culpables a
partir de la confesión arrancada bajo tortura a Juana Hilda González
Lomenlí, quien fue puesta en libertad, organizaciones civiles,
académicos, periodistas y activistas de distintos países, conformaron la
Red de Apoyo por Brenda Quevedo Cruz, una de las coacusadas en el caso,
y quien se encuentra en prisión domiciliaria desde hace dos años.
En
conferencia de prensa, algunos de los integrantes de la Red de
Solidaridad, emplazaron al gobierno de Claudia Sheinbaum, a la Fiscalía
General de la República (FGR) y al nuevo Poder Judicial, a demostrar su
compromiso con las víctimas de tortura sexual y de la fabricación de
culpables en los sexenios anteriores, para poner fin a la “pesadilla” de
Quevedo Cruz, quien lleva más de 18 años sin sentencia.
Con el
objetivo de buscar la libertad de Quevedo Cruz, se sumaron a la Red de
Apoyo, organizaciones como el Grupo de Acción por los Derechos Humanos,
que asumió su defensa; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD); Red de Abogadas Digna Ochoa; Perteneces Justicia e
Igualdad; CEA Justicia Social; En Vero, la Asociación Canadiense por los
Derechos y la Verdad; así como las clínicas de derechos humanos de la
Universidad Iberoamericana- Plantel Puebla y del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).
El
colectivo de organizaciones destacó en un pronunciamiento que cuando
que cuando fue detenida, Brenda Quevedo tenía 26 años, y desde entonces
“su vida cambió de manera radical al quedar atrapada en una de las
historias judiciales más controvertidas de este país”, el llamado Caso
Wallace cuya construcción se atribuye a Isabel Miranda de Wallace,
personaje con una amplia influencia durante los gobiernos panistas de
Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el priista Enrique Peña Nieto.
Tras recordar
que durante años Quevedo “fue expuesta públicamente, calumniada y
difamada en espectaculares y en numerosos medios de comunicación”, los
integrantes de la red alertaron que el supuesto secuestro y asesinato de
Hubo Alberto Wallace ha sido considerado como “un caso fabricado,
construido sobre graves irregularidades”, como lo es la fabricación de
pruebas la violación “sistemática el debido proceso, y tanto civiles
como funcionarios de este país recurrieron a la tortura para obligar a
Brenda y a sus coacusados a firmar declaraciones incriminatorias”.
Apuntaron
que las pruebas de las inconsistencias fueron documentadas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en una recomendación
emitida en 2023; en una resolución del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que urgió al Estado
mexicano a la liberación inmediata de Quevedo, así como a la sentencia
de la SCJN por la que fue liberada Juana Hilda González Lomelí, tras
confirmarse que fue torturada para autoincriminarse e incriminar a sus
coacusados en el supuesto secuestro y asesinato de Wallace Miranda,
resolución que “no ha tenido efectos para Brenda”.
VIDEO
Agradece la solidaridad En
comunicación virtual, desde su detención domiciliaria, Brenda Quevedo,
agradeció la solidaridad de organizaciones, periodistas y activistas,
después de haber sido confinada 16 años en distintas prisiones de alta
seguridad y los últimos dos en prisión domiciliara, sin que hasta ahora
le hayan podido comprobar su participación en el supuesto crimen.
“Ha
sido muy difícil regresar a casa hace dos años y seguir en este limbo
judicial, en este limbo jurídico en el que no me han resuelto nada, en
el que es impresionante que hasta para ir al hospital me digan que
necesito una orden de un juez cuando estoy en un estado tan vulnerable
de salud, de mi mente, de mis emociones y pido ayuda, ya esto es
inconcebible, no sé en qué Estado derecho puede existir esto, esto es
una pesadilla, ya es una pesadilla. Les pido por favor que esto lo
repliquemos porque todos pueden ser yo”, llamo Brenda Quevedo.
Sin
posibilidades de trabajar, con un brazalete electrónico y la custodia
de elementos de la Guardia Nacional, Brenda Quevedo contó que en su
condición de reclusión, ha tenido que hacerse cargo de su madre, cuya
salud se ha visto deteriorada por los casi 20 años de exigir justicia,
situación que le resulta gravoso dada su carencia de medios de ingresos
propios.
“Es demasiado
difícil porque el Estado se ha desentendido, no me dan para mi
manutención, no me dan nada; lo único que me han dado es un brazalete y
son unas personas de la Guardia Nacional cuidando mi casa”, dijo.
En
su mensaje, Quevedo exhortó a la FGR y a la presidenta Claudia
Sheinbaum a atender su caso porque su caso “no es sólo asunto de un
juez, son magistrados, son fiscales, son ministerios públicos, o sea, es
todo un Estado que ha sido partícipe o que ha omitido su
responsabilidad”.
Karla
Michelle Salas Ramírez, abogada del Grupo de Acción por los Derechos
Humanos, calificó como “escandaloso” que no se haya sentenciado a Brenda
Quevedo en casi 20 años de reclusión, convirtiéndose en “uno de los más
mayores fracasos del sistema jurídico mexicano”.
Al considerar
que el caso tendría un trasfondo más allá del jurídico, Salas Ramírez
cuestionó que la FGR pretenda formular acusaciones inculpatorias contra
Quevedo Cruz, cuando la investigación se mantiene inalterable desde 20
años que se inició el proceso contra Brenda, y peor aún, después de la
sentencia de la SCJN.
Pese
a esos elementos, “cuando se le pregunta expresamente a la FGR cuál es
la posición respecto del caso, señala, vamos a emitir conclusiones
acusatorias, es decir, ¿y las recomendaciones internacionales y las
recomendaciones nacionales sobre el caso y las pruebas aportadas por la
defensa en su momento, eso no va a ser valorado y no va a mover la
posición de la Fiscalía General de la República? Eso hay que señalarlo,
es de preocupación.
“La
FGR sigue acusando por acusar, la asesoría jurídica obstaculizando y
los jueces pues simplemente dando trámite, sin asumir plenamente su
responsabilidad de atender justamente las condiciones específicas y la
calidad específica que tiene Brenda de víctima y por supuesto pues
garantizarle su acceso a la justicia”, alertó Salas.
La abogada
resaltó que en las últimas tres semanas ha interpuesto tres amparos
relacionados con el caso, por temas relacionados con el acceso a la
salud, con la negativa del juez a revisar las medidas cautelares,
“absolutamente desproporcionadas e injustas”, y otro por la negativa del
juez a cerrar la instrucción y dictar sentencia.
Simón
Hernández, de la clínica de derechos humanos de la Universidad
Iberoamericana, alertó que “hay una deliberada intención de seguir
sosteniendo un proceso muy endeble, hay presión política, hay
incapacidad de las y los jueces para poder establecer límites”.
Al
recordar que mandatos de Naciones Unidas han alertado que la prisión
preventiva oficiosa es violatoria a derechos humanos y que México tiene
dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
ordenan al país desaparecer esa figura, Hernández reprobó que haya
modificado la Constitución para reforzar esa figura.
Resaltó
que ninguna instancia ha atendido las observaciones internacionales
relacionadas con el caso de Brenda Quevedo, a pesar de la obligación
constitucional que se tiene de atender observaciones en materia de
derechos humanos.
Condenan cierre de la investigación En
la conferencia, Diana Camacho de la Red de Abogadas Digna Ochoa,
condenó el cierre de la investigación por la tortura sexual de la que ha
sido víctima Brenda Quevedo, durante su detención y bajo custodia en
los penales de Santiaguito y de las Islas Marías.
“El sistema de
justicia decidió que las principales denuncias sobre tortura y tortura
sexual cometidas contra Brenda no volverán a investigarse, esto es lo
grave de la situación”, puntualizó la abogada.
Alán
Piñón de la clínica de derechos humanos del ITAM, anunció el litigio de
un procedimiento en el Tribunal Disciplinario, debido a que los jueces
de distrito le han negado a Brenda Quevedo el acceso a la salud, para la
atención de secuelas derivadas de la tortura sexual de que ha sido
víctima.
Mario
de la Garza de Perteneces, advirtió que a ellos les compete el litigio
ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que Brenda
Quevedo y sus familiares reciban una reparación integral del daño, ante
haber sido beneficiaria de una recomendación de la CNDH y del Grupo de
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarais de la ONU.
Ximena
Ugarte, del IMDHD, resaltó que el de Quevedo “no es un caso aislado, en
México más de 39 mil mujeres privadas de libertad no tienen una
sentencia, un cuarto de esas mujeres llevan más de dos años privadas de
su libertad sin una sentencia”, lo que significa que “hay una política
generalizada de tener a las personas en general, para las mujeres en
particular, sin una sentencia de manera prolongada y de manera
injustificada”.
Mariana del
Valle de Justicia Social, recordó que el caso de Brenda Quevedo se
enmarca en la política de la guerra contra el crimen organizado de
Felipe Calderón, por lo que advirtió que “si el gobierno actual, si
desde los nuevos cambios en el poder judicial con todas sus fallas
realmente quieren emprender un camino de reconciliación tiene que tener
el valor de no cargar con estos errores y debe de tener el valor de
repararlo”.
Apuntó
que el gobierno de la Cuarta Transformación y el nuevo Poder Judicial,
tiene “como una obligación la libertad de Brenda Quevedo, es obligación
de este gobierno y serían acto de justicia que le den esa libertad y
mostrar que en México realmente se pueden poner los derechos en manos
por encima de los intereses de la clase política”.
Con
participaciones virtuales, Roberto y Omar Quevedo, padre y hermano de
Brenda, llamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum voltear a ver este
caso, “este es el momento de demostrar que sus principios son reales”.
“No
pedimos privilegios ni compasión, pedimos justicia; pido a las
autoridades que ya saquen a mi hija de este limbo legal, la justicia
existe para proteger a las personas y garantizar que nadie sea condenado
sin pruebas fehacientes además de que sean respetados sus derechos
humanos y el debido proceso. Ni mi hija ni nadie debe permanecer privada
de su libertad por un caso fabricado y corrupción dentro del sistema de
justicia”, puntualizó Roberto Quevedo.
Durante
la conferencia de prensa, el periodista Ricardo Raphel, autor del libro
“Fabricación”, en el que se documenta el caso Wallace, puntualizó que
“a la luz de los hechos lo mejor que podría ocurrir es que la Fiscalía
General de la República se desista de la acción penal”, como en su
momento lo hizo la entonces Procuraduría General de la República (PGR),
en el caso de las mujeres indígenas acusadas de secuestrar a policías
federales.
Llamó al juez de la causa a cerrar de una vez el caso, y no permitir que
la asesoría jurídica de la familia Wallace “siga poniendo obstáculos
una y otra vez para alargar el proceso y de esa manera proteger a todos
los cómplices de esta fabricación. Plagio a Brenda Quevedo en una frase
que parece perfecta, ella es una víctima de un secuestro de Estado que
urge desmantelar”.
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