Representación jurídica de Brenda Quevedo Cruz, víctima del caso Wallace, estará en manos de abogadas feministas
En conferencia, exponen las atrocidades que ha vivido la mujer con la fabricación de un delito
El caso de Brenda Quevedo Cruz entra en una nueva
etapa; víctima del caso Wallace, tendrá una nueva representación
jurídica y se crea una Red Internacional de Solidaridad y
Acompañamiento. El objetivo es la justicia y liberación inmediata para
Quevedo Cruz, detenida sin sentencia desde hace casi veinte años.
A
más de 20 años de que estallara una de las historias judiciales más
publicitadas y falseadas del crimen en México –el supuesto secuestro y
asesinato de Hugo Wallace Miranda (o Hugo León, como aparece su primer
apellido en su acta de nacimiento original)–, el llamado caso Wallace se
ha ido desmoronando y las evidencias sembradas sobre las cuales se
montó esta fabricación están documentadas.
En
este contexto, a partir de ahora, la representación jurídica de Brenda
Quevedo Cruz será asumida por un equipo integrado por el Grupo de Acción
por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la Red de Abogadas Digna
Ochoa, Perteneces, la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero
Puebla, la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD).
Al mismo tiempo, se
constituye la Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo,
integrada por organizaciones, personas defensoras de derechos humanos,
periodistas, académicas, estudiantes y ciudadanía para exigir a las
autoridades cumplir con su obligación de impartir justicia.
La
integración de este nuevo equipo de defensa y la creación de la Red
responde al atoramiento judicial del caso y fue dado a conocer desde la
sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en
conferencia de prensa, en la cual participaron los colectivos y
personalidades que la integran, así como el periodista Ricardo Raphael,
quien ha documentado exhaustivamente el caso Wallace, cuyo testimonio
está comprendido en las páginas de su libro Fabricación.
Después
de casi veinte años, Brenda Quevedo sigue sin sentencia en primera
instancia. Está en detención preventiva, por un crimen fabricado. Y ha
denunciado haber sido víctima de diferentes formas de tortura,
incluyendo la sexual, fabricación de pruebas y violaciones al debido
proceso. Distintas instituciones nacionales e internacionales de
derechos humanos -la CNDH y el Grupo de Trabajo sobre Detención
Arbitraria de la ONU, entre otras- han documentado esas violaciones y
han emitido resoluciones y recomendaciones que obligan al Estado
mexicano a actuar, pero cuyo cumplimiento sigue pendiente.
La
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo
directo 26/2022 marcó un punto de inflexión al reconocer la ilicitud de
pruebas obtenidas mediante actos de tortura. Lejos de cerrar la
discusión, esa decisión confirmó la necesidad de revisar críticamente la
actuación de las instituciones que han intervenido en el caso.
Después
de dos décadas y frente a la evidencia acumulada, la pregunta ya no es
si existen elementos para revisar lo ocurrido. La pregunta es qué harán
las autoridades frente a las violaciones a derechos humanos que han sido
documentadas por sus propias instituciones y por los organismos
encargados de protegerlas.
La duración
extraordinaria del proceso pone a prueba la capacidad del Estado para
corregir las violaciones a derechos humanos cuando éstas han sido
acreditadas. El Estado de Derecho no sólo exige investigar y sancionar
delitos; también exige reconocer los errores institucionales y
garantizar que sus consecuencias sean reparadas.
La
nueva representación jurídica trabajará para que el caso sea resuelto
conforme a los estándares constitucionales e internacionales en materia
de derechos humanos, con perspectiva de género y pleno respeto al debido
proceso.
La Red de Solidaridad y
Acompañamiento exigirá justicia y libertad para Quevedo Cruz, expondrá
las violaciones graves a sus derechos, tanto las ocurridas en el pasado
como las que persisten actualmente. Dará seguimiento al desarrollo del
proceso judicial, observará el cumplimiento de las obligaciones de las
autoridades y promoverá que la información sobre el caso permanezca en
el espacio público; buscará que se adopten sin dilación decisiones que
se desarrollen con transparencia, apego a derecho y bajo escrutinio
ciudadano.
La Red convoca a organizaciones
sociales, universidades, colectivos, personas defensoras, periodistas y a
todas las personas interesadas en la defensa de los derechos humanos a
sumarse a esta movilización.
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