Enriqueta Cruz Gómez, Madre de Brenda Quevedo
Ex funcionarios de la desaparecida PGR, que integraban el séquito de Isabel Miranda, han sido señalados como los torturadores de su hija
En esta conversación, Enriqueta narra el juicio contra la joven, imputada por el secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace en 2005. Revela que los supuestos integrantes de la banda no fueron los únicos martirizados y que el maltrato se extendió a los familiares, incluso con reclusiones en la cárcel.
Miércoles 1º de julio de 2026
Enriqueta Cruz Gómez nunca se perdió una audiencia del caso Wallace, un muy publicitado proceso judicial en el que su hija Brenda Quevedo fue involucrada como parte de una banda de presuntos secuestradores y homicidas. Totalmente segura de la inocencia de su hija, asistió sin falta a todas las diligencias. “Han de haber sido unas 85, desde 2009 hasta 2017”.
En los tribunales –casi una audiencia al mes durante ocho años–Enriqueta se tomaba el tiempo para observar a Isabel Miranda de Wallace para estudiar su comportamiento, su altanería, la forma en que entraba y salía de la oficina del juez, siempre rodeada de escoltas, abogados y funcionarios reverentes, tronándole los dedos a todos. Conseguía todo lo que quería. Cuando perdía los estribos, gritaba y señalaba a los presentes: “¡Todos ustedes son unos delincuentes!”
El ex coordinador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Fermín Ubaldo –que había encabezado Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y había tramitado la extradición de Brenda–, y los agentes de la unidad antisecuestros Braulio Robles y Osvaldo Jiménez eran parte de su séquito. Este último solía acercarse a la rejilla detrás de la cual comparecía la acusada y deslizaba ofensas y burlas. “Me ponía tan mal verlo. Nadie lo amonestaba”. Hasta hace poco, Robles era fiscal de investigación en la alcaldía Iztapalapa, y Jiménez, de la alcaldía Xochimilco.
Estos tres funcionarios han sido señalados en declaraciones ministeriales como autores de actos de tortura y tortura sexual contra Brenda, Juana Hilda e incluso contra la propia Enriqueta. Jamás fueron investigados. Todos tuvieron carreras en ascenso en la PGR.
Acosados
El acoso y el maltrato no sólo fue para los seis supuestos integrantes de la ficticia banda de secuestradores, sino también para sus familiares. Un hermano menor de Jacobo Tagle fue detenido aun siendo adolescente por una falsa acusación. Pasó encarcelado cinco años. La madre de César Freyre y su hermana pasaron cerca de dos años en prisión, sin motivo alguno.
“A mí me citaron a la Siedo durante los primeros meses de 2006. Brenda ya estaba escondida, pero aun no lograba cruzar a Estados Unidos. En una oficina me enfrentaron Braulio Robles y su jefe, Fermín Ubaldo, quien junto con el comandante Gualberto Ramírez, de la Unidad Antisecuestros, fabricaron la historia del secuestro y muerte de Hugo Wallace. Con golpes sobre la mesa, ofensas y amenazas exigían que revelara el paradero de mi hija. Ordenaron que me arrancaran un mechón de cabello, ‘porque esto nos va a servir para identificar a su hija cuando la encontremos muerta, porque sí sabe que la vamos a encontrar muerta, ¿verdad?’ Salí aterrada”.
El entonces procurador era Eduardo Medina Mora, años después defenestrado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gualberto Ramírez actualmente está preso, acusado de tortura contra integrantes de miembros de Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en contubernio con el ex procurador Jesús Murillo Karam –también en prisión domiciliaria– para el montaje de la falsa verdad histórica sobre la noche de Iguala.
“Sin elementos suficientes”
La familia Quevedo siempre denunció la tortura contra Brenda, desde ese primer episodio en Santiaguito en 2009. Se abrieron 11 carpetas de investigación en distintas instancias del sistema penal. Todas se cerraron en los mismos términos: “no ejercicio de la acción penal por no contar con elementos suficientes”. Todas las torturas y malos tratos quedaron impunes.
Las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son tantas que el organismo terminó por agruparlas en cuatro expedientes. “Casi cada semana tenía que salir corriendo a la CNDH a meter mi queja”.
El comisionado era Raúl Plascencia, quien llegó al cargo impulsado por la misma Wallace y terminó su gestión con fuertes críticas de los colectivos defensores de derechos humanos por omisiones y recomendaciones sesgadas. Siempre respondieron lo mismo: “No se contó con elementos suficientes para poder acreditar la agresión denunciada”.
“Traes consigna”
Después de permanecer cinco meses en las Islas Marías, Brenda fue trasladada al penal de Tepic. Era un penal de hombres, pero abrieron un anexo para mujeres, supuestamente para las reclusas “peligrosas”.
Relata Enriqueta: “Cuando salió de las Islas Marías, respiré. Pensaba que estaba fuera de peligro. Me equivoqué”. Sobre Brenda Quevedo pesó una orden de mantener siempre las peores condiciones carcelarias, con tortura sicológica prolongada. “Yo me daba cuenta, en las pocas oportunidades que tenía de hablar por teléfono con ella, de que su salud mental se iba deteriorando”.
En Tepic –señala Brenda en una entrevista– “las condiciones eran durísimas: me castigaban por todo, me mandaban a celdas de aislamiento. Me suspendieron las visitas y las llamadas por más de un año. Yo preguntaba por qué eran así conmigo. Una custodia me dijo: ‘Es que traes consigna’. En el argot carcelario eso significa que hay orden de arriba de extremar el trato deshumanizante”.
Inicialmente, las autoridades penales autorizaron que en la PGR se le aplicara el Protocolo de Estambul para verificar si había sido torturada o no. Nunca le entregaron el documento con los resultados a su familia, pero dijeron que había sido “negativo”.
Habla Enriqueta: “Hasta que un día supe que había tenido otra crisis, que se había lesionado y estaba nuevamente en aislamiento. Exigí que la CNDH enviara a alguien para verificar su estado mental. Esa vez me hicieron caso y autorizaron la visita de una sicóloga, quien se mostró sorprendida de que ni Brenda ni yo supiéramos que el protocolo había salido positivo”.
Entonces se aplicó una valorización sicológica con los lineamientos del Protocolo de Estambul. Ese reporte también se le ocultó a la familia y a la defensa, pero tiempo después un grupo de activistas canadienses y franceses adoptaron el caso de Brenda y exigieron la presentación del expediente íntegro.
Ahí encontraron el primer peritaje del protocolo realizado por la PGR y el estudio de verificación. Ambos diagnosticaron “trastorno por estrés postraumático crónico, depresión y ansiedad severa, agravados por su reclusión en un centro de máxima seguridad en aislamiento”. Años después, el Instituto Federal de Defensoría Pública aplicó un tercer estudio, que volvió a salir positivo.
Estas tres pruebas documentales bastarían para desestimar la causa. Pero a pesar de todas las evidencias, en 2016 la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura determinó el no ejercicio de la acción penal. Ni Brenda ni su familia fueron notificadas de esta resolución, así que perdieron su única oportunidad de presentar una apelación.
“El cementerio de las vivas”
En 2016, todas las reclusas del penal de Tepic fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social 16, en Coatlán, Morelos, presentado como prisión modelo para mujeres. Al cabo de los años, los estudiosos del tema penitenciario y la prensa lo han denominado “el cementerio de las vivas”. A la fecha, más de 20 mujeres han muerto bajo custodia. Las autoridades sostienen que la mayoría son casos de suicidio. Pero no se investiga.
Dice Brenda: “Ese fue otro tipo de tortura. Celdas sin ventanas, donde nunca sabes si es de día o de noche, prohibido leer o escribir, radio o televisión. Hasta el cepillo de dientes lo tenías que pedir prestado. Es infalible para hundirte en la depresión. Ahí sí ya no quieres nada, ya no piensas en nada. Vencen toda la seguridad que pudieras tener. Y en ese tiempo tenía 35 años. Me volvía loca. Empecé a necesitar medicamentos controlados”. Ahí permaneció ocho años hasta que por demanda de la defensoría pública obtuvo el beneficio del arraigo domiciliario en 2024.
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